Blogia
mQh

colombia

dictan prisión para aranguren


A prisión por ’chuzadas’ Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza, ex funcionarios de la Uiaf. La juez 52 de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los funcionarios por el caso de los seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. La juez penal 52 de Bogotá ordenó la detención del ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, quien fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.
La medida también cobija a Luis Eduardo Daza, ex subdirector análisis del organismo.
La Procuraduría había solicitado no detener a los funcionarios. Sin embargo, la juez consideró que los cargos ameritan la medida de aseguramiento por tratarse de asuntos de gravedad.
Los funcionarios son procesados por su presunta participación en seguimientos irregulares hechos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

1 de junio de 2010
©semana

rss

conspiración contra la corte suprema


La Fiscalía saca sus primeras pruebas sobre lo que considera fue una campaña de desprestigio de funcionarios del DAS y del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. Durante la audiencia contra el ex director de la Uiaf Mario Aranguren, el fiscal delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, realizó una contundente exposición y presentó incontrovertibles evidencias sobre el espionaje ilegal contra magistrados.
El escenario fue un juzgado de Paloquemao, en el centro de Bogotá, en donde el miércoles de la semana pasada un fiscal delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, realizó una exhaustiva presentación de argumentos y evidencias sobre el que se ha transformado en el escándalo más grave para el gobierno.
Durante las casi nueve horas que duró la audiencia de imputación de cargos contra Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), Rodríguez destapó algunas de las cartas que tiene la Fiscalía sobre el caso de las ’chuzadas’.
La diligencia estaba enfocada a solicitar la orden de captura de Aranguren, acusado de concierto para delinquir, abuso de función pública y prevaricato. De acuerdo con la Fiscalía, la Uiaf y el DAS se unieron para realizar una serie de actividades de seguimientos y pesquisas ilegales contra un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual tenía como fin último orquestar una campaña de desprestigio contra el alto tribunal dirigida desde la Casa de Nariño.
En el tema de los seguimientos y espionaje ilegal contra magistrados, el gobierno siempre ha defendido la tesis de que el DAS, así como la Uiaf, simplemente estaban investigando una posible infiltración del narcotráfico en la Corte. La versión oficial afirma que era legítimo saber si el polémico abogado Ascencio Reyes era parte de esa supuesta penetración mafiosa y que fue en desarrollo de esa verificación que el gobierno, a través del organismo de inteligencia de la Presidencia, hizo las labores respectivas.
Pero el fiscal Rodríguez mostró que, contrario a lo que dice el gobierno, todo era parte de una fachada para espiar y desprestigiar a la Corte. Según la Casa de Nariño, había una preocupación legítima por saber si Ascencio Reyes había pagado un viaje que en 2006 realizó un grupo de magistrados a Neiva para asistir a un homenaje al magistrado Yesid Ramírez. Al respecto, uno de los primeros cuestionamientos que hace la Fiscalía es por qué si el viaje fue en 2006, y el gobierno lo sabía, solo les dio por averiguar la supuesta infiltración a la Corte dos años más tarde. La Fiscalía tiene una sola explicación: para las fechas en que el gobierno se preocupó por la supuesta infiltración mafiosa, la Corte Suprema adelantaba investigaciones clave sobre parapolítica, yidispolítica y, por cuenta de esas y otras investigaciones, estaba en un fuerte enfrentamiento con el gobierno y era necesario neutralizar a los magistrados por medio de una campaña de desprestigio.
Según la Fiscalía, con ese objetivo, la Uiaf del Ministerio de Hacienda sacó información financiera sobre los magistrados -sin que mediara una orden judicial y violando su privacidad- para entregársela ilegalmente al DAS y a funcionarios de la Casa de Nariño.
La Fiscalía dejó en evidencia dos reuniones en el palacio presidencial en donde se trató el tema de Ascencio Reyes y la Corte. Los encuentros se efectuaron en abril de 2008 y asistieron funcionarios del DAS, entre ellos la directora María del Pilar Hurtado, la Uiaf y funcionarios de Palacio, como el secretario general Bernardo Moreno, el ex asesor José Obdulio Gaviria y el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez.
En la audiencia de la semana pasada, el fiscal detalló que el 24 de abril de 2008 el ex subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, le envió un oficio a la Uiaf para solicitarle información de magistrados y cómo habían pagado el viaje a Neiva. El oficio fue recibido a las 2:58 de la tarde de ese día. En menos de una hora la respuesta de 111 páginas de la Uiaf ya estaba elaborada. "¿Cómo obtuvo toda esa información la Uiaf en apenas 47 minutos? -se preguntó el fiscal-. Todo estaba dispuesto desde antes entre la Uiaf y el DAS para este cometido", afirmó el funcionario en la audiencia. Pero el fiscal fue más allá. Demostró cuál era el objetivo y el uso que le dio el gobierno a esa información sobre magistrados recaudada ilegalmente cuando ratificó que el fin era atacar a la Corte "al mejor estilo de un grupo criminal".
Para sustentar esta fuerte acusación el fiscal Rodríguez leyó apartes de las declaraciones de testigos clave que ya han empezado a colaborar en la investigación. "Lo que pasaba en el Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS), pero que también tenía relación con la Uiaf, es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información sobre el viaje de los magistrados fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán Lagos, quien me ordenaba preparar documentos sucintos para entregárselos a periodistas". Este fue tan solo un fragmento de la confesión que hizo ante la Fiscalía Germán Ospina, quien formó parte del polémico grupo Goni, y quien fue uno de los hombres más cercanos al ex jefe de contrainteligencia del DAS. La declaración de Ospina, que coincide con otra leída por el fiscal Rodríguez con el testimonio de una funcionaria de la Uiaf, puso de nuevo a varios funcionarios de la Casa de Nariño como parte fundamental del espionaje contra la Corte.
Tras los graves señalamientos hechos por la Fiscalía en la audiencia, el presidente Álvaro Uribe dio varias declaraciones públicas en las que aseguró: "Yo siempre he tratado las cosas públicamente. Es por razón de mi temperamento. Para que vengan a decir ahora que se estaban ordenando publicaciones para desacreditar la Corte Suprema. Cuando he discrepado de la Corte Suprema, he discrepado públicamente. No he mandado hacer publicaciones, sino que yo mismo he manifestado de manera pública mis discrepancias", dijo Uribe, quien también afirmó que ninguno de los integrantes de Palacio había participado en filtraciones a la prensa.
Aunque Uribe trató de capotear y defender a sus funcionarios sobre la filtración de información, el gobierno no se refirió a otro aspecto, incluso más grave que el anterior. En la mitad de la audiencia, y para sustentar el hecho de que desde el DAS se adelantó una persecución contra a la Corte por orden del alto gobierno, el fiscal Rodríguez reveló unos apartes de una conversación privada de una sesión de una sala plena en julio de 2008 en la que varios magistrados hablan de temas sensibles. Esa grabación, como otra que tiene la Fiscalía en su poder, fue hecha de manera ilegal por personas que fueron infiltradas por el DAS en la Corte, como lo reveló esta revista hace dos semanas, para obtener clandestinamente información sobre los magistrados y los procesos.
La audiencia contra el director de la Uiaf, Mauricio Aranguren, resultó muy reveladora por la contundencia de los argumentos, testimonios y evidencias presentados por la Fiscalía. La investigación entró en una etapa crucial para determinar quién o quiénes dieron la orden y qué papel desempeñó en todo este escándalo la Casa de Nariño.

