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maderas del darién financió a las auc

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Paramilitar asegura que Maderas del Darién financió a las Auc. Nuevamente un ex paramilitar señala a la empresa maderera como colaboradora de la organización armada ilegal en el Urabá chocoano. En su versión, explicó cómo en el año 2000, el bloque rediseñó una estrategia financiera.

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Colombia. "La empresa Maderas del Darién buscó a la comandancia del bloque Elmer Cárdenas para dar sus aportes", aseveró Dairon Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o ‘Cocacolo’, ex integrante del bloque Elmer Cárdenas (Bec) de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y quien se desempeño como jefe de intendencia de ese grupo paramilitar entre los años 2000 hasta agosto del 2006, cuando se desmovilizó.
En su relato sostuvo que, desde 1997, esta empresa de explotación maderera, filial de la firma Pizano S.A., se comprometió a dar 20 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del Élmer Cárdenas que para esa época comenzaba a delinquir en una vasta región del río Atrato medio chocoano, coincidencialmente donde Maderas del Darién adelantaba su tarea de extracción de madera. Para el año 2006 presuntamente pagaron 30 millones de pesos.
Los presuntos vínculos de la empresa maderera con las Accu ya habían sido referenciados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex comandante del bloque. En versiones entregadas a la justicia a comienzos de este año, explicó que en la incursión a la región del Cacarica, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, se utilizaron las frecuencias de comunicación de Maderas del Darién y luego se habían convertido en "grandes aportantes".
La situación no era desconocida para diversos sectores sociales nacionales e internacionales. Denuncias de organismos como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, (WRM por sus siglas en inglés) habían advertido de tiempo atrás la coincidencia entre la llegada de las Accu al Cacarica, los bombardeos adelantados por la Brigada XVII durante la llamada Operación Génesis y los inicios de las labores de explotación de Pizano S.A.
Asimismo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades afrodescendientes del Atrato Medio chocoano, ha denunciado a través de diversos pronunciamientos que Maderas del Darién intervino los consejos comunitarios del Cacarica con el ánimo de dividirlos para que a través de consejeros "obedientes" se facilitara el aprovechamiento agroforestal que hacía esta empresa en la región.
La Comisión también ha advertido que hasta el momento no se ha investigado a fondo la relación de la empresa Maderas del Darién y los grupos paramilitares, así como tampoco la posible presencia de fosas comunes en antiguos campamentos de la firma maderera, sobre todo en los sitios conocidos como La Balsa, San José de la Balsa y La Coquera.
La ONG también denunció que el 28 agosto de 2006 se produjeron amenazas y maltratos contra el consejo comunitario de Pedeguita por parte de paramilitares que afirmaron ser dueños de ese territorio colectivo y haber negociado recursos maderables con Maderas del Darién.
En su versión ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, Mendoza Caraballo aclaró cómo presuntamente fueron los nexos de esta firma maderera con los paramilitares, y además contó la manera cómo se financió el Bloque.
Si bien este grupo venía delinquiendo como Frente Chocó desde mediados del noventa, sólo hasta el año 2000, cuando se constituye como Bloque Elmer Cárdenas, se estableció una estrategia concreta, que incluyó cobros a diversos sectores económicos de la región del Urabá antioqueño, tanto del sector legal como del ilegal; asimismo determinó mantener algunos peajes que había instalado desde 1997 en municipios como Necoclí y Dabeiba; y dejar de cobrarle a los pequeños tenderos de sus zonas de influencia.
Si bien se ha afirmado con insistencia que los pagos eran "obligados" Mendoza Caraballo aseveró que los aportes eran "voluntarios", entre otras razones porque, según él, "las personas estaban convencidas de ese trabajo militar, social y político que el Elmer Cárdenas hacía en sus zonas de injerencia". De paso, negó que se hubiese tomado represalias contra aquellos que no pagaran la cuota que se les imponía.
Entre los "gravados" por la tributación desde el año 2000 se encontraban los contrabandistas de electrodomésticos, cigarrillos y licores que entraban ilegalmente al país por el Golfo de Urabá provenientes de Panamá. Cada vehículo que transitara por la zona de influencia del Bec debía pagar un millón de pesos. Los cobros se hicieron incluso hasta días antes de la desmovilización de este grupo, ocurrida en agosto de 2006.
También se incluyó entre los "contribuyentes" a las empresas de transporte que por vía fluvial llevaban la madera del municipio de Riosucio, Chocó, hasta los puertos de Turbo y Cartagena. Asimismo, a las compañías de transporte de pasajeros, entre ellas Transportes Hernández, Transportes Sierra y Cootrasuroccidente, cada una de las cuales supuestamente pagaba hasta un millón de pesos mensuales.
Los paramilitares cobraban además a los propietarios de más de cien hectáreas de tierras en producción, a las que los extorsionaba con 10 mil pesos anual por hectárea; a los compradores de madera; a las empresas repartidoras de gas; a Empresas Unidas, que explotaba el negocio de apuestas permanentes o el chance; y a las bodegas de cerveza y gaseosas.
En cuanto al narcotráfico, explicó el postulado que se impuso el cobro a todos aquellos que usaran los territorios del Norte del Urabá antioqueño para esta actividad ilegal. Se tasó en 200 mil pesos por paquete de cocaína. De ellos el 25 por ciento se le enviaba a Vicente Castaño Gil y el 75 por ciento se destinaba al sostenimiento del Bloque.
Mendoza Caraballo explicó que los recursos captados a través de todos esos mecanismos se empleaban para sostener el bloque, y precisó que los mayores rubros de gastos eran armamento, municiones y gasolina, dado que operaban en el Chocó, donde se movilizaban en lanchas, aspecto que requería de mucho combustible.
Para hacer más eficientes los recursos, la estrategia diseñada por el Bec también incluyó el montaje de un taller en el que se elaboraban uniformes y material logístico destinado a casi los 1.500 hombres que tuvo ese grupo armado ilegal. En ese lugar, ubicado en el corregimiento Mello Villavicencio, de Necoclí, laboraban personas de la región, lisiados de guerra, madres cabeza de familia y ex guerrilleros. Según el versionado, se les pagaba por prenda confeccionada. Los materiales eran comprados en Medellín, en distintas peleterías de la ciudad.
En cuanto al material de comunicaciones y de guerra, los ’paras’ tenían varios proveedores. En relación con radios de comunicación, antenas y transmisores, el postulado referenció un lugar en el centro comercial El Diamante de Medellín, en donde los compraban. También que constituyeron alianzas con vendedores de diverso origen, unos civiles y otros militares, en particular con soldados que les vendían balas y granadas.
"La orden era comprar todo el material de guerra que fuera posible siempre y cuando hubiese plata", admitió Mendoza Caraballo.  "Eso era un mercado persa, llegaba mucha gente ofreciendo material, entre ellos hombres que sólo conocí con los alias de ‘el Indio’, ‘el Tío’ o ‘el Sobrino’. Nunca se hizo compra directa al Ejército, pero sabíamos que algunas personas eran enviadas por las brigadas".
Este postulado indicó que buena parte de los ingresos se destinaban al apoyo de proyectos para la comunidad. "Con los fondos del bloque Elmer Cárdenas se colaboró en asuntos como construcción de puentes, arreglo de carreteras, compra de medicinas, pago de citas medicas, capacitaciones a las juntas de acción comunal, subsidios de educación y regalos navideños".
Mendoza Caraballo reconoció que los integrantes del Bec recibían sueldo, pero sin dar cifras concretas aseveró que era "un sueldito irrisorio", y agregó que la paga era de lo menos, pues su trabajo en la guerra "lo hacíamos con mucho entusiasmo porque considerábamos que estábamos haciendo patria, defendiendo una región que estaba golpeada por la subversión y abandonada por el Estado".
Pese a todos los crímenes cometidos por los hombres del bloque al que perteneció, este postulado admitió ante los fiscales de Justicia y Paz que, aún hoy, sigue siendo legítimo ser autodefensa.
Le corresponderá a la Fiscalía investigar la veracidad de las sindicaciones de este paramilitar.

