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presos mapuche en huelga de hambre


Mapuches en huelga de hambre para exigir garantías judiciales.
Chile. Un grupo de 23 presos mapuches inició este lunes en dos cárceles del sur de Chile una huelga de hambre líquida "hasta las últimas consecuencias" para exigir garantías ante la Justicia.
Quince de ellos se encuentran internados en la cárcel El Manzano de la ciudad de Concepción y otros ocho permanecen en el centro de detención de Temuco.
Todos ellos están en prisión preventiva, algunos desde hace más de un año y medio, imputados por la Ley Antiterrorista.
Esta medida se conoce después de que el disidente cubano Guillermo Fariñas abandonara la semana pasada la misma acción que mantuvo por más de cuatro meses tras el anuncio de la inminente excarcelación de varios presos políticos.
En los últimos días el gobierno del Presidente Sebastián Piñera realizó gestiones para mediar en ese conflicto y se mostró dispuesto a recibir presos cubanos.
"La postura del Gobierno central ha sido de completo apoyo (a los presos políticos de Cuba). No se dan cuenta del problema interno que están creando. Es un doble estándar", dijo a Efe María Tralcal, esposa de uno de los reos mapuches.
Estos reclusos exigen entre otras medidas el término de las causas abiertas en la Justicia Militar, la libertad de todos los que denominan "presos políticos mapuches" y el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra.
Según un informe de la Comisión Ética contra la Tortura, hasta el pasado 23 de junio había en Chile un total de 106 indígenas encarcelados, condenados o procesados en relación con el llamado conflicto mapuche, cifra que supone casi el doble de hace un año.
La ley antiterrorista permite mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido.
La ONU ha criticado la aplicación de esta ley contra los mapuches, que representan la principal etnia indígena del país.
Los presos en huelga de hambre también denuncian ser víctimas de "montajes político-policiales" y exigen acabar con prácticas que violan los derechos humanos, entre las que citan la extorsión, las torturas físicas y psicológicas y las condiciones de reclusión denigrantes.
Asimismo, piden el término de lo que denominan la desmilitarizacion en las zonas mapuche, situadas en el sur de Chile, donde estas comunidades mantienen un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

13 de julio de 2010
©la nación
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hijas de prats con general fuente-alba


Hijas de Prats: Fue "emotiva" reunión con general Fuente-Alba.
Santiago, Chile. Como una reunión muy "emotiva" calificaron las hijas del ex general Carlos Prats, la cita que sostuvieron este lunes por más de una hora con el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba.
Asimismo agradecieron el repudio que la institución castrense expresó a todos los responsables del asesinato del ex militar, y de su esposa Sofía Cuthbert.
Las hijas del fallecido uniformado, Sofía, Verónica y Cecilia, que fueron recibidas en el edificio de las Fuerzas Armadas en el centro de la capital, por la máxima autoridad castrense, además compartieron con los ex comandantes en jefe Juan Emilio Cheyre y Óscar Izurieta, y con generales del alto mando del Ejército.
"Compartimos momentos de recuerdo y de visión de lo que es la institución castrense. Estamos muy agradecidas de esta institución y queremos manifestar nuestro reconocimiento al pronunciamiento que hizo el Ejército respecto del fallo del proceso por la muerte de mi padre", afirmó Sofía Prats.
La semana pasada el Ejército expresó su rechazo a todos los autores del crimen del asesinato del general Prats y de su esposa, especialmente a los militares que "consumaron el acto criminal", manifestando que estas personas "violaron trágicamente, los principios que constituyen el acervo moral de la institución".
Esto en relación al fallo en el que la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a 17 años de presidio al general (r) Manuel Contreras, más tres años por el delito de asociación ilícita por los homicidios perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.
Tras la cita de este lunes la hija mayor del asesinado matrimonio compartió la postura del senador de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei, quien rechazó la idea de extender a los condenados por violaciones a Derechos Humanos el indulto por razones humanitarias que propondrá la Iglesia Católica para algunos criminales en el marco de la celebración del Bicentenario del país.
A pesar que precisó que en la reunión no se tocó el tema, Sofía Prats aseveró que "compartimos el pensamiento del ex presidente Eduardo Frei. Consideramos que Chile es parte de un concierto internacional en el cual hay convenios que establecen que la violación de derechos humanos son delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, por lo tanto es muy contradictorio que de alguna manera no se cumpla ese concepto al otorgar indulto".
El comandante en jefe regaló a las hermanas Prats como recuerdo del momento el libro "El Ejército de los Chilenos".