31 de mayo de 2010
©semana
rss

misterio de los 12 apóstoles


El explosivo testimonio de un polémico ex oficial de la policía revolvió un caso que salpica al hermano del presidente. ¿Qué tan creíble es el testimonio? ¿Qué fue lo que pasó hace 15 años en Yarumal, Antioquia?
Colombia. Un fantasma que persiguió a la familia del presidente Álvaro Uribe hace varios años volvió a aparecer la semana pasada. En un explosivo testimonio, un oficial retirado de la policía dijo que cuando él se desempeñó como comandante en Yarumal (Antioquia), el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente, era el jefe de un grupo de autodefensas conocido como ’los 12 apóstoles’.
El testimonio produjo un fuerte impacto. En primer lugar, porque el mayor retirado Juan Carlos Meneses apareció dando la cara en televisión, en Noticias Uno, y en diarios prestigiosos como The Washington Post. En segundo lugar, porque dio la declaración ante el premio Nobel de Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Y en tercer lugar, porque es la primera vez que uno de los protagonistas directos de los hechos ocurridos hace más de 15 años salpica a Santiago Uribe.
En la grabación, el ex oficial afirma que en 1994, cuando llegó a Yarumal, su antecesor en el cargo, el hoy coronel Pedro Manuel Benavides, lo invitó a encubrir las operaciones de ’los 12 apóstoles’. "Él me dice: ’Usted tiene que colaborarles; el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez’". Meneses afirma que les ayudó y que le pagaron por eso. "Santiago me dice: ’Yo quiero que usted me colabore, yo mensualmente le doy una platica’". En el testimonio, que dura cerca de 90 minutos, entre otros detalles, Meneses también mencionó que ’los 12 apóstoles’ tenían como sede de entrenamiento la hacienda La Carolina, de propiedad de los Uribe Vélez.
Lo dicho por el oficial retirado, sin embargo, deja más interrogantes que respuestas. Si la calidad de un testimonio se mide por la confiabilidad de quien lo da, este habría que cogerlo con pinzas. ¿Por qué apenas ahora, 15 años después de ocurridos los hechos, hace esta revelación? ¿A qué se dedicó Meneses en los últimos seis años desde cuando fue retirado de la Policía por indicios de corrupción y supuestos vínculos con paramilitares? ¿Si el presidente Uribe tuviera algo que esconder habría permitido que lo retiraran de la Policía?
Y no son esas las únicas preguntas. También causa curiosidad cuál fue el detonante para que arreciaran las amenazas en contra de Meneses en octubre del año pasado, tanto tiempo después de ocurridos los hechos. Al menos esa fue la razón que dio el ex oficial para refugiarse en Venezuela. Lo cual también despierta suspicacias.
Tras revivirse el escándalo vino la reacción del gobierno. El presidente Uribe, primero, trató de restarle importancia diciendo que no leía prensa internacional, y después soltó una dura acusación: "Los criminales tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un premio Nobel de la Paz (...) y de penetrar un periódico serio como ’The Washington Post"’.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía, además, descargó una carga de profundidad contra el testimonio. Naranjo comentó que una vez salió a la luz la declaración de Meneses, lo llamó el coronel Pedro Manuel Benavides, quien fue también comandante de Policía en Yarumal por la época en que operaban Los 12 apóstoles. Benavides le dijo que en octubre de 2008 lo llamó Meneses, le mandó un pasaje para ir a Bogotá y en la capital los hermanos ’Comba’, hoy capos del cartel del norte del Valle, le ofrecieron 500 millones de pesos para que declarara contra el presidente Álvaro Uribe. Aunque es cuestionable que el coronel solo haya mencionado esa oferta ahora, si se llega a probar que el narcotráfico está detrás de este testimonio le podría restar aún más peso.
Pero el hecho de que el testimonio esté contaminado no quiere decir que se tenga que descartar el contenido de la denuncia. En los últimos años la justicia ha resuelto casos críticos con ayuda de testimonios de dudosa procedencia como los de Yidis Medina, el de alias ’Pitirri’ o el mismo ’Popeye’.
Santiago Uribe ya ha sido investigado en dos ocasiones por este caso y la Fiscalía dictó sendas resoluciones inhibitorias en mayo de 1996 -cuando su hermano Álvaro era gobernador de Antioquia- y en febrero de 2000 -cuando el hoy Presidente estudiaba por fuera del país-. El fiscal general, Guillermo Mendoza, ya dijo que si surge una prueba nueva el caso podría ser reabierto. Como por ejemplo, podría ser la grabación que dice tener Meneses de la reciente conversación que sostuvo con el coronel Benavides en la que hacen memoria de todo lo ocurrido en Yarumal. ¿Por qué no se reveló esta semana el contenido de esa grabación?
Para reconstruir lo sucedido, en la montañosa región lechera de Yarumal, SEMANA buscó en los archivos del municipio y en expedientes abiertos tras una cincuentena de crímenes ocurridos entre 1992 y 1994. La violencia en este pueblo, a 130 kilómetros al norte de Medellín, tuvo su episodio más crítico a comienzos de los años 90.
Uno de los primeros documentos que da cuenta de la existencia de paramilitares es un panfleto repartido por el pueblo el sábado 15 de febrero de 1992. En él se anuncia la conformación de las ’autodefensas del Norte Lechero’ para declarar la guerra a la guerrilla.
Los desmanes empezaron a darse a finales de 1992. Por esos días el alcalde, la personera, el párroco, el inspector y miembros de la Cruz Roja y la Defensa Civil escribieron una carta al comandante de la IV Brigada para pedirle cambiar a los miembros del Ejército de Yarumal, a quienes denuncian de haber desaparecido al menos a cinco personas.
Pero fue en el segundo semestre de 1993 cuando se dieron las primeras referencias del grupo de Los 12 apóstoles. Un testigo, que iba a ingresar al grupo, cuenta que este trabajaba con la fuerza pública gracias al contacto de una persona "del gremio eclesiástico". Todo está documentado en un informe de la Personería de la época, según el cual, a partir de julio se incrementaron los crímenes de personas con antecedentes delictivos. En cuatro meses se dieron 29 asesinatos. Es llamativo, para efectos de la credibilidad del testimonio de Meneses, que para esa época el oficial no había aún llegado a Yarumal.
Uno de los casos que se registró con mayor detalle fue el de la familia Varela, pues a uno de sus miembros, Vicente, lo asesinaron luego de ser señalado de extorsionar a finqueros. Antes de su asesinato allanaron su residencia y la de una hermana y en un episodio no esclarecido una de estas construcciones fue baleada. Cabe anotar que por esa misma época -11 de junio de 1993-, el entonces procurador general Carlos Gustavo Arrieta promulgó una circular en la que advertía que se estaba repitiendo una práctica irregular en unidades de Policía del país de hacer operativos "en vehículos sin placas", "usando capuchas para cubrir sus rostros" y haciendo allanamientos sin orden judicial. La Personería recibió fuertes amenazas a comienzos de 1994 por sus investigaciones.
En septiembre de ese año la Fiscalía dictó orden de captura contra nueve personas, pero solo se hizo efectiva contra tres reconocidos comerciantes de Yarumal. En 1995 se ordenó la detención del sacerdote Gonzalo Javier Palacio, quien había sido párroco del pueblo. Pero a finales de ese mismo año todos quedaron en libertad.
Hasta ese momento, el nombre de Santiago Uribe no aparecía en el expediente. De hecho, en la primera investigación de la Fiscalía regional de Medellín solo se habla de la participación de comerciantes del casco urbano de Yarumal. En ese documento, de febrero de 1995, que resuelve la situación jurídica de los implicados, cerca de 20 testigos, incluidos varios con reserva de identidad, señalan como miembros del grupo ilegal a personajes prestantes del pueblo, como el párroco, dueños de restaurantes y otros negociantes reconocidos, pero ninguno menciona al hermano del Presidente, ni tampoco hace referencia alguna a la finca La Carolina de propiedad de los Uribe Vélez.
Más adelante, en junio y agosto de 1996, cuando Álvaro Uribe ya era gobernador de Antioquia, aparecieron dos testimonios con reserva de identidad que salpican a Santiago Uribe. No profundizan mucho en detalles de sus funciones, solo dicen que manejaba un radio desde su finca a través del cual le informaban lo que ocurría en la zona y lo que hacían algunos miembros del grupo. Uno de los testigos afirma que Santiago era el jefe del grupo y que Vicente Varela habría sido asesinado en la finca La Carolina. Esta semana, The Washington Post dice que Santiago Uribe confirmó que "un hombre fue asesinado en su hacienda bajo circunstancias extrañas".
Todos los que aparecen en los diferentes expedientes fueron exonerados hace 10 años. Entre ellos, Benavides y Meneses, el testigo que desde Argentina revivió el proceso.

