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ex edecán de uribe a juicio por asesinato

mqh - 21 de abril de 2010 - 04:45 - colombia

Ex edecán del presidente Uribe a juicio por ‘falsos positivos’ -ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por las fuerzas armadas colombianas en campaña de ‘limpieza social’.

Colombia. En el marco del escándalo de los llamados falsos positivos en las Fuerzas Armadas colombianas, el coronel (R) Álvaro Tamayo, ex edecán del lresidente de Colombia Álvaro Uribe, fue llamado ayer a juicio por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en el asesinato en diciembre de 2007 de un joven de la localidad de Soacha, en el departamento de Cundinamarca (centro).
Tamayo también fue señalado por un fiscal de derechos humanos bajo las imputaciones de concierto para delinquir y falsedad en documentos públicos. Por el mismo caso de "falsos positivos" los Juzgados Especializados de Cundinamarca han demandado penalmente a otros 10 militares.
El escándalo de los "falsos positivos" detonó a finales de 2008 y se presume que miembros del Ejército mataron a indigentes y otras personas al azar para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

20 de abril de 2010
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uribe y sus nexos con paramilitares

mqh - 19 de abril de 2010 - 15:29 - colombia

El vice de Uribe negoció con los ‘paras’. Confesiones del jefe paramilitar ‘Jorge 40’ antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Uno de los comandantes de los grupos armados de derecha contó que el vicepresidente colombiano tenía una relación fluida con jefes paramilitares y que con ellos coordinaba acciones represivas contra la guerrilla.

[María Laura Carpineta] Colombia. Corría el año 1997 y el hoy vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, lideraba los esfuerzos para liberar a todos los secuestrados del país desde su Fundación País Libre. Por esa razón, se justificó años más tarde, se reunió en secreto con varios jefes paramilitares. Pero 13 años después, uno de los comandantes de los grupos armados de derecha contó otra historia. "Santos le preguntó al comandante (Salvatore) Mancuso cómo iban el avance y la guerra (...) le preguntó en qué había quedado el tema pendiente con el comandante (Carlos) Castaño sobre la presencia de las autodefensas en Bogotá y Cundinamarca (centro del país)", fue uno de los recuerdos que describió alias ‘Jorge 40’ en sus memorias, recientemente publicadas por la página web Verdadabierta.com.
Rodrigo Tovar Pupo, más conocido por los colombianos por su alias, ‘Jorge 40’, fue el paramilitar que destapó el escándalo de la parapolítica y puso tras las rejas a decenas de legisladores, gobernadores y concejales. También fue el comandante que sembró el terror en el noroeste del país con un ejército de 4500 hombres durante seis años y luego confesó más de 600 crímenes, entre ellos decenas de masacres a campesinos, pescadores y comunidades indígenas. En 2006 negoció con el gobierno de Álvaro Uribe, depuso las armas y prometió contar todo lo que sabía.
Empezó a hablar en los tribunales colombianos y, en la intimidad de su celda, a escribir sus memorias, una versión edulcorada de su paso por la guerra irregular, llena de nombres y anécdotas. En la noche del 13 de mayo de 2008, cuando todavía le faltaba poner en papel los años más jugosos del paramilitarismo, Uribe dio la orden de extraditarlo a Estados Unidos junto con los otros 13 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por cargos de narcotráfico. En medio del traslado, el gobierno le confiscó las 152 páginas de su manuscrito. Casi dos años después el texto se filtró y salió a la luz.
A través de las páginas, ‘Jorge 40’ relató sus primeros acercamientos con los incipientes grupos armados de derecha. Cómo robaban las armas de la guerrilla o las compraban directamente en Miami, y cómo las alianzas con algunos jefes policiales les evitaban problemas con la ley o, incluso, los sacaba de la cárcel cuando era necesario. Mencionó muchos nombres, pero el que sobresale por encima del resto es el del actual vicepresidente Francisco Santos.
