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torturada, decapitada, desaparecida


María Cristina, enfermera torturada y desaparecida en 2003. María Cristina Cobos logró vencer la pobreza y graves problemas físicos para volverse enfermera en Calamar, Guaviare, donde ’paras’ la torturaron, la asesinaron y la desaparecieron.
Colombia. "Lo único que me queda para hacer es irme al Guaviare con una pala y buscar a mi hija", dice Paulina, mientras espera a las afueras del bunker de la Fiscalía en Bogotá para escuchar  la versión libre de Edilson Cifuentes, alias ’Richard’, uno de los paramilitares que torturó, asesinó y desapareció a su hija María Cristina el 19 de abril de 2003.
María Cristina y Paulina nunca la han tenido fácil. Sólo un año después de su nacimiento, el 16 de marzo de 1975 en El Castillo, Meta, María Cristina perdió a su padre, Rufino Cobo. Era agente de la Policía y murió de hambre y frío después de extraviarse en una comisión en el Alto de la Línea en Quindío.
A Paulina le tocó empezar de cero. Se fue con sus dos hijas donde su madre en Villavicencio, a vivir en una casita de tablas y latas en un barrio de invasión. A las pocas semanas unos vecinos llegaron corriendo a su trabajo, gritando que su rancho se había quemado con las dos niñas adentro.
María Cristina, que sólo tenía 15 meses, sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. A los diez días su hermana murió de bronconeumonía por las heridas. Pero ella se aferró a la vida y terminó en un hospital de Bogotá, donde no se movió de la cama en meses, sometiéndose a repetidas cirugías de reconstrucción. Su madre cuenta sollozando que le tocó pedir plata para sostenerse y vivir en la capital mientras duraba la recuperación de su hija.
Los daños del fuego, que hubieran podido ser una carga para toda la vida, fueron una motivación suplementaria para salir adelante. Su madre recuerda que aprendió muy rápido a leer y a escribir y que desde pequeña se ocupaba de sus muñecas como una doctora. Aunque su infancia fue difícil y sus compañeros la rechazaban, siempre se esforzó para ver el lado positivo de su tragedia y salir adelante.
Cuando María Cristina terminó el bachillerato en el Inem de Villavicencio su familia decidió, en medio de esfuerzos, pagarle estudios de enfermería en la Universidad del Llano. "Aunque quería ser doctora, dijimos que se metiera de enfermera y sacrificamos todo para que saliera profesional". Ella mientras trabajaba de día en la clínica La Grama en Villavicencio y de noche asistía a clases.
"El día que se graduó fue el más feliz de mi vida", dice mostrando una foto de su hija tomada en mayo de 2002, diploma en mano, con su uniforme blanco y una enorme sonrisa. Terminó con un promedio de 4.9, uno de los más altos de su generación, y se fue a hacer su año de práctica rural en Calamar, un municipio en mitad del Guaviare, que es considerado como la puerta de la selva, donde se citan parte de los problemas del país: colonización, coca, guerrilla, paramilitarismo.
En Calamar logró afianzarse como enfermera, al servicio de la gente. En el pueblo y sus zonas rurales organizó brigadas de salud, hizo campañas contra el embarazo no deseado, en una región en la que muchas mujeres son madres a los 13 o 14 años. Su madre recuerda que nunca decía que no, si le tocaba irse a caballo a atender a alguien, a conseguir una droga, lo hacía.
El cariño que gozaba María Cristina era tal que los campesinos la recompensaban con yuca, frutas y pescado. Cuando terminó su año de práctica, esta enfermera siguió su trabajo con la comunidad de Calamar desde la alcaldía. Además se inscribió a un curso de postgrado en Gerencia Hospitalaria en la Escuela de Administración Pública de Bogotá, donde iba cada dos semanas en bus. "Su sueño era irse a vivir a España, le cortaron las alas, no la dejaron crecer", dice con pesar su madre.
Pocos días antes de su desaparición ella recuerda que la llevó a la terminal de transportes. "Yo tenía un presentimiento, le dije que me dejara acompañarla porque de pronto era la última vez que nos veíamos", dice hoy.
El 19 de abril de 2003, según se enteraron después sus familiares, paramilitares del Bloque Centauros la retuvieron cerca a Calamar. La acusaron de ser colaboradora de la guerrilla y la torturaron con saña. Le arrancaron sus uñas una por una con un alambre, preguntándole por sus supuestos vínculos con las Farc.
María Cristina lo negó hasta el final, implorando que la mataran y gritando que la dejaran ver a su familia. Los ’paras’ siguieron con la tortura. Le dispararon en la pierna y le cortaron los brazos con un machete. Después la decapitaron y jugaron fútbol con su cabeza. Además le quitaron su tarjeta débito y le robaron cuatro millones de pesos que tenía en el banco.
"La acusaron de guerrillera, lo único que ella hacía era atender a los heridos, fueran ’paras’ o de las Farc, era su ética, su deber", recuerda la madre de María Cristina.
Aún hoy, aunque ya se hayan identificado los culpables de esta atrocidad, Paulina busca el cuerpo de su hija. Poco después de la desaparición recorrió la región, preguntándole a paramilitares, autoridades, campesinos donde está. Las pocas respuestas que ha recibido son amenazas o teorías poco creíbles de un supuesto crimen pasional.
En 2004 ubicó un médico de los paramilitares y le preguntó qué sabía de la la muerte de su hija. El ex ’para’ describió ante la Fiscalía los pormenores de la tortura, asesinato y desaparición de María Cristina Cobos. Acusó a Edilson Cifuentes Hernández, alias ’Richard’ y a Juan Pablo Hernández Sanabria, alias ’Ronald’ del hecho. El médico de los ’paras’ está hoy desaparecido también.
La confesión fue después ratificada por ’Richard’ en versión libre y se comprometió a ubicar los restos. El ex paramilitar sin embargo no ha ido a exhumarla. "Lo único que quiero es encontrarla para llevarle flores, una vela, ya no me importa si los meten presos, sólo que hagan un gesto humanitario", sentencia Paulina, que a raíz de la muerte de su hija sufrió un cáncer del seno.
Mientras pueda doña Paulina seguirá buscando a María Cristina, el orgullo de su vida. Escribe un libro sobre su hija, con la poca plata que alcanza a juntar va a congresos de víctimas y cada vez que puede viene a Bogotá, a indagar, a llevar papeles, a presionar y a combatir el olvido.