30 de mayo de 2010
23 de mayo de 2010
©verdad abierta

piedra en el zapato

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"Pagaron 5 millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato". El Gobierno casi les entrega miles de hectáreas a quienes cientos de desplazados de la cuenca de Curbaradó, en Chocó, señalan como sus victimarios. Indignada, Ligia María Chaverra cuenta su tragedia.

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Colombia. Los hechos de violencia que ocurrieron en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó en Chocó y la posterior ocupación ilegal del territorio por empresas palmicultoras a finales de los 90 volvieron a ser noticia en los últimos días.
Varios empresarios de la palma y ganaderos fueron capturados sindicados de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de tierras en esa región. La Corte Constitucional emitió un auto en el que suspendió la restitución de tierras en esa zona y pidió que se aclare quiénes son los dueños ancestrales del territorio que van a recibir los títulos.
También los campesinos Enrique Petro y Ligia María Chaverra estuvieron en Costa Rica denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las amenazas, las persecuciones y los actos de violencia de que han sido víctimas en los últimos meses. El presidente Álvaro Uribe, en declaraciones a los medios, señaló a las ONG que trabajan en ese territorio chocoano de ser "neocolonizadores" que quieren quedarse con la tierra.
¿Qué está pasando en esa región que ha despertado tanto interés últimamente? Ligia María Chaverra, en diálogo con Semana.com, narró los trágicos momentos de su desplazamiento y de la usurpación de su finca y cómo el Gobierno estuvo a punto de titular las tierras a quienes considera que fueron sus victimarios. Este es el testimonio de una mujer que sufrió el devastador matrimonio entre paramilitares y empresarios que llevó a la Fiscalía a tomar decisiones en los últimos días.
"Llegué a Curbaradó en el 59. Ahí tuve con mi esposo ocho hijos y esos hijos han tenido 36 más. Salí de mi casa en el 97, cuando nos sacaron a punta de plomo y tuvimos que huir a las montañas.
"El ejército llegó con la Operación Génesis diciendo que querían sacar a la guerrilla. También apareció la violencia de los paramilitares y nos tocó salir corriendo a todos. En esa incursión mataron a 130 campesinos. La guerra no era contra la guerrilla, porque sacaron fue a quienes vivíamos y trabajábamos allí.
"Algunos se fueron para otros municipios, pero un grupo de familias no quisimos salir del territorio y nos quedamos en las montañas. Nos desplazábamos dentro de Curbaradó, escondidos en la selva, durante seis meses. Huíamos de donde sonaban los tiros. Aguantamos hambre, a pesar de que las casas estaban llenas de arroz, gallinas y cultivos, pero no podíamos ir hasta allá. Pasábamos trabajos, comíamos sin sal y cuando lavábamos la ropa, se demoraba tres o cuatro días en secar.
"Después de eso, una organización llamada el PTM y la Iglesia de Riosucio, en cabeza del padre Armando Valencia, nos sacaron de las montañas, de la selva. Cuando esas organizaciones nos sacaron y nos fueron ayudando con unos mercados, fuimos saliendo varias familias y fuimos llegando a la cuenca de Jiguamiandó, a un pueblito llamado Bella Flor Remacho. Ahí sembramos arroz y a los cinco meses, cuando ya estaba listo para recoger, se metió otro operativo a los caseríos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Nueva esperanza y Bella Flor Remacho. Todo eso lo quemaron y mataron gente. De ahí nos tocó salir nuevamente a otro sitio que se llama Caño Seco.
"Ahí también nos quedamos un rato y sembramos. Cuando estábamos recogiendo la cosecha, vino un nuevo operativo más duro que los anteriores. Las personas de mayor edad y los que teníamos muchos hijos tuvimos que irnos para la cabecera de Murindó, a un punto llamado Bartolo.
"Después de un año, en el 2004, decidimos regresar al territorio. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, instalamos unas zonas humanitarias donde hemos sobrevivido hasta hoy. Cuando regresamos al territorio no había un pedacito de tierra que no tuviera palma. Estaba todo cubierto de palma aceitera y todo destruido. No había ni un árbol frutal, ni de los que sacábamos la madera.
"Vivimos intimidados porque el territorio está controlado por el paramilitarismo desde el 96 hasta hoy. A nosotros nos dicen que somos guerrilleros, pero yo le pregunto: ¿un guerrillero o un comandante sí tiene una estabilidad en una región y ha levantado una familia en un solo lugar? Yo creo que no porque ellos se mueven siempre. Nunca he sido guerrillera, ni lo seré porque he sido una campesina trabajadora. Nunca he tenido nada qué ver con ningún grupo insurgente. Todo ese terror ha sido por reclamar nuestro territorio y reclamar la verdad. Y en Colombia, el que habla la verdad, se muere.