Dos jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ya lo habían mencionado dentro de su larga lista de contactos y aliados políticos. El primero fue extraditado y la Corte Suprema colombiana evitó que el segundo siguiera el mismo destino. Los dos habían acusado al hijo de la poderosa familia, dueña de un multimedios más grande de país, de promover la creación de un frente paramilitar en Bogotá. Pero Santos siempre se defendió con el mismo argumento; estaba allí, en las reuniones con sanguinarios paramilitares, por los secuestrados, sólo por ellos. Después de sufrir el secuestro en carne propia a manos del capo narco Pablo Escobar, Santos había creado en 1991 la Fundación País Libre para ayudar a las familias de las víctimas de ese flagelo.
Pero para ‘Jorge 40’ la relación entre Santos y Mancuso iba más allá de una simple mediación humanitaria. "Vi la forma efusiva en que ambos se saludaron y él saludó al comandante Mancuso con el apelativo de Monito. Ahí confirmé que ya se conocían", recordó el jefe paramilitar sobre la primera reunión que presenció a mediados de 1997, cuando las autodefensas recién empezaban a hacerse conocidas.
Santos le pidió a Mancuso en esa reunión la liberación de un secuestrado que estaba en manos de los paramilitares, según las memorias del comandante. "No sólo por ayudar a una familia, sino porque también le serviría a la Fundación para arrancar con el pie firme", le habría explicado el reconocido periodista.
No consiguió una respuesta afirmativa, pero no por eso terminó la conversación. Según el relato de ‘Jorge 40’, Santos y Mancuso siguieron tomando whisky y hablando. "Santos se refirió a que era verdad que la guerra debía continuar y que lo malo de la guerra era que hubiese muertos. Dijo que entonces éstos no deberían desaparecerse, pues terminarían convirtiéndose en un problema, no sólo de derechos humanos sino también en un problema para su Fundación", escribió el comandante.
El manuscrito del paramilitar mantiene de principio a fin un tono inocente, por momentos, ingenuo. ‘Jorge 40’ no era ni lo uno ni lo otro. Los organismos de derechos humanos colombianos lo sindican como uno de los jefes más sangrientos de las autodefensas y uno de los comandantes que concentró mayor poder territorial. Se desmovilizó sólo después de conseguir un acuerdo con el gobierno de Uribe y Santos: él y el resto de la cúpula paramilitar entregaron las armas y confesaron todos sus crímenes a cambio de un borrón y cuenta nueva con la Justicia.
Todo avanzaba sobre ruedas hasta que en 2007 la policía allanó el escondite de uno de sus lugartenientes que no se había desmovilizado e incautó la computadora que desató el escándalo de la llamada parapolítica. Un listado de políticos y funcionarios que habían apoyado y financiado a los paras para ganar elecciones se hizo público y la Justicia empezó a hacerles preguntas a ‘Jorge 40’ y sus compañeros. En cada una de sus declaraciones, un gobernador, senador, congresista o concejal de la coalición uribista caía en desgracia.
El 14 de mayo los colombianos amanecieron con la noticia de que casi toda la primera plana paramilitar había sido extraditada a Estados Unidos. Uribe no había consultado ni avisado a nadie, ni a la Justicia, ni a las familias de las víctimas. Para las organizaciones de derechos humanos, el presidente quería detener la hemorragia que había desatado la parapolítica dentro de sus filas. Imposible confirmarlo. Pero ‘Jorge 40’ no podrá terminar sus memorias. Se quedó en los primeros meses de 1998, cuando aún le quedaban los años de apogeo, militar y político, del paramilitarismo.
Desde su celda en Washington ya no tiene ningún incentivo para seguir escribiendo. A finales de 2008 declaró vía videoconferencia en una causa contra una diputada uribista, pero su predisposición parece haber cambiado desde que su hermano, el empresario Sergio Tovar Pupo, fue asesinado en Colombia en diciembre pasado. Desde entonces, el comandante paramilitar no responde a los llamados de la Justicia colombiana. Con él sumarían cuatro los jefes paramilitares que se llamaron al silencio en Estados Unidos. Un silencio que sólo beneficia a sus antiguos socios.

