colombia

paramilitar debe devolver tierras

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Magistrado ordena recibir bienes de Mancuso.

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Colombia. Ante el Magistrado de control de garantías del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de marzo la audiencia preliminar de control de legalidad para el recibo de bienes del postulado Salvatore Mancuso Gómez, ex comandante de los Bloques Córdoba y Catatumbo de las Auc.
El 17 de mayo de 2007, Mancuso anunció y entregó más de 20 bienes a los cuales se les impuso medida cautelar. La Corte Suprema de Justicia, en providencia del 23 de agosto del 2007, le ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional adoptar las medidas necesarias para recibir, administrar, custodiar y conservar los bienes en aras de garantizar su existencia con destino al Fondo de Reparación para las Víctimas y de esta manera garantizar la reparación de las víctimas de los bloques Córdoba y Catatumbo.
De los bienes entregados por Mancuso, según el abogado del postulado, Acción Social recibió 8 predios y se abstuvo de recibir los establecimientos de comercio y proyectos productivos, que fueron objeto de hurto, destrucción y deterioro, por considerar que estos bienes no eran apropiados para la reparación de las víctimas.
Según la defensa de Mancuso, cuando fueron a verificar si se había cumplido lo ordenado por la Corte, se encontraron con algunas personas que alegaron posesión sobre los predios y otros que eran propietarios anteriores y manifestaban que habían sido despojados de esos predios y por eso estaban reclamándolos.
Ante estos inconvenientes, en octubre de 2009, el abogado de Mancuso le solicitó al magistrado Eduardo Porras que se adoptaran las medidas necesarias para que Acción Social recibiera de manera inmediata y definitiva los bienes entregados para la reparación y /o permitiera ejecutar los actos para los cuales fueron entregados dichos bienes.
Teniendo en cuenta los antecedentes y luego de escuchar los argumentos tanto de Acción Social como de la defensa del postulado, el magistrado Porras consideró que no es competencia de Accion Social determinar si los bienes sirven para la reparación o no de las víctimas, sino que es el magistrado de conocimiento quien en su momento lo determinará. Por tal motivo, el magistrado le ordenó a Acción Social recibir los siguientes bienes en un término de dos meses:

1. Hacienda Villa Nueva 2. Hacienda Nueva Dehli 3. Hacienda Guaira 4. Hacienda Paz Verde 5. Hacienda La Gloria 6. Hacienda Cumbia tres 7. Hacienda Pollo Fiao 8. Hacienda El Cortijo 9. Hacienda Las Pampas 10. Enoteca Atlántico 11. Sociedad Inclusol

A la diligencia asistieron el fiscal Leonardo Augusto Cabana Fonseca, el procurador Mauricio Maya, un funcionario de Acción Social, 3 abogados de la Defensoría del Pueblo y un abogado de confianza, así como representantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de la sede regional Atlántico. La Fiscalía coadyuvó la solicitud, al igual que los defensores de las victimas.

14 de abril de 2010
29 de marzo de 2010
©verdad abierta

reparación sin fondos

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Cuatro años después de la desmovilización de los ‘paras’, ha sido muy poco  lo que ha llegado al Fondo para Reparación de Víctimas.  Aunque los ex paramilitares no se han comprometido lo suficiente, víctimas y victimarios se quejan del mal manejo de Acción Social.