Justicia
Por la desaparición de María Cristina Cobo la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias ’Cuchillo’, Edilson Cifuentes Hernández, alias ’Richard’ y Juan Pablo Hernández Sanabria.

Verdad
En tres versiones libres ’Richard’ dijo que sabía donde estaba el cuerpo de María Cristina Cobo, pero aún no ha ido con una comisión de exhumación a buscarlo.

Reparación
Por la desaparición de María Cristina doña Carolina no quiere recibir nada. Aunque el día de la versión libre de ’Richard’ no había almorzado para que la plata le alcance para devolverse a su casa, dice que su único anhelo es encontrar a su hija.

11 de junio de 2010
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la región incontrolable


En Cauca y Nariño la guerra está que arde. ¿Por qué las fuerzas armadas no logran debilitar a los grupos armados allí?
Colombia. En diciembre se creó el Comando Conjunto del Pacífico que busca controlar a Cauca, tanto en la montaña como en la costa, el Valle y Nariño.
En el suroccidente de Colombia se vive hoy como se vivía en casi todo el país hace una década: hay secuestros masivos en carreteras como lo demostró el ocurrido la semana anterior en Nariño; la guerrilla hostiga los pueblos con pipetas y ’tatucos’; miles de habitantes se han desplazado de las zonas rurales por el acoso de grupos paramilitares emergentes; hay combates y bombardeos todas las semanas. Tan grave es la situación que en diciembre pasado el gobierno creó el Comando Conjunto Pacífico, reubicó varias sedes de unidades militares -en la zona hay 36 batallones- y hace apenas unas semanas anunció la instalación de un batallón de Alta Montaña.
Para todas las autoridades está claro que el narcotráfico colonizó parte de este territorio y se lo disputa a sangre y fuego. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de las 68.025 hectáreas de coca que quedan en el país, el 33 por ciento, es decir, una tercera parte, están en el suroccidente. A esta migración del narcotráfico, que se le atribuye a los efectos del Plan Colombia y del Plan Patriota en otras regiones, se le suma otra explicación: el cierre de la base de Manta, en Ecuador.
Militares consultados por SEMANA creen que hoy los narcotraficantes no solo utilizan la frontera sino las aguas del Pacífico con más tranquilidad e impunidad que antes: "Bordean las Islas Galápagos para luego enrutarse hacia México; el propósito es evadir los controles de interdicción que tenemos en Colombia", precisó un oficial de la zona.
Cabe recordar que el 92 por ciento de las 390 toneladas de cocaína que produce el país se mueve por vía marítima. "Los narcos cambian a menudo la forma de transportarla; ahora lo hacen en pequeñas embarcaciones haciendo continuos trasbordos en medio de los esteros", explicó el contralmirante Hernando Wills.
Otro informe de la ONU advierte que a través de los pasos fronterizos existentes entre Colombia y Ecuador no solo se transporta coca y se refugian guerrilleros, sino que además sirve de ruta para el tráfico de armas. Esa circunstancia ha sido caldo de cultivo para la concentración de grupos armados ilegales como Farc, ELN, Águilas Negras y Rastrojos.
A diferencia de otras regiones que también tienen graves problemas de violencia y narcotráfico pero que son despobladas, en el suroccidente los grupos armados conviven con una economía legal fuerte, y en una tierra considerada con el 30 por ciento de vocación agropecuaria, en manos de pequeños y medianos campesinos.
Eso explica en parte la cifra de desplazamiento. Según el más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 2009 cuatro de los 12 departamentos del país donde se registraron desplazamientos masivos están en el suroeste (Nariño, Valle, Cauca y Risaralda). "... Cabe anotar que solo Nariño reporta el 56 por ciento del total de desplazados", advierte el informe.
Solo este año la comunidad awá de Nariño fue víctima de seis crímenes y tres desapariciones. "Esto sin contar con la docena de ellos asesinados en 2009 por las Farc y el desplazamiento de otros 250 miembros de esa etnia", recuerda el dirigente indígena Evelis Andrade.
En el norte del Cauca, por su parte, la guerra con las Farc está al rojo vivo. En lo corrido del año ha habido 35 muertos entre civiles y militares, en medio de ataques indiscriminados a los municipios; y en el Valle el pico más alto ocurrió el pasado 26 de marzo cuando las Farc explotaron un carro bomba en pleno centro de Buenaventura que mató a nueve personas e hirió a 56.
León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, explica: "El 70 por ciento de la operatividad de las Farc hoy gira en torno a los comandantes Cano y Catatumbo, y para ellos es fundamental establecer un corredor entre la cordillera Central y el océano Pacífico como ruta de escape y tránsito para la droga".
Por eso el reto que tiene el Comando Conjunto Pacífico es enorme. Y aunque en sus primeros seis meses de vida ya ha capturado a casi 600 personas vinculadas presuntamente a grupos armados, queda mucho por hacer, en una región con una geografía agreste de montañas y selvas, y con una población civil que está sufriendo como ninguna otra en el país la acción de la guerrilla, y los nuevos ejércitos del narcotráfico.