19 de abril de 2010
18 de abril de 2010
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lo que pidió castaño antes de morir

mqh - 17 de abril de 2010 - 19:37 - colombia

Lo último que pidió Carlos Castaño antes de ser asesinado.

Colombia. Una nueva versión sobre la muerte del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil surgió en Medellín, durante la versión de alias ’el Cura’. Según dijo, de la decisión de matarlo la conocía el Estado Mayor de las AUC.
De acuerdo con la versión de alias ’el cura’, Carlos Castaño había perdido poder dentro de las AUC.
Sentado en una vieja silla y recostado contra la pared dentro de un rancho de propiedad de un campesino de 65 años en la vereda El Tomate, de San Pedro de Urabá, y reclamando de manera insistente que lo llevaran a hablar con su hermano Vicente, fue asesinado el jefe paramilitar Carlos Castaño el 16 de abril de 2004.
Así lo reveló el ex paramilitar Elkin Casarrubia Posada, alias ‘el Cura’, ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz durante su primera sesión de versión libre realizada en Medellín.
Este desmovilizado del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), condenado por su participación en la masacre de Mapiripán, Meta, y formado en las filas del Ejército Popular de Liberación (EPL) a finales de la década del ochenta, narró por primera vez ante la justicia los hechos que acabaron con la vida de quien fuera el máximo vocero político de las organizaciones armadas ilegales de extrema derecha en el país y sobre los cuales se han tejido diversas versiones.
"La orden que me dieron a mi fue matar a Carlos Castaño", dijo Casarrubia Posada. La misión le fue dada a comienzos de Abril de 2004 durante una reunión en la que estuvieron presentes Vicente Castaño, alias ‘el Profe’, Ever Veloza, alias ‘HH’, y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. De acuerdo con el testimonio del versionado, la decisión la había tomado Vicente, "pero ‘HH’ me dijo que toda la comandancia de las Auc sabía de esa orden".
Una vez conocido el propósito, se organizó un grupo de paramilitares de por lo menos cincuenta hombres que venían de diversos bloques, entre ellos del Calima y del Bananero, y de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’. Al frente de la misión estarían Henry Rodríguez Gómez, alias ’Darío’, comandante militar del Bloque Bananero en ese momento; Elkin Casarrubia Posada, alias ‘el Cura’, quien dirigía el Frente Amalfi del Bloque Calima en varios municipios del Nordeste antioqueño; y alias ‘Móvil Cinco’, de quien no se conoce hasta el momento su nombre.
Para cumplir con la misión, y por orden de alias ‘HH’, se trasladaron de Santo Domingo, Antioquia, a Santa Fe de Ralito, Córdoba, varios fusiles Galil y R-15, los cuales fueron entregados después a varios combatientes en el sitio El Molinillo, en San Pedro de Urabá.
El relato de alias ‘el Cura’ revela que hubo varios intentos de atacar a Carlos Castaño, pero que por diversas circunstancias y contraordenes se abortaron. Una de esas ocasiones se presentó en la finca llamada ‘La 28’, donde frecuentemente se encontraba el líder político de las Auc. Hasta ese lugar había llegado Diego Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, quien estaba al frente del Bloque Tolima.
"La orden que ‘Monoleche’ dio en ese momento fue que matáramos a Daniel cuando bajara de la finca y si venía con Carlos Castaño, que los matáramos a los dos, pero luego ‘HH’ cambió la decisión y dio la orden de no matarlo para no "calentarse" con Carlos Castaño", indicó Casarrubia Posada.
Según el versionado, pasaron varios días hasta que una casualidad los llevó a encontrar al líder de las Auc. "Yo estaba con Vicente Castaño en una de sus fincas y hasta allí llegó un señor que le decían Choroto, quien le administraba algunas tierras a ‘el profe’, a decirle que unos campesinos estaban quemando uno de los bosques de su propiedad. Vicente entonces le ordena a ‘Monoleche’ que arregle ese problema", relató el versionado.
Dado el conocimiento de la zona que tenía alias ‘Monoleche’, le dijo a alias ‘El Cura’ que reuniera la gente porque cerca del sitio de la quema era frecuente ver a Carlos Castaño y a sus escoltas. El grupo de paramilitares se transportó en por lo menos cuatro camionetas. "En una de ellas iban Monoleche, Sarley y Jhovanny; en la otra iba Darío con unos veinte hombres; en otra estaba Ramiro; y en otra íbamos Móvil Cinco y yo".
Pasaron por varias fincas, todas ellas ubicadas entre los municipios de San Pedro de Urabá y Arboletes, sin encontrar rastros del jefe paramilitar, hasta que pasaron por el frente de un lugar conocido en la región como Rancho al Hombro, que no era más que una tienda veredal a donde salía Carlos Castaño a conectarse a Internet a través de un teléfono público que había allí.
"Móvil Cinco y yo veníamos delante de todos los vehículos y cuando llegamos a ese punto vimos a un muchacho de la seguridad de Castaño. Le avisé a Monoleche y les dije a todos los hombres que la acción iba a comenzar. Cuando pasamos por frente de la casa de Rancho al Hombro, vimos a Carlos Castaño en el mostrador de la tienda frente a un computador", narró ‘el Cura’.
