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condena por masacre en sierra nevada


Condenan a desmovilizado por masacre en la Sierra Nevada. El Juzgado Único Penal de Santa Marta condenó a 30 años de cárcel a Eliseo Beltrán Cadena, alias ‘El Gordo’, por su responsabilidad en el asesinato de nueve personas una familia.
Colombia. Los hechos por los que fue condenado alias ’El Gordo’, ocurrieron el 8 de mayo de 2003, cuando un grupo de ‘paras’ del Frente Resistencia Tayrona ingresó al caserío Puerto Nuevo del corregimiento Guachaca (Santa Marta) y secuestró a Yeison Salinas Franco y Kelly Johana Sarmiento Renoga (menores de edad), José Sarmiento Ordóñez, Judith Villamil Hernández, Enoc Enrique Sarmiento Villamil, Luz Mery Renoga Vastos, Ana Edith Uribe Cueto, Luis Fernando Arzuza Guetto, y Edgar Arzuza Guetto.
Según lo establecido por la Fiscalía, estas víctimas fueron llevadas en tres vehículos hasta la escuela de un sitio conocido como Casa de Tabla, donde fueron asesinadas y sepultadas en dos fosas. Posteriormente, sus cuerpos fueron exhumados e incinerados.
Alias ‘El Gordo’, quien perteneció al grupo paramilitar de Hernán Giraldo, aceptó ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.
Actualmente Beltrán Cadena está detenido en la cárcel Modelo de Barranquilla.

5 de agosto de 2010
4 de agosto de 2010
©verdad abierta 
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uribe demanda a juez


Presidente Uribe demandó a magistrado que pidió investigar a su hijo. Ante la a Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el presidente Uribe demandó al magistrado Yesid Ramírez por ordenar la investigación contra su hijo.
Colombia. "Cuando el juez falla por el odio, prevarica". Así dijo el pasado jueves el presidente Álvaro Uribe Vélez luego de que la Corte Suprema de Justicia le pidiera a la Fiscalía General investigar a Tomás Uribe, hijo mayor del presidente, por el presunto ofrecimiento de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
Por esta razón, ante la a Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el presidente Uribe demandó al magistrado Yesid Ramírez por ordenar la investigación contra su hijo. La noticia la dio a conocer el propio Tomás Uribe en la noche de este miércoles: "El mismo juez que manifiesta que mi padre es un asesino, es el que me investiga, sin tener competencia para ello", y agregó que "respeto total a la Justicia, pero rechazo al proceder del juez que prevarica".
El pedido de la Corte a la Fiscalía se basa en las declaraciones de varios testigos y en lo dicho por el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, quien dijo que Tomás Uribe influyó en la asignación de una notaría en Tunja a un recomendado suyo.
"Que no sigan acabando la justicia suplantándola con el odio. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesid Ramírez, que tanto daño le ha hecho a Colombia", dijo el mandatario el pasado jueves.

5 de agosto de 2010
4 de agosto de 2010
©semana
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presidente con orden de detención


Fiscal ecuatoriano pide la extradición de presidente electo de Colombia.
Quito, Ecuador. Un fiscal de Ecuador solicitó la extradición del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado de presunto asesinato al liderar una operación militar del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo del 2008.
La Corte de Sucumbíos mantiene vigente una orden de prisión contra Santos, quien asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto, por lo que se efectuó el correspondiente pedido de extradición.
"Ya estaba pedida (la extradición) desde hace tiempo. Se le comunicó al juez", dijo a Reuters, el fiscal Carlos Jiménez, quien actúa como parte acusadora en el juicio contra Santos.
El mandatario electo de Colombia tiene una orden de prisión en Ecuador, acusado de ser autor intelectual de una incursión en la selva ecuatoriana para destruir un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), en la que murió el líder guerrillero Raúl Reyes.
Santos era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe cuando se llevó a cabo la operación militar.
El pedido de extradición se realizó al juez que lleva adelante el juicio en la provincia amazónica de Sucumbíos. El juez ha señalado, según un medio local, que no se ha recibido el pedido de extradición.
De acuerdo a las normas ecuatorianas, el juez que lleva el proceso contra Santos debe entregar el pedido a la Corte Nacional de Justicia del país para que determine si es viable o no la extradición de Santos.
El titular de la Corte Nacional, José Troya, dijo el lunes en una entrevista con el diario El Comercio que no había ningún pedido oficial respecto a una posible extradición.
Tras la incursión militar en marzo del 2008, Ecuador y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. Ambos países se encuentran en un proceso de restablecimiento de sus vínculos formales y han avanzado con la designación de encargados de negocios para cada nación.
Sin embargo, recientes roces han empañado los avances entre ambas naciones.
Semanas atrás hubo denuncias de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a sus colaboradores, a lo cual el mandatario advirtió que volvería a romper relaciones en caso de que se comprobaran.