13 de julio de 2010
©la nación
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pinochetistas se acusan de traición


Ex jefe DINA Juan Morales: "Pedro Espinoza es un traidor". Es uno de los condenados por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, y antes de entrar a cumplir condena, aceptó hablar por primera vez. Acusa al ex segundo hombre de la DINA de traicionarlo, y a los jefes del Grupo Delfín de ser los culpables de los crímenes ocurridos en el Cuartel Simón Bolívar.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Lo llaman por teléfono y en su móvil suena el relincho de un caballo. El coronel (R) Juan Morales Salgado sabe harto de caballos y vive rodeado de ellos haciendo clases de equitación, que practicó en sus años en el Ejército. Pero no pudo saltar la valla de la justicia, y fue condenado el jueves a 15 años de prisión por el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en 1976.
Hasta después del cierre de la investigación realizada por el juez Alejandro Solís, Morales había "pasado claro". Pero el ex segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, otro de los condenados, tenía algo que decir. A inicios de 2007, Espinoza le dijo al juez Solís que no estaban todos los que debían estar entre los procesados por el doble homicidio de Prats y su esposa. Entonces, sacó de una carpeta un documento y se lo entregó. Era el informe dirigido al jefe de la DINA, Manuel Contreras, firmado por Morales Salgado en junio de 1974 cuando era capitán. En él se entregaban pistas sobre las actividades diarias del general Prats en Buenos Aires, obtenidas producto de seguimientos. El juez reabrió la investigación y procesó a Morales.
El que fue jefe de la Brigada Lautaro de la DINA sostiene que por eso "Espinoza es un traidor" y afirma que hoy, en los juicios por las violaciones de los derechos humanos, entre los ex DINA cada cual quiere salvar su propia piel y, por ello, "hay muchos" que están siendo desleales.
Asegura que nunca mató con sus propias manos ni ordenó asesinar a alguien, pero admite que agentes de su brigada torturaron y mataron en el Cuartel Simón Bolívar, aliados con los integrantes del temible Grupo Delfín que comandaban el capitán de Ejército Germán Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, a quienes culpa directamente de estos crímenes.
"Fue un error hacer desaparecer los cuerpos de los detenidos", expresa. Es primera vez que habla, y ésta es la entrevista exclusiva que el coronel (R) Morales sostuvo con LND.

¿Con qué sentimiento se va a cumplir su condena?
Me voy con un sentimiento de inocencia total. No tengo nada que ver en este caso. Me duele que me hayan involucrado en esto.

¿Se condena a un inocente a 15 años de cárcel por dos crímenes?
El juez Solís tenía cerrada la investigación, pero lo reabrió cuando Pedro Espinoza le entregó el documento por el que me condenaron.

¿Aquel documento que usted firmó y dirigió a Manuel Contreras dándole información sobre los pasos del general Prats en Buenos Aires?
Pero yo no hice el seguimiento del general Prats en Buenos Aires, sólo me limité a transcribir ese documento.

¿Usted sólo fue a Buenos Aires a transcribir un documento de un trabajo de seguimiento que hizo otra persona?
Así fue.

¿Quién le encargó ir a Buenos Aires a seguir a Prats y redactar un informe?
El jefe de la DINA en junio de 1974. Pero yo sólo transcribí ese documento.

¿Para qué le dijo Manuel Contreras que fuera a Buenos Aires?
Mi general Contreras me dijo que mi general Pinochet estaba preocupado por la seguridad del general Prats y quería protegerlo en Buenos Aires.

Lo engañaron entonces, porque lo que Pinochet quería era saber cuáles eran los pasos del general Prats para mandarlo a asesinar. Eso quedó establecido en la investigación judicial.
No sé si era para eso. El mismo general Contreras ratificó, en un careo que tuvimos en 2007, que mi general Pinochet estaba preocupado por la seguridad del general Prats, y había que hacerle un seguimiento para brindarle seguridad.

Pero eso es una gran mentira…
Eso fue lo que me dijo mi general Contreras.

Y si usted no hizo el seguimiento del general Prats, razón por la cual lo condenaron, ¿quién lo hizo entonces?
No recuerdo.

Pero si usted no hizo el seguimiento, ¿por qué firmó ese documento?
Porque alguien me entregó esa información y yo transcribí lo que esa persona me dijo.

Le insisto, usted no va a Buenos Aires enviado por el jefe de la DINA sólo a transcribir un documento, eso es absurdo.
Repito, yo no hice el seguimiento del general Prats.