"Me amenazaron hace dos años porque por esa época fui a declarar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me amenazaron a mí y a otro compañero de Jiguamiandó que se llama Manuel Blandón. Los empresarios pagaron cinco millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato. Sé que fueron ellos porque nosotros denunciamos nacional e internacionalmente el robo de nuestro territorio y todo el daño que nos han hecho. Todo lo que hemos dicho es la verdad. Pagaron el dinero para que nos asesinaran.
"Con los empresarios, empezaron a llegar personas de otras partes y se dio un repoblamiento en nuestro territorio, donde muchas personas hemos vivido desde hace bastante tiempo. No le puedo decir exactamente cuántos somos porque tenemos que hacer un censo, pero nos conocemos bien entre nosotros y sabemos cuál pedazo de tierra era de quién.
"Para recuperar el territorio, tuvimos que organizarnos en un Consejo Comunitario y elegir un representante legal. El 26 de septiembre de 2008, elegimos a Luis Alberto Rentería. Pero usted sabe que en las comunidades se presentan conflictos normales y eso nos pasó con Luis Alberto.
"Con el tiempo, notamos que él no nos estaba teniendo en cuenta a todos los del Consejo Comunitario para consultar sus decisiones. Las comunidades tienen que estar consultadas. Si va a ir a una reunión, las comunidades tienen que saberlo y darle el aval a ese representante. Pero el compañero no lo hacía así. Si lo llamábamos porque lo necesitábamos para reunirnos, decía que no estaba o que estaba ocupado. Y así vimos que el representante como que ya no quería seguirnos los pasos.
"Los empresarios aprovecharon esa situación para decir que estábamos divididos. En abril del año pasado, patrocinaron una reunión donde repobladores, trabajadores de los palmeros y personas que no hacen parte de nuestro territorio eligieron como representante a Germán Marmolejo, alguien que no conocemos. Yo llevo 51 años viviendo en Curbaradó y nunca lo he visto.

No Lo Conozco
"Días después, (el ministro del Interior) Fabio Valencia Cossio viajó a Carmen del Darién y ratificó la elección de Marmolejo, a pesar de que quienes lo eligieron no podían hacerlo, porque no hacen parte del territorio.
"En esa reunión con el Ministro, había personas de 19 comunidades y todos se levantaron y dijeron que no querían a ese representante porque no había sido elegido por los verdaderos propietarios de la tierra.
"Como las comunidades somos autónomas, convocamos a una asamblea e hicimos una nueva elección el 25 de abril de este año en la que participaron como 200 personas. Consultamos gente de 12 de las 22 comunidades que conforman el Consejo Comunitario y elegimos un representante afro llamado Raúl Palacios Salas. Al otro día, bajamos al Carmen del Darién a registrar al nuevo representante en la Alcaldía, pero nos negaron el registro. Nos dijeron que ellos habían aprobado a Marmolejo, pero ese es el que nosotros no reconocemos.
"El pasado 19 de mayo, el Gobierno iba a iniciar la entrega de nuestras tierras usurpadas. Se las iban a dar a ese señor elegido de los empresarios, que fueron quienes nos sacaron del territorio, nos asesinaron, nos masacraron, nos capturaron y todavía nos siguen amenazando. Entonces el trabajo que hemos hecho durante 11 años que llevamos en esta lucha por nuestro territorio es una burla.
"Supimos que los planes que tenía Marmolejo eran darnos un poquito de las hectáreas que tenemos para dejarles el resto a los empresarios para que siembren plátano, banano, esos cultivos grandes y para llevar ganado. Querían darnos a cada uno apenas cinco hectáreas, sabiendo que cada quien es dueño de 50, 100 o más hectáreas. El que no quisiera eso, lo iban a mandar para afuera, a aguantar hambre.
"A los empresarios les tocó cambiar los proyectos porque toda la palma se ha muerto. Las plantas se enfermaron y nunca encontraron el remedio para curarla. Eso les pasó porque esa palma era ilegal.
"No me siento segura con la protección que nos brinda el Gobierno, sé que no cumple ni años. Nos protege para él mismo destruirnos. Siento medio confianza en Dios, en las denuncias nacionales e internacionales, en el acompañamiento de la Comisión de Justicia y Paz y de las organizaciones que nos acompañan y nos apoyan.
"Al ver que el Gobierno iba a hacer la entrega definitiva de las tierras al representante elegido por los empresarios, le pedimos a la Corte Constitucional que se pronunciara para suspender la entrega. Por eso, emitieron el auto del pasado 18 de mayo, en el que pidió que se reconociera la legitimidad de las decisiones que tomamos los habitantes ancestrales de Curbaradó y Jiguamiandó".