4 de agosto de 2010
©estrella de valparaíso
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los e-mails del das


SEMANA revela los correos de la cúpula del DAS que demuestran cómo ’chuzaban’ y esculcaban ilegalmente los bienes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es el artículo al que se refiere en ‘Uribe amenaza con más terror’. Revela el espionaje ilegal y data del 13 de marzo de 2010.
Colombia. Como directora del DAS, María del Pilar Hurtado le envió una carta al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, en la que afirmaba que el organismo de inteligencia no seguía magistrados. Los correos electrónicos encontrados en la investigación de la Procuraduría demostraron lo contrario.
Estos son algunos de los correos entre la cúpula del DAS en los cuales queda en evidencia que existieron órdenes por parte de la dirección de esa entidad para buscar los bienes del abogado Ramiro Bejarano (foto) y del magistrado Valencia en todas las notarías de Bogotá usando detectives encubiertos.
Entre los correos hallados por la Procuraduría hay varios en donde el ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabárez, hace referencia a la reunión en Palacio a la cual asistió Antonio López, alias ‘Job’, uno de los emisarios del jefe paramilitar ‘Don Berna’.
En los archivos del computador de la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, se encontraron algunas de las comprometedoras evidencias sobre las ‘chuzadas’ ilegales y los seguimientos a magistrados.
En las más de 170 páginas que contiene la formulación de cargos contra funcionarios del DAS firmada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, hay algunas pruebas que nunca son mencionadas.
El escándalo del DAS parece no tener fin. El primer capítulo de esta tenebrosa historia se conoció hace un año, cuando salieron a la luz las evidencias de que esa entidad estaba dedicada a ’chuzar’ ilegalmente a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. En su momento el gobierno negó que el organismo de inteligencia de la Presidencia estuviera en esas andanzas. Ese escándalo tuvo su clímax hace poco cuando algunos de los propios directores y jefes de inteligencia declararon ante la Corte Suprema de Justicia que el DAS sí había ’chuzado’ y hecho seguimientos, pero culparon de todo a Jorge Noguera al decir que estas irregularidades habían ocurrido durante la época en la que él estuvo al frente de la entidad. Pero ahora se abre un nuevo capítulo protagonizado por la ex directora María del Pilar Hurtado y la forma como enfiló a gran parte del DAS para espiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Hace un poco más de dos años, el enfrentamiento entre el gobierno y la Corte llegó a su momento más tenso cuando el presidente Uribe demandó por injuria y calumnia al entonces presidente del alto tribunal, César Julio Valencia Copete. Las diferencias entre ambos surgieron a raíz de que Valencia dijo públicamente que Uribe lo había llamado a reclamarle por la investigación que la Corte le seguía a su primo el ex senador Mario Uribe, por vínculos con grupos paramilitares. Para ese entonces los magistrados ya venían denunciando que el DAS los estaba siguiendo y que estaban siendo interceptados. Tanto el gobierno como la directora del DAS negaron en ruedas de prensa que esto fuera así.
SEMANA revela los correos electrónicos que durante meses se cruzó toda la cúpula de esa entidad y donde queda en evidencia que a los miembros del alto tribunal no sólo les hacían seguimientos y les ’chuzaban’ los teléfonos, sino que se hicieron operativos en los que participaron decenas de detectives para investigar, de manera ilegal, el patrimonio del Presidente de la Corte Suprema.

Ficha Clave
Una de las protagonistas de esos hechos es la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, quien está detenida y está siendo investigada precisamente por las interceptaciones ilegales. Leal fue una de las personas más cercanas a la ex directora María del Pilar Hurtado, y ha sido protagonista de primera línea de tres graves hechos entre el gobierno y la Corte. Hace tres años fue la funcionaria que recogió en la cárcel de Itagüí y llevó al DAS una supuesta carta del paramilitar ’Tasmania’, que terminó en la Presidencia y fue usada en su momento para hacer un montaje, (como fue probado por la justicia) en contra del investigador principal de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. En abril de 2008, Leal fue la funcionaria que estuvo en la reunión en la Casa de Nariño a la cual asistieron funcionarios de Palacio y delegados del paramilitar ’Don Berna’, entre ellos, alias ’Job’, quienes fueron a entregar información para enlodar a miembros de la Corte. Y finalmente, está involucrada desde el año pasado en las investigaciones por las ’chuzadas’, caso por el que está siendo procesada.
 En el caso específico de las interceptaciones, seguimientos y búsqueda de información privada y personal sobre magistrados de la Corte, tanto Leal como la ex directora Hurtado, así como los ex jefes de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabárez y Jorge Lagos han tratado de justificar esas acciones afirmando que "el blanco" nunca fueron los magistrados. Han dicho que la información que recolectó durante meses el DAS sobre magistrados fue producto de otra investigación contra el abogado Ascencio Reyes, quien según el DAS estaría relacionado con la mafia, y se trataba de verificar si éste estaba intentando infiltrar a la Corte. Con ese argumento también se ha tratado de justificar la entrega de información confidencial a funcionarios de la Casa de Nariño, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa. Sin embargo los correos internos del DAS a los que tuvo acceso SEMANA demuestran otra cosa y deja sin piso el argumento que los magistrados no fueron el blanco principal del organismo de inteligencia de la Presidencia