31 de mayo de 2010
©semana
rss

guerra en el caribe desplazó a 700 mil


La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía logró establecer que el conflicto armado en el Caribe Colombiano provocó que cerca de 700 mil personas se desplazaran de sus hogares entre 1987 y 2008.
Colombia. La Costa es sin duda una de las regiones más golpeadas por la guerra. Además de haber padecido más de 400 masacres, tener uno de los índices de secuestro más alto y presencia de 10 bloques de autodefensas y numerosos frentes de la guerrilla, los costeños son la población que más han tenido que huir de sus tierras y hogares por la violencia.
En  un informe elaborado con base en las cifras de Acción Social, el despacho de la Fiscal Tercera de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo comprueba que hay 676.978 personas que han sido desplazadas por lo menos una vez en su vida en La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander.
Bolívar, con 232.423 desplazados, Magdalena con 161.960 y Cesar, con 138.431, son de lejos los departamentos más golpeados por el desplazamiento. Y los peores años son entre 2000 y 2003, que corresponde a la época de las peores masacres, usurpación de tierras y  desaparecimientos en la Costa. En los últimos años, aunque ha disminuido el índice de desplazamiento desde la desmovilización de los ‘paras’, la región sigue padeciendo altos niveles con cifras que alcanzan hasta 15 mil personas anuales desterradas.
El municipio de la Costa donde más desplazados se registraron fue Carmen de Bolívar, Bolívar, ciudad de 70 mil personas que es la puerta de los Montes de María. Llegó a ser uno de los más prósperos del departamento, con cultivos de tabaco y ganadería, pero la presencia de las Farc y de las Auc frenó su desarrollo. Veredas de Carmen de Bolívar como El Salado o Macayepo han soportado algunas de las peores masacres de la historia reciente del país.
La Costa tiene a casi un cuarto de todos los desplazados de Colombia, donde el último promedio de Acción Social del gobierno  arroja que en el país hay tres millones de desplazados y las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) cuatro millones. La región norte ha sido una de las más golpeadas por los violentos.
Desde los ochenta registra presencia de las Farc y el Eln, en regiones cómo Sur de Bolívar, Montes de María, Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde principios de los noventa desde Córdoba, el sur del Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta los paramilitares se expandieron por toda la Costa, hasta llegar a la cúspide de su poder en la primera década de los años 2000, cuando controlaban la política, regalías y extorsionaban gran parte del comercio.

Precio de la Guerra
El departamento es el que, de lejos, tiene más desplazados con 232.423 personas registradas por la investigación de la Fiscalía. Los Montes de María y el Sur de Bolívar son dos regiones donde Farc y Auc se enfrentaron por años y donde se registraron algunas de las peores masacres del país.
En 1998 se presenta un incremento significativo de la masa de refugiados, cuando las autodefensas y la guerrilla intensifican su estrategia de guerra. En 2000, 2001 y 2002 la cantidad de desplazados llega a cifras alarmantes con un promedio de 35 mil personas que salen de sus tierras forzadamente. El periodo corresponde a las peores masacres de las autodefensas en el departamento como las de El Salado, donde los ‘paras’ asesinaron a 66 personas, Chengue con 27 campesinos ejecutados a garrotazos o la de Macayepo que dejó un saldo de 12 muertos.
Hoy todavía son miles las personas que se hacinan en barrios insalubres y marginales de Cartagena como El Pozón y Nelson Mandela, sin servicios públicos, construidos sobre zonas inundables y que están tomados por las  pandillas juveniles.
Los municipios más golpeados por el fenómeno son El Carmen de Bolívar y María la Baja, en los Montes de María y San Pablo, Tiquisio y Monte Cristo, en Sur de Bolívar.
Una de las situaciones más trágicas en el departamento y que resume gran parte de los problemas de su población fue el desplazamiento masivo de Mampuján, corregimiento de María la Baja.
En la noche del 10 de marzo de 2000 un grupo de paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María al mando de Edwar Cobos Tellez, alias ’Diego Vecino’ y Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, entraron al pueblo y reunieron todo el pueblo en la plaza.
Al mismo tiempo, paramilitares se fueron hasta la vereda Las Brisas, ubicada a pocos kilómetros de Mampuján. Allá mataron a 11 hombres, que acusaron de ser guerrilleros. Inculpación que fue luego negada por Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ y Uber Martínez, alias ‘Juancho Dique’, que participaron en la masacre, ante magistrados.
Después de pedirles cédulas, interrogarlos y robar electrodomésticos y muebles en las casas los ‘paras’ les advirtieron: "Si cuando volvamos mañana hay alguien en este pueblo, se muere". Unos meses antes las autodefensas habían asesinado a 66 personas en El Salado, un pueblo a unos 20 kilómetros de Mampuján. El domingo 12 de marzo más de 1.200 personas salieron de Mampuján y abandonaron sus tierras. Muchos terminaron regados en El Carmen de Bolívar, en Cartagena, en Sincelejo y en otros municipios grandes de la región.
Aunque ya han pasado 10 años desde la masacre y el desplazamiento, la enorme mayoría de los habitantes no han querido volver. Las condiciones de seguridad no están dadas, no hay electricidad, la escuela y el puesto de salud están abandonados.
El Sur de Bolívar ha sido desde mitad de los noventa una de las zonas más violentas del país. La región es uno de los bastiones del Eln, hay presencia de los frentes 37 y el 24 de las Farc y paramilitares desde 1997 bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ del Bloque Central Bolívar (BCB). Las montañas que recubren el territorio tienen minas de oro y cientos de hectáreas de coca. Es además un paso estratégico para controlar el Magdalena Medio, que conecta Norte de Santader y la frontera con Venezuela y el bajo Cauca antioqueño.
Por eso en el Sur de Bolívar ha habido innumerables combates entre ‘paras’, Ejército y guerrillas con campesinos, mineros y pescadores en la mitad. Según las cifras de la Fiscalía, cerca de 40 mil habitantes de la región tuvieron que dejar sus hogares, huyendo de las balas.

Desplazamientos Forzados por Paramilitares
En Magdalena son 161.960 personas que abandonaron sus casas por la violencia, según arroja la investigación de la Fiscalía. El fenómeno se empezó a manifestar en 1999 y llegó a sus más altos niveles a principios de la década del 2000, llegando al tope de 35 mil personas desplazadas en 2002. La amplitud del fenómeno también se explica porque Magdalena es el segundo departamento que más desplazados ha recibido de otras regiones de la Costa.
Santa Marta, Fundación, Ciénaga, Aracataca y Pivijay son los municipios de donde más han expulsado gente. Los cuatro primeros rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, montañas claves por los cultivos de marihuana y coca, dominar el contrabando y que ofrecen refugios naturales para autodefensas y guerrillas. Estos municipios además tienen grandes cultivos de palma y de banano, en los que ha habido fuertes conflictos entre terratenientes y campesinos por la tierra y el agua.
En Pivijay Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, instaló una de sus bases de operación. Además de tomarse la administración y las rentas públicas, los ‘paras’ desplazaron a miles de personas para repoblar la región con gente afín a ellos.
En Magdalena las masacres de la Ciénaga Grande de Santa Marta provocaron una de las oleadas más grandes de desplazados. El 10 de febrero de 2000 un grupo de 50 paramilitares asesinaron a 11 personas en Trojas de Cataca, pueblo de pescadores al sur de la Ciénaga Grande. La masacre produjo el éxodo de 250 familias. Ese mismo año el 22 noviembre 70 ‘paras’ incursionaron en Nueva Venecia y Buenavista, pueblos palafíticos sobre la Ciénaga Grande.
Las autodefensas reunieron toda la población en la iglesia de Nueva Venecia. Ahí, lista en mano, empezaron a seleccionaron a varios pescadores, que señalaron como presuntos colaboradores del ELN. Al mismo tiempo los ‘paras’ iban de casa en casa saqueando, amenazando y asesinando a decenas de pobladores.
En su huida pasaron por el pueblo palafítico de Buenavista, a pocos minutos de Nueva Venecia, donde mataron a una decena de personas más. Las cifras oficiales señalan que los ‘paras’ asesinaron a 39 personas en Nueva Venecia, sin embargo los habitantes creen que los muertos pueden ser más de 50, ya que muchos desaparecieron en las aguas de la Ciénaga. Tras la masacre más de la mitad de los 4.800 habitantes que tenía Nueva Venecia se desplazaron.