¿Quién le entregó la información del seguimiento para que la transcribiera, como usted afirma?
No sé quién fue, no conozco su nombre.

¿Prefiere mantener ese nombre en silencio?
Así es.

¿No es ninguno de los condenados?
No.

¿Era un militar, un civil, o un militar vestido de civil?
Yo siempre vi civiles en Buenos Aires.

Usted declaró al juez Solís que esa persona fue Enrique Arancibia Clavel, agente DINA en Buenos y el único condenado por este doble crimen por la jueza argentina María Servini.
Así es, y lo dije para que me dejaran tranquilo.

Archivos de la DINA
¿Cree que, al entregar este documento al juez en último momento, Pedro Espinoza quiso vengarse de usted por algo?

¿Venganza de qué? No tengo idea.

¿Alguien lo traicionó?
Si tengo que nombrar a un traidor, Pedro Espinoza es un traidor.

Pero si el acto de Espinoza no le parece una venganza personal en su contra, entonces ¿a quién habría traicionado él?
Con ese acto Espinoza quiso involucrar a todo el Ejército, porque dijo que ese documento lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y ese documento nunca estuvo en el DINE. Espinoza miente.

¿De dónde lo obtuvo entonces?
Creo que de su archivo propio.

¿Es verdad entonces que existe un archivo guardado de la DINA?
Yo creo que Espinoza mantiene documentos de la DINA, prueba de ello es que entregó aquel del que hablamos.

La DINA operó con oficios, firmas, timbres, todo formalmente. ¿Existen archivos de la DINA?
Yo no sé qué pasó con esos documentos, pero tienen que haber archivos, se operó con documentación.

Si Pinochet viviera, ¿habría tenido que ser condenado por este crimen?
Sí, él era el jefe directo de todo. La DINA dependió siempre directamente de él.

¿Cree que Pinochet siempre supo que los agentes enviados a Buenos Aires semanas antes del atentado iban para matar al general Prats?
Es una pregunta harto fuerte… no sé, no me arriesgo a decirlo.

Brigada Lautaro
La brigada Lautaro, de la cual su jefe máximo fue Juan Morales Salgado, se creó en abril de 1974 para prestar seguridad al jefe de la DINA, Manuel Contreras, su familia, y autoridades militares y civiles. En agosto de 1975 se estableció en el Cuartel de Avenida Simón Bolívar 8800, en La Reina. A comienzos de 1976 se instaló en ese cuartel el Grupo Delfín, creado para exterminar a la dirigencia clandestina del Partido Comunista. Su jefe fue el capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el segundo, el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires. Como relata Morales Salgado, ambas brigadas entraron en conflicto, pero finalmente su grupo terminó colaborando con Delfín en la tortura y desaparición de opositores a la dictadura. Hoy, Ricardo Lawrence está cumpliendo condena en Punta Peuco, mientras que Germán Barriga se suicidó en enero de 2005.

Usted fue el jefe de la brigada Lautaro de la DINA. ¿Está arrepentido? ¿Siente que tiene que pedir perdón?
No siento que deba pedir perdón a alguien porque yo no eliminé a nadie. Tampoco me arrepiento de nada. ¿Alguien me ha pedido perdón por la gente de mi Ejército que mataron? No tengo que pedir perdón por nada. Lamento las cosas que pasaron, yo no maté a nadie.

La gente de su brigada torturó y asesinó a los prisioneros en el Cuartel Simón Bolívar, tal como está acreditado en los procesos.
Lamentablemente fue así, pero no fueron todos. Los que lo hicieron son los que tienen que pedir perdón. Ellos actuaron a mi espalda. Yo no daba las órdenes en el Cuartel Simón Bolívar respecto de los prisioneros, eso lo hacían Germán Barriga y Ricardo Lawrence, que eran los jefes del grupo Delfín que llegó a meterse a ese cuartel donde operaba la brigada Lautaro. Mi brigada estaba encargada de prestar seguridad a mi general Contreras, a su familia, y a otras autoridades militares.

¿Por qué, además de torturarlos y matarlos, se hizo desparecer los cuerpos de los prisioneros lanzándolos al mar?
No puedo dar una respuesta, mi unidad no era operativa. Las unidades operativas recibieron siempre las órdenes directas de sus jefes, y el jefe máximo era mi general Contreras.

¿Quién ordenó matar a los detenidos y tirar sus cuerpos al mar? Porque alguien dio esas órdenes.
Lógicamente alguien las dio. Si murieron, se debió entregar sus cuerpos a las familias. Hacerlos desparecer fue un error.