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Colombia. Tres camionetas Toyota, siete motos, una volqueta y 28 millones de pesos. Ese es el magro botín que tiene el Fondo para Reparación de Víctimas para los 8 mil víctimas hasta ahora registradas que dejó el Bloque Norte en la Costa, grupo que se apoderó de rutas de narcotráfico, de miles de hectáreas de tierra productiva, de millones de pesos en contratos municipales y que fue el responsable de algunas de las peores masacres en la historia de Colombia.
Con seguridad los ex jefes paramilitares y mandos medios que se enriquecieron con la guerra no han aportado lo suficiente para reparar a sus víctimas. Pero hay un claro malestar entre víctimas, desmovilizados e incluso fiscales por el presunto mal manejo que Acción Social le está dando al Fondo para Reparación de las Víctimas, la estructura estatal que recoge el dinero y los bienes que aportan los ex ‘paras’ para todas las víctimas que dejaron.
Un abogado de víctimas del Bloque Catatumbo le dijo a VerdadAbierta.com que "Acción Social tiene miles de hectáreas, negocios y dinero de los ‘paras’ en sus manos y no hace nada para acelerar el proceso de reparación".
Uno de los últimos episodios que muestra el malestar con Acción Social se presentó con bienes que eran de Salvatore Mancuso, ex jefe Bloque Catatumbo y del Bloque Norte. Según las actas del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Mancuso, uno de los mayores terratenientes de la Costa, sólo ha entregado cuatro fincas en Santa Fe de Ralito, Córdoba, cuatro en Tierralta, Córdoba y cinco en El Guamo, Bolívar.
Sin embargo, desde mayo de 2007 ,Mancuso quiere entregar nueve haciendas más y dos negocios: la Enoteca del Atlántico y la empresa Sociedad Inclusol, bienes que los abogados del ex ‘para’ calculan en varios miles de millones de pesos. Pero Acción Social no los quiere recibir porque dice que no son apropiados para la reparación de las víctimas. Hace un año Mancuso se había quejado que "Acción Social y el Fondo de Reparación de Víctimas me han puesto muchísimas trabas para recibir los bienes, yo prefiero hacerlo coordinando la entrega a través del Gobierno de E.U."
Ante los inconvenientes, el 19 de marzo pasado, después de que la defensa de Mancuso demandara a Acción Social por no recibir los bienes, el Tribunal Superior de Barranquilla le ordenó al ente gubernamental recibir todos los bienes del ex paramilitar y consideró que no es competencia de Acción Social determinar si los bienes sirven para la reparación o no de las víctimas, sino que es el magistrado de conocimiento quien en su momento lo determinará.
Pero los problemas de Acción Social no paran allí. La agencia presidencial, además de recibir los bienes de los desmovilizados, también tiene que mantener y conservar los que ya están en el Fondo de Víctimas.
Pero, según los abogados de Mancuso, la agencia del gobierno ni siquiera se ha ocupado de las haciendas que ya están en sus manos. "Las fincas que entregó Mancuso están invadidas por desconocidos, en mal estado, no sabemos quién va a responder por eso", le dijo a VerdadAbierta.com el abogado de unas víctimas del antiguo jefe paramilitar.
Por eso los defensores de víctimas y del ex paramilitar le  solicitaron a la Procuraduría y la Contraloría que abrieran una investigación contra Acción Social para lo que consideran ya son irregularidades del ente gubernamental.
Estas quejas, sin embargo, no son las únicas que se han hecho dentro del proceso de reparación contra Acción Social. En una entrevista con VeradadAbierta.com Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’ dijo que entregó lotes y bienes que fueron rematados a precios por debajo de su valor comercial. "Entregué un novillo de 800 mil pesos y Acción Social lo remató en 400 mil". ‘Pirata’, ex jefe del Bloque Centauros, añadió que ahora prefiere vender él mismo los bienes y entregarle a Acción Social el dinero en efectivo.
En una versión libre del 27 de enero de 2010 José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, también protestó contra la gestión de Acción Social. El ex jefe de las Autodefensas del Meta y Vichada dijo que en julio de 2007 entregó para repara  la hacienda Lusitania de 400 hectáreas ubicada en San Martín, Meta. En gran parte del lote había una plantación de palma africana, uno de los cultivos más rentables en la actualidad.
Según ‘Guillermo Torres’ después de entregar la finca, Acción Social no le hizo mantenimiento a la plantación y todas las palmas se echaron a perder. El desmovilizado dijo: "Le metí más de 800 millones al cultivo y sólo lo avaluaron en 37. Un señor interesado en comprar el predio pasó a ‘Villavo’ y me dijo que el cultivo estaba mal".
VerdadAbierta.com trató varias veces de contactar a Marlene Mesa, subdirectora del programa de atención a víctimas de Acción Social, pero fue imposible hacerlo. Mesa sin embargo declaró en una entrevista reciente con El Espectador que la Corte Constitucional estableció que el Estado tiene el deber de reparar a las víctimas, con o sin el aporte de los desmovilizados, pero que lo más importante no es que se entreguen propiedades, sino que éstos tengan vocación de reparar.
Mesa le dijo además a El Espectador que "no podemos recibir propiedades cuyos impuestos valgan más que el inmueble mismo, que estén endeudadas, embargadas o que presenten problemas de titularidad".
"Con Mancuso y algunos otros ex jefes paramilitares hemos tenido muchos problemas. Ellos quieren que les aceptemos cualquier cosa y nosotros no podemos hacerlo", señaló Mesa.
El problema es que si Acción Social no acelera el proceso para recibir bienes de los desmovilizados no habrá suficiente dinero para reparar las víctimas. Un abogado de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que en base al Código Penal esperan que cada víctima perciba hasta mil salarios mínimos, más de 500 millones de pesos.
Con más de 250 mil víctimas del paramilitarismo registradas, es evidente que Acción Social necesita encontrar un mecanismo para que entren al Fondo de Reparación de Víctimas dinero y bienes de forma masiva. De lo contrario muchas organizaciones que representan a las víctimas no dudarán en llevar al Estado colombiano ante la justicia internacional.
Y ya no serán 500 los millones al que cada víctima pueda pretender sino miles de millones de pesos. Y que, ante los ojos del mundo, el Estado colombiano muestre su incapacidad para compensar a las víctimas de las peores atrocidades de la historia reciente del conflicto armado.

14 de abril de 2010
13 de abril de 2010
©verdad abierta 

preventiva para guía paramilitar

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Medida de aseguramiento a presunto guía paramilitar.

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Colombia. La Fiscalía dictó medida de aseguramiento a Luis Alfredo Villareal Barrios, por su presunta responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación, supuestamente Villareal guió a un grupo de paramilitares hasta la vereda La Cienaguita, en el municipio Repelón (Atlántico), donde asesinaron a cinco personas.
Las víctimas, asesinadas a golpes, fueron identificadas como Rafael Antonio Ospino Olivo, Orlando Rico Lara, Rodolfo Barrios Anaya, Pedro Claver Ospino Llerena y Rafael Ospino Llerena.

14 de abril de 2010
13 de abril de 2010
©verdad abierta

desmovilizado condenado a 20 años

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Condenan a desmovilizado a 20 años de cárcel.

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Colombia. El Juzgado Segundo Penal de Villavicencio condenó a 20 años y ocho meses de cárcel al ex paramilitar Ariolfo Pérez Cifuentes, alias ‘Celador’, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.
El desmovilizado fue condenado por el asesinato de Samuel Rubio Herrera. Este crimen ocurrió el 17 de mayo de 2005, en el barrio Ciudad Porfía de Villavicencio.
Días antes del asesinato, durante una reunión comunitaria, el ex paramilitar discutió con el padre de la víctima y lo amenazó.
El fiscal del caso recopiló testimonios que señalan que el crimen fue consecuencia de las denuncias de la comunidad por el supuesto manejo irregular de recursos del acueducto de Ciudad Porfía.
En la misma decisión, el Juez ordenó compulsar copias para investigar la posible responsabilidad de otras personas en el asesinato.
Actualmente Pérez Cifuentes se encuentra en la cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima).

14 de abril de 2010
13 de abril de 2010
©verdad abierta

contradicciones del coronel mejía

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En el arranque de su juicio, el coronel Plubio Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa en Valledupar, negó cualquier relación con el Bloque Norte de las AUC aunque reconoció irregularidades al de asumir su comandancia en 2001. La investigación contra el coronel Mejía se inició hace tres años y todavía se encuentra en etapa de juicio.

