chile

podlech seguirá preso en italia

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Italia: Rechazan arresto domiciliario a ex fiscal Podlech. La justicia romana negó la solicitud presentada por la defensa del ex militar chileno, acusado en la capital italiana de la desaparición del sacerdote Omar Venturelli tras el golpe de 1973.

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Santiago, Chile. La justicia italiana rechazó autorizar la detención domiciliaria al ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech, detenido en Roma por la desaparición y muerte del sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, informaron este viernes fuentes judiciales.
La primera corte del tribunal de Roma rechazó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de Podlech, que adujo problemas médicos, precisó la misma fuente.
Podlech, de 74 años, detenido el año pasado en España, de donde fue extraditado a Italia, se encuentra en la cárcel romana de Rebibbia y está siendo juzgado por su presunta implicación en la desaparición de Venturelli, ex religioso de origen italiano, detenido en Temuco poco después del golpe de Estado de 1973.
La próxima audiencia del juicio, iniciado el 13 de octubre del 2009, fue fijada para el 1 de diciembre.
Podlech es acusado de homicidio voluntario y masacre, dos delitos que no prescriben para la justicia italiana, precisó a la AFP el abogado de la familia Venturelli, Giancarlo Maniga.
Venturelli, quien perteneció al movimiento Cristianos por el Socialismo y fue profesor en la Universidad Católica de Temuco, figura entre las víctimas contempladas en la investigación que la justicia italiana abrió en 1998 para esclarecer la desaparición de 4 ciudadanos ítalo-chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
20 de noviembre de 2010
19 de noviembre de 2010
©la nación

gobierno y afep se reunirán

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Gobierno y AFEP acuerdan nueva cita por querellas de derechos humanos. Hinzpeter, ante crítica de dirigentas que tomaron Programa de Derechos Humanos, dijo que "Interior está cumpliendo". Al término de reunión con el grupo, Ubilla aseguró que tema "es altamente sensible para el gobierno".

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Santiago, Chile. La próxima semana se efectuará una nueva reunión entre dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y representantes del gobierno para ahondar en una salida a la demanda de esta organización que hoy ocupó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Así quedó establecido en el encuentro de más de una hora que la directiva de la AFEP sostuvo desde el mediodía con el ministro (s) de esa cartera, Rodrigo Ubilla, en La Moneda, luego de acceder a abandonar las oficinas ocupadas frente a la Plaza de la Constitución.
La toma se efectuó para denunciar lo que definen como "desidia" oficial para entablar querellas en casos de ejecutados en la dictadura, tal como se establece en la ley que mandata al Programa para seguir esos casos, y apuntar por esto al ministro Rodrigo Hinzpeter quien, de paso, se habría negado a recibirlas de manera reiterada.
Alicia Lira, presidenta de la entidad, aseguró que desde hace más de 7 meses no se ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos por parte del Programa y que cuentan al menos 5 frustradas solicitudes de entrevistas al Vicepresidente.
El jefe de Gabinete, consultado por estos cuestionamientos, respondió: "La verdad es que no tengo mucho que opinar. El Ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde en el Programa de Derechos Humanos".
"El camino de la violencia, el camino de las tomas, nunca conduce a buenas soluciones. Es por eso que, no sólo en ese caso, en todos los casos yo llamo a los chilenos siempre a dialogar como hermanos que somos de un mismo pueblo y no a estar efectuando tomas que en nada ayudan", agregó.
El subsecretario Ubilla desestimó también las afirmaciones de ausencia de recursos judiciales en favor de estas víctimas señalando que recién la semana pasada puso la firma a querellas. "Yo presenté personalmente las querellas en nombre de 11 ejecutados políticos", indicó y aseguró que "este tema es altamente sensible para el gobierno".
En un comunicado entregado por la AFEP se señala que el Ejecutivo "no cumple con la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos que a través de un veto aditivo mandata al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a presentar querellas por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".
Aseguran que en este contexto, luego de la visa a que se presenten acciones no sólo por detenidos desaparecidos, hay 70 querellas por ejecuciones durante la dictadura de Augusto Pinochet que no han podido ser presentadas en los tribunales porque Interior no las ha firmado.
19 de noviembre de 2010
18 de noviembre de 2010
 ©la nación

protesta por programa de ddhh

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En La Moneda grupo que tomó Programa de Derechos Humanos.