¿Fue Contreras el que dio esas órdenes por propia iniciativa? ¿Fue Pinochet quien se las dio a Contreras?
Esas son preguntas capciosas… no sé, no puedo decir, pero alguien dio las órdenes. En el Ejército es muy difícil que alguien se arranque con los tarros.

En el cuartel Simón Bolívar se desfiguraron los rostros de los prisioneros ya muertos, quemándolos con soplete, se les borró sus huellas dactilares de la misma forma. ¿Para qué esa crueldad, si después los iban a tirar al mar amarrados a trozos de rieles?
Nunca le encontré sentido a eso, ¿para qué? A no ser que se hubiese dado una orden especial para ello. Pero era la gente de Barriga y Lawrence los que mandaban en Simón Bolívar respecto del destino de los prisioneros.

¿Hablamos del grupo Delfín?
Sí, ellos entraban a Simón Bolívar con los detenidos y pasaban de largo, a mí nunca me informaban. Barriga y Lawrence tenían contacto directo con el jefe de la DINA. Ellos entraban y salían con detenidos. Yo no tenía relación con ellos.

Pero usted era el jefe de la brigada Lautaro, que era la que estaba a cargo del cuartel Simón Bolívar.
Yo era el jefe de ese cuartel, pero ese grupo Delfín llegó a instalarse ahí sin que yo lo pidiera. Me los metieron ahí. Venían de Villa Grimaldi, donde habían tenido problemas con el mando de ese cuartel. Mi general Contreras me ordenó que los recibiera. Pero asumo que en Simón Bolívar yo tenía responsabilidad por el mando. Indirectamente estoy respondiendo hoy día, y por eso estoy procesado por algunos casos que sucedieron ahí.

Hablemos del jefe clandestino del Partido Comunista, Víctor Díaz. ¿Quién ordenó matarlo en Simón Bolívar?
Se me dijo, por la Policía de Investigaciones, que mi gente había declarado que yo ordené matar a Víctor Díaz, porque Germán Barriga me había transmitido esa orden que venía del jefe de la DINA. Y yo tengo un principio, cuando mis subalternos dicen que yo di la orden de algo, yo no lo discuto. Pero eso no es así, yo no di esa orden.

¿Quién la dio?
Después que Investigaciones me interrogó, apareció un suboficial que declaró que Barriga le ordenó matar a Víctor Díaz. Y ahí cuenta que se arrodilló ante él, le pidió perdón por lo que iba a hacer y lo asfixió con una bolsa plástica.

¿Hablamos de Juvenal Piña, "El Elefante"?
Sí.

Pero, aunque sus subalternos lo declararan así, ¿por qué reconoció que usted dio la orden de matarlo si no lo hizo y sabía que se involucraba en un delito grave?
Porque los de la Policía de Investigaciones insistían en que mis subalternos así lo habían afirmado, y al final lo reconocí para que me dejaran tranquilo, sin darme cuenta de la trascendencia que luego eso tendría.

Usted declaró en el proceso que le ordenó a la teniente de Ejército Gladys Calderón que le inyectara pentotal a Víctor Díaz para matarlo. ¿Dio esa orden?
No, nunca la di. También fue lo mismo, lo acepté para que me dejaran tranquilo.

¿Cómo se puede explicar que los dramáticos sucesos ocurridos en el cuartel Simón Bolívar no se supieran por más de 30 años, y lo mismo respecto de la existencia de la brigada Lautaro y el grupo Delfín?
Porque todos, igual que yo, nos desligamos del problema para siempre y porque nunca nadie antes nos preguntó lo que había pasado.

¿Juramento de silencio ordenado por Pinochet, por Contreras o por ambos?
No hubo tal juramento, al menos yo no lo tuve ni nadie me lo exigió.

Sin embargo, hay varios que reconocen que existió tal juramento.
En mi caso y en el de mi brigada, eso no existió. No sé si en otros grupos o brigadas se dio eso.

En el cuartel Simón Bolívar, ¿había gente especial que se dedicaba a ensacar los cuerpos y amarrarles el trozo de riel, preparándolos para tirarlos al mar desde helicópteros?
No. Ellos mismos lo hacían, la gente de Barriga y Lawrence.

Usted dice que su brigada Lautaro no era operativa, pero alguna gente de su brigada sí colaboró con los Delfín.
Lamento que eso sucediera, porque con ello involucraron a la brigada como cuerpo. La mayoría de los míos que se involucró en eso fueron carabineros. Ellos tienen una lealtad distinta al Ejército. Los carabineros de mi brigada siguieron a Lawrence, del grupo Delfín, que era oficial de Carabineros, cuando debieron seguirme a mí. Lawrence los manejó.