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Colombia. Durante la primera sesión del juicio que se le adelanta por concierto para delinquir agravado, el coronel se declaró inocente de todas las acusaciones que lo señalan como colaborador del Bloque Norte de las AUC, por haberse reunido con ex jefes paramilitares como ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’, además de hechos relacionados con los denominados ‘falsos positivos’.
Sin embargo, un antiguo subalterno de Mejía, desmovilizado del Bloque Centauros, es uno de los testigos que lo señalan como activo colaborador de las Autodefensas al mando de ’40’.
Ante el Juez Segundo del Circuito Especializado de Bogotá, el coronel Mejía aseguró que no entiende las razones por las cuales está detenido y acusado de nexos con grupos al margen de la ley. "No tengo nada de que avergonzarme frente a mi país y el Ejército, como oficial no he tenido ningún tipo de contacto ni reunión con personas al margen de la ley" afirmó Mejía.
Según él, después de una destacada carrera militar, el entonces presidente Andrés Pastrana lo designó en 2001 para que se hiciera cargo de Cesar, departamento que vivía graves problemas de orden público, en especial luego del asesinato de la ex ministra Consuelo Araújo. El coronel alegó que ese fue su primera tarea en el norte del país. Hasta entonces Mejía sólo había trabajado en Caquetá y Putumayo.
Desde entonces, y hasta finales de 2003, Mejía declaró haber perseguido a guerrilla y paramilitares por igual y aseguró haber empleado nuevos métodos "para devolver la seguridad a las carreteras y a las poblaciones que entraban dentro de la jurisdicción del Batallón". "La región estaba secuestrada, los alcaldes gobernaban desde Valledupar, el objetivo era devolverle la seguridad al departamento".
Sin embargo, admitió que en el momento de hacerse cargo del Batallón La Popa, existían casos de corrupción al interior de la unidad militar. Según él, se comprobaron pérdidas de armamento (armas cortas y municiones) en los almacenes del Batallón, así como material de intendencia. Por este caso, afirmó Mejía, se investigaron y desvincularon del Ejército siete suboficiales y 56 soldados.
Entre los desvinculados, según Mejía, se encuentra uno de sus principales acusadores, el ex suboficial y presunto desmovilizado del Bloque Centauros de las Autodefensas, Edwin Manuel Guzmán. Este ex militar también es el testigo estrella del caso contra la Drummond por el asesinato de dos sindicalistas. Para Mejía, "en más de una oportunidad han quedado demostradas las inconsistencias de las declaraciones de Guzmán, él es tan sólo un traficante de armas", aseveró.
Mejía, y otros cuatro militares, están procesados desde mayo de 2008 por el delito de concierto para delinquir agravado. Junto a él son juzgados el teniente coronel José Pastor Ruiz, el teniente Nelson Javier Llanos y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade.
El juicio contra Mejía continuará hasta el próximo 20 de abril. Entre los testigos citados para declarar están los ex jefes paramiliitares Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte, Edgar Fierro Flores alias ‘Don Antonio’, mano derecha de ‘Jorge 40’ y Leonardo Sánchez Barbosa alias ‘El Paisa’. También fue llamado Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, uno de los testigos claves en el caso del ex gobernador de Cesar, Herrando Molina Araújo, juzgado por parapolítica.

Las Acusaciones contra Mejía
En mayo de 2008, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha  por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecen recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar investigados, principalmente por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició en 2007, cuando el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmó que el Coronel cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante del Cesar. Asimismo señaló que Mejía se alió con el Bloque Norte.
Cuando Mejía llegó al Batallón conformó un escuadrón especial de 14 militares, conocido como el grupo Zarpazo especializado en reacción rápida a los ataques de los ilegales. Sospechosamente, cada vez que el grupo realizaba operativos producía bajas. Además entre 2002 y 2004 aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos en la zona, crimen que alcanzaron la cifra de 53 homicidios sólo en el primer semestre de 2003. Los kankuamos denunciaron al Batallón La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Otro de los casos que está investigando la Fiscalía es el asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando los asesinaron, sus familiares denunciaron que no eran guerrilleros.
Según testigos se trató de una purga interna dentro del grupo paramilitar Mártires del Cacique de Upar orquestada por el Coronel Mejía y el difunto jefe paramilitar David Hernández, alias ’39’, quien era amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del Coronel. En 2004, Hernández fue asesinado por tropas del coronel Mejía, pero varios testigos señalan que ’Jorge 40’ fue el que ordenó su muerte.
Mejía y varios de sus hombres también son investigados por los asesinatos de dos supuestos guerrilleros en el Batallón en junio de 2002. Las dos personas fueron capturadas, torturadas, asesinadas y presentadas como positivos.-
El ex suboficial también confesó que coronel Mejía y él se reunieron con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: ’Jorge 40’, Hernán Giraldo, Oscar José Ospino, alias ’Tolemaida’, Enrique López, alias ’Omega’ y ’39’. Según el testigo, ese día Mejía y ’Jorge 40’ acordaron que él iba a recibir un sueldo de 30 millones de pesos mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas. De acuerdo con el relato Mejía le entregó fusiles Galil a alias ’39’ y sus hombres para que lo ayudaran con falsos positivos.
El testigo aseguró que estos asesinatos se cometieron con la complicidad de la fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que después fue nombrada directora de Fiscalías de Valledupar por el ex fiscal  general Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar.