Cesar
La situación en Cesar es muy preocupante ya que su población es mucho menor que Magdalena y Bolívar pero con 138.431desplazados tiene cantidades similares de refugiados que los otros dos departamentos. Del mismo modo que en el resto de la Costa entre 2000 y 2004 la mayor cantidad de gente huyó de sus tierras para salvar sus vidas.
Valledupar, Agustín Codazzi, El Copey, Curumaní y La Jagua de Ibirico son los municipios con más desplazados. Están situados en el norte del departamento, alrededor de Valledupar, la Sierra Nevada de Santa Marta y las Serranías de Los Motilones y del Perijá, en la frontera con Venezuela.
En Cesar el Eln y las Farc empezaron a delinquir a finales de los años ochenta, secuestrando y desplazando decenas de personas. A final de los noventa Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, organizaron los primeros grupos paramilitares que fueron el núcleo del Bloque Norte de las Auc.
El departamento tiene además minas de carbón y tenía en los ochentas grandes plantaciones de algodón y hoy en día miles de hectáreas de cultivos de palma, riquezas que han provocado desplazamiento de campesinos.

31 de mayo de 2010
©verdad abierta 
rss

paramilitares robaban gasolina


Paras robaban gasolina en complicidad con funcionarios de Ecopetrol. En su primera aparición ante un fiscal de Justicia y Paz, Óscar Ospino Pacheco, alias ’Tolemaida’, contó que sus hombres cuidaban un trayecto del oleoducto y se aseguraban de que solo ellos fueran los que robaran gasolina.
Colombia. Según contó el ex jefe paramilitar, entre Chiriguaná y Codazzi había cinco válvulas ilegales en el oleoducto que eran utilizadas por ladrones de gasolina. Un funcionario de la refinería de Barrancabermeja se reunió con ’Tolemaida’ para que cuidara la tubería e impidiera el pimpineo, pero les avisaba los días y horas de bombeo para que extrajeran gasolina. Los paramilitares cobraban impuesto por el hurto.
El robo continuo de gasolina al oleoducto se hacía no sólo con la autorización de Ecopetrol sino que funcionarios de la misma empresa informaban al exjefe del frente Juan Andrés Álvarez, alias ‘Tolemaida’, los días en que iban a bombear para que pudieran robar el combustible con seguridad.
La revelación fue hecha el martes 25 de mayo por el mismo Ospino Pacheco en versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz en Barranquilla. El oleoducto sufría un robo continuo a través de válvulas clandestinas de parte de diferentes bandas criminales que robaban gasolina para revenderla a las estaciones de gasolina.
En la zona en la que delinquía el frente Juan Andrés Álvarez, los municipios de Bosconia, La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguaná, Becerril, Codazzi y la Trocha de Verdecia, corregimiento de La Paz éste último, había cinco válvulas clandestinas según contó alias ‘Tolemaida’, y los ladrones le pagaban al grupo dependiendo la cantidad de gasolina o combustible hurtado. Si llenaban una tractomula, pagaban un impuesto de cinco millones al frente y si eran camiones más pequeños les cobraban dos millones de pesos.
Ante el robo continuo de gasolina y otros derivados de petróleo bombeados desde la refinería de Barrancabermeja, funcionarios de la empresa, a quien no identificó, le pidieron al grupo paramilitar que los ayudaran "a controlar el tubo y ellos nos avisaban cuándo iban a bombear nafta, gasolina o cualquier otro derivado".
La fiscal le preguntó a Tolemaida si ellos vigilaban el tubo del oleoducto a petición de Ecopetrol. El exparamilitar dijo que ellos cuidaban los puntos de extracción ilícita y el combustible que se sacaba era única y exclusivamente con la autorización del grupo. Tolemaida mencionó al empresario Jorge Riaño Mazenet como uno de los presuntos comercializadores de gasolina. Parte de ese combustible, dijo, se iba para el sur de Bolívar y otra parte para El Carmen de Bolívar y otros municipios de los Montes de María.
La perforación al tubo era semanal y los que se conectaban lo hacían con autorización del frente Juan Andrés Álvarez. El que se conectara sin permiso, lo asesinaban. Una de las preocupaciones de Ecopetrol, según informó Ospino, era evitar ‘el pimpineo’, la distribución al menudeo, que había provocado un caos enorme y daños incalculables a la tubería. Nuevamente la fiscal le preguntó si era un negocio del grupo paramilitar, a lo cual contestó diciendo que no, que eran personas naturales que tenían sus camiones a quienes el grupo paramilitar cobraba un impuesto por robarse la gasolina. "Nosotros lo que hacíamos era controlar el robo entre Chiriguaná y Bosconia’, territorio bajo control del grupo paramilitar. Los puntos donde estaban las válvulas ilegales eran las zonas conocidas con los nombres de Casa de Cinq, Trocha de Boca de Tigre y Cuatro Vientos."
El robo continuo de gasolina se debía a que los ladrones de gasolina obtenían información de antemano de funcionarios de Ecopetrol y ya cuando le pidieron al grupo paramilitar que controlara la extracción, le avisaban al grupo los días y horas del bombeo. Ante una pregunta de la fiscal si los funcionarios de Ecopetrol eran ajenos al grupo y en qué consistía la concertación entre estos y los paramilitares, Tolemaida dijo que los funcionarios no tenían nada que ver con el grupo armado, pero que mantenían un contacto permanente con un funcionario de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja que les informaba sobre los días y horas de despacho de combustible por el oleoducto para que se conectaran. Incluso, Ecopetrol les facilitaba unos químicos para optimizar la calidad de la gasolina y las reuniones se hacían en una finca en la zona donde operaba el frente comandado por Ospino. Hacer una válvula resultaba -según Ospino-, muy fácil.
Incluso, afirmó, funcionarios de Ecopetrol les informaba que no se conectaran todos los extractores de combustible al mismo tiempo, porque la presión bajaba. Es decir, no se permitía que se abrieran todas las válvulas al mismo tiempo. En un mes los ladrones de gasolina podían sacar hasta diez tractomulas y el impuesto que el grupo ilegal cobraba le servía para pagar su nómina de patrulleros, que llegó a estar conformada por casi 400 hombres armados, entre esos, según afirmó, había ocho grupos de contraguerrilla y el encargado de las finanzas de su frente se llama Manuel Gregorio Gutiérrez Gutiérrez, quien se encargaba de cobrar los aportes a los propietarios de plantaciones de palma ($30.000), y diez mil pesos por cada hectárea dedicada a la ganadería.
Existía en la organización otro grupo encargado del contrabando de gasolina desde Venezuela, el cual se encontraba bajo el mando directo de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y el encargado era José Orozco, alias ‘El Pollo’, a quien conoció en Valledeupar porque se lo presentó alias ‘Fabián’ como el ‘comisionado del negocio de la gasolina. A alias ‘El Pollo’, un arquitecto vallenato, lo conocen como el constructor del hospital de San Ángel. Ese negocio de la gasolina se manejaba en La Guajira y el norte de Valledeupar, pero que su frente no recibía recursos provenientes de la gasolina de contrabando.