Con los juicios, ¿se quebraron las lealtades y confianzas entre quienes fueron agentes DINA?
Hoy cada cual vela por su propio interés. Que se salven, pero honestamente, y no anden involucrando a otros como lo hace Pedro Espinoza.

¿Hay otros ex DINA que también están siendo desleales en los procesos?
Hay muchos desleales.

¿Quiénes?
No lo voy a decir, mejor.

Pedro Espinoza Bravo
El brigadier (R) tiene 78 años y actualmente está recluido en el Penal Cordillera de Peñalolén, cumpliendo otras condenas. En 1995 fue condenado a seis años de presidio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, sentencia que cumplió en el penal de Punta Peuco. Fue uno de los hombres fundamentales de la DINA junto a Manuel Contreras. En septiembre de 1973, integró el escuadrón de la Caravana de la Muerte que asesinó a más de 100 prisioneros. Además, fue un "coordinador" principal en las operaciones represivas, por lo que está judicialmente involucrado en al menos 50 causas.

11 de julio de 2010
©la nación 
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gobierno solidariza con familia prats


Gobierno expresó su solidaridad con las hijas del general Prats y su esposa. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, manifestó que el Ejecutivo rechaza "profundamente este horrible crimen", cuya sentencia definitiva se conoció hoy.
Santiago, Chile. Luego de que la Corte Suprema entregara las sentencias definitivas por el caso Prats, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, expresó el rechazo del Gobierno por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, y solidarizó con las hijas del matrimonio.
"Nosotros, como Gobierno, en primer lugar, rechazamos profundamente este horrible crimen que afectó al ex comandante en jefe, Carlos Prats, y a su señora. Y, en segundo lugar, manifestamos nuestra solidaridad con las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert y las acompañamos en el dolor", manifestó Bulnes.
El secretario de Estado dijo además que en el Ejecutivo "estamos conscientes que han perseguido justicia por más de 30 años y finalmente hoy día la obtienen".
También destacó que "a través de estas resoluciones" se va "estableciendo justicia y verdad, que es un paso indispensable para empezar a reencontrarnos como pueblo".
Consultado por el largo tiempo que transcurrió hasta que se dictara sentencia, el ministro Bulnes dijo que "tenemos el anhelo firme de que cada día la justicia pueda emitir sus resoluciones y dictar sentencia lo más pronto posible".
En cuanto a la rebaja de las condenas dictadas por la Corte Suprema, el titular de Justicia indicó que "como Gobierno y como Ministro de Justicia no corresponde pronunciarme, sino que acatar las decisiones de nuestro máximo tribunal".
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Ena Von Baer, se limitó a declarar que el Gobierno no comenta sentencias judiciales, aunque recalcó el compromiso del Ejecutivo con la defensa de los Derechos Humanos.

9 de julio de 2010
©emol
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general garín se une a repudio


Guillermo Garín se suma a repudio del Ejército por asesinato del general Prats. Ex vicecomandante en Jefe de la Institución lamentó que militares hayan estado involucrados en el crimen, según ratificó la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones.
Santiago, Chile. El ex vicecomandante en Jefe del Ejército, general (R) Guillermo Garín deploró que efectivos del Ejército hayan participado en la muerte del ex Comandante en jefe de la institución, General Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthbert, de acuerdo con el fallo emitido por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones.

"Lamento mucho, en primer lugar que esto se haya producido, me refiero obviamente al atentado, al margen de quién lo hizo", indicó Garín.
Asimismo, el ex militar dijo tener "tristeza" y compartir el pesar del Ejército, que manifestó, una vez conocida la sentencia a través de un comunicado, sentir "repudio contra todos los participantes" del "cobarde asesinato" contra Prats y su esposa.
"Es doloroso que haya miembros de nuestra institución involucrados en el hecho mismo", sostuvo.
El dictamen, emitido por el ministro Rubén Ballesteros, anunció condenas contra el ex director de la disuelta DINA, General (R) Manuel Contreras, y otros ocho ex agentes del  organismo.