Móvil Cinco venía manejando el vehículo y frenó casi al frente donde estaba el vocero político de las Auc, y desde el mismo momento de la llegada del comando armado que buscaba al líder paramilitar empezó el tiroteo. "Ese intercambio de disparos duró como media hora y allí murieron varios escoltas de Carlos Castaño. Al rato, se le escuchó gritar que no disparan más".
En la escaramuza, el líder paramilitar se había refugiado en un pequeño rancho habitado por un hombre de por lo menos 65 años. "Allí, recostado en una silla contra la pared, Carlos Castaño nos preguntaba qué estaba pasando y Móvil Cinco le hacía varios reclamos. Cuando Castaño insistió que lo llevaran donde su hermano, Móvil Cinco le disparó y lo mató".
De acuerdo con lo dicho por el versionado, fue él quien recogió del mostrador donde encontraron a Castaño el computador y dos memorias, las cuales le entregó una semana después a alias ‘HH’. Casarrubia Posada dijo, además, que alias ‘Monoleche’ se quedó con la pistola Pietro Bereta que portada el líder de las Auc.
Terminada esa tarea, se dio otra orden: matar a todos los hombres que le ayudaron a Carlos Castaño. Se calcula que por lo menos diez hombres, entre ellos varios heridos, fueron asesinados y enterrados en fosas comunes en la finca escuela conocida como La acuarela. Pero uno de ellos, conocido con el alias de ‘el tigre’, se hizo el muerto, escapó y fue quien anunció que Carlos Castaño estaba muerto.
Luego de la operación, se allanaron varias fincas frecuentadas por Carlos Castaño en busca de dinero y armas. En una de ellas encontraron varios fusiles y en otra un trabajador del jefe paramilitar les entregó varios millones de pesos. "A los dos o tres días, Monoleche les repartió de a dos millones de pesos a los patrulleros que participaron en el operativo contra Carlos Castaño".
De acuerdo con alias ‘el Cura’, los cadáveres de los escoltas asesinados fueron desenterrados y quemados varios días después cuando a la zona de El Tomate llegaron hombres de la Fiscalía y de la Policía. "El propósito era desaparecer todo tipo de pruebas", afirmó el versionado.
Otra de las medidas que tomó Vicente Castaño y sus hombres fue organizar varios grupos paramilitares para contener algunas reacciones y represalias de aquellos jefes afectos a Carlos Castaño, entre ellos se le temía a Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’.
Por último, Casarrubia Posada precisó que la muerte de Carlos Castaño estaría relacionada con los supuestos contactos del líder político de las Auc con autoridades norteamericanas. Pero fue más allá y dijo que ya había perdido mando sobre las autodefensas: "solo le copiaban Daniel, el del Tolima, el Alemán y Jorge 40. Y con su hermano Vicente no tenían buenas relaciones, mantenían muchas discusiones".
La versión de alias ‘el Cura’ contrasta con la que han entregado otros desmovilizados, incluso del mismo Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, quien en una primera confesión pública a mediados del 2006 reconoció ser el autor material del asesinato de Carlos Castaño, pero en enero de 2008 se retractó ante un fiscal de la Justicia y Paz y afirmó que había comandado el operativo, pero no disparó. "Fue un desmovilizado de las Auc conocido con el alias de ‘Móvil 5’ quien, por orden de Vicente Castaño Gil, tiroteó a Carlos Castaño Gil", dijo en esa ocasión.
Lo paradójico es que días después de la incursión paramilitar que acabó con la vida del vocero político de las Auc, dos supuestos testigos se presentaron ante un medio de comunicación nacional y narraron los hechos, adjudicándole la muerte a alias ‘Monoleche’: "Yo alcancé a ver cuando sacaron a Carlos del granero y lo llevaron a donde estaba ‘Monoleche’. Entonces él dijo que por qué, que él era el líder de las autodefensas, que quién había mandado a hacer esa vuelta. Le contestaron: yo solamente cumplo órdenes del ’Profe’. Me di cuenta que usted iba a entregar a todos los líderes de las autodefensas que tenían que ver con el narcotráfico al gobierno de Estados Unidos. ’Monoleche’ levantó la pistola y descargó una cantidad de disparos. Yo alcancé a ver que ese señor descargó dos proveedores".
Si bien estas versiones sirvieron para que la Fiscalía procesara a por lo menos diez personas por este caso, varios de los participantes directos y que actuaron con niveles de responsabilidad aún no han sido vinculados ni detenidos, entre ellos ‘Móvil Cinco’, ‘Sarley’, ‘Jhovanny’, ‘Ramiro’ y el mismo Casarrubia Posada.
De acuerdo con indagaciones judiciales, ‘Móvil Cinco’, de quien no se tienen mayores datos, se sabe que se desmovilizó con el Bloque Mineros, pero se rearmó y ahora al parecer integra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), creadas por Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’ y con operaciones en el Urabá antioqueño. A su lado estarían ‘Sarley’ y ‘Jhovanny’, ex integrantes del EPL junto a alias ‘el Cura’, y alias ‘Ramiro’, un ex guerrillero de las FARC.