Operación Corte
Una de las primeras pruebas de ello es un correo enviado por la subdirectora de operaciones a la jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, el 2 de abril de 2008 a las 12:15 de la tarde. "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble en la carrera (...) apartamento (...), registrado en la notaria 11. Así mismo el señor Valencia Copete César Julio registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad", dice el correo electrónico de respuesta a la orden impartida por la entonces directora.
En otra comunicación, el 18 de abril de 2008, Leal le informa a Hurtado sobre las pesquisas y le anexa el listado de las notarías a las que acudieron sus agentes encubiertos. "Dra este es un avance acerca de la tarea que usted solicitó. Le envío reporte de las notarías consultadas con información recolectada hasta la fecha. Hasta el momento se han visitado 18 notarías situadas en el sector norte y hasta la fecha no se han obtenido resultados positivos. La información recolectada en estas notarías se ha realizado de forma presencial a cubierta". En el mail, Leal incluye también los correos que a su vez le han enviado cinco detectives sobre las verificaciones.
En este correo del 23 de abril, Leal nuevamente entrega un reporte a la directora del DAS sobre los avances que sus sabuesos han encontrado contra el abogado y columnista Ramiro Bejarano: "Doctora en relación con lo que requirió. El señor (Bejarano) cuando trabajó en esta casa (DAS) registró su firma en la notaría 50 que está ubicada acá en el sector. En esa notaría indican que ese registro era válido mientras él ocupaba el cargo (director del DAS).
Estos son tan sólo tres de los correos internos que existen en los que queda en evidencia que el DAS estaba en una abierta ’cacería’ para tratar de ubicar ilegalmente bienes del presidente de la Corte y su abogado, labor para la cual destinaron un importante grupo de detectives. Pero ¿cuál era el interés del DAS en perseguir a Valencia y a Bejarano? La respuesta permite entrever hechos muy graves que dejan muy mal parada a Hurtado y salpican incluso a la Presidencia.
 Para las fechas en las que el DAS dedicó decenas de detectives para escarbar en todas las notarías de Bogotá, el presidente de la Corte Suprema estaba enfrascado en un duro litigio contra el presidente Álvaro Uribe. A finales de enero de 2008, el mandatario había demandado por injuria y calumnia al magistrado Valencia Copete, lo que agudizó el fuerte choque que ya venía entre la Presidencia y la Corte. El abogado del presidente de la Corte en ese litigio es Bejarano. Lo grave de lo que hizo el DAS es que no existe razón alguna, ni jurídica ni desde el punto de vista de inteligencia, que le permita indagar, y menos de manera ilegal y clandestina, nada más y nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. De hecho en una carta enviada por Hurtado a Valencia, la ex directora del DAS había negado que esa entidad o el gobierno estuvieran haciendo investigación alguna o seguimientos sobre magistrados. "Tenga usted la certeza que por parte de esta dirección no se ha impartido instrucción alguna relacionada con lo denunciado por usted a los medios", dice Hurtado en la misiva.
Sin embargo, sus correos dejan en claro que mintió y que el interés de esos seguimientos tenía fines políticos. El último cruce de correos entre la ex directora del DAS, a los que tuvo acceso SEMANA, fue el 23 de abril, seis días antes de que el presidente Uribe asistió a la Comisión de Acusaciones para declarar en el litigio contra Valencia Copete. El que el DAS estuviera indagando insistentemente sobre los bienes del magistrado en los días previos a esa diligencia deja por lo menos un muy mal sabor sobre cuál era el objetivo real de esas pesquisas ilegales.

