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murió luis corvalán


Tras el golpe de Estado del ’73, fue detenido y deportado a la isla Dawson.
A la edad de 93 años, falleció esta mañana, a las 8:00, el ex secretario general del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán Lepe. Un comunicado del PC manifiesta el "profundo dolor" del partido.
Tras dar un detalle de los aspectos más relevantes de Corvalán, indica que "el Partido Comunista de Chile repliega sus banderas y extendemos nuestra solidaridad a su esposas y hijas a quienes acompañamos en su profundo dolor".
Agrega que "de acuerdo con la familia informaremos posteriormente el lugar del velatorio y el funeral de nuestro querido compañero".
El político chileno, de profesión profesor y periodista, nació el 14 de septiembre de 1916 en Tomé y tuvo un destacado protagonismo en su partido desde fines de la década del ’40 y, sobre todo, durante el gobierno de Salvador Allende. Ya en 1947, cuando fue proscrito el PC, fue llevado a los campos de concentración de Pitrufquén y Pisagua.
Fue elegido senador en 1961 por las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco y en 1969 por Aconcagua y Valparaíso.
Tras el golpe de Estado de 1973, Corvalán fue detenido y deportado a la Isla Dawson, y durante su permanencia fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz.
El ex secretario del PC protagonizó uno de los hechos políticos más destacados del inicio de la dictadura, ya que en 1976 tras largas negociaciones entre Augusto Pinochet y la URSS se acordó su liberación y su canje en Suiza por el disidente soviético Vladimir Bukovsky.
Corvalán recibió asilo en la Unión Soviética hasta 1988, cuando regresa a Chile y participa del proceso democratizador del país.

21 de julio de 2010
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continúa huelga de hambre mapuche


Senador Navarro se reúne con mapuches en huelga de hambre seca y apoya sus demandas. Veintidós comuneros no ingieren alimentos ni líquidos desde el 12 de julio pasado, en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Chile. Una mesa de diálogo entre el gobierno y los 22 mapuches que están en huelga de hambre desde el 12 de julio pasado, propuso ayer el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro.
El parlamentario visitó en la cárcel de El Manzano, de Concepción, a cinco miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en ayuno.
Los huelguistas son Héctor Llaitul (uno de los máximos líderes de la CAM), Ramón Llanquiqueo Pilquemán, José Huenuche Reimán, Jonathan Huillical y Luis Menares Chanilao.
Los cinco se encuentran en prisión preventiva desde el año pasado y formalizados por supuesta asociación ilícita terrorista y por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en 2008.
La huelga de hambre se desarrolla en penales de Concepción, Temuco y Valdivia, y tiene por objetivo el término de la Ley Antiterrorista y de los testigos "sin rostro" en los juicios.
También busca que los uniformados que cometen delitos en contra de pueblos originarios sean sometidos a la justicia civil y no a la militar.
El parlamentario señaló que "vamos a apoyar las reivindicaciones de los huelguistas, porque consideramos que la aplicación de la Ley Antiterrorista es una agresión a nuestros pueblos, que Chile debe corregir ahora, antes de que los tribunales internacionales nos vuelvan a condenar". Recordó que en 2004, el relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen rechazó esa norma legal.
El último mapuche preso que se sumó a la huelga de hambre seca fue Andrés Gutiérrez Coña, un comunero que se encuentra recluido en la cárcel concesionada de Valdivia, tras ser imputado por el ataque incendiario al fundo San Leandro, de Lautaro, ocurrido en enero del año pasado.

Demandan al Estado
Por otra parte, en Ginebra, Suiza, un grupo de comuneros mapuches demandó al Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que esa etnia es víctima de constantes atropellos de parte de las autoridades judiciales y personal policial. Denunciaron especialmente la Ley Antiterrorista y los procesos en la justicia militar.
Finalmente, el dirigente mapuche José Naín rechazó ayer la información de que algunos comuneros han recibido instrucción militar de parte de las FARC colombianas.
Según dijo, estos antecedentes son "una demostración de la incapacidad de los fiscales" para determinar quiénes llevan a cabo los actos de violencia en La Araucanía.