Obstrucciones a la Justicia
En octubre de 2008, Sandra Castro, coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, le informó al ex fiscal Mario Iguarán al ex procurador Edgardo Maya que Mejía estaba obstruyendo la investigación. Ahí dice que el Mejía acusó a los investigadores de la Fiscalía de elaborar un montaje en su contra. Esta acusación pone en riesgo los investigadores judiciales y demuestra una clara obstaculización a la justicia "que puede conducir a una decisión de exoneración de responsabilidad, pero no porque esté acreditada la inocencia del procesado, sino por la falta de pruebas generada por el temor de los testigos en afirmar sus imputaciones y de los investigadores de ahondar en la búsqueda de la verdad".
Los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco, que tenían información sobre los nexos entre ’Jorge 40’ y las tropas de Mejía fueron asesinados. Oñate apareció muerto a comienzos del 2007, luego de que un investigador lo ubicara y le pidiera declarar ante las autoridades lo que sabía. Y Pacheco murió en Atánquez, Cesar, luego de haber rendido indagatoria.
Además otro de los testigos contra el coronel Mejía fue amenazado en octubre de 2008. Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, denunció que recibió cinco mensajes de texto a su celular con amenazas de muerte para que no declarara contra Mejía en una audiencia que en Barranquilla. Aunque De Hoyos asistió a la audiencia, no dijo ni una palabra contra el oficial del Ejército, ya que dijo desconfiar de la Fiscalía porque no le había brindado la seguridad que necesitaba.
Por eso en octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia aceptó el traslado del caso contra el coronel Mejía de Valledupa a Bogotá porque  "no se encuentra garantizada la seguridad e integridad personal de los testigos y de los funcionarios judiciales".

13 de abril de 2010
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masacres contadas por mujeres

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Una recopilación de testimonios hecha por la ong Codhes logra reconstruir la manera cómo varias mujeres sobrevivieron las masacres de Chengue, en Sucre y de El Tigre, en Putumayo. También cuenta cómo fueron abusadas por los paramilitares.

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Colombia. Una investigación realizada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, logró que mujeres sobrevivientes de dos masacres, una en Putumayo y otra en Sucre, contaran lo que le sucedió a sus pueblos y cómo fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares.
Una fue la ocurrida el 9 de enero de 1999, cuando 150 paramilitares al mando de Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’ entraron a El Tigre, corregimiento de La Hormiga en el bajo Putumayo. Los sobrevivientes recuerdan que oficialmente las personas asesinadas fueron 26, mientras que se hablaba de 14 desaparecidos. Extraoficialmente algunos pobladores hablan de que los ’paras’ degollaron a 300 entre descuartizados arrojados al río Guamués y otros enterrados en fosas comunes.
La otra ocurrió dos años después en Sucre, al otro extremo del país, 80 hombres del Bloque Héroes de los Montes de María entraron en la madrugada del 17 de enero de 2001 a Chengue, un corregimiento de Ovejas. Allí asesinaron a 27 personas, con cuchillos, machetes y garrotes de hierro.
Hasta ahora los relatos que existían sobre estas dos masacres eran desgarradores, crudos, pero aún no se había hecho una versión con base en el testimonio de las mujeres que padecieron y sobrevivieron estos hechos. Alejandra Azuero, autora del informe que publicará Codhes en los próximos días, le dijo a VerdadAbierta.com que "los ataques fueron contra los hombres, las mujeres sobrevivieron. Es por eso que ellas son esenciales para reconstruir la memoria, son las que lo vieron todo, las que se quedaron cuando los paramilitares se fueron. Necesitamos escuchar las mujeres".
Los testimonios, que se recogieron en entrevistas colectivas con cerca de 50 mujeres, muestran además que los paramilitares abusaron sexualmente de las mujeres en Chengue y en El Tigre, lo que no ha salido a flote ni en las versiones libres entregadas por los ‘paras’ ni en los informes judiciales.

VerdadAbierta.com reconstruye cómo fueron estas masacres a partir de los testimonios de ‘Las sobrevivientes cuentan’.

Chengue: "Me Hicieron de Todo"
A finales de enero de 2001 Chengue todavía estaba celebrando las corralejas y las fiestas de principio de año. Muchos jóvenes se despedían de sus familias para regresar al colegio en Ovejas o Sincelejo. Los habitantes del pueblo vivían esos días con cierta despreocupación, a pesar de los rumores que los ‘paras’ iban a entrar.
A las 3 de la mañana del 17 de enero de 2001, Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y 80 paramilitares irrumpieron en el corregimiento. Lo primero que recuerdan las mujeres fue los ’paras’ cortaron la energía y hombres armados empezaron a romper las puertas de las casas, gritando y amenazando.
Una de las mujeres entrevistadas le dijo a los investigadores de Codhes: "Vi tres tipos parados frente a mí, y vi las letras AUC. Ahí dije: Dios mío, estamos acabados". Los paramilitares entraron a las casas, tirando las puertas y sacando a los hombres para juntarlos en la plaza principal del pueblo. Los hombres de ‘Juancho Dique’ llevaron un computador en el que tenían los nombres de los presuntos colaboradores de la guerrilla.
Una sobreviviente asegura que lo que han dicho los paramilitares sobre esa lista es falso y que asesinaron a los hombres a mansalva. "Los ‘paras’ dicen que llevaron un computador. Pero yo no lo creo, sé que mataron a toda la gente que se llevaron, simplemente lo sé". Otra añadió que "la historia que tenían una lista es falsa, mataron a todos los que encontraron. Los hombres que sobrevivieron fue porque huyeron al monte".
El testimonio de otra sobreviviente muestra que la violencia fue ciega, sin selección y que en medio de la noche la violencia se tomó a Chengue: "No mataron a más gente porque la gente se escapó, se escaparon gracias a mí, hice escándalo y grité, hasta los que estaban matando me escucharon. Si hubieran encontrado 100 hombres, habrían matado a 100 hombres".
Muchas mujeres alcanzaron a esconderse debajo de sus camas en silencio. Cuentan que podían escuchar en la distancia los golpes secos de los garrotazos y los gemidos de los hombres que estaban siendo masacrados.
Varios ‘paras’ del Bloque Héroes de los Montes de María aprovecharon para tratar de abusar de las mujeres. Una de ellas recuerda: "Muchos hombres armados entraron a la casa, tiraron la puerta. No me podía mover porque me caí ocho días antes, estaba paralizada. Me tranquiaron (violaron) todos y me pegaron contra el suelo. Me desmayé".
Otra mujer le contó a las investigadoras de Codhes que los ‘paras’ "entraron donde una familiar y le dijeron que si no les decía donde estaba su marido, la iban a matar. Ahí uno de ellos dijo ’cázala’ (viólala)".
Sin embargo, muchas mujeres prefirieron salir de sus casas y "frentear los paracos" para proteger a los hombres, en una forma desesperada para salvar a sus hijos, maridos y vecinos. Una de ellas contó: "Me dijeron: ’estás muerta perra’. Les dije, bueno, pero si me matan, dejan a mi hijo vivo, él es inocente".
Otra recordó: "nunca pensé que me dejarían viva (...). Tenía a mis hijos en los brazos, lo agarré con tanta fuerza que pienso que si me hubieran matado, también los hubieran matado".
 Cuando se hizo de día los ‘paras’ les ordenaron a todas las mujeres entrar a sus casa mientras se iban. Todos los hombres que no alcanzaron a huir al monte fueron asesinados. Cuando ya ‘Juancho Dique’ y sus hombres estaban fuera de Chengue, las mujeres fueron las primeras que descubrieron la terrible escenas del crimen.
Una sobreviviente cuenta: "A las seis y media, cuando ya se estaba poniendo de día, los ‘paras’ nos mandaron a todas a las casas mientras se iban. Apenas los dejamos de escuchar, salimos a ver que había pasado". El grupo de mujeres se fue a la calle, donde los paramilitares asesinaron a garrotazos y machete a 27 personas. Una de ellas recordó: "Encontramos los cuerpos en charcos de sangre y el equipo de sonido a todo volumen, para que la guerrilla no se diera cuenta que estaban matando gente".