11 de junio de 2010
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informe de csi sobre las américas


Informe 2009 sobre las violaciones de los derechos sindicales - Américas.
Bruselas, Bélgica. La situación de los sindicalistas es trágica y no tiene visos de mejorar en el continente americano, muy al contrario. Esta es el resumidas cuentas la constatación que establece la sección "Américas" del Informe 2009 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo, publicada hoy por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Una vez más, esta región del mundo se adjudica el título poco envidiado del continente más mortífero para los sindicalistas, particularmente a causa de Colombia, donde 49 trabajadores perdieron la vida y más de 200 fueron detenidos como consecuencia de sus actividades sindicales.
Asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, ataques y violaciones de domicilios son el pan de cada día para numerosos sindicalistas en el continente americano. Los empleadores recurren a despidos arbitrarios y al traslado de dirigentes sindicales en represalia contra el establecimiento de nuevos sindicatos. La crisis económica y financiera que afecta al mundo entero ha servido igualmente como pretexto para el despido abusivo de sindicalistas.
El informe de la CSI subraya que Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas, El 60% de los asesinatos registrados en todo el mundo a causa de las actividades sindicales han tenido lugar en ese país. A estas cifras habría que añadir probablemente los numerosos casos que no han podido ser registrados. Los casos de violencia han aumentado drásticamente (25% en 2008), a pesar de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe concede una importancia particular a la seguridad. De los 49 sindicalistas asesinados, cuatro eran mujeres y 16 dirigentes sindicales. La CSI deplora 10 asesinatos más de sindicalistas colombianos que el año anterior. Y a los asesinatos se suman los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. Conviene desatacar asimismo la impunidad de que disfrutan los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, dado que las sentencias condenatorias, cuando se pronuncian, resultan claramente inadecuadas. Por otro lado, las políticas y leyes en materia laboral siguen excluyendo de la protección social y laboral a más de dos terceras partes de los trabajadores/as, al negar y eludir los derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores/as.
Según el informe de la CSI, América Central tampoco se queda a la zaga en materia de violaciones de los derechos sindicales, particularmente en lo que respecta a Guatemala, donde son permanentes. Guatemala sigue de cerca a Colombia en tanto que país más peligroso para los sindicalistas. Asesinatos, intimidaciones, acoso, tiroteos de domicilios, allanamientos y ataques contra sedes sindicales, han tenido lugar durante este año. Más de 20 líderes sindicales, indígenas y campesinos fueron asesinados y la reina una total impunidad al respecto. El movimiento sindical está siendo objeto de una persecución que recuerda a las prácticas utilizadas durante el conflicto armado. El año anterior, el Presidente Álvaro Colom se había comprometido durante la Conferencia Internacional contra la Impunidad a luchar contra esa auténtica plaga que azota América Latina.
En Honduras, país normalmente más tranquilo en cuanto a asesinatos, Rosa Altagracia Fuentes, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), fue brutalmente asesinada de 16 balazos. Según información recibida por la CSI, la policía maneja listas de reconocidos dirigentes, indígenas, periodistas y hasta personalidades de la comunidad internacional que están permanentemente vigilados por los cuerpos de inteligencia del Estado. El informe de la CSI destaca casos similares en Panamá, donde un dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) fue asesinado en un contexto de extensas y graves violaciones de los derechos de los trabajadores/as.
La sindicalización y la negociación colectiva se ven obstaculizadas por toda una panoplia de prácticas laborales de dudosa legalidad, como la subcontratación de trabajadores/as a través de una empresa intermediaria o sencillamente el despido de dirigentes sindicales para lograr ni más ni menos la eliminación del movimiento sindical. No es inusual que los empleadores ofrezcan una remuneración a cambio de la desafiliación del sindicato. En Nicaragua, se van imponiendo los contratos de corta duración, que impiden aumentar el número de miembros de los sindicatos. En las zonas francas de exportación (ZFE), auténticas zonas fuera de la ley, los derechos de los trabajadores/as son inexistentes.
Para el informe anual de la CSI, si los empleadores vulneran sin vacilación los derechos de los trabajadores/as con tanta frecuencia, se debe esencialmente a la falta de sanciones o a que las sanciones impuestas no son suficientemente disuasivas. A pesar de que El Salvador ratificó el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, sigue sin tener aplicación práctica. Otro tanto ocurre en Costa Rica, donde el ejercicio efectivo de los derechos sindicales está muy entorpecido.
El informe de la CSI explica que, en algunos casos, la falta de respeto de la legislación puede ser motivo para vulnerar los derechos sindicales. Pero en otros casos, la legislación se utiliza de hecho como herramienta para violar dichos derechos. En Estados Unidos, decenas de miles de trabajadores/as son despedidos cada año sin tener en cuenta lo dispuesto en la legislación. De hecho, la destrucción de sindicatos es una industria que mueve miles de millones de dólares. En varias provincias de Canadá, la legislación no brinda a determinados grupos de trabajadores la protección jurídica necesaria para poder organizarse o contiene restricciones sobre el derecho de huelga.
En México, los "contratos de protección", simulacros de acuerdos colectivos elaborados por la patronal, negociados a espaldas de los trabajadores y depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, infringen los derechos sindicales al impedir la organización sindical, la negociación colectiva real y la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Otro tanto ocurre en Perú, donde prosigue la tendencia a subcontratar muchos servicios gubernamentales, generando menos puestos de trabajo en las empresas estatales y en la administración pública. En cuanto a Venezuela, el Gobierno continúa con sus injerencias en los asuntos de las centrales sindicales.
Los países del Caribe tampoco faltan a la regla. Aunque en general la ley reconoce los derechos sindicales, su implementación dista mucho de ser sistemática, en especial respecto al derecho a la huelga. En Barbados, por ejemplo, pese a que las organizaciones sindicales son reconocidas, les resulta prácticamente imposible negociar convenios colectivos, mientras que los sindicatos establecidos en Jamaica denuncian regularmente diversos casos de acciones antisindicales destinadas a destruirlos.
"Las violaciones de los derechos sindicales registran una preocupante agravación en el continente americano, donde la situación es ya de por sí bastante difícil desde hace muchos años", declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI. "El movimiento sindical debe poder ejercer su legítimo papel a la hora de representar a la clase obrera, particularmente en un momento en que el planeta se enfrenta a una crisis económica y financiera a escala mundial".