En Palacio
Los detectives del DAS no encontraron nada que les permitiera ’salpicar’ de alguna manera a Valencia y a Bejarano. Resulta una extraña coincidencia que ese mismo 23 de abril en la noche funcionarios de Palacio -Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez- y del DAS -Martha Leal- se reunieron en la Casa de Nariño con dos enviados de ’Don Berna’ para recibirles información en contra de la Corte.
El DAS siempre aseguró que nunca había tenido contacto previo con los enviados de ’Don Berna’ y que esta había sido una reunión ocasional. Sin embargo, un cruce de correos entre la cúpula del DAS deja ver algo muy diferente. "Martha es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las AUC quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe. Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene. Me avisas con info a la sra directora". Este correo electrónico fue enviado por el ex director de inteligencia Fernando Tabárez a Leal y la directora del DAS a las 6:30 de la tarde del 23 de abril. Villalba era un paramilitar quien declaró ante la justicia que el presidente Uribe estaba vinculado a la masacre de El Aro ocurrida en Antioquia en 1997, cuando él era gobernador. Villalba fue asesinado pocos días después de que le dieran casa por cárcel en abril del año pasado.
Los "amigos" a los que se refiere Tabárez son alias ’Job’, con quien Leal se reunió en la Casa de Nariño, y su acompañante. Si bien podrían argumentar que se trataba de un fin legítimo pues se trataría de averiguar qué información tenía un paramilitar sobre el Presidente, es claro que a diferencia de lo que hasta ahora han sostenido es probable que el DAS sí los conociera y tuviera contactos previos con ellos.
Un día después de esa cita en la Casa de Nariño, el 24 de abril la ex directora del DAS, acompañada por su jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, volvió nuevamente a Palacio. En esa oportunidad fue para entregar a funcionarios cercanos al Presidente los resultados de los seguimientos a un grupo de magistrados que realizaron un viaje a Neiva en compañía de Ascencio Reyes. Esa información fue filtrada a la prensa y buscaba tender un manto de duda sobre los magistrados que acudieron a ese viaje. El gobierno y el DAS siempre han negado que hayan sido ellos quienes filtraron esa información, ya que de aceptarlo sería claro que sí existía un interés de atacar a la Corte por parte del gobierno y que el organismo de inteligencia de Presidencia había sido usado para ello. Sin embargo otro cruce de correos demuestra que el gobierno sí filtró esa información como parte de la estrategia para atacar a la Corte.
El sábado 26 de abril el director de inteligencia del DAS, Fernando Tabárez, le envió un correo a Leal y al jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, en el que les dice: "Mañana se publica un artículo que va a poner a tambalear a nuestros amigos, hay que estar muy pendientes de las líneas".
Efectivamente el domingo 27 de abril el diario El Tiempo y SEMANA publicaron artículos con la información filtrada sobre el viaje de los magistrados a Neiva. El correo de Tabárez no sólo confirma la filtración como parte de la estrategia de desprestigio, sino que tiene un dato que puede resultar muy revelador sobre las ’chuzadas’ a magistrados, las cuales también han intentado negar. Al final del correo, la recomendación del jefe de inteligencia a sus colegas para "estar muy pendientes de las líneas" deja el serio interrogante que los ’chuzados’ eran los magistrados ya que los artículos publicados sólo se referían a ellos. Sobre las interceptaciones ilegales los funcionarios que están siendo investigados han argumentado que la justicia no ha encontrado pruebas sobre esos hechos, especialmente durante la administración de Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado. Nuevamente los mismos correos internos del DAS evidencian lo contrario. No sólo sí hubo ’chuzadas’, sino que además los funcionarios que los ordenaron y ejecutaron eran conscientes que estaban haciendo interceptaciones ilegales. Por ello diseñaron incluso un modus operandi para ’chuzar’ ilegalmente, y en forma abierta comentan cómo tapar esas interceptaciones ilegales para que no los descubran.
El nuevo episodio en el escándalo del DAS en el que se evidencia la persecución al presidente de la Corte, Valencia Copete, es muy delicada. Hasta ahora las autoridades han minimizado el episodio de los magistrados a pesar de que cada día salen más evidencias.

El "Olvido" del Procurador
Los correos internos del DAS a los que tuvo acceso SEMANA hacen parte del voluminoso expediente que adelantó la jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General, Alexandra Valencia, el cual sirvió para el pliego de cargos que hace dos semanas formuló el procurador Alejandro Ordóñez. Varias cosas sorprenden del documento que éste firmó. Algunos de los funcionarios a los que la Procuraduría les archivó la investigación tuvieron un papel muy activo en las ’chuzadas’ y seguimientos a magistrados. Llama la atención que a pesar de tener contundentes pruebas de las pesquisas ilegales del DAS contra Valencia Copete, no se formulan cargos por esos hechos contra la cúpula del DAS. En esencia, la Procuraduría se limitó a acusar a la ex directora de ese organismo por haber seguido a un civil, Ascencio Reyes, y haber entregado información confidencial de él al secretario general de Palacio, Bernardo Moreno. Aunque en las 170 páginas de su pliego de cargos hace una ligera mención al caso de Valencia, las pruebas del seguimiento y acoso brillan por su ausencia. El magistrado Valencia sólo se enteró de que había correos del DAS sobre él el pasado viernes 5 de marzo, cuando fue a la Procuraduría para que los dejaran ver, lo cual es un derecho legal. Aunque tuvo acceso a algunos, Valencia al igual que Bejarano aún esperan que el procurador delegado Gabriel Jaimes les dé copia de todos los correos sobre ellos. Algo a lo que extrañamente hasta el viernes no había ocurrido.
 El seguimiento al magistrado Valencia deja muy mal parado al DAS y especialmente a su ex directora María del Pilar Hurtado sobre su papel frente a los seguimientos del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco queda bien librada la Casa de Nariño ya que el DAS depende directamente de Palacio y no es descabellado deducir que la información ilegal recolectada iba a parar a la Casa de Nariño. Pero no menos preocupante en este escándalo -al que aún le falta mucho por descubrir- es la actitud de la Procuraduría, encaminada a dejar que el país sólo se entere a medias de lo que pasó en el DAS.