Tigre: "Eso Fue Horrible"
El 9 de enero El Tigre seguía celebrando el año nuevo. Los habitantes se alistaban para el día de mercado. El pueblo, que está a orillas del río Guamuez, era próspero, los bares proliferaban a lo largo de la calle principal, habían hoteles, comercios y mucha gente de Huila y Nariño que iban a raspar coca.
A las 11 de la noche, en plena noche, 80 paramilitares del Bloque Sur del Putumayo de las Auc llegaron al pueblo en varias camionetas de platón blancas. Lo primero que hicieron fue bajarse y entrar a los bares. Sacaron a todo el mundo de ahí y los reunieron en la calle principal del pueblo.
En los hoteles los ‘paras’ entraron y despertaron los huéspedes, que salieron medio desnudos a la calle. Además se robaron los registros de los hoteles, por eso no se sabe exactamente a cuánta gente asesinaron esa noche.
En la calle principal de El Tigre la gente se apiñaba sobre la carretera de tierra. Una mujer contó: "Separaron a los hombres de las mujeres y cortaron la luz. Contaban los hombres y al tercero lo subían a las camionetas". Otra añadió que los ‘paras’ "sólo se llevaron a los hombres. Los escogieron al azar, a viejos y jóvenes. Los ‘paras’ nos advirtieron: ’hoy venimos por los hombres, pero después volvemos por ustedes’".
Mientras los paramilitares escogían a sus víctimas, las mujeres eran golpeadas y maltratadas en el piso. Una de ellas le dijo a las investigadoras: "Estábamos amontonadas en la calle. Los ‘paras’ decían: ’mire que mujeres tan bonitas. Estas cinco son para mi, estas tres para mi, siete para mi’. Empezaron a tocar las mujeres en el piso, lastimándonos, diciéndonos guerrilleras. No eso fue horrible, nos pateaban, nos pegaban con lo que tuvieran en la mano".
Después de llenar las camionetas con los hombres de El Tigre, los paramilitares se los llevaron al puente que pasa sobre el río Guamuez. Las mujeres se quedaron sentadas en la calle, mirando al piso. Una sobreviviente le dijo a Codhes: "Cuando los ‘paras’ se fueron nos dijeron: ’ustedes se mueven en media hora, hay gente que los está vigilando’. Se fueron y quedamos como estatuas, entre varios muertos. Cuando la gente volvió, no sabían quiénes eran cadáveres y quiénes no, no nos movíamos. Parecíamos inútiles, entumecidos".
El puente sobre el río Guamuez, de casi 50 metros de largo, fue el último sitio donde las camionetas de los ‘paras’ pararon. Ahí bajaron a los hombres detenidos, los acribillaron, los degollaron y los tiraron al río. Unos pocos lograron escaparse, saltando de los vehículos y huyendo al monte.
Una de las mujeres que sobrevivió el ataque de los paras recordó cuando fue al río: "Un hombre llegó y nos dijo que había ocho cuerpos en el puente. Yo fui por mi hijo. Cuando llegamos, había sangre por todo el puente, había muchachos en el río. Yo dije: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Iba a saltar al agua y me dijeron que mi hijo estaba vivo, que logró saltar del platón de las camionetas y se escapó. Luegó lleno de sangre, no tenía camiseta, estaba descalzo. Cuando se escapó cayó sobre una mata llena de espinas. Se metió en la selva como una culebra, arrastrándose entre las espinas".
"Me escapé. Mamá, volví a nacer" me dijo. Nos abrazamos, todos lloraban, los hombres lloraban".
Después de la masacre de 29 personas El Tigre se volvió un pueblo fantasma. En 2000, los ‘paras’ de ‘Rafa Putumayo’ volvieron al pueblo. Reunieron a los habitantes que quedaban y les dijeron que iban a quedarse. Empezaron a ocupar casas abandonadas y a instalarse donde la gente. Se quedaron hasta 2002, cuando las Farc atacaron el pueblo y asesinaron a 40 paramilitares.
En esos dos años, las mujeres reportaron numerosos casos de abusos, como una continuación de la masacre: "Se la llevaron de la discoteca desnuda, completamente desnuda. La mataron y dejaron un cuchillo en su vagina. La violaron, la masacraron, tenía heridas en los senos.  La dejaron desnuda, como Dios la trajo al mundo. Era muy bonita, tenía 15 años".
Una mujer que vivió el horror paramilitar en El Tigre todavía evoca: "Todos los días me acuerdo de la masacre y pienso: ¿Porqué no nos hicieron nada a nosotras, por qué sólo los hombres?"