Torturado en Venezuela y Extraditado
Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, nació en Plato, Magdalena, y terminó el bachillerato en el Liceo Ariguaní, de El Difícil. En esta, su primera versión, dijo que fue capturado en Venezuela en diciembre del año pasado y extraditado a Colombia, que las autoridades policiales del vecino país lo torturaron durante cinco días en diciembre y le pidieron dinero para dejarlo en libertad. Que se había ido para Venezuela porque tuvo conocimiento que las bandas emergentes querían matarlo.
Cuando lo detuvieron en Los Teques, Venezuela, estaba negociando su entrega y por eso lo capturaron, porque siguieron unos correos. Dice que al momento de su captura no estaba armado ni portaba documentos falsos, porque tenía la nacionalidad venezolana, pero que en alguna ocasión utilizó una falsa identidad con el nombre de Luis Fernando Castrillo Jaraba. Afirmó que es muy fácil conseguir documentos falsos, que él se presentó con sus padres (falsos padres), entregaron documentos falsos y obtuvo una identificación sin mayores problemas.
En su paso por el Bloque Norte al cual perteneció desde su fundación en el año 1996, conoció a Jorge Gnecco (q.e.p.d.), como fundador de un grupo paramilitar que antecedió a las autodefensas unidas, que fue muy amigo de Salvatore Mancuso, quien se hospedaba en su casa cuando iba a Valledeupar. En esa época, dijo, el delegado de Mancuso era Santiago Tobón, quien también fue financiero. La fiscal le preguntó por la relación entre Hugues Rodríguez y Federico Sáenz con el grupo armado, y dijo que se trataba de ganaderos a los que la guerrilla persiguió y Rodríguez, dijo era el más rico de los ganaderos.
Al final de la tarde la fiscal le preguntó acerca de las relaciones del grupo con autoridades municipales y departamentales, participación en elecciones y vínculos con miembros de la fuerza pública, pero pidió a la fiscal que esa parte le permitiera ‘complementarla’ y contarla en próxima versión porque la tiene ‘muy escueta’, pero reconoció que el frente era militar – político y que lograron avanzar hasta la Serranía del Perijá.
También aceptó que había "acercamientos con comandantes de turno de policía en los municipios, pero que no con comandantes de Brigada porque en su zona no había sino Batallones de alta montaña". Acerca de los pagos o sobornos a servidores públicos, dijo que cada comandante de los grupos urbanos en los municipios donde el frente cometía actividades criminales, cada comandante tenía manejo de su zona y Felipe, el coordinador general del Bloque Norte y hombre de confianza de Jorge 40 se encargaba de todo. A la versión, que fue colectiva, asistieron también Jhonatan David Contreras Puello, Jader Luis Morales Benítez, Javier Ernesto Ochoa Quiñonez, Jaime Marabith Pérez Pérez, Sixto Arturo Fuentes Hernández, Amaury Gómez Ramos y Alcides Manuel Mattos Tabarez, alias ‘El Samario’, subjefe del Frente Juan Andrés Álvarez, frente que al momento de la desmovilización en marzo de 2006 llegó a tener casi 500 hombres en armas.

31 de mayo de 2010
©verdad abierta 
rss

eslabón perdido del paramilitarismo


El eslabón perdido de la historia paramilitar en Colombia. Aunque ha estado detenido dos veces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, misteriosamente, en ninguna de las dos oportunidades se le ha podido comprobar nada. Por La Opinión de Cúcuta.
Colombia. La triste historia del minero paisa sindicado de ser comandante paramilitar. Hace más de 5 años, en la edición 1.182 / 1.183 de la revista Semana, que iba del 27 de diciembre del 2004 al 10 de enero del 2005, en la sección Nación - Judicial, se reseñó la historia de Lorenzo González Quinchía, a quien presentó como un "minero paisa de 28 años que trabaja en Istmina, Chocó".
El artículo titulado ‘La desgracia de Lorenzo’ narra las penas que este joven, que en la actualidad cuenta con 34 años, había tenido que pasar desde el 22 de enero del 2002 por llamarse precisamente así, Lorenzo González Quinchía.
La historia de su desgracia, le expresó en esa ocasión González Quinchía al periodista de la revista Semana, había iniciado el 22 de enero del 2002, cuando fue capturado por el DAS en el puesto de inmigración del aeropuerto El Dorado de Bogotá, acusado de ser, según el director de la entidad estatal de la época, "el tercer hombre más importante de las Auc después de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso".
Ese día, en el que los medios de comunicación del país mostraban el rostro de Lorenzo a los televidentes, el director del DAS continuó diciendo: "En la organización (Autodefensas Unidas de Colombia) es conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’, pero su verdadero nombre es Lorenzo González Quinchía. Está buscado por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía para responder por varios crímenes, entre ellos el asesinato del Defensor del Pueblo de Cúcuta, Iván Villamizar".
Lo que vino después de ese día para González Quinchía fue una batalla legal por tratar de demostrarle a la justicia que él no era la persona que buscaba.
Tras 19 meses de arresto en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el 19 de septiembre de 2003 el juez que llevaba su caso determinó que Lorenzo González Quinchía, el que había estado preso todo ese tiempo, no era el comandante paramilitar ‘Julián Bolívar’ y ordenó que fuera puesto en libertad de manera inmediata. Una vez libre, Lorenzo González retornó a las labores como minero junto a su padre y algunos de los cinco hermanos.
Hasta aquí, esta historia no era más que una lamentable equivocación de parte de la justicia colombiana que, para fortuna de Lorenzo González Quinchía, pudo ser aclarada en su momento.
En la edición de la revista Semana que cubría su historia había una frase que describía con precisión toda la situación vivida por el minero paisa: "El increíble y triste caso de un minero que tuvo la desgracia de llamarse igual que dos jefes paramilitares. Un episodio entre trágico y caricaturesco".
Así, termina la historia de Lorenzo González Quinchía, el minero.

Al Fin, ¿Es o No Es?
Según lo dicho por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta en la sentencia que ordenaba la libertad inmediata de Lorenzo González Quinchía, no era el jefe paramilitar conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’, entre otras razones, porque las pruebas morfológicas, dactilares, de ADN y de voz así lo demostraron.
El juez, incluso cuestionó la actuación del fiscal que encarceló al minero paisa González Quinchía por ser homónimo de un jefe ‘para’. En su decisión, el juez tenía toda la razón.
Para ese momento, en el que los acercamientos entre el Gobierno y los paramilitares empezaban a darse, eran una incógnita las identidades de algunos de los cabecillas de esta organización criminal que, amparados en la ilegalidad en la que se movían, podían adoptar múltiples identidades sin ser descubiertos.
‘Julián Bolívar’, el jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar (BCB) con el que confundían a Lorenzo González Quinchía, se llama en realidad Rodrigo Pérez Alzate. Él, su hermano Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’ y Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’, fundaron el BCB en 1997.
La confusión de la Fiscalía en torno al nombre de Lorenzo González Quinchía era tal, que en el boletín de prensa número 303, fechado el 14 de septiembre del 2002, y titulado "acusado presunto autor intelectual del asesinato de Iván Villamizar Luciani", se hacía mención de quien por ese entonces estaba detenido, el minero paisa de nombre Lorenzo González Quinchía, y a quien se seguía señalando con el alias de ‘Julián’.
No fue sino hasta que el verdadero ‘Julián Bolívar’, es decir, Rodrigo Pérez Alzate se desmovilizó, el 31 de enero del 2006, que el nombre de Lorenzo González Quinchía pudo quedar limpio de una vez por todas. ¿O no?
No. Antes de que ‘Julián Bolívar’ se desmovilizara se conoció otro episodio que parecía sacado de una novela de trama policiaca donde tres hombres, so pretexto de encubrirse entre sí, se habrían propuesto confundir a las autoridades usando el mismo nombre para delinquir. Dos de ellos usándolo como sus alias y uno más portándolo como su verdadero nombre.
El otro Lorenzo González Quinchía que hace falta en esta baraja es Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’. El tristemente célebre paramilitar extraditado, antes de sentarse a negociar con el Gobierno en Santa Fe de Ralito era conocido como Lorenzo González Quinchía y su alias no era aún ‘Macaco’ sino ‘Javier Montañés’. Es decir, dos jefes paramilitares de un mismo bloque, el Central Bolívar, usaban como alias el mismo nombre: Lorenzo González Quinchía.
En un estudio del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, titulado "Algunos indicadores sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Risaralda", y actualizado a octubre del 2005, deja leer en sus líneas, acerca de la incidencia de las autodefensas en dicho departamento, lo siguiente:
"El principal grupo de autodefensa de la zona – el Bloque Central Bolívar – es reconocido por ser uno de los más involucrados en el tráfico de cocaína, es liderado entre otros por Lorenzo González Quinchía alias ‘Macaco’ o ‘Javier Montañés’, quien habría comprado tierras y empresas en territorio cafetero".
Esta confusión de nombres, en la que habían caído la Fiscalía, la Policía Nacional, algunas oficinas del Gobierno y el DAS, perjudicaban al minero paisa llamado Lorenzo González Quinchía. Así se lo hacía saber al periodista de la revista Semana que en diciembre del 2004 lo entrevistaba. En su nota, el redactor consignó lo siguiente:
"Resulta ridículo creer que ‘Javier Montañés’ (Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’) tenga ahora (diciembre de 2004), según las autoridades, el mismo nombre y apellido que ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate), el otro comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar".
Después de la nota publicada por la revista Semana y hasta el día de hoy, Lorenzo González Quinchía, ‘el original’, suponemos, ha tratado de llevar su vida de manera tranquila en las minas de oro que, según afirmaba, poseía en el Chocó en la época en la que concedió la entrevista a la prestigiosa publicación.
Ahora, cerca de seis años después, su pesadilla parece revivir. Sólo que esta vez, al parecer, ya no habrá manera de zafarse de ella.