30 de mayo de 2010
24 de mayo de 2010
©verdad abierta 

asesinan a testigo de masacre

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Asesinado testigo clave en masacre del Naya. Alexánder Quintero, coordinador de la asociación de víctimas de esa masacre, fue baleado en la noche del domingo en el municipio de Santander de Quilichao, al norte de Cauca.

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Colombia. Cuando apenas se comienza a conocer parte de la verdad y las víctimas hacen fila para ser reparadas, la masacre del Naya sigue causando dolor.
Esta vez la estela de muerte y horror corrió por cuenta del asesinato de Alexánder Quintero, uno de los líderes de mayor participación dentro del proceso de reconstrucción social, justicia, verdad y reparación de las víctimas de la masacre del río Naya, ocurrida en abril de 2001 y que causó la muerte a por lo menos 110 campesinos entre mestizos, mulatos e indígenas que vivían en las selvas del noroccidente caucano, en jurisdicción del municipio de Buenos Aires.
Clemente Lucumí, alcalde de Buenos Aires, confirmó a SEMANA.COM que el líder de las diez Juntas de Acción Comunal de su municipio y otras cinco de Buenaventura, Valle, fue baleado por sicarios en la noche del domingo 24 de mayo, en momentos que se movilizaba por la zona urbana de Santander de Quilichao, "Sabemos que él era una persona protegida, pero esa protección consistía en pasarle revista diaria a su sitio de residencia y firmar un libro", precisó el mandatario.
Las heridas por este doloroso episodio revive la triste historia que padecieron cientos de familias azotadas por el fenómeno de la expansión paramilitar en el suroccidente colombiano. El crimen cobra importancia no sólo porque se atentó contra la vida de un ser humano, sino porque justamente el señor Quintero era el coordinador de la Asociación de Victimas de la masacre del Alto Naya. Este trágico episodio histórico de muerte tomó ese nombre por el río que atraviesa la zona.
Fuentes consultadas por SEMANA.COM revelaron que Quintero era mucho más que un simple líder de víctimas. Hay quienes afirman que él era parte de la memoria histórica criminal de la región, gracias a que padeció y recibió testimonios importantes sobre la manera como ocurrieron los hechos.
"Era tal su importancia y conocimiento del fenómeno de violencia que con su ayuda una brigada oficial integrada entre otros por la Fiscalía y demás entidades oficiales alistaban una visita de campo para realizar nuevas exhumaciones de fosas comunes", dijo la fuente.
Por su parte, Élmer Montaña, ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en el Valle, argumentó que con la muerte de Quintero queda acéfala la asociación de víctimas del Naya. "Era una persona muy valiente y hacía denuncias muy duras en torno al proceso de retorno de las víctimas a sus territorios", dijo el ex funcionario tras agregar que la última vez que habló con él le manifestó sentirse muy inseguro pero no entró en detalles.
Por su parte, Clemencia Caravalí, coordinadora de una de las asociaciones de víctimas explicó que otro de los valores de Alexánder Quintero es que él era la persona comisionada para asistir a las audiencias de Justicia y Paz que se realizaron con los desmovilizados en Cali, Popayán y Medellín.
Es muy pronto para responder muchos de los interrogantes que rodean la muerte de Quintero; lo que sí es un hecho es que él era una de las piezas clave dentro del proceso de verdad, justicia y reparación que se lleva a cabo con las victimas de la masacre del Naya.

30 de mayo de 2010
24 de mayo de 2010
©verdad abierta 

policía acusa a santiago uribe

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Q & A (The Washington Post) con Juan Carlos Meneses, mayor retirado de la Policía Nacional de Colombia.

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Juan Carlos Meneses, 42, mayor en retiro de la Policía Nacional de Colombia, decidió hablar sobre su colaboración con una organización paramilitar en la pequeña ciudad de Yarumal al norte del país. El grupo, dice ahora, fue organizado y dirigido por Santiago Uribe, hermano del presidente Álvaro Uribe.
Las acusaciones podrían reabrir una investigación sobre las actividades de Santiago Uribe en los años noventa -un caso que la fiscalía había archivado. Las acusaciones públicas de Meneses sobre el funcionamiento interno de la banda paramilitar Los 12 Apóstoles, de Yarumal, son las más extensas hechas nunca por un agente de los servicios de seguridad colombianos, que han sido vinculados desde hace mucho con las milicias ilegales que sembraron el terror hasta que la desmovilización ofrecida por el gobierno [puso fin a las atrocidades]. Su temor a ser asesinado por saber demasiado llevó a Meneses a huir del país y contar públicamente su historia, primero a un grupo de respetados activistas argentinos de derechos humanos. Habló con Juan Forero, del Washington Post, el 12 de mayo.

P: ¿Por qué se formaron grupos paramilitares en Yarumal?
R: "En esa época sufríamos el flagelo de la guerrilla, porque los guerrilleros se habían hecho con el control de la zona, secuestrando y extorsionando a los ganaderos y a los campesinos".

P: Dijo que Santiago Uribe dirigía a esos paramilitares. ¿Qué hacía?
R: "El papel de Santiago era dirigir a un grupo de ganaderos. Los organizó para formar un grupo para protegerse a sí mismos de las acciones de la guerrilla. Así que lo que hizo fue llamarlos y decirles: ‘Vamos a formar un grupo de autodefensa’".