13 de abril de 2010
©verdad abierta

las vacas flacas de los desplazados

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El propósito de estabilizar social y económicamente el retorno de la población desplazada a varias subregiones de Antioquia enfrenta a los campesinos con las administraciones municipales y el gobierno departamental, por cuenta de la baja productividad del ganado que reciben como estímulo para iniciar una nueva vida.

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Colombia. Desde hace varios años la administración departamental decidió apoyar de manera integral a cientos de familias en procesos de retorno en más de 40 municipios del departamento, impulsando proyectos de seguridad alimentaria y generación de ingresos sostenibles de mediano y largo plazo a través de la ganadería, la siembra de productos agrícolas tales como cacao, café, maíz, frijol, aguacate, entre otros.
Entre los municipios priorizados durante 2008 y 2009 figuran aquellos que registran mayores índices de expulsión y recepción de población desplazada como San Francisco, Nariño, San Carlos, Granada, San Luis, Cocorná (Oriente antioqueño); Remedios, Segovia, Anorí (Nordeste); Ituango, Valdivia y Briceño (Norte), entre otros.
Para atender esas comunidades se han firmado varios convenios interadministrativos entre la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo para la Prevención y Recuperación de Desastres (Dapard), la Agencia Presidencial para la Acción Social y algunas administraciones municipales.
Pero esta estrategia, dirigida a estabilización social y económica a la población que pretende retornar a sus tierras, no ha parado de recibir fuertes críticas por parte de los campesinos beneficiados y su insistencia llevó a la Contraloría General de Antioquia a tomar cartas en el asunto.
En un preinforme fechado el pasado 28 de febrero, resultado de una Auditoria Especial realizada a finales del año pasado, la Contraloría no sólo ratificó las versiones de los labriegos, sino que advirtió sobre presuntas irregularidades en los contratos celebrados en 2008 para la adquisición de más de 250 cabezas de ganado.
El organismo de control observó un sobrecosto cercano a los 189 millones de pesos al comparar los precios pagados por el Dapard con los estipulados para la época por la Central Ganadera de Medellín.
Ejemplo de las presuntas irregularidades es el convenio 2008CF260037, suscrito con el Municipio de Ituango y cuyo objeto era la "cofinanciación de proyectos productivos de ganadería para familias desplazadas que se encuentren en proceso de retorno". La Contraloría halló que la administración departamental invirtió 542 millones 589 mil pesos para la adquisición de  231 "ataos" (vaca y ternero) a razón de 2 millones 219 mil pesos cada uno, y 10 toros a un valor unitario de 3 millones de pesos.
Los auditores advirtieron que el ganado requerido en el objeto del convenio pudo haberse adquirido a un valor de 1 millón 900 mil pesos por "atao", incluido transporte e impuesto, y de 1 millón 680 mil pesos por toro, lo que daría un total de 455 millones 700 mil pesos, para una diferencia total de 86 millones 889 mil pesos, "valor que se configura en un presunto detrimento  en contra de la Administración del orden nacional, departamental y municipal".
En el caso de Ituango no sólo fueron advertidos sobrecostos. El ente de control cuestionó la fragmentación de la compra de ganado. "El Municipio debió celebrar precontractualmente un proceso de licitación para la adquisición de 231 ataos de ganado y 10 toros lo que no se hizo así, siendo celebrados cuatro contratos con cuatro contratistas diferentes en la misma fecha, valores similares por unidad, con el mismo objeto y alcance, los mismos condicionamientos y producto de las mismas propuestas, copia uno del otro".
Con esa fragmentación se vieron favorecidos los contratistas Lilian Stella Franco Hernández, Liliana María Lemos Zapata, Federico Vélez Parra y José Demetrio López Giraldo. De acuerdo con la Contraloría, esa actuación administrativa configuraría un presunto desvío de poder al evadir el proceso de contratación con formalidades plenas.
Los supuestos sobrecostos también fueron detectados en contratos celebrados en el mismo año y por los mismos objetos con la entidad Gedi, para atender los municipios de Cáceres y Tarazá, por valor de 282 millones de pesos; con el Municipio de Briceño, por valor de 303 millones de pesos; con el Municipio de Urrao, por valor de 419 millones de pesos; con el Municipio de San Luis, por valor de 106 millones de pesos; con la Corporación Ayuda Humanitaria para atender las localidades de Betulia, Segovia y Remedios, por valor de 456 millones de pesos; y con Redepaz, para atender el municipio de Nariño, por una cuantía de 166 millones de pesos.
Pero la Contraloría General de Antioquia no sólo llamó la atención sobre la diferencia de precios, sino sobre su estado: "se entregó ganado de muy baja calidad, algunos con dos tetas, sin dientes, flacos y no aclimatables según lo declarado por algunos beneficiarios y funcionarios de la Umata. Terneros de baja calidad y no de servicio que tuvieron que ser vendidos por solo 800 mil pesos. Los animales no son aptos para el consumo humano", según lo reseñó el preinforme.
"Uno como pobre agradece lo que le dan, pero la verdad es que esos proyectos no sirvieron. Nos dieron ganado de tierra fría y nosotros vivimos en tierra caliente. Las 40 vaquitas que nos dieron muchas se murieron por la falta de pasto y las otras pues hubo que venderlas por lo que dieran", afirmó Genaro Ciro, campesino retornado de la vereda Farallones del municipio de San Francisco, Oriente antioqueño.
Una queja similar se escucha por los lados de la vereda Arrayanes, municipio de Nariño, Oriente de Antioquia. Gracias a la mejoría del orden público en la zona, varias familias decidieron retornar a sus tierras, por su propia cuenta y riesgo. En el año 2008, unas 22 familias asentadas allí fueron favorecidas con la entrega de ganado a fin de garantizar la generación de ingresos. Pero la suerte de los semovientes fue la misma presentada en San Francisco, tal como lo atestigua Nicolás Castrillón, miembro de la Asociación Campesina de Antioquia, organización que realiza acompañamientos y asesorías a población desplazada.
"Yo estuve en el lugar y conocí los animales, algunos incluso con un solo cuerno, flacos y de mal aspecto. A los campesinos no se les suministró los insumos necesarios para el mantenimiento del ganado. En esa vereda no había suelos aptos para ganado ni tampoco hubo un acompañamiento apropiado por lo que varios se murieron. En otros casos, las familias decidieron venderlo por lo que les dieran", manifestó Castrillón.