9 de julio de 2010
©emol
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juez torcido propuso prescripción


Caso Prats: Suprema condena a ex miembros de la Dina por asociación ilícita y homicidio. Se los acusa de estar agrupados para cometer delitos contra personas consideradas enemigas del régimen militar chileno. Pese a que se rebajaron penas por atenuantes y por aplicar media prescripción, fallo marca precedente. 
[Cinthya Carvajal, Ximena Pérez y Rodrigo Vergara ] Santiago, Chile. A más de 35 años de que se cometiera el crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974, la Corte Suprema puso fin al largo proceso judicial con su sentencia definitiva, en la que condena por primera vez a la cúpula y a otros miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por el delito de asociación ilícita y homicidio calificado.
Aunque se rebajaron las penas dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís, y confirmadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, la condena por asociación ilícita marcará un precedente para que también se pueda aplicar a otros casos de derechos humanos que aún no han sido resueltos definitivamente.

Inédita Decisión
Esta es la primera vez que el máximo tribunal confirma el delito de asociación ilícita para ex miembros del Ejército que pertenecieron a la Dina. Antes se había configurado en el caso Degollados, pero a miembros de la Dipolcar de Carabineros.
La decisión fue adoptada en un fallo dividido por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva. El voto de minoría fue el del magistrado Rubén Ballesteros, quien estuvo por absolver a los acusados por prescripción, ya que a su juicio los hechos de esta causa "no tienen carácter de lesa humanidad", y porque han transcurrido "más de 28 años, encontrándose, por tanto, extinguida la responsabilidad criminal de los enjuiciados".
La Suprema revocó la sentencia de doble presidio perpetuo que había sido dictada contra el ex jefe de la Dina general (r) Manuel Contreras y la reemplazó por una pena de 17 años de presidio, sin beneficios. Además, cambió la condena en su contra de 20 años de cárcel como jefe de la asociación ilícita, por una de tres años y un día de presidio.
El brigadier Pedro Espinoza, que estaba condenado a dos penas de 20 años por el doble crimen y a otra de 20 por asociación ilícita, finalmente recibió 17 por el doble crimen y tres y un día por asociación ilícita.
En tanto, al general (r) Raúl Iturriaga, al brigadier (r) José Zara, y a los coroneles (r) Christoph Willike y Juan Morales Salgado se les dio una pena de 15 años de presidio por los homicidios y 100 días por asociación ilícita.
Originalmente, Raúl Iturriaga tenía dos condenas a 15 años de cárcel por los homicidios y 541 días por asociación ilícita; Zara, Willike y Morales Salgado registraban dos condenas a 10 años y un día por doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.
En este caso, las rebajas de penas fueron porque se consideró la irreprochable conducta anterior de los acusados como atenuante, ya que no registran condenas previas al momento de cometer este delito. Además, los hechos fueron considerados como un solo crimen, aplicándose el mecanismo de regulación de la pena más favorable.

Media Prescripción
A la ex agente de la Dina Mariana Callejas y ex esposa del autor material confeso del doble crimen, Michael Townley, se le rebajó la condena de dos penas de 10 años y un día por el doble crimen, y se le cambió la calificación a cómplice, por lo que en definitiva se le dieron 5 años. La misma pena recibió el ex agente civil de la Dina Jorge Iturriaga, quien en primera instancia había recibido dos condenas de cinco años y un día como cómplice del crimen.
A ambos se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, también por la irreprochable conducta anterior, pero además se les aplicó la media prescripción, a diferencia de los autores. El ministro Brito estuvo en desacuerdo de aplicar la media prescripción en estos casos, y Künsemüller era partidario sólo en rebajar pena en un grado y no en dos.
Al único que se le mantuvo su condena original fue al suboficial (r) Reginaldo Valdés, a quien se le dieron dos penas de 541 días como cómplice del doble crimen, pero se le concedió el beneficio de la remisión condicional.
’’Se encuentra acreditado que miembros de la Dina, pertenecientes al Departamento Exterior de ese organismo,
elaboraron en común un proyecto delictivo con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas
enemigas del régimen militar chileno, cuya ejecución posterior se tradujo en los homicidios de Carlos Prats y Sofía Cuthbert".