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Santiago, Chile. El ministro de Interior (S), Rodrigo Ubilla, aceptó dialogar con las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFDE) que ocuparon las oficinas del Programa de Derechos Humanos de esa cartera frente a La Moneda.
Un grupo de esta organización tomó las dependencias de calle Agustinas para denunciar la ausencia de querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que por ley debe cursar esa repartición del gobierno, además de lo que estiman como una negativa recurrente a recibirlas del jege de gabinete, Rodrigo Hinzpeter.
En un comunicado entregado por la AFDE se señala que el Ejecutivo "no cumple con la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos que a través de un veto aditivo mandata al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a presentar querellas por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".
"Denunciamos la gravedad del hecho ya que existen 1120 querellas por las víctimas calificadas en el informe Rettig, pero el gobierno en forma soterrada está desmantelando el programa", agregan.
Apuntando al titular de Interior, señalan: "hemos solicitado más de 5 entrevistas al ministro Rodrigo Hinzpeter para entregar nuestras peticiones y propuestas, pero se nos ha ignorado".
Una emisaria del gobierno dialogó con la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira, y pasadas las 11:30 horas las convenció de acudir al Palacio de Gobierno a la conversación con Ubilla por lo que las ocupantes quitaron las cadenas que instalaron en las puertas y se dirigieron al Palacio en donde cerca del mediodía eran recibidas por la autoridad.
19 de noviembre de 2010
18 de noviembre de 2010
©la nación

gobierno debe ser parte en caso tohá

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Senado pide al gobierno ser parte en proceso por muerte de José Tohá.    Conclusiones del SML ya están en manos del juez.

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Santiago, Chile. El Senado aprobó en forma unánime (21 votos a favor) el proyecto de acuerdo que solicita al gobierno del presidente Sebastián Piñera "colaborar con la acción de la justicia, haciéndose parte del proceso para esclarecer los hechos que rodearon y terminaron con la vida del ex ministro del Interior y de Defensa y vicepresidente de la República, José Tohá González".
La iniciativa fue presentada por los senadores Isabel Allende y Jaime Quintana, a nombre de los comités de Senadores PS y PPD, respectivamente.
El lunes la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la reapertura del caso y dio orden de exhumar su cuerpo, pues un informe forense arrojó que hubo acción de terceros en su deceso.
Según los antecedentes entregados a la investigación, el ex secretario de Estado no se quitó la vida -como informó el régimen militar en la época- sino que falleció por "asfixia manual de naturaleza homicida".
La causa está a cargo del ministro en visita Jorge Zepeda, quien solicitó al Servicio Médico Legal (SML) hacer un análisis de los protocolos de autopsia de Tohá para determinar si es necesaria la exhumación, como también la realización de una reconstitución de escena para aclarar las circunstancias de su muerte.
El proyecto de acuerdo expresa que "para el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace mas de 36 años (15 de marzo de 1974) resulta necesario y fundamental la colaboración de todas las personas e instituciones que cuenten con información, o bien pueden, con sus recursos, colaborar con la acción de la justicia" .
En tal sentido, expresa que "la colaboración del Gobierno resulta necesaria ya que tal como lo ha concluido el Informe de la Comisión Rettig la muerte del ex ministro Tohá se debió a la participación de agentes del Estado, lo que como país comprometido ante el concierto internacional con la causa de los Derechos Humanos nos obliga a dar señales claras y decididas en orden a esclarecer estos hechos y castigar a los responsables de tan deleznables actos".
La senadora Allende agradeció el respaldó unánime de la Sala a este importante proyecto de acuerdo, señalando que es imprescindible que el gobierno se haga parte en este caso. Además logró acuerdo de la Sala para enviar una copia del mismo a la viuda del ex ministro de Allende, Moy de Tohá.
19 de noviembre de 2010
17 de noviembre de 2010
©la nación

leves penas por ejecutados de endesa

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Jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Los Ángeles fue condenado a 6 años de cárcel, mientras un coronel ® fue absuelto por la eximente de obediencia debida.