El Dapard Se Defiende
Al ser consultado sobre el particular, el director del Dapard, Jhon Fredy Rendón Roldán, desestimó las observaciones hechas por la Contraloría General de Antioquia tras considerarlas como una jugada política más que un ejercicio de control propio de su función.
"Nosotros lo descalificamos porque fue un informe elaborado en época electoral, buscando hacer presión política y, desde ese punto de vista, están totalmente equivocados, comenzando porque el documento lo elaboró un ingeniero sanitario que no está cualificado para evaluar proyectos productivos", declaró Rendón Roldán.
Como se recordará, Jhon Fredy Rendón Roldán fue objeto de cuestionamientos por parte de veedores electorales y políticos del departamento, quienes advirtieron que desde su dependencia se favoreció la campaña al Senado de su hermana Liliana, quien a la postre resultó electa con una de las votaciones más altas de Antioquia. Cabe destacar que ambos son oriundos del municipio de Ituango.
De igual forma, el Director del Dapard sostuvo que a la fecha son pocas las quejas recibidas por parte de los beneficiarios de los proyectos, principalmente aquellos que recibieron semovientes: "Ha habido quejas, pero más producto de hechos aislados como que el ternero se lastimó en el transporte. En ese caso, se ha procedido a cambiar los animales".
Y continuó: "De hecho, el proceso de adquisición lo hace todo un equipo interdisciplinario que vela por la calidad de los mismos, la entrega se hace con todo el acompañamiento del caso, incluso en el parque del pueblo donde la gente puede observar y quien no está conforme pues se escucha y si es del caso, pues se le cambia el ganado", aseveró el Funcionario.
De acuerdo con el Director del Dapard, lo que se ha detectado es que algunos campesinos a los que se les entrega ganado para proyectos productivos lo venden a los pocos meses o simplemente no realizan los cuidados respectivos, lo que deriva en deterioro de las condiciones de salud del semoviente.
"Siempre que se hace una entrega de este tipo, hay un periodo de seguimiento y acompañamiento por personal especializado, pero después el responsable es el campesino. La verdad es que a veces es difícil adelantar este tipo de proyectos con esta población, porque no se observa el empeño que esto requiere y después salen las quejas. Eso para nosotros es muy complicado", aseveró Rendón Roldán.
El Informe de Gestión del año 2008 del Dapard reseña que gracias a dichos convenios se logró atender mediante proyectos productivos agrícolas a 3.186 familias con una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos de los cuales. En 2009, la inversión directa de la Entidad departamental llegó a los 6 mil millones y benefició a 2.000 familias en 39 municipios.
Para este año se tiene presupuestado invertir 8 mil millones de pesos de los cuales el Dapard aportará 4 mil millones y Acción Social otros 4 mil millones de pesos para continuar apoyando proyectos de producción agrícola y de ganadería en los municipios donde los procesos de retorno se están dando con mayor fuerza.
Lo que esperan las comunidades campesinas que han retornado por sus propios medios a las tierras que debieron abandonar en el pasado por presión de paramilitares y guerrillas es que de verdad haya un acompañamiento integral y los recursos que se destinen para ello sean invertidos de manera eficiente y en proyectos que realmente sean efectivos para la estabilización social y económica.

11 de abril de 2010
©verdad abierta 

paramilitares cometen nueva masacre

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Según documentos conocidos por Semana.com, en la zona donde ocurrió la masacre de ocho personas este miércoles, hombres armados han venido haciendo averiguaciones sobre los pobladores desde el año pasado. Líderes mineros denuncian haber recibido mensajes intimidantes.