20 de julio de 2010
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chilenos a favor de la despenalización


Casi la mitad de los chilenos de acuerdo con despenalizar autocultivo de marihuana. Liberalización es más aceptada por jóvenes y adultos mayores, según el trabajo.
Santiago, Chile. Según un sondeo realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Universidad Central de Chile, el 42% de los encuestados acepta esta medida, en tanto el 42% la rechaza, mientras el 16% se declara indiferente. Un tema tan controversial arroja, sin embargo, diferencias entre jóvenes y adultos mayores, ya que el mayor apoyo a la despenalización (60%) se encuentra en el tramo entre 18 y 25 años.
El 58,7% consideró que la prohibición de la marihuana no afecta el nivel de consumo, e incluso, un 31% declaró que si se prohíbe se consumiría más. Un similar 58% sostiene que fumar marihuana regularmente un par de veces a la semana durante la juventud, no impide llevar una vida exitosa y productiva.
Remo Pompei, sociólogo y docente del Magíster en Drogodependencia de la Universidad Central, comenta que los datos confirman una tendencia mundial en la que las nuevas generaciones han ido crecientemente cuestionando las políticas de drogas centradas en represión y castigo a los consumidores en beneficio de enfoques más pragmáticos y humanos con los usuarios. "La constatación que hacen muchas personas es que la prohibición de las drogas ilegales y el recurso al sistema penal no ha tenido el impacto esperado en las prevalencia de consumo", indica el académico.

20 de julio de 2010
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para el lunes declaración indagatoria


Delitos de lesa humanidad. La Justicia pospuso para el lunes la declaración indagatoria del ex policía extraditado.
Argentina. La jueza subrogante Silvina Domínguez, a cargo del Juzgado Federal de Neuquén, suspendió hasta el lunes la declaración indagatoria prevista para este mediodía del ex subcomisario Jorge Alberto Soza, que llegó hoy a la provincia extraditado desde Valencia por estar acusado de cometer detenciones ilegales, torturas y secuestros durante la última dictadura militar. La magistrada hizo lugar a un pedido presentado por la defensa del represor, que adujo que Soza estaba "muy cansado".
El ex efectivo de la Policía Federal que se desempeñó en Neuquén durante la última dictadura fue extraditado desde Valencia, España, donde residía desde 1992, y estaba detenido desde 1997. La Justicia nacional solicitó su traslado a Argentina por haber sido imputado en 18 casos delitos de lesa humanidad ocurridos durante esa época.
Soza llegó ayer a Buenos Aires y hoy a Neuquén, donde debía prestar declaración indagatoria en el marco de la causa, pero en el Juzgado Federal provincial aceptó posponer la cita para el lunes, luego de que el defensor oficial, Eduardo Peralta, adujera que el ex policía estaba "muy cansado".
Lo mismo manifestó el represor frente a la prensa local en la puerta del Juzgado: "No se si voy a declarar. Estoy muy cansado por el viaje".
Respondiendo con monosílabos dijo "no" al ser consultado sobre su responsabilidad en los hechos que se le imputan y "si" en alusión a su inocencia.
Soza bajó del vehículo del Servicio Penitenciario Federal sosteniendo un bastón en una de sus manos, tenía colocado bajo una campera de invierno un chaleco antibalas y fue custodiado por varios efectivos hasta el interior del edificio del Juzgado Federal.
Testimonios de víctimas de la represión en Neuquén, declararon que durante los primeros meses de 1976 fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas en una sala de la delegación de la Policía Federal, a cargo en ese entonces de Soza.
Durante el día los detenidos permanecían en esas dependencias y por la noche eran alojados en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén. Uno de los que lideraba los grupos de tareas era el ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti quien esta procesado con prisión preventiva en esta causa que involucra a otros 25 represores por 39 víctimas entre las cuales seis permanecen detenidas desaparecidas.
Las constancias que hay en la causa indican que la Federal fue el primer lugar asignado para interrogatorios bajo torturas hasta que se puso en marcha el Centro Clandestino de Detención ‘La Escuelita’ en el batallón militar.

16 de julio de 2010
página 12
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condenan a coronel por triple crimen


El ex oficial de Carabineros Luis Gajardo Arenas sólo deberá cumplir 5 años y un día de presidio por y un día de presidio por la muerte de ex alcalde, su esposa e hijo. Fisco no pagará indemnización.
Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados del ex alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, su esposa Alba Ojeda Grandón y su hijo Carlos Lagos Salinas, ocurridos en septiembre de 1973.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Nelson Pozo determinaron sancionar al coronel (r) de Carabineros Luis Gajardo Arenas a 5 años y un día de presidio por su participación como autor de los tres homicidios cometidos en Chillán, sin beneficios.
En tanto, el teniente coronel (r) Patricio Jeldres Rodríguez, fue absuelto de la acusación de encubridor de los crímenes por no tener participación.
La sentencia se adoptó con el voto en contra de Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la excepción de la prescripción de la acción penal.
En el aspecto civil, con el voto en contra de Dolmestch y Pozo, se acogió la excepción de incompetencia absoluta del tribunal y anular la indemnización de perjuicios a las que había sido condenado el Fisco.
La sentencia de primera instancia del juez Joaquín Billard había acogido parcialmente una demanda civil al condenar al fisco a pagar a la familia por daño moral la suma de 30 millones de pesos.