11 de junio de 2010
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mató a sus amigos de infancia


Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’, nació, creció y fue amigo de decenas de personas en El Castillo, Meta, y en el que después como paramilitar asesinó y desapareció a varias de ellas. Muchos de los que fueron sus amigos de infancia y vecinos hoy le reclaman por el paradero de sus familiares. Esta es su historia.
Colombia. Edilson Cifuentes era el hijo de un conocido agricultor y ganadero de El Castillo, Meta. Allí, algunos vecinos lo recuerdan de adolescente como un excelente jugador de fútbol, compañero de sancochos y cabalgatas.
Pero en 1987, cuando cumplió 19 años su vida dio un giro y se convirtió en ‘Richard’, el alias con el que llegó a ser conocido como paramilitar y al que hoy decenas de víctimas le preguntan por los restos de sus seres queridos.
’Richard’ delinquió en Meta, en los municipios Granada, San Martín, Fuente de Oro, Puerto Caldas, y El Castillo hasta 1997, cuando llegaron las Accu de los Castaño. Participó en la masacre de Caño Jabón, Meta, en la que fueron asesinadas 18 personas en mayo de 1998 y se volvió uno de los jefes militares del Frente Guaviare del Bloque Centauros, en septiembre de 2005.
Pero el primer recuerdo que tienen algunos habitantes de El Castillo es de una persona diferente. "Edilson era muy travieso, un poco vago, malo para el estudio. De niño hacía las maldades normales de los niños, se robaba unos mangos, cosas así, pero nunca pensamos que se iba a volver ‘para’ y nos iba a hacer tanto daño", dice Mónica Peña, mientras sale de la sala en la que ‘Richard’, rindió versión libre.
Esta es la quinta vez que Mónica viaja a Bogotá esperando respuestas por el paradero de su hermano Hernán, desaparecido por los paramilitares en El Castillo en 1994. ‘Richard’, quien fue amigo de su familia, aceptó haber asesinado y desaparecido al que fuera su amigo de adolescencia.
La tragedia de haberlo conocido de forma íntima se repite con decenas de personas de El Castillo, para quien Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’, fue primero un vecino, un amigo y después asesinó a las personas con las que pasó parte de su vida. Como le dijo a VerdadAbierta.com un desplazado de la región que pidió reserva de su nombre : "mi abuela le daba dulces, venía a almorzar a la casa, lo consentían mucho en mi familia. Pero era muy vago, mi padre no lo quería mucho por eso. Después de lo que nos hizo Edislon, hay que ver que de pronto tenía razón".
Otra de sus víctimas recuerda que "Edilson estudió con una de mis hermanas, lo invitábamos a comer helado, venía a almorzar a la casa, yo no entiendo por qué tanto odio de su parte". Según varias víctimas, Edilson cambió después de prestar el servicio militar. "En esa época empezaron a llegar los paramilitares de Henry Valenzuela, los trajeron los ganaderos y Gonzalo Rodríguez Gacha", le dijo a VerdadAbierta.com otra víctima de El Castillo.
En su primera versión libre, ‘Richard’, quien tiene una condena a 37 años de prisión por el homicidio de dos alcaldes de El Castillo, dijo que en 1987 se vinculó a Las Serpientes Negras, un grupo de Henry Valenzuela, alias ‘El Gavilán’, que llegó del Magdalena Medio a defender ganaderos.
Los paramilitares llegaron con la orden de asesinar a quien estuviera relacionado con el movimiento político Unión Patriótica o con la guerrilla. "Había que darlos de baja", asegura Edilson. A finales de los ochenta El Castillo, un municipio de cinco mil habitantes en el piedemonte llanero, era uno de los fortines de la UP.
‘Richard’ hacía parte del grupo que asesinó a Parménides Cuenca, esposo de una concejal de El Castillo por la UP; Exenover Quintero, ex personero de El Castillo y militante de la UP y la masacre de Caño Sibao donde el 3 de junio de 1992 entre Granada y El Castillo en la que fueron asesinados por paramilitares los militantes de la UP María Mercedes Méndez de García alcaldesa saliente de El Castillo; el  alcalde de El Castillo Willian Ocampo Castaño; la tesorera municipal Rosa Peña; el coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria; Ernesto Sarralde y el conductor de la alcaldía Armando Sandoval.
Así poco a poco sus amigos de infancia empezaron a ver que ‘Richard’ se convertía en uno de paramilitares más temidos en el pueblo. Todos sabían que debajo de su camisa escondía una pistola nueve milímetros, pero pocos pensaban que estaba asesinando gente de El Castillo.
Mónica Peña recuerda que, pocos días después de la desaparición de su hermano, fue a preguntarle a ‘Richard’ por él.  "Ese día estaba en jeans, con una camisa azul, le pregunté por mi hermano porque jugaban en el mismo equipo, me dijo que averiguaría. Desde entonces busco a Hernán sin reposo".
Pero cuando ya los paramilitares se desmovilizaron, en noviembre de 2009, Mónica le hizo la misma pregunta a Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, y para su sorpresa el ex jefe militar del Bloque Centauros le dijo que  ‘Richard’ era culpable del crimen.
"Fue un choque pensar que la misma persona que nos conoció toda la vida estaba involucrada en la desaparición de mi hermano". Desde entonces, cada vez que hay una versión libre de ‘Richard’ le pide dinero a sus colegas y vecinos para poder viajar hasta Bogotá.
"‘Richard’ no sabe el daño que nos ha hecho – dice llorando Mónica Peña -, dice que mi hermano era guerrillero. A mi papá lo mató el frente 29 de las Farc, Hernán era muy cercano al Ejército, me da rabia que conociéndonos se atreva a decir esas mentiras". Pero gracias a su obstinación Mónica logró que el desmovilizado fuera con una comisión de la Fiscalía a El Castillo para buscar el cadáver de su hermano Hernán, sin resultados.
Dice que "la desaparición es la peor pesadilla, a veces siento envidia de los secuestrados, por lo menos saben que están vivos. Queríamos ver si hablábamos con ‘Richard’, pero ya decidimos que no lo queremos ver.  El dolor de la desaparición es mío, me acuesto con él, como con él, trabajo con él".
En Meta, la llegada de los paramilitares dejó 300 militantes de la UP asesinados y terminó dividiendo pueblos enteros que padecieron las muertes, las desapariciones y las extorsiones de ambos bandos, en un conflicto que hizo que personas como Edilson o alias ’Richard’ se convirtieran en los verdugos de sus propios amigos.