9 de julio de 2010
©el mercurio
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cs falla en caso prats


Corte Suprema dictó altas penas por crimen de Prats. La Sala Penal aplicó condenas de 17 y 15 años de cárcel a seis de los autores del doble homicidio cometido en 1974 por agente de la DINA en Buenos Aires. Otros tres, en calidad de cómplices, recibieron penas que cumplirán en "libertad vigilada".
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Tras 36 años de ocurridos los crímenes, la justicia chilena dictó altas penas efectivas de cárcel en la sentencia definitiva por el doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert Chiarleoni.
Éste fue cometido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires por agentes de la DINA.
La resolución condenó a nueve ex agentes, de los cuales dos de ellos, el brigadier (R) José Zara Holger y el coronel (R) y ex jefe de Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, irán por primera vez a prisión. (Ver recuadro con penas).
Los otros, el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, el ex segundo hombre de ese organismo, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, así como el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, uno de los jefes del departamento exterior de DINA, y el coronel (R) Cristoph Willikie Flöl, ya están en prisión cumpliendo condenas por otras víctimas.
En el caso del suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, así como de los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores y Jorge Iturriaga Neumann, éstos recibieron penas bajas que por su calidad de cómplices y su cuantía se les concedió el beneficio de cumplirlas bajo el régimen de libertad vigilada.

Repudio del Ejército
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente -Alba, dijo en un comunicado que "el Ejército repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún que su acto criminal tuvo como víctimas a un ex comandante en jefe y también a su esposa".
El comunicado agregó que "este crimen enluta al Ejército y a todos sus integrantes. Su comandante en jefe expresa a las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert su profundo pesar y solidaridad por el irreparable dolor que han debido soportar en un largo proceso, hasta ver ratificada finalmente la verdad, y pronunciada la justicia".

La Familia Prats-Cuthbert
Como pudo llegar a establecerse por diversos medios en la investigación judicial realizada inicialmente por la jueza argentina María Servini y luego en Chile por el magistrado Alejandro Solís, el asesinato del general Prats fue ordenado por Augusto Pinochet.
Éste, sin embargo, libró de ser uno de los condenados porque antes de morir, el 10 de diciembre de 2006, en una serie de fallos contradictorios de las cortes, fue sobreseído del proceso cuando en la última vista de su desafuero, éste fue rechazado por el pleno de la Corte Suprema por cuestiones de procedimiento procesal.
La familia Prats-Cuthbert acudió en pleno a escuchar la lectura del fallo, el que en la parte resolutiva fue leído por el ministro integrante de la sala penal, Rubén Ballesteros, sala que dictó la sentencia definitiva.
El martes pasado los familiares habían tenido que regresar a casa con una sensación de desesperanza y enojo, dado que aquel día el dictamen no pudo ser conocido como estaba previsto por cambios de última hora.
Y a pesar de que la sala penal rebajó penas respecto de la sentencia que dictó el juez Solís y que luego confirmó la Novena Sala de la Corte de Apelaciones, las condenas resueltas dejaron a las hijas del general Prats y los otros familiares con la sensación de que finalmente se había hecho justicia por el asesinato de sus padres.
La sentencia reconoció que el doble crimen fue un "delito contra la humanidad" y que por ello no correspondió aplicar la amnistía vigente.
Aunque, por otro lado, los jueces aplicaron un beneficio de prescripción reducida para rebajar las penas, no respetando de acuerdo al abogado querellante Hernán Quezada, la legislación internacional que prohíbe amnistiar o prescribir crímenes de lesa humanidad.

Los Condenados
Manuel Contreras: 17 años por dos homicidios, tres por asociación ilícita.
Pedro Espinoza: 17 por dos crímenes; tres por asociación ilícita.
Raúl Iturriaga: 15 años por dos homicidios, 100 días por asociación ilícita
José Zara: 15 años por dos homicidios, 100 días por asociación ilícita
Cristoph Willikie: 15 años por dos homicidios, 100 días por asociación ilícita.
Juan Morales Salgado: 15 años por dos homicidios, 100 días por asociación ilícita.
Mariana Callejas (civil): cinco años por dos homicidios (en libertad vigilada)
Jorge Iturriaga (civil): cinco años por dos homicidios (en libertad vigilada)
Reginaldo Valdés: dos condenas de 541 días por dos homicidios (en libertad vigilada).

9 de julio de 2010
©la nación
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condenas por el caso prats


