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presidente con orden de detención

- colombia

Fiscal ecuatoriano pide la extradición de presidente electo de Colombia.
Quito, Ecuador. Un fiscal de Ecuador solicitó la extradición del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado de presunto asesinato al liderar una operación militar del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo del 2008.
La Corte de Sucumbíos mantiene vigente una orden de prisión contra Santos, quien asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto, por lo que se efectuó el correspondiente pedido de extradición.
"Ya estaba pedida (la extradición) desde hace tiempo. Se le comunicó al juez", dijo a Reuters, el fiscal Carlos Jiménez, quien actúa como parte acusadora en el juicio contra Santos.
El mandatario electo de Colombia tiene una orden de prisión en Ecuador, acusado de ser autor intelectual de una incursión en la selva ecuatoriana para destruir un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), en la que murió el líder guerrillero Raúl Reyes.
Santos era ministro de Defensa del gobierno de Alvaro Uribe cuando se llevó a cabo la operación militar.
El pedido de extradición se realizó al juez que lleva adelante el juicio en la provincia amazónica de Sucumbíos. El juez ha señalado, según un medio local, que no se ha recibido el pedido de extradición.
De acuerdo a las normas ecuatorianas, el juez que lleva el proceso contra Santos debe entregar el pedido a la Corte Nacional de Justicia del país para que determine si es viable o no la extradición de Santos.
El titular de la Corte Nacional, José Troya, dijo el lunes en una entrevista con el diario El Comercio que no había ningún pedido oficial respecto a una posible extradición.
Tras la incursión militar en marzo del 2008, Ecuador y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. Ambos países se encuentran en un proceso de restablecimiento de sus vínculos formales y han avanzado con la designación de encargados de negocios para cada nación.
Sin embargo, recientes roces han empañado los avances entre ambas naciones.
Semanas atrás hubo denuncias de espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a sus colaboradores, a lo cual el mandatario advirtió que volvería a romper relaciones en caso de que se comprobaran.

4 de agosto de 2010
©estrella de valparaíso
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1 comentario

claudio lisperguer -

Lo que complica este asunto es que las víctimas no son solamente las que murieron durante el bombardeo nocturno, entre las cuales se encontraban ciudadanos ecuatorianos, sino también los sobrevivientes que fueron trasladados a territorio colombiano donde fueron ejecutados. Estas son acciones delictivas graves que violan todos los principios del derecho humanitario y de las leyes de la guerra. Son delitos que no prescriben. De hecho, familiares de las víctimas de la violencia de paramilitares y fuerzas armadas ya han hecho indagaciones ante el TPI y es muy probable que algunos casos sean vistos por ese tribunal. La fosa común de La Macarena, descubierta en diciembre de 2009, contiene los restos de más de 2 mil víctimas, presumiblemente falsos positivos, asesinados por las fuerzas armadas para cobrar las recompensas que paga el gobierno: 2 mil dólares por cuerpo, a cambio de la cabeza o las manos.