11 de junio de 2010
10 de junio de 2010
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condenas por masacre de aracatazo


Los paramilitares alias ’Mono Pecoso’ y José Luis Conrado Pérez fueron condenados a 40 años por la masacre de 18 personas en la discoteca El Aracatazo en Chigorodó. La masacre de El Aracatazo en el Urabá fue una de las varias que realizaron los paramilitares para supuestamente quitarle el control a las guerrillas en esa zona del país.
Colombia. El Juzgado Segundo Especializado de Antioquia condenó a 40 años de prisión a Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, y José Luis Conrado Pérez, ex miembros de autodefensas por la masacre de 18 personas.
Según la investigación de un fiscal Derechos Humanos y DIH, el 12 de agosto de 1995 un grupo de paramilitares ingresó a la discoteca y tras obligar a tenderse en el piso a varias personas, las asesinó con armas de corto y largo alcance. Entre las víctimas había sindicalistas y líderes de izquierda de la región de Urabá.
En versión libre ante la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, Ever Veloza García, alias ’HH’, ex jefe del Bloque Bananero, aceptó haber autorizado la masacre.
El ex jefe paramilitar se acogió a sentencia anticipada (ver nota) como coautor en la masacre de ocurrida el 12 de agosto de 1995 en el barrio El Bosque. Para esa fecha un grupo de autodefensas irrumpió en El Aracatazo asesinando un nutrido grupo civiles entre los que se encontraban algunos sindicalistas y líderes de izquierda.
Los hombres de Veloza ingresaron al lugar obligando a todos los presentes a tenderse en el suelo, posteriormente prosiguieron a disparar sobre sus víctimas sin ningún tipo de reparo ante los ojos de la comunidad.
En diligencia de versión libre rendida ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz el 29 y 30 de octubre de 2007, Éver Veloza ya había reconocido autorizar la incursión armada de sus hombres en la región, según él, sólo para asesinar a cuatro personas. Para dicha ocasión, "H.H" señaló que debido al los excesos del pelotón Carlos Castaño decidió entregar al Ejercito Nacional los 15 presuntos responsables de la masacre.
Actualmente Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, y José Luis Conrado Pérez también se encuentran vinculados al proceso por la Fiscalía. El primero dirigió personalmente la acción criminal; el segundo, fue asesinado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 según el testimonio de Éver Veloza.
El 24 de agosto de 2009, agentes del CTI capturaron a Fredy Alfonso Miranda González alias ‘Vampiro’, desmovilizado del ‘Bloque Bananero’ de las autodefensas y partícipe de la masacre.
López Simanca y Conrado Pérez fueron condenados por los delitos de homicidio múltiple agravado y tentativa de homicidio agravado. El primero de los procesados está preso, mientras que el segundo es prófugo de la justicia.