‘El Iguano’ y ‘El Minero Paisa’
En la historia paramilitar colombiana existe un personaje que tiene tras de sí gran parte de la génesis de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre todo las que tuvieron su accionar en Chocó, Antioquia y Córdoba, aunque todos lo conocieron como el comandante del Frente Fronteras de las Auc que operó en Norte de Santander, Cúcuta y su área metropolitana. Su nombre: Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘Sebastián’, ‘Pedro Fronteras’, ‘Raúl’, ‘La Iguana’ o ‘El Iguano’.
Desde el día de su desmovilización, ‘El Iguano’ ha confesado cientos de homicidios, múltiples masacres, desapariciones, la creación de los hornos donde incineraban a las víctimas y las relaciones del Frente Fronteras con políticos y empresarios de la región.
En las audiencias de confesión de hechos llevadas a cabo la semana del 5 al 9 del presente mes, en las que participaron ‘El Iguano’ y 21 de sus hombres más cercanos, el nombre de Lorenzo González Quinchía, ‘el original’, volvió a sonar una vez más.
Esta vez no se trataba de alguien más suplantando al ‘minero paisa’. Ahora hubo una referencia directa sobre él mismo, con los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’.
De ser cierto lo que La Opinión pudo conocer sobre su pasado, Lorenzo González Quinchía sí es un minero con propiedades en el Chocó, sobre todo en la región de Istmina.
Pero tiene un lado oscuro, muy parecido al de los socavones, porque es un poderoso paramilitar, ‘niño consentido’ de Carlos Castaño y comandante de ‘La 35’, la finca ubicada entre el municipio de San Pedro de Urabá y el corregimiento de El Tomate, en el que los aspirantes a paramilitares recibían la instrucción militar y se preparaban para salir a invadir el país con sus fusiles.
Lorenzo González Quinchía, ¿minero o paramilitar? o ¿las dos cosas?
Si en el buscador de información en internet Google se teclea el nombre ‘Lorenzo González Quinchía’, aparecen 2.660 resultados que contienen alguna de esas tres palabras.
Uno de esos resultados posibles es el edicto No. 0108 del Grupo de Trabajo Regional Ingeominas – Medellín en el que se hace saber que en el expediente No. HA6-122, relativo a la Propuesta de Contrato de Concesión solicitado por el señor Lorenzo González Quinchía, se dicta una providencia cuya parte Resolutiva dice así:

"Rechazar la Solicitud de Contrato de Concesión No. HA6-122, presentada por el señor Lorenzo González Quinchía, para la exploración y explotación de un yacimiento de oro y platino, localizado en jurisdicción del municipio de Tadó en el departamento del Chocó".

La resolución fue dada en Medellín, el 20 de marzo de 2007. El documento se trae a colación porque un año antes, según se pudo establecer por intermedio de un ex paramilitar cercano a ‘El Iguano’, Lorenzo González Quinchía, el ‘minero paisa’ que apareció en el reportaje de Semana dando la cara y exhibiendo su cédula, viajó hasta La Ceja, Antioquia, a reunirse con el comandante del Frente Fronteras.
‘El Iguano’, junto con 57 jefes paramilitares más, se encontraba en la antigua sede de Prosocial que había sido acondicionada como centro de reclusión. De esta visita quedó un registro fotográfico que se exhibe en el presente artículo.
Resulta paradójico entonces que una persona que se dedica a la minería, que además pretende adelantar exploración y explotación de oro y platino de manera legal y, por tal razón, solicita permisos para tal fin ante Ingeominas, se reúna con un reconocido jefe paramilitar en su centro de reclusión.
Ahora bien, esa visita no constituye un delito, pero las revelaciones sobre su vida, que han saltado a la luz pública en los últimos días, sí. Y por eso la foto de esa visita parece confirmar lo que hasta ahora muchos desconocen en el país: Lorenzo González Quinchía hizo parte activa de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Alias ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’
Según el relato de algunos paramilitares que hicieron parte del grupo comandado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, él y Lorenzo González Quinchía fueron muy cercanos en la zona del Urabá, al punto de que ‘Yunda’, como se le conocía al interior de las Autodefensas fue quien, junto a ‘El Iguano’, prácticamente obligó a la disolución del frente 5 de la guerrilla de las Farc que operaba en esta zona del país.
Lorenzo González Quinchía habría iniciado su particpación en las Autodefensas Unidas de Colombia en el Urabá antioqueño, a la edad de 20 años, en 1994. La cercanía y confianza que le tenía el extinto comandante de las Auc Carlos Castaño, rápidamente lo llevaría a ser el comandante militar de Urabá al mando de los hombres que le proveía el estado mayor de las Autodefensas desde la finca ‘La 35’.
Junto a ‘El Iguano’, otro de los hombres de confianza de ‘La Casa Castaño’, libró una guerra a muerte con la guerrilla de las Farc y el Ejército Revolucionario Guevarista que operaban en el Chocó.
Precisamente por los resultados militares que alias ‘Yunda’ ofrecía en la lucha contra la guerrilla, ‘La Casa Castaño’ decidió trasladarlo por varios frentes de guerra, sobre todo donde las Auc necesitaban posicionarse y ejercer control territorial.
Algunas versiones de ex paramilitares indican que el recorrido de la muerte iniciado por ‘Yunda’ en el Urabá antioquieño lo habría llevado también por Chocó, Quibdó y el Bajo Baudó, más exactamente a Istmina.
Allí habría permanecido por cerca de un año hasta que Carlos Castaño ordenó trasladarlo a Norte de Santander en compañía de ‘El Iguano’, ‘Gustavo 18’ y ‘Jairo Sicario’.