4 de agosto de 2010
13 de marzo de 2010
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cpi podría investigar a paramilitares


El juez Baltasar Garzón, asesor de la Fiscalía de la CPI, calificó como "obvio" una intervención de la justicia internacional si en Colombia no se reparan a las víctimas del paramilitarismo. Hay más de cuatro mil delitos que esperan sentencia. Evidente incapacidad o falta de voluntad del estado colombiano.
Colombia. El juez español recomienda a Colombia iniciar los juicios a paramilitares "cuanto antes" pues las víctimas aún no son restituidas. Reconoce voluntad del Estado de hacer justicia.
Como un escenario "obvio" calificó el juez Baltasar Garzón una eventual intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) si Colombia no tiene la capacidad de hacer justicia con las víctimas del conflicto.
El pronunciamiento del magistrado, quien se desempeña como asesor de la Fiscalía en la CPI, se produjo este martes 3 de agosto en la Universidad Complutense de Madrid, ubicada en la provincia de San Lorenzo del Escorial.
Según Garzón, uno de los principales problemas del proceso de justicia y paz, que recientemente cumplió cinco años de aplicación, es la "falta de coordinación y decisión jurídica y política para empezar los juicios".
El juez español dice que esa circunstancia ha puesto a las víctimas en una situación incómoda: "aguantan demasiado y aún no son restituidas".
Desde la aplicación de la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las Autodefensas, la justicia colombiana ha proferido una sentencia contra dos jefes paramilitares.
Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Úber Martínez, alias ‘Juancho Dique’, fueron condenados por la masacre de once campesinos en la vereda Las Brisas, en el corregimiento Mampuján de María la Baja, Bolívar, y el desplazamiento de 300 familias.
Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, es el tercer ex combatiente de las Autodefensas que está próximo a recibir sentencia.
Según el jefe de la unidad de Justicia y Paz, Luis González, en reciente entrevista con el portal Verdadabierta.com "hay 56 postulados con más de cuatro mil delitos esperando sentencia", pero reconoce un ‘cuello de botella’ en este proceso de justicia transicional en los pocos magistrados dedicados a estos juicios, sólo tres.
"Ya no depende de la Fiscalía sino del poder judicial a ver si nombra más magistrados para poder avanzar", dijo González en la entrevista.
El juez español Baltasar Garzón reconoció estos pero admitió que Colombia "tiene una voluntad clara" de hacer justicia "pero los juicios no arrancan".
Desde Madrid planteó la posibilidad de que las audiencias de juzgamiento comiencen, así sea, con imputaciones parciales a los ex paramilitares.
"Son necesarias acciones más inmediatas, aunque sean parciales, y que es importante que las violaciones de derechos humanos se juzguen y que las condenas sean efectivas", dijo Garzón.
El pronunciamiento del magistrado español, quien actualmente se encuentra suspendido de la Audiencia Nacional Española (por abrir expedientes de la época de la dictadura), se produce a los cinco años del inicio del proceso de Justicia y Paz, del cual fue muy vigilante.
Además, es el primer concepto a los procesos judiciales de Colombia que se produce tras la reunión que sostuvo, tres semanas atrás, con el presidente electo Juan Manuel Santos. En aquella reunión, Santos pidió al juez español "colaboración en varios frentes", y el magistrado mostró su voluntad de hacerlo.

4 de agosto de 2010
©semana 
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uribe amenaza con más terror