La Esquina Roja
El remoquete de ‘Esquina Roja’ se lo ganó Urabá por la estela de muertes que dejaron las diferentes manifestaciones violentas del conflicto armado interno que permearon y afectaron a todos los estamentos sociales de esa región agroindustrial.
Los finales de los años 80, toda la década del 90 y parte de la actual estuvieron signados por la desinstitucionalización, la poca o precaria presencia del Estado y la presión armada de los grupos que se alternaron la lucha por ese dominio en ese lapso y contribuyeron a escalar el conflicto.
El término "población civil" para señalar a la mayoría de las víctimas se acuñó para designar que en medio de las balas, los juicios sumarios y las estigmatizaciones cayeron campesinos, comerciantes, trabajadores formales e informales, transportadores, dirigentes políticos, autoridades, indígenas, representantes de la Iglesia Católica, amas de casa, estudiantes, líderes veredales y barriales y; por supuesto, sindicalistas, que vivieron su propio calvario y cuya historia merece quedar en los anales de la infamia de esa confrontación.
Un estudio de la Escuela Nacional Sindical (ENS) registra, de 1991 a 2007, 8.231 casos de violaciones a los derechos humanos contra sindicalista, discriminados en 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 hostigamientos, 159 secuestros, 137 desapariciones, 37 casos de torturas y 34 allanamientos.
Parte de esta cifra las puso el gremio sindical en Urabá que, como ningún otro, sufrió los embates violentos de quienes vieron un peligro en su labor, como la guerrilla, las autodefensas, miembros de organismos de seguridad, algunos empresarios bananeros y hasta las multinacionales.
En muchas ocasiones, los trabajadores bananeros y sindicalistas formaron el sánduche en la presión de uno y otro grupo armado e, incluso, de estos con o contra los organismos de seguridad del Estado.

Primer Capítulo
La década del 80 estuvo marcada por los conflictos laborales, dice Mario Agudelo, ex guerrillero del Epl, ex dirigente político del Partido Comunista y luego de Esperanza Paz y Libertad; ex alcalde de Apartadó, ex Diputado a la Asamblea de Antioquia y un exiguo conocedor de esa realidad.
"Podíamos contabilizar hasta 200 paros por la intransigencia de los empresario bananeros", debido a que, por la misma ausencia del Estado, "en esa zona ni siquiera se aplicaba el Código Sustantivo del Trabajo", por lo que los trabajadores bananeros peleaban por derechos que, de suyo, ya tenían adquiridos, "como el pago del dominical y las horas extras laboradas o por contar con una jornada de ocho horas y no de 20, como era la costumbre".
Producto de esa lucha y de la influencia de movimientos sociales y del proselitismo político de la guerrilla –acepta el dirigente- se vivieron largas jornadas zozobra y tensión, "como los paros cívicos de los años 81, 84 y 88".
La agudización de ese conflicto terminó a finales de los 90 con una gran golpe con las masacres de Honduras y La Negra, perpetrada por las autodefensas que comandaba Fidel Castaño y que venían procedentes del Magdalena Medio, donde nació el paramilitarismo, a principios de la década del 80.
La madrugada del 4 de marzo de 1988, unos 30 hombres entraron armados de fusil a ambas haciendas, sacaron a varios trabajadores, los obligaron a ponerse en fila india y luego les dispararon, en medio de sus familiares y a pesar de los gritos de clemencia de mujeres y niños.
Agudelo reconoce que en su vida subversiva "combinamos todos los métodos de lucha" y, de ahí, la labor política del Epl en las fincas bananeras, presencia que le permitió al grupo ilegal cooptar a casi el 60 por ciento de la militancia en una de las dos agremiaciones de trabajadores que existían a finales de los 80: Sintagro y Sintrabanano, fusionadas años después.
Ambos sindicatos eran manejados políticamente por el Epl y las Farc, pero ese trabajo –cuenta el dirigente- se extendía a otras labores de penetración, "como la presencia en los barrios populares y de invasión".
Tras la desmovilización del Epl, el 20 de enero 1991, las cosas cambiaron porque, si bien los trabajadores empezaron a "civilizar sus relaciones con los empresarios bananeros y las condujeron por el camino de la regularización", muchos de ellos sufrieron luego los embates de la guerrilla. "Podríamos decir que hasta mediados de los 90 murieron unas 600 personas", cuenta Agudelo, en alusión a que "tanto las Farc como los disidentes del Epl nos declararon ‘traidores’ y emprendieron una campaña de exterminio contra nosotros".
Muchas de las víctimas fueron trabajadores bananeros, en razón a que el Epl, que luego se transformó en la legalidad en partido político, contaba con una vasta base social y de apoyo en las fincas y campamentos bananeros.
Mientras las Farc y la disidencia del Epl arreciaban su conflicto y dejaban decenas de muertos en las fincas, la labor de las autodefensas en estos primeros años del 90, solo se limitó a cuidar algunos predios en el Norte de Urabá y Córdoba, "pues sus jefes, Fidel y Carlos, estaban dedicados combatir a su enemigo en Medellín: Pablo Escobar".
Después la confrontación cambió y se agudizó entre paras y guerrilla y, aunque en principio se dio a cuenta gotas, después hubo graves y violentos hechos que despertaron el interés nacional sobre lo que estaba sucediendo en la región.
Uno de ellos ocurrió en el barrio de invasión La Chinita, de Apartadó, el 23 de enero de 1994, cuando un grupo de guerrilleros de las Farc y disidentes del Epl entró al caserío, disparó de forma indiscriminada contra los militantes de Esperanza Paz y Libertad (esperanzados), quienes celebraban los resultados obtenidos en las elecciones para Congreso. 35 personas murieron acribilladas.
La de La Chinita fue el inició de una especie de "ping pong" macabro, pues las posiciones se radicalizaron y muchos de los desmovilizados empezaron a aliarse con las autodefensas para enfrentar las agresiones guerrilleras.
En adelante, cuando la guerrilla cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los esperanzados, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia de las Farc. Así se contabilizaron matanzas como las de El Aracatazo, aunque ocurrió en un bar, Bajo El Oso, Osaka y muchas otras más.