14 de julio de 2010
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caso prats y el indulto


La certeza acerca de la existencia de este tipo de pacto hace delicado, peligroso e inoportuno, cualquier posibilidad de indultos para quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia. Un columnista de La Nación.
[Daniel Jadue] Tres consideraciones al menos nos debería provocar como sociedad el fallo del caso Prats que confirma, después de 36 años de angustiosa y dramática espera, que fue el mismo Ejército, desde sus más altas autoridades, el que habría planificado y ejecutado el doble asesinato del general y su esposa en Buenos Aires en 1974.
La primera es la constatación del máximo tribunal de la existencia, ya como hecho cierto, de una asociación ilícita terrorista al interior del Ejército y, por tanto, del gobierno de la época, que se dedicó a exterminar política y físicamente a quienes pensaban distinto dentro y fuera del territorio nacional, sin importar si éstos ejercieran o no la legítima resistencia a las dictaduras militares, a los gobiernos de facto y a las ocupaciones extranjeras, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior no es menor, porque confirma además lo que todo Chile sabía, pero que unos pocos se empecinaron en negar. Que Pinochet estaba al tanto y era quien, en definitiva, comandaba dicha organización y tomaba las decisiones sobre a quién se hacía desaparecer y a quién no.
La segunda consideración se refiere al debate que se ha abierto en torno a este fallo entre algunos uniformados que han tratado a otros de traidores por romper un pacto de silencio que habría existido, intocado hasta el momento en que los primeros condenados comenzaron a percibir el abandono de la familia militar, que de paso ha quedado en triste evidencia, por el hecho de que si bien todos forman parte de ella, los que desarrollan un pensamiento distinto de aquel único impuesto desde la cúpula resultan ser menos familia que los otros, y se exponen a ser asesinados por sus mismos parientes, como suele suceder en las asociaciones de la mafia.
Ahora bien, este pacto que al parecer aún existe permite pensar que, además, dentro de la familia militar existe todavía cuantiosa información que permitiría aclarar, o al menos acelerar, numerosos procesos pendientes en Chile por violaciones de los derechos humanos y abrir otros que se mantienen en la impunidad debido a la falta de información, y mientras el mismo no se rompa y dé paso a la entrega plena de antecedentes, las responsabilidades seguirán siendo institucionales, además de personales.
Por último, la certeza acerca de la existencia de este tipo de información, protegida por lo que quede del pacto mencionado y que finalmente compromete a toda una institución que parece querer, a veces, reconciliarse con la nación a la cual juró servir y que tan desvergonzadamente traicionó, hace delicada, peligrosa y tremendamente inoportuna cualquier posibilidad de favorecer con indultos a quienes aún parecieran estar optando por obstruir la justicia y seguir ocultando valiosa información que permitiría a Chile reencontrarse con la verdad y, al menos, con una parte de la justicia.

14 de julio de 2010
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corridos prohibidos