17 de abril de 2010
14 de abril de 2010
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balas perdidas del batallón la popa

mqh - 17 de abril de 2010 - 19:30 - colombia

En el juicio contra el coronel Mejía, un experto forense reveló irregularidades en dos operaciones del batallón La Popa en Valledupar entre 2001 y 2002, en las que manipularon cadáveres para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. La investigación contra el coronel Mejía se inició hace tres años y todavía se encuentra en etapa de juicio.

Colombia. Ante el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá, Javier Augusto Rojas, actual coordinador de la División de Siquiatría Forense de Medicina Legal, reveló detalles sobre el informe que elaboró en 2008 de dos operaciones del batallón La Popa, con sede en Valledupar, durante la comandancia del coronel Hernán Mejía, en 2002.
En éstas, el experto reconoció que se presentaron irregularidades en operativos en los que supuestamente los militares abatieron a presuntos guerrilleros. En el juicio se conoció que posiblemente varias de estas personas asesinadas, serían paramilitares muertos en combates que presuntamente fueron entregados por el Bloque Norte al batallón para presentarlos como resultados de su lucha contra la guerrilla.
La primera operación denominada como ’Coraza’, ejecutada en junio de 2002, desembocó, según el ejército en la muerte de dos presuntos guerrilleros que pretendían entrar a la guarnición desarmados.
Según Rojas, de las pruebas recogidas en la escena del crimen, hubo manipulación de los cuerpos de los presuntos guerrilleros, además los militares hicieron uso desproporcionado de la fuerza al atacarlos desarmados, y en general "evidencia que no se acomoda a las versiones dadas por los protagonistas y testigos de los hechos". Es decir, los militares prefirieron asesinarlos que capturarlos.
Para el experto no resultaba ‘lógico’ que dos personas desarmadas intentaran entrar a las instalaciones de un batallón por uno de los lugares más seguros y posiblemente más vigilados de la guarnición militar, con el propósito de robar armas y material de intendencia, como lo aseguraron los militares.
Uno de los mayores interrogantes alrededor de este hecho, es que uno de los presuntos guerrilleros fue encontrado con 23 fragmentos de granada en el cuerpo, a pesar de que en el lugar no se encontró prueba de alguna explosión. "Podría entenderse que el cuerpo recibió estas heridas en otro lugar… resulta poco probable que el guerrillero (herido) hubiese tenido fuerza para saltar el cercado del batallón e intentar robar el material militar".
Para el forense, gran parte de la evidencia concluye que el cuerpo de uno de los presuntos guerrilleros fue impactado a pesar de encontrarse herido y tendido en el piso. "Nunca hubo prueba contundente de que esos guerrilleros hubiesen disparado contra los militares".
Sin embargo, los hallazgos sobre la segunda operación, denominada ’Tormenta’, realizada en octubre de 2002, son aún más comprometedores. Según el mismo batallón La Popa en esta murieron a 18 presuntos guerrilleros del Eln. Pero, como lo reveló el experto, tan sólo dos de los 18 supuestos insurgentes fueron impactados de pie, mientras que los otros 16 fueron baleados estando en el piso.
Lo más sorprendente para el investigador es que de los 18 cuerpos, nueve fueron encontrados con disparos en la parte de atrás de la cabeza, como si fueran tiros de gracia, cuando se supone que en un combate normal los impactos que tendrían serían de frente en el cuerpo.
Otras de las conclusiones de la investigación es que dos de los asesinados estaban desarmados, ya que sólo se encontraron 16 armas en el lugar de los hechos, mientras otros tres no tenían camuflado. De hecho, "uno de los presuntos guerrilleros fue encontrado en ropa interior" aseveró el experto.
Según Rojas, se encontraron otro tipo de inconsistencias en las prendas que usaban los presuntos guerrilleros. Por ejemplo, uno de los muertos tenía a la vez emblemas del Eln y de las Auc; y otro cuerpo le fue hallado un brazalete del Eln y documentos que lo acreditaban como miembro de las autodefensas.
Otro punto que también genera suspicacias para el forense, es que en el supuesto combate se dispararon alrededor de 25 mil cartuchos, de los cuales solo 98 impactaron en 17 de los cuerpos, lo que revela un acierto del 0,37 por ciento de los militares. Sin embargo, uno de los cuerpos presentó once impactos de bala en la cabeza.
Mejía, y otros cuatro militares, están procesados desde mayo de 2008 por el delito de concierto para delinquir agravado. Junto a él son juzgados el teniente coronel José Pastor Ruiz, el teniente Nelson Javier Llanos y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade.
El juicio contra Mejía continuará hasta el próximo 20 de abril. Entre los testigos citados para declarar están los ex jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte, Edgar Fierro Flores alias ‘don Antonio’, mano derecha de ‘Jorge 40’ y Leonardo Sánchez Barbosa alias ‘el Paisa’. También fue llamado Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, uno de los testigos claves en el caso del ex gobernador de Cesar, Herrando Molina Araújo, juzgado por parapolítica.