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Santiago, Chile. El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia dictó sentencia definitiva en la investigación por homicidios y secuestros durante la dictadura de 23 empleados y trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, en el marco del llamado caso Endesa.
Los homicidios fueron cometidos en los últimos días de 1973 y comienzos de 1974, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Los opositores fueron detenidos tras el golpe militar y los restos de varios de ellos fueron hallados en 1990 al interior del fundo La Mona, que en la actualidad es de propiedad de la forestal Mininco.
Entre los condenados figuran el general (r) Patricio Martínez Moena, jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Los Ángeles, quien recibió una pena de 6 años de cárcel; Asimismo, sentenció a Ismael Espinosa Silva a 5 años por el secuestro de Manuel Arias Zúñiga. En este caso se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Además, aplicó por primera vez en Chile lo reglamentado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al absolver a l coronel (r) Walter Klug Rivera por la eximente de obediencia debida.
La sentencia considera también un sobreseimiento por fallecimiento en el caso del comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido.
El juez Zepeda además acogió las demandas de indemnización por perjuicio en contra del Fisco. Este deberá pagar 50 millones de pesos a cada uno de 9 familiares de las víctimas que presentaron acción judicial.
18 de noviembre de 2010
©la nación

documentos desclasificados en museo

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Museo de la Memoria recibe documentos desclasificados de la dictadura.

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Santiago, Chile. Más de 20.000 documentos desclasificados en Estados Unidos, que confirman que este país instó y apoyó el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973, llegaron este miércoles a Santiago, donde se incorporarán a la base de datos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Los documentos, que fueron entregados al museo por el director del Chile Documentation Project del National Archive de la Universidad George Washington, Peter Kornbluh, recogen "de forma muy clara" la intervención de Estados Unidos en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y su apoyo al régimen militar.
Entre otros archivos, la documentación recoge una conversación que mantuvieron en junio de 1976 en Santiago el general Pinochet y el consejero de Seguridad Nacional y posterior Secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon (1964-1974), Henry Kissinger, en la que éste le traslada su apoyo.
"Deseamos que el suyo sea un gobierno próspero. Queremos ayudarle y no obstruir su labor", dijo Kissinger a Pinochet, minutos antes de pronunciar un discurso sobre derechos humanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Está siendo víctima de todos los grupos de izquierda del mundo y su mayor pecado no ha sido otro que el de derrocar un gobierno que se convierte al comunismo", añadió.
Según Kornbluh, Kissinger "era el arquitecto del programa que intentó derrocar a Allende entre 1970 y 1973". "Él era la persona más responsable de ayudar económica y militarmente a Pinochet a consolidar su régimen", aseguró.
Kornbluh, que es autor de varios libros sobre la dictadura chilena, el más reciente "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability", ha ejercido un papel importante en la campaña que ha permitido desclasificar los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos.
De los casi 24.000 documentos entregados a Chile, 2.000 son de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que, según rezan los escritos, ya desde el año 1971, dos años antes del golpe, presionó a favor de un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.
El material entregado, ordenado en 4 colecciones, incluye transcripciones de algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo Kissinger, y que posteriormente robó, así como información de cómo Pinochet y el ex jefe de la policía secreta (DINA), Manuel Contreras, intentaron encubrir el atentado al ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en septiembre de 1976.
Según Kornbluh, estos documentos podrían ayudar en los procesos judiciales abiertos actualmente sobre crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, además de contribuir al "veredicto de la Historia" y a educar a la próxima generación.
"Estos documentos deben contribuir a darnos poder y a ayudar a hacer avanzar la justicia y la dignidad en Chile", indicó.
18 de noviembre de 2010
©la nación

no habrá nación de papel

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Diputados de diversas bancadas lamentan término de edición en papel de La Nación.