En el país hay cerca de 600 grupos musicales dedicados a la ´norteña´, género que incluye los polémicos narcocorridos. La muerte en México del ‘Shaka’, famoso cantante de narcocorridos, revive el debate sobre la relación entre violencia y ese género musical. Guerrilla y ‘paras’ inspiran letras y también son seguidores.
Colombia. Su nombre era Sergio Vega. Pero era conocido como el ‘Shaka’. Se hacía llamar así en honor a un "guerrero zulú que no le temía a nada y que siempre iba de frente". Y tal vez fue esa valentía la misma que lo motivó a seguir cantando narcocorridos, incluso cuando sabía el riesgo que corría, pero sin imaginarse que su vida terminaría a sus 40 años, al perder el control de un Cadillac rojo al que le dispararon 30 veces.
La muerte del ‘Shaka’ se suma a las más de quince que en los últimos meses se han producido en México y que advierten a los cantantes de narcocorridos a lo que se exponen.
Mientras allá intentan callar a quienes interpretan esta música, en Colombia revive este género con una nueva recopilación de Corridos Prohibidos, una serie musical que nació en los años 90 y que ya llega a su volumen 13, pese a lo difícil que es difundirla a través de las emisoras. En el país hay cerca de 600 grupos musicales que representan ese género.
"La promoción de esta música es imposible hacerla por radio. Por algo se llaman corridos prohibidos. Porque las letras hablan de lo que nadie se atreve". La frase es de Alirio Castillo, productor y experto en este género musical en Colombia. "Acá no corremos tanto riesgo como en México porque aunque hacemos letras fuertes. Nos cuidamos más", sostiene.
Pero eso no ha sido suficiente. Él mismo cuenta que alguna vez tuvo que "guardar" una canción ante la advertencia de que si no lo hacía se ganaría un balazo, y que uno de los más famosos intérpretes de corridos fue señalado como el cantante oficial de los paramilitares. Por eso, tuvo que alejarse un tiempo de la música.
Pero ahora todo es diferente. Y no sólo porque las amenazas de muerte no son frecuentes, sino porque parte del mercado al que van dirigidas sus canciones ha cambiado.
"Hace algunos años en el Magdalena Medio, el Llano y Santander los grupos tenían mucho éxito por la cantidad de presentaciones que les salía. La guerrilla los contrataba para que les cantara. Y no por horas, sino por días. Pero ahora está (la guerrilla) preocupada por defenderse del Ejército. Ya no le dan espacio a la parranda", cuenta Alirio, quien no teme reconocer que el éxito de la música que promueve es proporcional a la guerra del país. "Si no hay violencia los corridos no tienen razón de ser (…) No me molesta que me digan que es música violenta, yo disfruto de las historias que se cuentan", dice.
Y las disfruta tanto como las recuerda. Por eso si le preguntan por un corrido que, para él, haya marcado la historia del género en el país habla de ‘La Rondonera’. Una canción escrita por alias ‘John 40’, comandante del frente 43 de las Farc, y que habla de una toma guerrillera. "Él me mandaba canciones, yo no les tenía que corregir casi nada", dice el productor.
‘La Rondonera’ fue prohibida durante un tiempo en zonas de influencia paramilitar. "Donde están los ‘paracos’ no se cantan las de guerrilleros y viceversa, si lo hacemos hay muerto", señala Alirio.
De ‘John 40’ no volvió a recibir canciones. "Se desapareció", dice Alirio. Pero no por eso los corridos dejaron de existir. "Tal vez ya no en la misma dimensión, pero temas siempre habrá. Tenemos guerrilla, paras, corrupción, narcos. Acá hay mucho por contar". Y para hacerlo existen cerca de 600 agrupaciones en Colombia. Muchas menos que en México donde la cifra ya llega a las 8 mil.
Pero la diferencia entre Colombia y lo que sucede en el país azteca no sólo tiene que ver con el número de cantantes o las amenazas que estos reciben. Para Carlos Valbuena, licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela y autor del libro ‘El cartel de los corridos prohibidos’, "en México se han ceñido exclusivamente al tema del narcotráfico, mientras que en Colombia rápidamente pasaron a otros temas como los del conflicto armado y la corrupción".
Esta es la razón para que en México el Gobierno haya iniciado una cruzada en contra de los narcocorridos. Son momentos difíciles los que se viven es este país por culpa del tráfico de drogas y para el Gobierno las letras de estas canciones hacen apología al crimen.
Por eso, con leyes, como la del Partido Acción Nacional Mexicano, se pretende prohibir la difusión de las canciones que exaltan a personajes y escenas del narcotráfico y sancionar a los productores que se atreven a difundir este tipo de música.
En cambio en Colombia, dice Valbuena, "se ha recurrido a formas más ‘líricas’ que dieron cabida a personajes de la intrahistoria: raspachines, cultivadores, pilotos, soldados y combatientes de todos los bandos en conflicto".
Valbuena se motivó a estudiar al tema hace diez años, según él, porque le llamó la atención "la existencia de una música popular y contestataria de lo ‘políticamente correcto’, aquello que ponía de manifiesto una realidad colombiana que los medios convencionales ocultaban o tergiversaban calificándola de ‘apología del delito’".
En opinión de Valbuena, que coincide con lo que piensa Alirio Castillo, "al disminuir la violencia disminuye la atención que reciben los temas, pero aún queda su papel de registro histórico".

Cultura de la Ilegalidad
Para la socióloga de la Universidad Nacional Paloma Bahamón, quien fundamentó su tesis de maestría en semiótica en el estudio de los narcocorridos, existe apología a la cultura del narcotráfico a través de estas canciones.
Después de dos años de investigación sobre el tema, Bahamón advierte que no se trata de prohibir la expresión de este género, pero resalta que tampoco se debe justificar el asunto con aquello de que "así es nuestra realidad".
Sugiere, que además de escucharlo, "al corrido prohibido hay que estudiarlo". Según ella, sólo así se podría quitar ese estigma de ser la música que exalta la violencia, y "convertirse en una herramienta de superación de nuestra cultura de la ilegalidad".
En este sentido el periodista Manuel Tedoro, quien para la realización de un informe especial del programa que dirige ‘Séptimo día’, se adentró en el mundo del corrido prohibido en Colombia, señala que, aunque no todas, sí "buena parte de los corridos prohibidos son una apología al delito, a la violencia, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las letras glorifican a narcotraficantes", sin embargo advierte que esto "no es exclusivo de este género musical y también puede pasar en cualquier otra manifestación artística".
Por su parte, y según el texo ‘El sentido de los estudios de música populares en Colombia’, la etnomusicóloga Ana María Ochoa Gautier señala que "los narcocorridos son una muestra de cómo el narcotráfico marca no sólo las rutas tortuosas de la miseria sino que redefine también los mapas simbólicos y el ethos estético de nuestros países".