Las Acusaciones contra Mejía
En mayo de 2008, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecen recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar investigados, principalmente por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició en 2007, cuando el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa que el coronel Mejía Gutiérrez sería relevado por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmó que el coronel cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante del Cesar. Así mismo señaló que Mejía se alió con el Bloque Norte.
Cuando Mejía llegó al Batallón conformó un escuadrón especial de 14 militares, conocido como el grupo Zarpazo especializado en reacción rápida a los ataques de los ilegales. Sospechosamente, cada vez que el grupo realizaba operativos producía bajas. Además entre 2002 y 2004 aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos en la zona, crimen que alcanzaron la cifra de 53 homicidios sólo en el primer semestre de 2003. Los kankuamos denunciaron al Batallón La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Otro de los casos que está investigando la Fiscalía es el asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando los asesinaron, sus familiares denunciaron que no eran guerrilleros.
Según testigos se trató de una purga interna dentro del grupo paramilitar Mártires del Cacique de Upar orquestada por el coronel Mejía y el difunto jefe paramilitar David Hernández, alias ’39’, quien era amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del coronel. En 2004, Hernández fue asesinado por tropas del coronel Mejía, pero varios testigos señalan que ’Jorge 40’ fue el que ordenó su muerte.
Mejía y varios de sus hombres también son investigados por los asesinatos de dos supuestos guerrilleros en el Batallón en junio de 2002. Las dos personas fueron capturadas, torturadas, asesinadas y presentadas como positivos.-
El ex suboficial también confesó que coronel Mejía y él se reunieron con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: ’Jorge 40’, Hernán Giraldo, Óscar José Ospino, alias ’Tolemaida’, Enrique López, alias ’Omega’ y ’39’. Según el testigo, ese día Mejía y ’Jorge 40’ acordaron que él iba a recibir un sueldo de 30 millones de pesos mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas. De acuerdo con el relato Mejía le entregó fusiles Galil a alias ’39’ y sus hombres para que lo ayudaran con falsos positivos.
El testigo aseguró que estos asesinatos se cometieron con la complicidad de fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que después fue nombrada directora de Fiscalías de Valledupar por el ex fiscal general Luis Camilo Osorio como director de Fiscalías de Valledupar.

17 de abril de 2010
16 de abril de 2010
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a juicio odín sánchez y édgar torres

mqh - 17 de abril de 2010 - 19:24 - colombia

La Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio a los ex representantes por Choco Odín Sánchez y Edgar Torres por sus presuntos vínculos con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC.

Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema encontró méritos suficientes para llamar a juicio a los ex congresistas por el Partido de la U, Odín Sánchez y Édgar Eulises Torres, por el delito de concierto para delinquir agravado.
A mediados de abril de 2009, el Alto Tribunal abrió investigación preliminar contra los ex representantes a la Cámara por sus aparentes vínculos con el Bloque Élmer Cárdenas.
Cuatro meses después, el 31 de agosto, Édgar Eulises Torres fue capturado y Odín Sánchez se entregó a las autoridades, luego de que la Corte dictara orden de captura.
Durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, dio un listado de 23 políticos que supuestamente tuvieron alianzas con los ’paras’, entre los que mencionó a Édgar Eulises Torres.
Posteriormente, el ex jefe del Élmer Cárdenas sostuvo esta versión ante magistrados auxiliares de a Corte, señalando que Torres y Odín Sánchez hicieron parte de su proyecto político en Chocó.
‘El Alemán’ le explicó a la Corte que sí se hicieron alianzas y pactos con varios de los políticos del Chocó para llegar a diferentes cargos públicos, como el Congreso, alcaldías o la Gobernación. El ex jefe paramilitar aseguró que sostuvo numerosas reuniones con políticos de la región que consideraba "amigos de la causa".
Agregó que le hizo un préstamo de 400 millones de pesos a Édgar Eulises Torres, que el congresista le prometió pagarle con los contratos que se ganaría una vez elegido.

La Petición de la Procuraduría
El mes pasado, el Procurador Segundo Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, Jesús Villabona, presentó un concepto ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que indica que en este proceso "se reúnen los requisitos sustanciales para calificar la investigación con pliego de cargos".
La Procuraduría considera que las pruebas recaudadas durante la investigación, demuestran que los ex representantes por el Chocó realizaron un acuerdo con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, para que respaldaran sus aspiraciones electorales.
Por esta razón, el Ministerio Público solicitó que se llame a juicio a los ex congresistas como "presuntos autores responsables del delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos al margen de la ley".

17 de abril de 2010
14 de abril de 2010
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paramilitares presionaron en elecciones

mqh - 14 de abril de 2010 - 08:02 - colombia

Rastrojos’ dejan su rastro en las urnas de Nariño. Hay evidencias de que el crimen organizado presionó a votantes y a candidatos en este Departamento y en otros vecinos, donde varios grupos ilegales se pelean el control de las rutas del narcotráfico para salir al mar.