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Valparaíso, Chile. Parlamentarios de las bancadas del PS, PPD y PC rechazaron decisión del directorio del periódico de poner fin a la edición en papel y mantenerse sólo como medio electrónico.
Diputados de diversas bancadas expresaron su rechazo y lamentaron la decisión tomada por la junta de accionistas del diario La Nación que este viernes votó por el cierre de la edición en papel del periódico y optó por mantenerse sólo como diario digital en internet.
Los parlamentarios del Partido Socialista afirmaron que la determinación responde a una actitud recurrente de "esta nueva forma de gobernar que busca terminar con todo lo que no comparte sus criterios".
"Es evidente que aquí hay un bloqueo a todo y todos aquellos que no están con el gobierno. Nos parece lamentable terminar con un medio histórico, más aún porque en vez de ensanchar el campo de la libertad de expresión se lo está empequeñeciendo. Esta determinación demuestra cuales son las verdaderas convicciones en materia de pluralismo informativo que tienen en el Ejecutivo", afirmaron en una nota los diputados PS.
La bancada socialista expresó su respaldo a los trabajadores de La Nación "que con un trabajo serio y profesional, han continuado ejerciendo su labor de informar a la ciudadanía, pese a la oposición y las amenazas de cierre que durante todo este año vinieron desde el gobierno".
Por su parte, diputados del Partido por la Democracia también brindaron su respaldo a los trabajadores de La Nación.
"Solidarizamos con los trabajadores y apoyamos todas las alternativas legales que están estudiando tanto el sindicato como los accionistas privados minoritarios para impugnar esta medida que se está tomando entre cuatro paredes", sostuvo el jefe (s) de la bancada PPD, Tucapel Jiménez.
El parlamentario señaló que "creemos que aquí se está vulnerando el derecho al trabajo y a la administración de la propiedad pública, ya que el 70% del diario La Nación pertenece al Estado".
"El objetivo del sindicato es intentar que el gobierno revierta su decisión de cerrar el diario, que tal como lo señalan los trabajadores es una decisión política, ya que hasta el momento no hay ninguna propuesta ni un proyecto concreto de un diario digital", indicó Jiménez.
El diputado PPD señaló que esta incertidumbre genera un ambiente muy complejo, y llamó a que "exista transparencia total en todas las decisiones que se tomen de aquí en adelante, y se expliquen las verdaderas razones de quienes seguirán en la empresa y quiénes serán desvinculados de sus labores".
A su turno, el diputado comunista Guillermo Teillier (PC) afirmó que el cierre de la edición en papel de La Nación "es un verdadero atentado a la libre expresión y un reforzamiento absoluto del monopolio de la información, a través de los grandes medios empresariales de comunicación del país".
"Desde un principio hemos señalado nuestro apoyo irrestricto al sindicato de trabajadores, no sólo porque significa la pérdida de la fuente laboral para muchas personas sino porque responde también a una decisión política al ser un medio que pertenece en parte al Estado, por lo que no puede éste mantenerse ajeno al futuro de sus trabajadores", recalcó el parlamentario.
Sobre la posibilidad que ya ha expresado el Sindicato de Trabajadores de La Nación en cuanto a recurrir a instancias judiciales para impedir el cierre del diario, Teillier enfatizó que "seguiremos del lado de los trabajadores, porque creemos que los lectores deben tener la posibilidad de informarse del acontecer por más de una vía y con decisiones como esta, sólo se cierran las posibilidades y también las de estos medios de acceder a recursos por publicidad; serán cada vez menos quienes tengan esta opción".
Por último, el parlamentario valoró el aporte de cada uno de los profesionales que componen el equipo de la edición impresa de La Nación, indicando que "es un medio que ha informado con una versión imparcial hechos que muchos no se atrevieron, demostrando que existen más miradas, tal como lo ha hecho en los casi 100 años de existencia y eso, no podemos darnos el lujo de perderlo".
18 de noviembre de 2010
12 de noviembre de 2010
©diario de la cámara

exhumarán cuerpo de josé tohá

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Peritos examinarán los restos del ex secretario de Estado de Salvador Allende para comprobar la tesis de que fue asesinado, descartando el suicidio como lo afirmó entonces la dictadura.