P: ¿Sabe de algún grupo de este tipo en Yarumal antes de su llegada a principios de 1994?
R: "Había alguna resistencia de los ganaderos, entre las personas que tenían dinero. Sin embargo, me sorprendió ver lo que estaba pasando porque no había visto nunca antes en ninguna parte donde estuve como teniente y subteniente, que gente de cierta importancia y reputación, hacendados y ganaderos, se uniera de este modo".

P: ¿Cuál era el papel de Álvaro Uribe, un político y senador ascendente que buscaba el sillón presidencial, mientras ocurría todo esto en Yarumal?
R: "Lo que yo sabía sobre Álvaro era lo que me contaba Santiago. En esa época me dijo: ‘No se preocupe, teniente. Mi hermano Álvaro sabe todo sobre esto".

P: Cuando las autoridades empezaron a investigarlo a usted y a otro comandante de policía por crímenes paramilitares, ¿intercedió a su favor la familia Uribe?
R: "Fuimos a una oficina que tenía Santiago en el piso 13 y 14 del Edificio del Café, cerca del Parque Berrío, en Medellín. Nos recibió, y mi capitán, y le dije: ‘Mire, están investigando a ‘Los 12 Apóstoles’, necesitamos su ayuda’. Y me dijo: ‘No se preocupe, porque Álvaro tiene muy buenos amigos en la fiscalía, tiene muy buenos amigos en la política en Bogotá y vamos a tratar de que archiven el caso’".

P: ¿Santiago Uribe le pagó por su colaboración con el grupo paramilitar?
R: "Cuando mi capitán me puso en contacto con él, me dijo que me pagaría lo mismo todos los meses, y en esa época eso era un millón y medio de pesos [menos de dos mil dólares], que entonces era un montón de dinero".

P: ¿Y usted recibió ese dinero sin escrúpulos?
R: "Santiago me dijo: ‘Mire, teniente, le vamos a pagar mensualmente y usted debe saber que sus comandantes, los comandantes de la policía en Antioquia, saben todo sobre esto. Así que lo reciba usted o no, vamos a continuar, porque tenemos apoyo’. Entonces te paras a pensar y te dices: si es así como se hacen las cosas, ¿qué podría hacer yo?"

P: Los investigadores dicen que entre los asesinos de Yarumal había un agente de policía,  Alexander de Jesús Amaya. Cuénteme sobre él.
R: "La policía confiaba mucho en él. Era un asesino a sueldo de la policía. Entiendo que lo trasferían para que pudiera actuar contra las guerrillas, matando gente. Había trabajado en el sudeste de Antioquia, donde mató a mucha gente. Más tarde lo enviaron a Yarumal".

P: Uste dijo que alquilaron un cuarto justo junto al cuartel de la policía de Yarumal para guardar los equipos de los paramilitares?
R: "Ahí guardaban la ropa, el camuflaje, las gorras, las botas, las mochilas, las tiendas de campaña".

P: Hace unos años otros testigos proporcionaron la misma información que nos está contando ahora. Pero no se sabe quiénes eran. ¿Quiénes son?
R: "Saben sobre las relaciones entre la policía y el grupo [paramilitar]. Hablan sobre los encuentros que tuve con Santiago en la finca. Sabían que yo recibía dinero de Santiago. Así es como me impliqué en todo esto".

P: Cuando usted y otros agentes fueron investigados en el pasado, ¿por qué no contó lo que sabía sobre Santiago Uribe?
R: "Nosotros no consideramos nunca mencionarlo porque si usted hace eso, entonces tiene que hablar sobre todo lo demás, sobre cómo ocurrieron los asesinatos, y terminará incriminándose usted mismo".

P: Usted dijo que lo iban matar, y por eso decidió salir del país y hablar. ¿Por qué ahora?
R: "La tensión que sentía en Colombia era insoportable. Preferí hablar y no quedarme en Colombia, donde podrían asesinarme. Es por eso que tomé la decisión de contar la verdad".

P: Usted parece justificar a los grupos paramilitares diciendo que se formaron para combatir las atrocidades de la guerrilla, pero ¿no es usted quién ha matado a un montón de gente inocente?
R: "Yo creo que eran inocentes. Pero incluso así, inocentes o no, creo que no deberían haber sido asesinados. Llevo ese peso en mi conciencia y ese remordimiento también pesa en mí, y por eso voy a hablar sobre todo esto".

30 de mayo de 2010
24 de mayo de 2010
©washington post 
cc traducción mQh

uribe dice que post está infiltrado

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Uribe dice que Pérez Esquivel es "idiota útil de criminales". El premio Nobel de la Paz argentino dijo que recibió una denuncia de que el hermano del presidente colombiano tenía nexos con paramilitares.

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Colombia. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, calificó hoy al premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel de "idiota útil de criminales", después de que éste dijera que recibió una denuncia contra un hermano del jefe de Estado por supuestos nexos con un grupo paramilitar.
Pérez Esquivel dijo a comienzos de esta semana que había recibido en Buenos Aires una denuncia de un mayor retirado de la policía colombiana, quien acusó a Santiago Uribe, hermano menor del mandatario, de haber dirigido un grupo armado ilegal a comienzos de los años 90. La denuncia fue publicada el domingo pasado por el diario The Washington Post.
El defensor de los derechos humanos dijo que enviará la denuncia a la Fiscalía General de Colombia, para que determine si se debe abrir un proceso penal contra Santiago Uribe, al tiempo que anunció que si en este caso se presenta impunidad, acudirá a tribunales internacionales.
El gobernante rechazó la denuncia del mayor retirado Juan Carlos Meneses, que viajó a Argentina después de que el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un conocido defensor de los derechos humanos, lo contactara con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
"Lo que me llama la atención es la capacidad de los criminales de penetrar a la sociedad. Los criminales tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un premio Nobel de la Paz, tienen la capacidad de convertir en idiota útil a un sacerdote y tienen capacidad de penetrar un periódico serio como The Washington Post", dijo Uribe.
En declaraciones publicadas el martes pasado por el diario El Espectador de Bogotá, Pérez Esquivel dijo que no confía en la independencia de la justicia colombiana en casos como el que compromete al hermano del presidente Uribe.