Llegada de los ‘Paracos’
Cuando ‘El Iguano’ llegó a Norte de Santander y se estableció en Cúcuta y el área metropolitana, venía con ‘Yunda’.
Testimonios de ex combatientes ‘paras’ y de personas que conocieron ese primer grupo enviado por Carlos Castaño a la región, señalan que ‘Yunda’ habría estado, en un primer momento, de mayo a octubre de 1999 organizando la entrada de los ‘paracos’ a la ciudad.
Después de éste primer paso por esta región de frontera, su rastro se perdió hasta el 16 de enero del 2000 cuando es detenido en Urabá, con ‘El Iguano’.
Ese primer arresto, en el que permanecieron encarcelados en Itagüí, se produjo por la acusación de conformar grupos al margen de la ley.
Era tal la cercanía de ‘El Iguano’ y ‘Yunda’ con ‘La Casa Castaño’, que Salvatore Mancuso dispuso de su abogado personal para que los sacara cuanto antes de la cárcel, revelaron las fuentes.
Por ese trabajo, Mancuso habría pagado una gran suma de dinero a su abogado cartagenero, del cual sólo se pudo establecer que se llamaba Roberto.
Las gestiones del jurista dieron sus frutos. El 30 de agosto del 2000, Jorge Iván Laverde Zapata y Lorenzo González Quinchía, salieron de prisión.
Una vez libres, los dos volvieron a Norte de Santander.
En la segunda venida, ‘Yunda’ habría estado operando en Cúcuta entre octubre del 2000 y marzo del 2001.
En ese período de seis meses, Lorenzo González Quinchía, ahora bajo los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’, dejó impresa su firma en la región.

Una Fuga y un Crimen
El 16 de noviembre del 2000, dos meses y medio después de haber salido de la cárcel de Itagüí, Jorge Iván Laverde Zapata cayó en poder de la justicia en Cúcuta, en compañía de Jhon Fredy Gutiérrez Ramos, Israel Sánchez Durán y su compañera, Claudia Isabel Coca Ceballos, de 20 años.
A los siete días se registró una cinematográfica fuga. Treinta paramilitares lo rescataron de la Clínica Los Samanes, donde estaba internado. Eran las 12:00 de la noche del 23 de noviembre y en la operación sólo se accionó un disparo.
Por lo que se ha podido establecer luego de la desmovilización del Frente Fronteras, en la huida de ‘El Iguano’ participaron activamente funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional.
Por el Inpec habrían participado Mario Arévalo Perdomo, director de la Cárcel Modelo de Cúcuta y Hernán Darío Mejía Petrochelli, subdirector del mismo centro carcelario. Según lo afirmado por algunos ex ‘paras’, ‘Yunda’ habría girado más de $100 millones para los gastos del rescate.
Mejía Petrochelli fue asesinado tiempo después, según algunos ‘paras’, por la guerrilla que lo señaló de haber facilitado la fuga de ‘El Iguano’. El enlace con el DAS habría sido Efraín Morales, agente activo de la entidad estatal y quien, según lo afirmado por algunos ex paramilitares, coordinó todo con los demás agentes que participaron en el rescate.
Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y será la justicia la que se encargue de dictaminar el grado de participación o no de los sindicados.
Lo importante en la historia del rescate de ‘El Iguano’ es que sólo hasta hoy se puede conocer un dato revelador de la misma. A raíz de versiones entregadas por ex ‘paras’ que operaban en la ciudad para la fecha en que sucedió el rescate, ‘Yunda’ habría intervenido activamente.
Lorenzo González Quinchía, que operaba bajo los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’ se encontraba en Urabá cuando ‘El Iguano’ fue capturado en Cúcuta. De inmediato Carlos Castaño y Salvatore Mancuso dispusieron que fuera rescatado a como diera lugar.
Para esa misión no podían encomendar a alguien distinto de ‘Yunda’, quien contaba con la confianza de Carlos Castaño y había demostrado de manera suficiente su capacidad para una operación de esa magnitud.
Una vez llegó a Cúcuta se contactó con Ramón de las Aguas Ospino, alias ‘Rumichaca’, actualmente detenido y quien está dentro del proceso de Justicia y Paz, y montó el operativo.
Una vez libre, por segunda vez en menos de un año, ‘El Iguano’ siguió comandando el Frente Fronteras de la mano del que muchos no dudan en afirmar que era "casi como su hermano", ‘Yunda’.
Este dúo, de los más cercanos de ‘La Casa Castaño’, daría su próximo golpe el 12 de febrero de 2001.
Ese día, un grupo de paramilitares, a bordo de un Montero Mitsubishi color verde, un taxi y una motocicleta, cercaron el paso del carro en el que viajaba el ex Defensor del Pueblo de Norte de Santander, Iván Villamizar Luciani, y lo asesinaron.
Desde el primer día las autoridades han sindicado a alias ‘Julián’ como el responsable del crimen, pero extrañamente, nunca, al menos eso parece, han logrado establecer con exactitud quién es esa persona que, bajo el alias de ‘Julián’, delinquió en Cúcuta e incluso, comandó el Frente Fronteras con ‘El Iguano’.
Prueba de ello es que tres meses después de la muerte del ex Defensor, las autoridades capturaron a Jairo Emilio González Quinchía y de inmediato lo sindicaron, no sólo de ser el responsable de la muerte de Villamizar Luciani sino de ser el tercero al mando de las Autodefensas en Norte de Santander después de ‘El Iguano’ y ‘Camilo’.
A Jairo Emilio lo capturaron saliendo de la clínica donde se recuperaba de las múltiples heridas sufridas en el accidente de tránsito que había protagonizado cuando iba en motocicleta por la vía a Puerto Santander.
Jairo Emilio González Quinchía, supuestamente ‘Julián’, fue trasladado a Bogotá y presentando ante el país como un importante miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Lo que las autoridades no tenían claro, en ese momento, era que Jairo Emilio, cuyo verdadero alias es ‘El Burro’, es hermano de Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’ o ‘Julián’. Éste último es el verdadero hombre detrás de la muerte de Villamizar Luciani, y quien desde el 16 de enero del 2000 cuando lo capturaron en el Urabá, pudieron haber encarcelado.
Después de la muerte de Iván Villamizar Luciani el rastro de ‘Yunda’, ‘Julián’, ‘Camilo’ o Lorenzo González Quinchía se volvió a perder.
La siguiente vez que apareció, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, las autoridades lo detuvieron, pero una vez más salió libre gracias a la confusión en torno a su nombre. Y fue tal el enredo de las autoridades con relación a su identidad, que la historia fue reseñada por la revista Semana, como ya se expuso al inicio de esta nota.

¿Por Qué Sólo hasta Ahora Se Sabe de Él?
Varias hipótesis podrían tejerse alrededor del exitoso anonimato que Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’, ha manejado durante todos los años de permanencia en las Auc, a pesar de la importancia que parece haber tenido al interior de las mismas.
La primera de ellas es que siempre, como sostienen algunos ex paramilitares que lo conocieron, mantuvo un bajo perfil. Delegaba funciones muy precisas y sólo coordinaba tras bambalinas las misiones que se le encomendaban.
Otra razón podría ser que en todo momento contó con una confianza muy grande por parte del estado mayor de las Auc que lo defendía y protegía como a uno de sus mejores hombres y que, por lo mismo, siempre se encargó de mantenerlo oculto, lejos de las apariciones mediáticas, como si vieran en él a un posible sucesor de la causa paramilitar cuando todo estuviera ‘oficialmente terminado’.
Otra hipótesis, no menos posible que las otras, sería que al interior de la estructura paramilitar, alias ‘Yunda’ goza de tanto poder que todos aquellos que lo conocieron temen denunciarlo, siquiera mencionarlo o hacer referencia a sus hechos y sus muertos. Varios paramilitares detenidos actualmente que tuvieron contacto con él no dudan en señalar ésta como una de las razones más probables para su anonimato.
Finalmente, y quizás sea la razón fundamental para que hasta ahora, después de 15 años de vida paramilitar, su nombre vuelva aparecer, es que para las autoridades Lorenzo González Quinchía ha sido: ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate); ‘Javier Montañéz’ (Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’); un ‘próspero minero paisa’ con minas en el Chocó; Jairo Emilio González Quinchía (alias ‘El Burro’, su hermano), pero nunca, Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’, el que hoy, al parecer, por fin muestra su verdadera cara.