Colombia. Una conclusión preliminar de la Misión de Observación Electoral colombiana (MOE) que resultó alentadora, después de las elecciones al Congreso el pasado 14 de marzo, es que no hubo tanta presión armada sobre los votantes como en elecciones anteriores.
Sin embargo, la propia MOE había advertido que 28 de los 65 municipios de Nariño estaban en riesgo por incidencia del conflicto que libran guerrilleros de las Farc, del Eln y bandas criminales, en particular una llamada ‘Los Rastrojos’, sobre todo en la zona costera.
Esta banda fue creada por el narcotraficante Wilber Varela (luego asesinado en Venezuela), alias ’Jabón’, quien a principios de siglo se enfrentó en una cruentísima guerra contra ‘Los Machos’, el ejército privado de su enemigo, el también narcotraficante, ya extraditado, conocido como ‘Don Diego’ .
Con la desmovilización a fines de 2004 del grupo Calima de los paramilitares, ‘Los Rastrojos’ recogieron disidentes y reincidentes y sometieron a grupos que quisieron competirles, como la Organización Nueva Generación (ONG) y Águila Negras.
De la mano de unos nuevos jefes, Luis Enrique Calle, alias ‘Comba’, y su hermano Javier Antonio, se han expandido por el Pacífico, han hecho alianzas con narcos de los Llanos, y han sometido grupos sueltos de bandidos en Norte de Santander.
Hoy las autoridades tienen identificados a ‘Los Rastrojos’ como un nuevo cartel en ciernes. Y a juzgar por graves denuncias y evidencias recogidas por Votebien.com, al menos en Nariño esta banda criminal, al igual que sus antecesores, los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, está interesada en infiltrar la política nacional.
Las advertencias de que la libertad de las elecciones en Nariño estaba en vilo por la violencia, resultaron premonitorias, pues sucedieron incidentes graves que obligan a la justicia a meterse a investigar en serio. Éstos son algunos que documentó Votebien.com

Votantes Constreñidos
En la vereda Bella Florida del municipio de Linares en Nariño, las elecciones del 14 de marzo no transcurrieron en calma tal como lo dijeron casi todas las autoridades. En circunstancias aún poco claras, el ex candidato al Concejo, Lizardo Rosero, a quien ‘Los Rastrojos’ habían señalado como ficha de las Farc, fue asesinado en plena jornada electoral.
En los medios nacionales la noticia no tuvo eco, como tampoco el hecho de que hombres armados de esta banda criminal hicieron un censo entre los pobladores para coaccionar su voto.
¿A favor de quién? La respuesta es tan confusa como la historia que también se replica en otros municipios de Nariño. Al igual que en Linares, en otros como Policarpa, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Roberto Payán, (San José), Cumbitara y Santa Bárbara-Iscuandé, hubo reuniones convocadas por ‘Los Rastrojos’ con pobladores de varias veredas, en las que les "sugerían" el candidato y el partido a marcar en el tarjetón.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf lo denunció con nombre propio. "Hubo una presión una semana antes de las elecciones por parte de ‘Los Rastrojos’ para que apoyaran al candidato al Senado, Sigifredo López del Partido Liberal. Ahora vemos que ganó en municipios que nunca visitó".
Informes de inteligencia policial y alertas de la Defensoría del Pueblo coinciden con la denuncia del Gobernador: que hubo reuniones para presionar a los votantes en las veredas de la costa pacífica y otras de la zona andina nariñense a favor de este candidato.
Cuando aún falta por conocer el 6 por ciento del escrutinio nacional, el candidato López aún se pelea la última curul al Senado con otros aspirantes de su partido como Guillermo García Realpe (actual Senador y ex secretario de la Gobernación de Nariño) y Luis Fernando Duque, de Antioquia. La diferencia entre ellos es de apenas unos miles de votos.
Consultado por Votebien.com, el ex diputado del Valle y único sobreviviente del fatídico secuestro que organizó las Farc en pleno centro de Cali en 2002, Sigifredo López dijo que todas estas denuncias buscan invalidar unas mesas claves donde él ganó, para poderle arrebatar su curul, "aunque sea la forma más ruin de pelearla".
"He pedido expresamente al Consejo Nacional Electoral que investigue cada uno de mis votos en todo el país porque en mi campaña no han participado ni personas ni grupos al margen de la ley. Si es el caso yo renuncio porque mi honorabilidad vale más que una credencial en el Senado", sostuvo indignado López. Le envió una carta al presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié para que, una vez terminados los escrutinios, determine la legalidad de su votación.
"Yo estuve buscando el apoyo de concejales en el Valle y no encontré a nadie porque todos estaban comprados. Los alcaldes presionaban a los empleados por los candidatos de sus preferencias, y la gente me decía ‘yo quiero votar por usted doctor pero me echan del trabajo’", explicó López y aseguró que esos votos eran a favor de Roy Barreras y Dilian Francisca Toro del Partido de la U.

López obtuvo casi 3000 votos en Nariño y ganó en por lo menos cinco de los municipios nombrados. El candidato liberal reconoció que no visitó todos los lugares "como no lo puede hacer ningún candidato", pero explicó que sí le pidió a algunos amigos que promovieran su candidatura.
"Yo vengo haciendo un trabajo con algunas comunidades nariñenses en sustitución de cultivos ilícitos por palma africana y por un arbusto para la producción de biodiesel, llamado jatrofa (…) Yo soy un ciudadano que estuve siete años secuestrado, viviendo todo tipo de humillaciones, con una cadena al cuello, y ahora que me lanzo a la política, soy objeto de difamaciones. No soy guerrillero ni menos paramilitar".