El ejército chileno repudió a los militares hallados culpables. La Corte Suprema dictaminó diecisiete años de prisión para el ex jefe de la DINA general Manuel Contreras y para el brigadier Pedro Espinoza Bravo como autores del homicidio calificado del matrimonio Prats-Cuthbert.
[Christian Palma] Santiago, Chile. Después de una larga espera, ayer la sala penal de la Corte Suprema de Chile entregó el fallo final en el caso del doble asesinato del ex general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974. Si bien el máximo tribunal rebajó las condenas para la cúpula del organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, conocido como DINA –que estableció la asociación ilícita terrorista del organismo represivo para perpetrar estos homicidios–, la familia del matrimonio valoró la decisión y espera que los culpables cumplan realmente sus condenas.
Entre familiares y diversos periodistas que daban más emoción a la escena, cerca de las 11 de la mañana, el ministro Rubén Ballesteros leyó la resolución de uno de los episodios más dramáticos acontecidos en dictadura y que estableció condenas a 17 años de presidio mayor en su grado máximo sin medidas alternativas para el ex jefe de la DINA, el ex general Manuel Contreras (81), y al brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo (78), como autores de homicidio calificado del matrimonio Prats-Cuthbert. En una primera resolución judicial, se habían establecido dos penas perpetuas en contra de Contreras, mientras que para Espinoza la sentencia era de veinte años.
Conocido el fallo, el comandante en jefe del ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba, repudió el accionar de los militares que participaron en el asesinato. "Este es un hecho que el ejército rechaza y repudia con toda la energía que necesita, se ha cerrado un capítulo en una necesidad que tenía el ejército de saber la verdad de los hechos", dijo el militar.
La Comandancia en Jefe de la institución agregó que "con su extrema crueldad, violaron trágicamente, además, los principios que constituyen el acervo moral de la institución". Con esto, el ejército espera que "se pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado".
También se contemplaron penas de quince años y un día para el general (R) Eduardo Iturriaga, el coronel (R) Christoph Willikie Flöl, el ex agente José Zara Holger, uno de los ex jefes del departamento exterior de la DINA, y el ex jefe de la Brigada Lautaro, coronel (R) Juan Morales Salgado, entre otros. El ex coronel José Zara apeló a la fe para soportar la resolución. "Como católico habrá que aceptar lo que nos demanda el futuro y cada uno cargar con su cruz. Siempre hay que enfrentar la Justicia y yo nunca he rehusado nada."
En tanto, Cecilia Prats, una de las hijas del militar asesinado, dijo que "sentimos que se cumplió con que ellos tengan sus penas como corresponde y las cumplan como la Corte Suprema determinó. Eso nos importa a nosotros, que ellos sean sindicados como los culpables y están claramente identificadas las personas que estuvieron en el hecho", indicó. Junto a ello, expresó que si bien Pinochet no aparece en el dictamen, "todos saben" que el fallecido dictador dio la orden de matar a su antecesor en la comandancia en jefe del ejército.
Trascendió además que la familia Prats entregará una copia del fallo al embajador de Argentina en Chile y estudia viajar a Buenos Aires para reunirse con la jueza María Servini de Cubría en agradecimiento.
Angélica Prats dijo esperar un gesto del ejército para desvincularse en forma definitiva de aquellos militares que violaron los derechos humanos. Las hermanas tuvieron un encuentro con el embajador argentino en Santiago, Ginés González García, para agradecerle el apoyo institucional ofrecido por Argentina para esclarecer los hechos.
Carlos Cuadrado Prats, nieto del general asesinado en Argentina, famoso por escupir el ataúd de Pinochet cuando lo estaban velando en diciembre de 2006 (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-77682-2006-12-14.html), sostuvo que se cumple la promesa hecha por su madre y tías el día que mataron a su abuelo de luchar y lograr justicia: "Hoy eso se concreta, al igual que la demostración de que hubo una planificación, hubo recursos estatales, pasaportes oficiales, transporte de explosivos a través de Lan-Chile, un atentado terrorista cometido en unión con los agentes de la DINA que participaban en Buenos Aires y la premiación de aquellos que participaron por parte del ejército".
A su vez, la senadora socialista Isabel Allende (hija del ex presidente Salvador) calificó el fallo como histórico. "Más aún que la Justicia chilena haya reconocido que fue una asociación ilícita la que se constituyó para asesinar al general Prats y su señora en Argentina. Fuera de ser un crimen alevoso, lo más dramático es que fue hecho por sus propios pares. Aquí estamos hablando de generales del ejército y todos sabemos que obviamente quien envió la orden fue Pinochet Ugarte, pero evidentemente no se puede hacer un juicio a alguien que ya falleció", aseveró Allende.
Finalmente, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, dijo que el gobierno de Sebastián Piñera rechaza este terrible crimen y que se trabaja por que las personas tengan una respuesta judicial lo antes posible. "Rechazamos profundamente este horrible crimen que afectó al ex comandante en jefe Carlos Prats y a su señora. Y, en segundo lugar, manifestamos nuestra solidaridad con las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert y las acompañamos en el dolor. También estamos conscientes de que han perseguido justicia por más de treinta años y finalmente hoy día la obtienen."

9 de julio de 2010
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