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Santiago, Chile. La Justicia ordenó la exhumación del cadáver de José Tohá González, ex ministro del presidente Salvador Allende, quien no se habría suicidado en 1974, como afirmó entonces la dictadura de Augusto Pinochet, sino que fue asesinado, dijeron hoy a Efe fuentes de la investigación.
Un estudio forense estableció que Tohá, que fue ministro de Defensa e Interior de Allende, murió por "asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida" y no por suicidio por ahorcamiento como aseguró la dictadura.
Además de la exhumación del cadáver, la Justicia dispuso la recomposición del escenario de la muerte del político socialista, ocurrida el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago.
Tohá había sido trasladado al centro sanitario castrense tras debilitarse su salud por las torturas sufridas en prisión y en la Isla Dawson, donde la dictadura confinó a altos cargos del Gobierno depuesto en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Ambas pericias, además de otras 25 diligencias, fueron resueltas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó al juez del caso, Jorge Zepeda, reabrir la investigación, que el magistrado había cerrado sin llevarlas a cabo.
La hija de la víctima, Carolina Tohá, ex portavoz de la Presidenta Michelle Bachelet y actual presidenta del Partido por la Democracia (PPD), dijo a Efe que "hace tiempo venimos pidiendo estas diligencias con nuestro abogado Nelson Caucoto, que ahora el juez Jorge Zepeda debe realizar y que son muy importantes".
"Hay muchos elementos contundentes que demuestran que la versión oficial del suicidio es falsa y que fue un homicidio. Pero como familia también necesitamos saber quiénes son los responsables. Esperamos ahora tener acceso a nuevos testigos que nos ayuden a esclarecer la verdad", añadió.
A su vez la viuda del dirigente, Moy de Tohá, afirmó que "estas diligencias que finalmente se realizarán son una nueva luz de esperanza para establecer la verdad y demostrar que no fue un suicidio".
Un informe forense realizado por el experto Luis Ravanal, basado en un estudio de la autopsia de Tohá, determinó que murió por "asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida".
Este informe coincide con otro que en 1974 hizo el médico criminalista de la Policía de Investigaciones Alfonso Chelén, primero en ver el cadáver de Tohá, quien también determinó que no hubo suicidio sino "muerte por estrangulamiento con participación de terceros".
Ese informe le costó a Chelén su expulsión de la Policía civil.
Otro elemento relevante, establecido por la Policía, es que las dependencias del antiguo Hospital Militar (hoy Hospital Metropolitano, de la salud pública) donde Tohá permanecía internado en malas condiciones físicas por las torturas sufridas, no han tenido hasta ahora alteraciones en su estructura, incluida la habitación 303, en la que él murió.
La investigación por la muerte de José Tohá está plagada de contradicciones y situaciones irregulares desde antes que la asumiera el juez Zepeda, según se ha podido establecer.
Entre ellas, la desaparición del expediente de la indagatoria realizada inicialmente por el fiscal militar Rolando Melo, quien declaró ante Zepeda que cerró rápidamente su investigación, "de acuerdo" con el dictador Augusto Pinochet, que también era el comandante en jefe del Ejército.
La autopsia de José Tohá fue practicada en condiciones anormales, puesto que se realizó en el mismo hospital y no en el Servicio Médico Legal, como correspondía y donde existían las condiciones requeridas para ello.
Hasta ahora sólo se han establecido responsabilidades penales por las torturas aplicada a Tohá en la Academia de Guerra Aérea (AGA), por lo cual están procesados los ex coroneles de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres y Sergio Contreras.
Una versión, hasta ahora no confirmada judicialmente, apunta a que en los días previos a la muerte de Tohá se habría realizado una reunión de algunos generales de Ejército en la que se habría decidido asesinarle.
El homicidio se habría encargado a dos conocidos oficiales de la DINA que actualmente cumplen condena por otros crímenes.
Uno de ellos lo habría estrangulado y luego habrían levantado el cadáver de la cama para colgarlo de la barra de un armario con un cinturón.
Las fotografías de esa escena, tomadas cuando el médico criminalista Alfonso Chelén vio el cuerpo sospechosamente instalado en el armario, también desaparecieron en la investigación realizada por la justicia militar.
15 de noviembre de 2010
©la nación