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El miércoles 7 de abril llegaron por la mañana nueve afrocolombianos a la vereda El Hato Santa Marta, del corregimiento La Toma, del municipio de Suárez (Cauca). Querían instalarse cerca de la orilla del río Oveja para extraer oro, cuando aparecieron tres hombres armados. "Nos dijeron que no podíamos estar ahí y dispararon", dijo el único sobreviviente de la matanza, que huyó herido, llegó a la cabecera de la vereda y luego fue trasladado al hospital de Santander de Quilichao.
El sitio donde ocurrió la masacre de estas ocho personas queda a una hora del casco urbano de El Hato caminando por una trocha por la que no pueden viajar vehículos.
Semana.com conoció informes oficiales donde reposan denuncias de los pobladores de la zona que dicen que desde hace tiempo vienen siendo víctimas de amenazas.
Según los documentos, en los últimos meses, han aparecido nuevos actores armados en Suárez y La Toma. Mientras las Farc han hecho presencia constante en esa región, desde octubre del año pasado se han visto personas encapuchadas, con armas y haciendo retenes ilegales, que, de acuerdo con las mismas denuncias, parecen ser integrantes de otro grupo armado ilegal.
Los encapuchados pretendían conocer información de los pobladores del sector. En pocos días, los líderes empezaron a recibir amenazas por medio de panfletos o a sus celulares a nombre de un grupo que se identifica como ‘Águilas Negras-Nueva Generación’. Las intimidaciones aducían a la resistencia que estaban haciendo los mineros para desalojar los territorios y a la explotación de recursos que hacían.
El 4 de diciembre de 2009, a las 9:31 de la mañana, Licifrey Ararat, un líder minero del corregimiento de La Toma, recibió un mensaje de texto en su celular. "Hp no decidan por la comunida que si quieren en los recurs tienen 8 dias pasalir sigue la lista *** fin **" (sic).
La misma advertencia fue recibida por Yair Ortiz y Eduar Mina, dirigente del Consejo Comunitario de La Toma; Arley González, otro líder minero; Enrique Guetio, autoridad indígena, y Édwar Villegas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Valle.
Estas amenazas y la presencia de hombres armados ya fue denunciada ante las autoridades. El pasado 17 de diciembre, durante una reunión en el Ministerio del Interior y de Justicia, los afectados y algunas ONG le contaron la situación a funcionarios de esa cartera, a representantes del de Minas y Energía, al igual que a enviados de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y de la Vicepresidencia de la República.
Ya antes de ese encuentro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) había escuchado durante una audiencia a algunos de los amenazados y a organizaciones civiles que le están haciendo seguimiento a la situación de Suárez.
Pese a todos esos antecedentes, el coronel Luis Danilo Murcia, comandante de la Brigada 29 del Ejército, dijo en los medios de comunicación que la reciente masacre se trató de "una venganza entre los mineros ilegales que trabajan en la zona".

Otros Malestares
La situación en la región es complicada, además, porque grandes empresas que quieren entrar a explotar el metal no han recibido aún la bendición de líderes mineros.
En La Toma, tradicionalmente y desde hace muchos años, una de las actividades económicas de la que viven los pobladores es la extracción artesanal del oro.
"Podemos decir que todo el corregimiento es de interés para los empresarios. En el Hato hay más vocación agrícola, pero de igual forma hay oro, sobre todo a la orilla del río Oveja. En todo caso, la vida en La Toma siempre ha girado en torno a la explotación artesanal del metal", le dijo a Semana.com José Dover Lucumí, funcionario de la Alcaldía y habitante de La Toma.
También han sido objeto de denuncias por parte de los mineros, que ven en riesgo su sustento, decisiones tomadas por organismos como el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), que en solicitud hecha al alcalde de Suárez, Luis Fernando Colorado, ordenó el desalojo de éstas personas.
Mediante un oficio fechado el 31 de julio de 2009, le piden al mandatario que "…adelante de manera inmediata las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes a efecto de proceder al desalojo de los mineros ilegales que explotan de manera artesanal la minería en el casco urbano del municipio en mención, e impida el ingreso de nuevos mineros ilegales a este municipio, de la misma forma, le solicitan realice la recuperación técnico ambiental de las áreas intervenidas por dicha actividad, lo cual evitaría la ocurrencia de situaciones lamentables dentro de su jurisdicción, problemática que afecta la infraestructura vial y urbana de Suárez".
Según explica el alcalde Colorado, esa petición se hizo porque los mineros estaban corriendo peligro, pues el terreno donde hacían la explotación es débil y podían ocurrir accidentes si continuaban allí.
"Todos ellos se fueron voluntariamente para Zaragoza y no hubo necesidad de que el Ejército ni la Policía acudieran a la fuerza", comentó.
Precisamente, en la última edición de la revista Semana, fue publicado el artículo ‘La maldición del oro’, que cuenta que hace un año fue descubierta la mina Zaragoza en Buenaventura. "El balance es aterrador: la gente sigue igual de pobre, van 24 muertos, 20 heridos (por accidentes y violencia) y hay alarmas por una tragedia ambiental que puede afectar al puerto y a la línea férrea", dice el artículo.
Por ahora, se dice que las ocho personas masacradas venían de aquella mina del Valle.
Las víctimas identificadas son: Yiber Ocoró, oriundo del municipio de Suárez, quien fue encontrado a unos 50 metros de los cuerpos de José Arnobio Mosquera, Wilfer Fernando Mosquera, Pablo Eleazar Ibargüen Mosquera, Henry Ibargüen Mosquera y Macedonio Ibarguen Mosquera. Deiver Mosquera Mosquera resultó herido en los hechos.

Desalojos desde Siempre
La historia de La Toma cuenta que "a comienzos del presente siglo, una vez terminada la Guerra de los Mil Días, cuando los terratenientes ya unificados y con el apoyo de el gobierno intensificaron sus acciones para desalojar a los campesinos negros, muchos fueron expulsados, pero la mayoría se resistió a desocupar y no pagar terraje aunque tuvieran que esconderse".
La resistencia de la gente que no quería irse generó enfrentamientos ocasionales con los grandes terratenientes, "quienes en general se apoyaron en el Ejército para intentar desalojar a los campesinos negros", según la información que aparece publicada en la página oficial del municipio de Suárez.
"Así, las primeras décadas de este siglo fueron testigos de numerosos levantamientos de los pobladores negros en defensa de la tierra y a una vida digna, que dieron sus frutos, pues aunque no lograron reivindicar su derecho absoluto a la tierra, obligaron a los terratenientes a venderles", dice la historia.
Después de tantos años, la relación entre oro y sangre no parece cambiar. Por ahora, si algo tienen que hacer las autoridades es encontrar a los responsables de esta nueva masacre y frenar un nuevo espiral de violencia, amarrado, parece ser, a la lucha por el control del metal.

11 de abril de 2010
©semana