De Colombia para México
‘Lamento corridista’ es el nombre de una canción que el compositor colombiano Norberto Riveros escribió como homenaje a los cantantes de narcocorridos que han muerto en los últimos meses en México, donde, según señaló para un diario de ese país José Reveles, estudioso del tema, esta música es la forma de mostrar las ‘hazañas’ y los egos de los capos. "El valiente, el más desgraciado, el que más ha matado".
Alirio Castillo lo ratifica. Él, por llevar tanto tiempo en el negocio de los corridos en Colombia, ha creado vínculos con quienes hacen esta música en México. Cuenta que la pregunta antes de hacerle un corrido a alguien es "¿Y a cuántos ha matado?", si la respuesta es "ninguno", no hay canción.
Para Luis Arias, historiador cultural mexicano, el asunto es diferente. Él asegura que no todos los narcocorridos son una apología al delito y que muchos de ellos son críticos al sistema, por eso los reprimen. "No todo lo que se dice en los medios de comunicación es verdad", dice.
Sobre la violencia contra quienes hacen esta música en su país asegura que "las muertes de los intérpretes de corridos no son necesariamente porque estén metidos en eso, sino porque viven una vida loca, están con muchas mujeres, se meten con damas que huelen a ‘pólvora’ y por eso los matan".
"No es tan fácil. El mundo de los corridistas, el éxito, el dinero, la fama provoca excesos", agrega.
Sin embargo, el historiador deja claro que el corrido mexicano no va a desaparecer. "Al corrido mexicano no lo mata nadie (...) el corrido seguirá contando las historias del pueblo. Es el pueblo quien decide sobre la vigencia de sus prácticas culturales".

13 de julio de 2010
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en la cárcel condenados en caso prats


Ingresan a Punta Peuco los condenados en caso Prats. Brigadier (r) José Zara se refirió duramente al comandante en jefe del Ejército y al juez Solís antes de entrar al penal "tranquilo de corazón y de alma".
Santiago, Chile. El brigadier (r ) José Zara y el coronel ( r ) Juan Morales Salgado, los únicos condenados en el caso Prats que no cumplían pena de prisión por otros delitos, ingresaron este martes a la cárcel especial de Punta Peuco.
Ambos ex militares deben cumplir 15 años y un día de prisión de acuerdo a lo establecido por la Sala Penal de la Corte Suprema que dictó sentencia en el caso del homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en 1974 en Argentina.
Zara, antes de ingresar al penal, expresó duras palabras en contra del comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, y del juez que estuvo a cargo de investigar el atentado,  Alejandro Solís, e insistió en su inocencia.
En diálogo con radio Agricultura, a minutos de ser recogido para ser llevado al recinto especial para violadores a los derechos humanos, el ex uniformado comentó que "el Ejército no es una persona, no es el que habló el otro día que salió el fallo… esa es una persona nomás".
Indicó que Fuente-Alba, "todavía no ha tenido la hombría de contestar lo que yo le dije que cumpliera como hombre. Él lo sabe bien claro, el resto es del Ejército, una persona no es el Ejército (…) Fue políticamente puesto ahí, y usted sabe, porque es gobierno".
En otras declaraciones a la prensa, agregó que el juez del caso Alejandro Solís actuó y lo juzgó con resquemores especialmente en su contra, por lo que insistió en que no tiene responsabilidad en el doble homicidio.
Zara dijo irse "tranquilo y transparente de cuerpo y alma. Quien no ha hecho nada, no tiene por qué tener rencor ni adversidad contra nadie, porque estoy tranquilo interiormente y eso es lo que vale. Hay un juez superior, él va a decidir qué es lo que hace".
Los dos ex agentes ingresaron al recinto de Lampa, en el norte de Santiago, a eso de las 10:00 horas de este martes en un vehículo del comando logístico del Ejército mientras los otros condenados eran notificados en ese lugar y en el Penal Cordillera.

13 de julio de 2010
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