La estrategia para acallar a los testigos de las chuzadas. Así quedó la casa del detective Alexánder Menjura a finales del pasado enero, cuando desconocidos lanzaron una granada en su casa. Por fortuna, su dos pequeños hijos que se encontraban dentro, resultaron ilesos.
Colombia. La semana pasada el caso del espionaje del DAS entró en una etapa crucial. El miércoles anterior el secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, acudió a la Fiscalía General y durante ocho horas respondió un interrogatorio para aclarar su participación en la eventual petición y recepción de información sobre seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y periodistas.
Al finalizar la diligencia el abogado de Moreno, Jaime Granados, negó que su cliente hubiese cometido alguno de los actos ilegales por los que está siendo investigado. Cinco días antes de esa citación, la emisora La W había revelado el explosivo testimonio del ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, en el que, entre otras cosas, confirmaba que el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia sí había efectuado espionajes ilegales, y señaló a Moreno como uno de los funcionarios de la Casa de Nariño que estuvieron al tanto y ordenaron esas actuaciones al margen de la ley.
Y este jueves, un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará cargos a Martha Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS, recordada por casos tan polémicos como la reunión que en 2008 alias ‘Job’ tuvo en la Casa de Nariño cuando supuestamente llevaba información sobre una conspiración de la Corte contra el gobierno. (Ver también ‘Los e-mails del DAS’ http://www.semana.com/noticias-nacion/emails-del-das/136296.aspx).
Al mismo tiempo que Moreno contaba su versión en el búnker, el fiscal 8 delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, presentó ante un juez la resolución de acusación contra Tabares y otros cuatro funcionarios más del DAS acusados de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada. El fiscal anunció que durante el juicio, que comenzará dentro de tres semanas, se presentarán 127 pruebas y varios testigos para demostrar el espionaje del DAS. Con el anuncio del juicio contra estos cinco funcionarios, los primeros de más de 20 que están siendo investigados, el caso del DAS entra en una etapa crucial. Pero no sólo porque finalmente se llegó a juicio, después de 18 meses de que SEMANA denunció lo que ocurrió en el organismo de inteligencia. Es crucial porque a medida que se acerca ese momento y muchos de los hechos revelados han sido confirmados por la Fiscalía, se han incrementado las amenazas a personas clave para la investigación. Lo que al parecer se busca es intimidar y amedrentar a quienes conocieron y cumplieron órdenes ilegales en el caso del espionaje. En algunos casos el objetivo de ocultar la verdad por esos métodos se ha cumplido.
El caso más reciente es el de la juez Jenny Rosalía Jiménez. En la emisión de Noticias Uno del pasado 25 de julio la funcionaria denunció que hace pocas semanas recibió amenazas de muerte por haber tomado como juez de control de garantías la decisión de dictar medida de aseguramiento contra el ex director de la Unidad de Análisis Financiero -Uiaf-, Mario Aranguren. "Me dijeron que tengo que renunciar a mi cargo, lo segundo es que me quieren matar, todo por haber tomado o decretado la medida de aseguramiento de Aranguren en el caso del DAS y que tienen conocimiento que son personas del gobierno, que son personas del DAS", dijo la juez en Noticias Uno. También contó que un hombre detenido en la cárcel de Valledupar, quien está dispuesto a colaborar con las autoridades, fue contactado por funcionarios del DAS para amedrentarla.
Si bien el de la juez es el caso más reciente, no es el único. Desde que SEMANA reveló el escándalo del DAS en febrero de 2008, el tema de las amenazas ha pasado por diferentes etapas. Primero, hubo una "cacería de brujas" dentro de la entidad para tratar de saber quiénes estaban contando lo que ocurría. "Cuando estalló el escándalo sólo por sospecha comenzaron haciendo traslados de personal de diferentes divisiones sin justificación, pero cuando la Fiscalía, a mediados del año pasado, empezó a encontrar pruebas, las carpetas con los seguimientos, etc., la situación fue más tensionante. A mí me pusieron gente a seguirme, incluso varios que eran cursos míos. Como había la posibilidad que la Fiscalía me llamara a declarar porque estuve en algunos de esos grupos externos me mostraron las fotos de mis hijas y me dijeron que era mejor que ‘comiera callada’ o si no sabía lo que iba a pasar", contó a SEMANA una detective.
"Yo sé que tarde o temprano es muy posible que a me llame la Fiscalía a declarar. Yo estaba dispuesta a contar lo que me tocó hacer, que básicamente fue trabajar blancos políticos del Partido Liberal. Pero en los primeros días de noviembre un agente de policía judicial me buscó y me dijo que si yo abría la jeta me iba a pasar a mí y a mi familia lo mismo que le pasó a los compañeros que estuvieron a la fiesta de Chía. Y uno sabe que ellos son capaces de hacer eso y más. Por eso no pienso decir nada el día que me llamen", contó un detective que trabajó en la Dirección de Inteligencia del DAS y quien pidió mantener su nombre en el anonimato.
La fiesta a la que hace referencia el funcionario fue un extraño episodio el 31 de octubre del año pasado en el cual un detective asesinó a dos de sus compañeros y dejó gravemente heridos a otros dos. Todos pertenecían al área de Inteligencia y habían hecho parte de grupos externos que estaban siendo investigados por el caso del espionaje.
Historias de amenazados son muchas. Pero sólo algunos han instaurado las denuncias en la Fiscalía y son menos los que quieren poner la cara para contar lo que ha ocurrido."Nosotros somos ley y como ley sabemos muy bien cómo funcionan las cosas, entre esas el programa de protección de testigos. Por eso no nos metemos a él. Es muy fácil que a uno lo terminen quebrando. Tampoco vale la pena denunciar porque eso no termina en nada y sólo alborota el avispero", dice el funcionario.
Uno de esos pocos que pone la cara es Alexánder Menjura que trabajó durante 16 años en el DAS y cuya historia resume el caso de muchos en la actualidad "Yo salí del DAS a finales de 2007 por una supuesta investigación en mi contra, basada en un anónimo. Cuando estalló el escándalo de las chuzadas repartieron anónimos a los medios para tratar de desprestigiarme y parte de mis familiares que trabajaban allá fueron despedidos o trasladados sólo porque pensaron que yo había contado algo de lo que pasaba", dice Menjura. "Cuando el caso por las chuzadas comenzó a avanzar en la Fiscalía era obvio que me iban a llamar a declarar y yo estaba dispuesto a ir sin problema a contar lo que sabía sobre el tema de la Corte y otros temas delicados sobre irregularidades en el DAS. Una semana después del asesinato de los compañeros en Chía, me dejaron un sufragio en el que amenazaban a mis hijas menores de edad. Antes había recibido amenazas pero ya cuando se meten con los hijos de uno, uno lo piensa. Yo me quedé quieto esperando a que la Fiscalía me llamara. Yo denuncié a la Fiscalía las amenazas, pero nunca pasó nada", cuenta el ex funcionario.
"Como no me amedrentaron con la estrategia de desprestigio poniéndome como jefe de redes de corrupción y mentiras como esas, las llamadas y seguimientos fueron más constantes. Pero la gota que rebozó la copa fue a finales de enero de este año cuando entré a mi casa y a los dos o tres minutos, estando con mis hijos menores de edad, me lanzaron una granada que destrozó la casa (...) por suerte no le pasó nada a mis hijos. Durante los días siguientes me llamaron a decirme que iban a poner más explosivos y a matar a mis hijos. Todo lo denuncié a las autoridades, pero nada pasó, y me tocó irme del país. Pero ni eso sirvió porque la emprendieron a amenazas contra mis abogados y otros familiares", afirma.
Aunque Menjura tiene un proceso penal en su contra, el caso de sus amenazas está más que documentado en fotos y audios en donde queda clara la estrategia que se ha intentado aplicar contra algunos de los que podrían ayudar en la investigación.