11 de junio de 2010
9 de junio de 2010
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crímenes del mellizo mejía


Los peores crímenes del ’Mellizo’ Mejía y los ’paras’ en Arauca. La Fiscalía le imputó al ‘Mellizo’ Mejía varias de las peores masacres y asesinatos políticos que ocurrieron en la historia de Arauca y que fueron cometidas por las Auc. 


Colombia. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía le imputó a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ’El Mellizo’, la responsabilidad como autor de masacres, asesinatos políticos y reclutamiento de menores. Fueron crímenes en los que estuvieron comprometidos paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca, que llegó a la región en 2001 y se desmovilizó a finales de 2005.
El método que utilizaron fue el mismo con el que aterrorizaron más de medio país: masacres con las que intimidaron a la población; desplazamiento forzado para robarse las mejores tierras; asesinatos de líderes políticos y sociales; alianzas con políticos y empresarios; y el reclutamiento de menores de edad.
El especial multimedia sobre el Bloque Vencedores de Arauca presenta sus peores crímenes, hechos que marcaron este departamento de los Llanos Orientales.

Orígenes del Bloque Vencedores de Arauca
Bloque Vencedores de Arauca la mayoría de sus víctimas fueron civiles.
‘El Mellizo’ dijo que en 2001 adquirió un primer lote de 540 fusiles AK-47, que le compró a Vicente Castaño en Urabá, desde donde fueron transportados encaletados en los tanques de combustibles de camiones hasta Arauca. A finales de 2002 llegaron 140 fusiles más al departamento.
‘El Mellizo’ confesó que adquirió las armas a 2.500 dólares cada una con dinero del narcotráfico. También mandó a Arauca 100 mil municiones. El Bloque también tenía metralletas M-60, morteros, lanzagranadas, pistolas y revólveres.
Los uniformes, botas, morrales, brazaletes, chalecos y materiales de intendencias del Bloque Vencedores de Arauca fueron adquiridos en Bogotá y se llevaron hasta Tame, donde los ‘paras’ tenían un taller de confección para hacer los camuflados.
Durante cuatro años los paramilitares realizaron 2.321 crímenes entre masacres, desplazamientos, asesinatos, desapariciones, entre otros.
El Bloque Vencedores de Arauca se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005, en Puerto Gaitán, una vereda de Tame. Se entregaron 548 hombres con 303 armas largas, granadas y material de comunicación.

9 de junio de 2010
8 de junio de 2010
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para condenado por asesinatos


Condena a paramilitar del Bloque Calima por dos asesinatos en Palmira. 


Colombia. Como responsable de los crímenes de un profesor y un fotógrafo fue condenado a 39 años y cuatro meses de prisión Gustavo Miguel Cogollo Polo, alias ‘33’, ex integrante del Bloque Calima de las autodefensas ilegales, que delinquió en los departamentos del Cauca y Valle.
La sentencia fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá-OIT-, al avalar el material probatorio presentado por el fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso.
Según lo establecido, el 1 de marzo de 2003 en el corregimiento Tenjo, municipio de Palmira (Valle del Cauca), fueron asesinados con arma de fuego el docente Marco Antonio Beltrán Banderas, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, y el fotógrafo Alexander Amaya Bueno.
En el momento procesal respectivo la Fiscalía acusó a Cogollo Polo por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de arma de fuego.

9 de junio de 2010
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el alemán denuncia presiones


’El Alemán’ denuncia presiones a desmovilizados para que no testifiquen. En el juicio al ex senador Humberto Builes, el ex jefe paramilitar alias ‘El Alemán’ denunció que algunos desmovilizados y sus familias han sido víctimas de "presiones" para que no revelen los nexos de políticos y empresarios con paramilitares. 