La Acusación
Meneses dijo hace casi un mes en Buenos Aires a Pérez Esquivel y otros defensores de los derechos humanos que Santiago Uribe creó en la población de Yarumal, en el departamento de Antioquia, un grupo llamado ‘Los 12 apóstoles’, que asesinó a varias personas.
El mayor retirado dijo que en 1993, cuando era teniente, fue nombrado comandante en Yarumal y que el oficial al que reemplazó, el entonces capitán Pedro Benavides, que se retiró con el grado de coronel, le reveló que allí operaba un grupo "de limpieza social".
"Le pregunto: ’¿cómo es esto, capitán?’, y me contesta: ’Vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Alvaro Uribe. Él es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda ’La Carolina’. Él es el jefe de este grupo paramilitar’", dijo Meneses, de acuerdo con una transcripción del testimonio.
Según El Espectador, la investigación penal de este caso fue archivada por falta de pruebas, aunque seis presuntos miembros del grupo paramilitar fueron arrestados.

29 de mayo de 2010
©la tercera

santiago uribe, pistolero

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Acusan al hermano del presidente colombiano de haber dirigido un escuadrón de la muerte.

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[Juan Forero] Yarumal, Colombia. El presidente colombiano dejará su cargo en agosto después de haber logrado recuperar zonas del campo que estuvieron bajo control de los rebeldes marxistas, un logro que fue posible parcialmente gracias a los más de seis mil millones de dólares en ayuda estadounidense.
Pero el gobierno de Uribe también se ha visto manchado por escándalos, incluyendo acusaciones en audiencias parlamentarias de que escuadrones de la muerte tramaban golpes en su hacienda en los años ochenta y revelaciones de que la policía secreta bajo su control espiaba a opositores políticos y participó en el asesinato de activistas de izquierda.
Ahora que un ex mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, ha denunciado que el hermano menor de Uribe, Santiago Uribe, dirigió un despiadado grupo paramilitar que, en los años noventa, se dedicó a matar a delincuentes de poca monta, simpatizantes de la guerrilla y sospechosos de ser subversivos. En una entrevista con el Washington Post, Meneses dijo que la banda de asesinos hacía ejercicios en La Carolina, donde la familia de Uribe tenía empresas de agricultura industrial a principio de los años noventa.
Las revelaciones amenazan con reabrir una investigación penal contra Santiago Uribe y plantean nuevas preguntas sobre el pasado del presidente en una región donde las milicias privadas financiadas con dinero de narcotraficantes, apoyadas por ganaderos, sembraron el terror en los años noventa. Las revelaciones podrían resultar incómodas para Estados Unidos, que ha considerado a Uribe durante largo tiempo como un leal custodio del dinero estadounidense en la lucha contra las organizaciones armadas y el tráfico de cocaína.
"Esto es lo que habíamos estado esperando: que se descubriese una cosa como esta, y que pudiéramos mostrar qué eran estos grupos paramilitares", dijo María Eugenia López. Dijo que cinco de sus familiares fueron asesinados por paramilitares en Yarumal en 1990.
Organizaciones de derechos humanos han demandado durante largo tiempo que Uribe aclare su participación, si la tuvo, en la formación de esas organizaciones,   cuyos numerosos crímenes de guerra están siendo desentrañados por equipos especiales de prosecutores. Uribe fue senador y luego gobernador en este estado, Antioquia, donde el número de organizaciones paramilitares creció exponencialmente con la ayuda de fuerzas militares y grupos empresariales que querían una fundar una milicia para combatir a las entonces poderosas organizaciones guerrilleras.
En una entrevista en su casa en Medellín, Santiago Uribe negó que él o su hermano estuviesen implicados en algún delito. Dijo que las acusaciones eran parte de una campaña orquestada cuidadosamente para perjudicar al presidente. "Los enemigos del presidente no descansarán, y él lo sabe muy bien", dijo Uribe.
El portavoz del presidente no respondió nuestras llamadas para pedir su comentario. Pero en sus ocho años en la presidencia, Uribe ha despotricado contra los activistas de derechos humanos de ser cómplices de la guerrilla que difunden acusaciones falsas contra su gobierno.
Pero defensores de los derechos humanos que tienen conocimiento de primera mano sobre las acusaciones de Meneses dijeron que su declaración es una poderosa evidencia que merece ser investigada. Varios de ellos son prominentes argentinos, incluyendo al Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, que oyó a Meneses contar su historia en un encuentro captado en video en Buenos Aires en abril.
"Se acusa a sí mismo y también al hermano del presidente, que dirigía una organización paramilitar, y también al presidente Uribe mismo", dijo Pérez Esquivel.