Más Casos
Su caso no es aislado. SEMANA habló con por lo menos ocho detectives activos que han sufrido presiones similares. De hecho, fuentes de la Fiscalía confirman que una de las grandes dificultades a lo largo de la investigación por el espionaje del DAS ha sido la retractación o que testigos claves se arrepienten de colaborar con la justicia porque ellos o sus familias han sido víctimas de amenazas. La estrategia de enviar sufragios y amenazas telefónicas también se aplicó incluso a medios de comunicación que han realizado las denuncias. Lo más grave de la situación, y lo que más inquieta a los investigadores, es ver que a medida que el caso empieza a acercarse al final, las amenazas contra funcionarios de alto nivel aumentan. Eso sin duda afecta la posibilidad de conocer la verdad de uno de los episodios más escandalosos de la historia reciente en Colombia.

4 de agosto de 2010
©semana
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aplazan juicio de jorge noguera


Por enfermedad, la Corte Suprema decidió aplazar los cuatro días de audiencia que tenía previstos para el juicio que se adelanta al ex director del DAS, Jorge Noguera, por nexos con paramilitares y homicidio. Noguera dependía directamente del presidente Uribe. Hizo listas negras de opositores, que entregó a paramilitares para que fueran asesinados.
Colombia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aplazó el juicio a Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS, tras los aparentes problemas de salud presentados por el acusado.
Desde la Oficina Jurídica de la cárcel La Picota, Noguera solicitó el aplazamiento de la audiencia por ocho días, por lo cual, los cuatro días de audiencia previstos para esta semana han sido cancelados.
Entre los testimonios que se iban a recibir esta semana estaba desde Estados Unidos el del ex jefe del Bloque Norte de las AUC,  ‘Jorge 40’, el de Nohora de Jesús Ospino, ex asistente personal del ex congresista Fernando Pisciotti, y el de José Antonio Nieto Guete,  abogado de Alfredo Correa de Andreis, sociólogo asesinado en Barranquilla en septiembre de 2004.
Al parecer, el juicio podría ser retomado a mediados de septiembre.