Colombia. Ante la Corte Suprema de Justicia, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, a través de un carta, manifestó la existencia de presiones en contra de desmovilizados paramilitares y sus familias para que no revelen los vínculos de políticos y empresarios con grupos paramilitares.
"Intereses políticos y económicos son los que cada día nos dicen que callemos, que si mencionamos sus nombres desestabilizamos al país, que afectamos la economía, que perjudicamos las regiones, cuando realmente exponer esos nombres será la único que permita romper con el ciclo de violencia e inequidad en el país", explicó el ex jefe paramilitar. 
Las declaraciones de ‘El Alemán’ se dan en el juicio que se adelanta al ex congresista antioqueño Humberto de Jesús Builes, procesado por el delito de concierto para delinquir por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en la región de Urabá.
Los señalamientos del ex jefe paramilitar se dan en el segundo día de audiencias de Builes ante la Corte Suprema de Justicia. En la primera sesión, adelantada a finales de abril de este año, el ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC salpicó al ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al señalar que éste había recibido ayuda de los paramilitares durante la campaña a la gobernación en 2003.
Según el ex paramilitar, las autodefensas apoyaron a Gaviria a través de Jorge Pinzón, coordinador del movimiento político Urabá Grande Unido y en Paz. Este movimiento fue creado por las Auc para infiltrarse en diferentes instituciones de elección popular.
‘El Alemán’ declaró que: "En noviembre de 2003, en el teatro de Apartadó, allí se le dio (A Jorge Pinzón), con los coordinadores del movimiento político Urabá Grande Unido y en Paz un apoyo irrestricto al candidato a la gobernación, el señor Aníbal Gaviria, quien salió elegido".
En ese momento, al conocer las acusaciones de ‘El Alemán’, Aníbal Gaviria calificó de absurda y exótica la versión del ex paramilitar. "Sin duda la acusación de ‘El Alemán’ está dirigida a afectar la candidatura presidencial de Rafael Pardo y de Aníbal Gaviria como fórmula vicepresidencial, en  momentos en que la campaña está disparada y adquiere más aceptación", añadió Gaviria.

Las Acusaciones contra Builes
Con respecto a Builes, ex senador de Cambio Radical,  ‘El Alemán’ dijo que recibió apoyo del Bloque Élmer Cárdenas en su campaña en 2002, cuando era segundo reglón de Rubén Darío Quintero. El ex jefe ‘para’ aseguró que se reunió con el político meses antes de las elecciones y agregó que éste era buen amigo de Vicente Castaño.
Según ‘El Alemán’, la reunión se hizo en la finca La Secreta, en Mutatá, Antioquia. Ahí Builes presuntamente se comprometió a garantizar una cuota burocrática dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para el Movimiento Político por una Urabá Unida y en Paz, que tiene fuertes vínculos con ‘El Alemán’.
En la misma reunión ‘El Alemán’ dijo que Builes acordó entregarle unas motos para los coordinadores del movimiento.  "La campaña (de Builes) recibió todo el trabajo nuestro, de nuestro proyecto político…en ese momento, todo el mundo sabía quién era ‘El Alemán’", afirmó el ex jefe paramilitar.
La reunión se organizó después de que Rubén Darío Quintero, en ese momento cabeza de lista del partido Cambio Radical y cuyo segundo renglón era Builes, dio el aval para que el movimiento Urabá Unida y en Paz buscara llegar a la Cámara de Representantes.
‘El Alemán’ también dijo que que la relación entre Castaño y Builes empezó luego de que el político supuestamente le vendiera una finca a Castaño. Desde entonces ‘El Alemán’ dijo que el ex senador "mantenía en bacanales con Vicente Castaño en la finca La 15. Fue buen amigo de Castaño, él lo mandaba a llamar de vez en cuando".
En las audiencias, ‘El Alemán’ ratificó las acusaciones que hizo en septiembre de 2009 ante un juzgado especializado de Cundinamarca donde dijo que el ex senador Rubén Darío Quintero les había dado el aval para lanzarse al Congreso (ver noticia: "Rubén Darío Quintero nos dio el avala para el Congreso":’El Alemán’).  En esa ocasión, el ex paramilitar también dijo que aportó 150 millones de pesos para la campaña de Quintero.
 
Los Argumentos de Humberto Builes
Desde el inicio del juicio, Builes se defendió de las acusaciones de ‘El Alemán’. Dijo que nunca tuvo vínculos con los paramilitares y que en 2002 sólo hizo campaña por tres días porque vivía en República Dominicana y solo viajaba a Colombia de vez en cuando.
El ex congresista de Cambio Radical aseguró que financió la campaña con dinero de sus empresas. Dijo que sí se reunió con ‘El Alemán’ en Necoclí, Antioquia, pero que fue entre 2005 y 2006, en pleno proceso de desmovilización. Allí, Builes le pidió que le devolvieran una finca que los ‘paras’ le habían robado años atrás.
"Mi relación con los grupos armados ilegales fue que los denuncié, nunca pedí permiso para hacer campaña, nunca me reuní con ningún comandante paramilitar", afirmó Builes. "Yo soy el tipo de empresario que le ayuda a los políticos. Me equivoqué convirtiéndome en uno de ellos, eso es lo que me tiene hoy acá", agregó.
En abril de 2008 la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por concierto para delinquir agravado.
Builes reemplazó a Reginaldo Montes, senador de Córdoba, quién está condenado a seis años de cárcel por parapolítica. Builes, que nació en San José de la Montaña, en el norte de Antioquia, fue concejal en Mutatá , miembro de la Asamblea Departamental de Antioquia y era comerciante y ganadero en Urabá.

9 de junio de 2010
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