Los 12 Apóstoles
La fiscalía investigó a Santiago Uribe en los años noventa por sus nexos con paramilitares y encarceló temporalmente a empresarios locales, Meneses y otro comandante de la policía, conocido como ‘Capitán Dique’, porque estaba acusado de arrojar los cuerpos de sus víctimas a la represa local. Testigos secretos que participaron en crímenes entregaron declaraciones detallando la participación de Uribe. Pero nadie fue condenado por dirigir el grupo, conocido como los 12 Apóstoles, debido a que uno de sus miembros era un sacerdote.
Meneses es el primer estrecho colaborador de los 12 Apóstoles en hablar públicamente sobre el funcionamiento interno del grupo. Sus declaraciones son también las más extensas de un funcionario de servicios de seguridad sobre cómo la policía militariza colombiana y su ejército trabajaban en tándem con escuadrones de la muerte en una comunidad -un patrón que los investigadores del movimiento paramilitar dicen que se repitió en todo el país.
Meneses no ha declarado todavía ante las autoridades judiciales, pero ha escrito a las agencias investigativas del estado para anunciar que quiere cooperar. El video hecho en Argentina también ha sido visto por los investigadores, y un funcionario del poder judicial colombiano dijo que la fiscalía quiere la declaración de Meneses. Si su testimonio es creíble, dijo el funcionario, reabriría casos largamente archivados.
"La acusación contra Santiago Uribe puede ser reactivada", dijo el funcionario judicial, que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no estaba autorizado a comentar sobre el caso.
Hablando en su casa con su esposa a su lado, Santiago Uribe reconoció que las acusaciones de Meneses podrían forzar, "por supuesto", la reapertura de su caso. En incoherentes respuestas a varias preguntas, admitió que en su hacienda había muerto un hombre en circunstancias extrañas, pero dijo que no sabía que había paramilitares en Yarumal.

El Papel de Meneses
En su versión, Meneses dijo que empezó de inmediato a colaborar con la organización paramilitar después de ser asignado a la jefatura de policía en Yarumal a principio de 1994. Santiago Uribe era el principal recaudador de fondos y estratega detrás de la organización, dijo Meneses, describiendo reuniones en las que dos discutían sobre a quién asesinar. Meneses dijo que su propio papel era simple: se aseguraba de que sus agentes no estuvieran cerca de donde se fuera a cometer un asesinato.
"Les permitía actuar", dijo sobre los asesinos a sueldos, incluyendo a agente de policía, Alexander de Jesús Amaya, que más tarde colaboró con las autoridades. Entre los muertos se incluyen sospechosos de ser guerrilleros y chantajistas, dijo Meneses, pero también civiles sin lazos con grupos rebeldes.
"Primero eran drogadictos y delincuentes de poca monta los que aparecían muertos", dijo un ex funcionario del ayuntamiento, hablando a condición de mantener el anonimato. "Luego hubo más y más muertos".
Por su ayuda, dijo Meneses, recibió un pago mensual de cerca de dos mil dólares, pagados por Santiago Uribe.
Meneses dijo que decidió declarar porque colegas suyos en los servicios de seguridad le advirtieron que sería asesinado por saber demasiado. Meneses pensó que si lo hacía público, se transformaría del agente de policía jubilado desconocido en un valioso testigo cuya muerte provocaría serias pesquisas.
En octubre viajó a Venezuela donde solicitó refugio con su esposa e hijos. Se puso en contacto con un prominente activista de derechos humanos colombiano, Javier Giraldo, sacerdote católico, que llevó a Meneses a Argentina. La confesión de tres horas de Meneses en Argentina le dio legitimidad, dijo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz 1980.
"Pocos policías o militares han tenido el valor de confesar crímenes en Colombia", dijo Pérez Esquivel.

29 de mayo de 2010
24 de mayo de 2010
©washington post 

santiago uribe se defiende

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Santiago Uribe, hermano del presidente, rechazó el artículo del Washington Post. En una misiva enviada al diario, Santiago Uribe dijo que el informe periodístico carece de "equilibrio y rigor periodístico" y "pretende desempolvar falsas e infames acusaciones de vieja data en contra mía y de mi familia".

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Colombia. Santiago Uribe, el hermano menor del presidente Álvaro Uribe, rechazó el artículo publicado por el diario estadounidense Washington Post, que divulga el testimonio de un oficial retirado de la Policía que lo señala de supuestos vínculos con el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.
Según él, el informe carece de "equilibrio y rigor periodístico", al concederle credibilidad a este ex uniformado.
Santiago Uribe, en una carta enviada a Boisfeuillet Jones Jr, director del periódico Washington Post, explicó cómo las acusaciones del mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses Quintero, de 42 años, "han sido examinadas hasta la saciedad y desvirtuadas recurrentemente", por la justicia en Colombia, así como durante debates en el congreso.
Afirmó en la misiva que resulta "sospechosa" la difusión del testimonio de Meneses, al coincidir con las elecciones presidenciales en el país, desempolvando "falsas e infames acusaciones de vieja data en contra mía y de mi familia".
Meneses aseguró en sus declaraciones al Washington Post que él había conocido de las actividades ilegales de Santiago Uribe, de quien dijo había recibido pagos mensuales a fin de permitir acciones ilícitas del grupo que presuntamente lideraba.
El hermano del mandatario colombiano, recordó que la Fiscalía General de Colombia archivó dos investigaciones en su contra, una en 1996 y otra en 2000 por supuesta conformación de grupos paramilitares.
Señaló que el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo el martes en una rueda de prensa que Meneses había contactado en 2008 al coronel retirado Pedro Manuel Benavides, para que se reuniera con integrantes de un grupo criminal conocido como Los Comba, quienes le habían ofrecido 500 millones de pesos (unos 250.000 dólares) "a cambio de promover declaraciones en contra del Presidente de la República" y de él.
Agregó que la misma invitación se hizo en 2009, pero que Benavides la rechazó nuevamente.
Uribe lamentó el hecho de que "reconocidas personas como el señor Adolfo Pérez Esquivel y el sacerdote Javier Giraldo sean utilizados para promover falsas acusaciones" contra su familia.
En la jornada, el argentino Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, dijo que tendrían fundamentos las acusaciones hechas por el oficial retirado.
Luego de estallar en la prensa el escándalo en 1995 sobre los presuntos grupos armados ilegales, la Fiscalía determinó no abrir una investigación por el caso al considerar que no había evidencias claras y contundentes.
Recientemente, la Fiscalía, por petición del hoy candidato a la presidencia Gustavo Petro, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, ordenó revisar la decisión, pero un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, afirmó que lo dispuesto inicialmente se había ajustado a la ley. Sin embargo, el caso podría reabrirse.
Esta es la carta enviada por Santiago Uribe, divulgada por el diario El Tiempo:

Bogotá, 25 de mayo de 2010

Señor:
Boisfeuillet Jones Jr.
Director
The Washington Post

Señor Director:

Rechazo enfáticamente el artículo publicado por The Washington Post, el 24 de mayo de 2010, bajo el título Colombian president’s brother said to have lead death squads, en el cual -sin equilibrio ni rigor periodístico, recurriendo al testimonio mentiroso de un ex oficial de la Policía llamado a calificar servicios por la acumulación de investigaciones en su contra, y en sospechosa coincidencia con elecciones presidenciales en nuestro país-, se pretende desempolvar falsas e infames acusaciones de vieja data en contra mía y de mi familia.
Se trata de acusaciones que han sido examinadas hasta la saciedad y desvirtuadas recurrentemente, tanto por la justicia colombiana como en los debates públicos que se hicieron en el Congreso de la República, cuyo propósito ha sido manchar mi honor y el de mi familia, y enlodar la gestión de un Gobierno que ha combatido con firmeza las organizaciones criminales en todas sus expresiones, buscando librar a los colombianos de la violencia, la pobreza y la miseria que nos ha dejado el terrorismo.
Debo recordar que por las mismas falsas acusaciones que The Washington Post intenta revivir en mi contra, por supuesta conformación de grupos paramilitares, la Fiscalía General de la Nación de Colombia archivó dos investigaciones mediante resoluciones inhibitorias del 8 de mayo de 1996 y del 29 de febrero de 2000, respectivamente, según consta en el oficio del 20 de abril de 2010, enviado por la Dirección Nacional de Fiscalías a la Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior y al Despacho del Fiscal General de la Nación, cuyo texto anexo para su información.
La nula credibilidad y la intención infame del único testimonio en que se basa el artículo de The Washington Post, el del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quedan en evidencia con las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, hoy martes 25 de mayo, por parte del Director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, quien ha informado que el teniente coronel retirado Pedro Manuel Benavides, mencionado por Meneses en su testimonio como un elemento central, acudió a la Inspección General de la Policía a rendir declaración, la cual se le recibió en presencia de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con esta declaración, el coronel Benavides fue contactado en Medellín, en abril o mayo de 2008, por el mayor Meneses, quien lo invitó a una reunión a Bogotá, para cuyo traslado le envió los tiquetes aéreos. Una vez en Bogotá, Meneses lo puso en contacto con un grupo de personas integrantes de la banda criminal conocida como Los Comba, quienes le ofrecieron 500 millones de pesos a cambio de promover declaraciones en contra del Presidente de la República y en mi contra. Según el coronel Benavides, esta invitación a rendir falso testimonio se repitió en el año 2009, pero fue rechazada por el ex oficial.
Llama la atención el extraño recorrido que ha cumplido el mayor retirado Juan Carlos Meneses, quien, según relata el mismo The Washington Post en su artículo, buscó estatus de refugiado en Venezuela y dio falsa declaración en Argentina. Lamento que reconocidas personas como el señor Adolfo Pérez Esquivel y el sacerdote Javier Giraldo sean utilizados para promover falsas acusaciones contra mi familia.

Del señor Director, atentamente,

Santiago Uribe Vélez
 
27 de mayo de 2010
26 de mayo de 2010
©semana 

onu denuncia a ffaa colombianas

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Naciones Unidas publica informe sobre asesinatos cometidos por las fuerzas armadas colombianas.

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Ginebra, Suiza. Las fuerzas de seguridad colombianas han cometido "un número significativo" de asesinatos en los últimos diez años, a menudo para beneficio personal, y pocos de sus autores han sido castigados, de acuerdo a un informe publicado el jueves por un experto de derechos humanos independiente de Naciones Unidas.
Philip Alston, relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, dice en su informe de 36 páginas que el número de los llamados ‘falsos positivos’ asesinados por las fuerzas armadas aumentó fuertemente en 2004.
El término se refiere a los asesinatos en los que civiles son engañados y transportados a zonas remotas para ser ejecutados por soldados que luego visten a sus víctimas en tenida de combate, o les colocan un arma en sus manos para hacer creer que son guerrilleros muertos en combate.
Alston, que realizó una misión de recopilación de datos en Colombia el año pasado, dijo que los asesinatos no parecían formar parte de una política oficial, pero rechazó las declaraciones del gobierno de que se trataba de incidentes aislados.
"Han habido demasiados asesinatos similares como para caracterizarlos como incidentes aislados realizados por soldados o unidades parias", dijo.
Las estimaciones sobre el número de asesinatos en los últimos diez años varían entre varios cientos y más de dos mil, dijo Alston.
Aunque esos asesinatos han sido menos frecuentes desde que en 2007 el gobierno tomara medidas para impedirlos, sólo algunos de sus autores han sido procesados, dijo.
"La tasa actual de impunidad para los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, que según cálculos fiables llega al 98.5 por ciento, es demasiado alta", dijo Alston, citando una cifra de la organización independiente U.S. Office on Colombia con sede en Washington.
Funcionarios de la misión colombiana ante Naciones Unidas en Ginebra no pudieron ser localizados para solicitarles su comentario.
En su informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 3 de junio, Alston también trata las ejecuciones cometidas por grupos paramilitares y ejércitos guerrilleros.

27 de mayo de 2010
©washington post