Rafael García y la Defensa de Noguera
Durante la primera audiencia celebrada en febrero de este año, el ex director del DAS se defendió de las acusaciones que lo relacionan con el Bloque Norte de las AUC y calificó como falsas las denuncias hechas por el ex jefe de informática del DAS y testigo clave de la parapolítica, Rafael García.
Ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Noguera se declaró inocente de los cargos en su contra por sus presuntos nexos con el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’ y por su presunta participación en el homicidio de tres personas.
El ex director del DAS calificó como falsas todas las acusaciones hechas en su contra por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien en varias versiones libres ante la Fiscalía y Corte Suprema, señaló a Noguera de ser el enlace del Bloque Norte en del DAS, y el responsable de filtrar información de inteligencia a los paramilitares, lo cual derivó en la muerte de tres personas.
Noguera aceptó haber nombrado a García como jefe de informática del DAS ya que era un hombre de su "entera confianza" y había trabajado con él anteriormente.
Sin embargo, negó conocer de los nexos de García con los paramilitares en el momento en que lo nombró, y aseguró que las acusaciones en su contra son una venganza personal de García, ya que fue Noguera quien avaló las denuncias hechas por García -que denunció públicamente de estar delinquiendo desde el DAS.
"Es una campaña de desprestigio de García en mi contra porque fui yo quien lo acusó y lo puso preso" aseguró Noguera Cotes en audiencia.
Noguera también desmintió las declaraciones de García y de otros testigos que lo acusan de haber creado el denominado ‘G-3’, un grupo presuntamente formado al interior del DAS para rastrear e interceptar telefónicamente a opositores del Gobierno, sindicalista, periodistas y defensores de derechos humanos. Por este caso, la Fiscalía llamó a juicio la semana pasada al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez.
Sobre Narváez, Noguera aseguró que fue propuesto para el cargo de subdirector por sugerencia del presidente Uribe.
Noguera hizo referencia al presidente Uribe al revelar que desde la dirección del DAS se enviaban reportes hacia Presidencia sobre la actividad sindical en las diferentes regiones del país. Sin embargo, según Noguera, el envío de estos informes era una de las funciones regulares del DAS y tenía como propósito evitar cualquier tipo de alteración del orden público.
Durante la audiencia, los magistrados de la Corte Suprema citaron las distintas declaraciones hechas por Rafael García.   Noguera dijo que la declaraciones de García eran "contradictorias e inverosímiles".
De acuerdo con las declaraciones de García, Álvaro Pupo Castro (primo hermano de ‘Jorge 40’) visitó en varias oportunidades a Noguera en su oficina, puesto que era el enlace de Noguera con el Bloque Norte de las AUC. El ex director del DAS aseguró que durante su administración sí recibió visitas de Pupo Castro, pero que en ese momento no sabía de los vínculos familiares de Pupo con el paramilitar y que los asuntos que trataron en esas reuniones no tenían relación con los paramilitares.
García también acusó a Noguera de haberse reunido en repetidas oportunidades con los ex jefes paramilitares ‘Jorge 40’, Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo. Según García, una de las reuniones con ‘Jorge 40’ tuvo el propósito de coordinar la elección del candidato a la Gobernación de Magdalena, José Fernández Castro en 2003.  Noguera aseguró que las reuniones con los paramilitares siempre fueron oficiales, pues estaba desarrollándose el proceso de desmovilización de las AUC.
García acusó a Jorge Noguera de haber pasado listas al Bloque Norte de las AUC con el nombre de sindicalistas y personajes de izquierda contra quienes se inició una campaña de exterminio que terminó con la vida de Alfredo Correa de Andreis, Zully Codina y Fernando Pisciotti. Sin embargo, según Noguera,  esas listas nunca existieron y García se contradice en cada una de sus versiones, confundiendo las personas involucradas y la forma como supuestamente Noguera habría participado en la elaboración de tales listas.

Los Cargos contra Noguera
El primer cargo es el de concierto para delinquir por sus presuntos vínculos  con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de abril de este año, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos extraditados a Estados Unidos.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Dice la Fiscalía que Noguera le suministró a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS primero capturó e intentó montarle un caso por presuntos vínculos con la guerrilla, y luego tuvo que liberar por falta de pruebas a mediados de 2004. Además le hizo un intenso trabajo de inteligencia, como lo ponen en evidencia los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
En septiembre de 2004 fue asesinado en Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como hombre bueno y un investigador reputado, además de un defensor de los derechos humanos. El jefe paramilitar desmovilizado, alias ’Don Antonio’, en cuyo computador se encontraron los listados de negros de líderes sindicales y sociales que iban a asesinar en la Costa Caribe, ha aceptado ser autor del asesinato de Correa.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva. Se acusa a Noguera de haber utilizado su cargo como director del DAS para presuntamente favorecer  intereses de paramilitares y narcotraficantes.
Como pruebas la Fiscalía presentó el testimonio de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien dijo que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que, recién posesionado, Noguera paró una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.

4 de agosto de 2010
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a juicio por asesinato de universitario


A juicio ex ‘para’ por asesinato de líder universitario.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH dictó resolución de acusación contra Carlos Arturo Romero Cuartas, como presunto responsable del asesinato de Reinaldo Serna López, estudiante de la Universidad del Atlántico.
Serna López fue asesinado el 9 de noviembre de 2002 cuando estaba en frente de su casa y un sicario le disparó tres veces.
A raíz de una investigación, la Fiscalía identificó a Romero Cuartas como responsable del crimen. El procesado, ex miembro del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc, responderá por el delito de homicidio en persona protegida.

4 de agosto de 2010
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