31 de mayo de 2010
28 de abril de 2010
©la opinión de cúcuta
©verdad abierta
rss

caso 12 apóstoles podría reabrirse


El caso de los ’12 Apóstoles’ puede reabrirse. "Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba", dijo el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago.
Colombia. Luego de conocerse el testimonio del mayor (r) de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien asoció al ganadero Santiago Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como los ‘doce apóstoles’, la Fiscalía advirtió que ese testimonio no puede descartarse y tendrá que ser conocido por los investigadores colombianos.
Esa afirmación deja abierta la posibilidad para que el proceso que se adelantó contra uno de los hermanos del Presidente de la República, en la década pasada, se reabra y una nueva investigación busque comprobar si en realidad Santiago Uribe tuvo algún vínculo con esa agrupación ilegal.
Este jueves el fiscal general (e.) Guillermo Mendoza Diago aclaró que esta investigación no es cosa juzgada, al recordar que una fiscalía de Antioquia, en 1998, y la Fiscalía general, en el año 2002, había proferido dos autos inhibitorios a favor de Santiago Uribe.
Esas decisiones se adoptaron luego de que las evidencias allanadas a la investigación no tuvieran el suficiente valor probatorio como para afirmar si el ganadero antioqueño tuvo o no relación alguna con el paramilitarismo.
Sin embargo, explicó Mendoza Diago, los autos inhibitorios pueden revocarse en el momento en que surjan nuevas piezas testimoniales que pueden inferir alguna hipótesis, siendo la justicia la que tiene la última palabra.
"Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba", aclaró Mendoza Diago quien dijo que esa determinación aún no ha sido adoptada por la Fiscalía.
La razón, explicó el Fiscal general, el testimonio del mayor (r.) Meneses se conoció a través de un medio de comunicación extranjero, y el policía, que podría ser testigo clave en la investigación, se encuentra fuera del país. Por eso, aseguró Mendoza Diago, "tenemos que acudir a todos los medios necesarios para tener esa prueba acá".
Si la Fiscalía consigue acceder al testimonio directo de Meneses, los investigadores tendrán que avaluar la consistencia de las afirmaciones, y en ese sentido proceder a adoptar una resolución, si revocar o no el auto inhibitorio.
El testimonio que salpicó a Santiago Uribe motivó una fuerte reacción de miembros del Gobierno, como el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien desvirtuó las sindicaciones de Meneses al señalar los nexos del destituido oficial con organizaciones narcotraficantes, como la de los hermanos ‘Comba’ en el Valle del Cauca.
El propio Santiago Uribe reaccionó ante el artículo periodístico, publicado por el Washington Post, en el que se divulgó el testimonio de Meneses.
No es la primera vez que en los recientes cuatro años la Fiscalía ha aclarado el proceso que en la década pasada se abrió contra Santiago Uribe. En 2007, a raíz de un debate en el Congreso, adelantado por el senador Gustavo Petro, volvió a relacionarse a Uribe con los ‘doce apóstoles’. Sin embargo, no hubo pruebas que motivaran a la Fiscalía a revocar el auto inhibitorio.
Solo resta saber si las evidencias que se conocieron a través de la prensa internacional son suficientes para que la Fiscalía tome una decisión.
Por su parte el presidente Álvaro Uribe, en declaraciones radiales el viernes, salió de nuevo en defensa de su hermano y aseguró que "los criminales tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un Premio Nobel de la Paz, tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un sacerdote y tienen capacidad de penetrar un periódico serio como The Washington Post".

31 de mayo de 2010
27 de mayo de 2010
©semana 
rss

renunció general freddy padilla


General Freddy Padilla de León renunció al Comando de las Fuerzas Militares. Tras más de 40 años de servicio, el comandante de las Fuerzas Militares pidió la baja. El presidente Álvaro Uribe aceptó la renuncia del general, que irá en el cargo hasta el 7 de agosto.
Colombia. El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, presentó la renuncia a su cargo, le confirmó a SEMANA.COM una alta fuente del gobierno, que también explicó el motivo del retiro. "Dado su alto rango y su buena gestión, y debido a que por protocolo debía renunciar el 7 de agosto, al igual que todo el alto mando, el general prefirió anticiparse y marcar una lógica diferencia", dijo la fuente. No obstante, Padilla permanecerá en el cargo hasta el final del gobierno.
La noche del lunes, el Ejecutivo aceptó la dimisión del oficial. Según otras fuentes, en una misiva, el general de 62 años de edad, le agradeció al gobierno su confianza y destacó los logros alcanzados a través de la Seguridad Democrática, política bandera del gobierno.
De todas maneras, el pedido de baja del oficial es prematuro. Por decreto, el alto oficial tenía la posibilidad de desempeñarse como Comandante de las Fuerzas Militares hasta el mes de diciembre de 2010. No obstante, al dar un paso al costado, Padilla de León le permitirá al gobierno entrante designar a los oficiales que conformarán la nueva línea de mando.
 No se descarta que Padilla de León pase, en las últimas semanas de la administración Uribe, a formar parte del cuerpo diplomático. En ese sentido, contaría con el tiempo necesario para obtener un hipotético beneplácito.  
La dimisión del oficial coincide con el pronunciamiento que hace pocos días hicieron diez ex comandantes del Ejército, quienes les expresaron a los candidatos presidenciales algunas de sus preocupaciones.
Las Fuerzas Armadas como tema de campaña y el malestar castrense por el debilitamiento del fuero y la justicia penal militar, fueron los principales puntos transmitidos a los aspirantes por los oficiales retirados.

Resultados
Sin duda, el paso del general Freddy Padilla de León por el Comando de las Fuerzas Militares se caracterizó por los resultados militares. Desde su designación en agosto de 2006, fueron muchos los logros reportados por este uniformado, oriundo de Montería.
La muerte de los jefes guerrilleros Tomás Molina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, y Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, registradas ambas en 2007, abrieron una serie de impactos a la estructura de mando de las Farc.
En 2008, fueron dos las acciones militares que paralizaron al país. Primero, en marzo de ese año, la denominada operación ‘Fénix’, el recordado bombardeo a un campamento de las Farc en Ecuador en el que murió ‘Raúl Reyes’ y que dio origen a un polémico proceso en el vecino país en contra de Padilla, otros altos oficiales y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Segundo, cuatro meses después (en julio), la operación ‘Jaque’, la histórica misión que puso fin al cautiverio de quince personas en poder de las Farc, entre ellas la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y los ciudadanos estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.
El año pasado, ante la renuncia de Juan Manuel Santos a su cargo como Ministro de Defensa, Padilla de León fue designado por el gobierno como jefe de la cartera, puesto que ocupó hasta el nombramiento de Gabriel Silva Luján, actual ministro.
Pero no sólo los logros han enmarcado la comandancia ejercida por este oficial. Siendo ya comandante de las Fuerzas Militares estalló uno de los escándalos más sonados y escalofriantes de los últimos años, el de los denominados falsos positivos, situación que él mismo ha calificado como vergonzosa para la institución que preside.

Hoja de Vida
Freddy Padilla de León ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en febrero de 1966 y ascendió a subteniente el 6 de diciembre de 1969. En diciembre de 1997 fue promovido al grado de brigadier general, el 6 de diciembre de 2001 a mayor general y el 7 de diciembre de 2004 a general.
Además de sus títulos militares, es ingeniero industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Estudios Políticos, de la misma institución; y especialista en geopolítica, de la Universidad Militar Nueva Granada.
Durante su carrera, Padilla de León comandó varios batallones en todo el país y dirigió la Vigésima Brigada (1993-1995), la Séptima Brigada (1998) y la Segunda Brigada (1998-2000). También comandó la Quinta División (2001-2002), fue Jefe de Operaciones del Ejército (e.) (2002), se desempeñó como Inspector General del Ejército (2002-2003) y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia (noviembre de 2003 a julio de 2006). Finalmente, el 16 de agosto de 2006, Padilla de León fue designado por el presidente Álvaro Uribe como Comandante General de las Fuerzas Militares.

30 de mayo de 2010
©semana 
rss