Otras Denuncias
En un trabajo de campo realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris antes de las elecciones, recogieron denuncias diversas de que ‘Los Rastrojos’ estaban financiando en Nariño campañas de algunos políticos adscritos a Alas y al Partido Conservador, pero no hubo señalamientos a personas.
En Tumaco, el principal puerto de Nariño sobre el Pacífico que estaba señalado por la MOE en riesgo medio por violencia, hubo un ganador con una votación atípicamente alta. Se trata de Samy Merheg Marun del Partido Conservador quien no siendo oriundo de la ciudad, obtuvo más de 4.000 votos, doblando incluso a la candidata Myriam Paredes, considerada la baronesa electoral del Departamento.
Samy Merheg es el hermano del ex senador risaraldense Habib Merheg, quien fue llamado a indagación preliminar en la Corte Suprema por parapolítica y fue condenado por la Procuraduría en un proceso de conflicto de intereses.
Según diversas fuentes consultadas por Votebien.com, Samy Merheg contó con apoyo de la maquinaria electoral del dos veces alcalde de Tumaco, Nilo del Castillo Torres, quien en su primera administración fue acusado de malversación de fondos, está siendo investigado por faltas disciplinarias por la Procuraduría y hoy día maneja la televisión y radio locales.
Del Castillo fue uno de los que quedaron huérfanos cuando el partido ADN perdió la personería jurídica, y finalmente se lanzó a la Cámara por Alas pero se quemó.
Esta redacción buscó repetidamente al Senador Meregh para conocer su respuesta, pero a pesar de dejar razón con su asesor, nunca regresó la llamada ni atendió nuestras inquietudes.
Otras fuentes aseguraron a Votebien.com que ‘Los Rastrojos’ también financiaron a candidatos del PIN no solo en Nariño sino en los otros departamentos donde este grupo se ha expandido, principalmente en Cauca y Valle.
Un funcionario público, investigador del tema del narcotráfico, aseveró que hubo dineros ilícitos que vinieron de la Costa Pacífica para financiar candidatos asociados al ex senador Juan Carlos Martínez, hoy en la cárcel enjuiciado por parapolítica.
Estos aspirantes pertenecen al PIN y al Movimiento Popular Unido (MPU), partido creado por el padre del actual gobernador del Valle, Carlos Abadía.
El candidato a la circunscripción especial de negritudes que salió elegido con 7.999 votos por MPU es Heriberto Arrechea. Él admitió públicamente su relación política con el ex senador Martínez y dijo que "Martínez está demostrando su inocencia ante la justicia y que su hoja de vida es pública para que la investiguen".

‘Los Rastrojos’ y la Política
Según recientes informes de las autoridades, la banda de ‘Los Rastrojos’ podría ser la estructura mafiosa con más poder hoy en Colombia, con control de rutas de exportación de droga a México, Estados Unidos y Centro América.
Esta expansión ha sido notable en los últimos años. "Aunque los Rastrojos en Nariño trabajan al mejor postor, lentamente han buscado quedarse con el negocio. En municipios como Barbacoa, bajo Cumbitara y bajo Policarpa desterraron a las Águilas Negras y hubo una guerra cruenta tras la que exterminaron a los Machos", dijo un investigador a Votebien.com.
Además de la pelea con otras bandas criminales, ‘Los Rastrojos’ también le disputan el control del negocio ilegal en Nariño a los grupos guerrilleros Farc y el ELN con varios frentes armados en la zona.
Una semana después de las elecciones, las Farc enviaron a un niño de 13 años con explosivos, para atentar contra la estación de Policía en el municipio de El Charco, causando su muerte y heridas a siete personas más.
Según fuentes de la Policía, la estrategia del frente 29 de las Farc es desplegar sus hombres hacia el centro del Departamento y la Costa Pacífica para recibir apoyo de los frentes 30 y 60, provenientes del Cauca, y la columna Mariscal Antonio José de Sucre. Todo esto para hacerse al control de 19.000 hectáreas de hoja coca que hay sembradas en el Departamento. No es poco botín, pues representan el 25 por ciento de los cultivos de la planta en el país. En el eje Cauca, Valle y Nariño se calcula que la zona sembrada con coca es mayor: 24 mil hectáreas.
Una hipótesis sobre el interés de ’Los Rastrojos’ en promover candidatos, apunta a que buscan posicionar fichas que representen una mano dura contra la guerrilla, pero no por razones ideológicas, sino para debilitar su control de corredores del tráfico ilegal.
Luego de que las Farc y el ELN firmaron un acuerdo de paz en esa zona a finales del 2009, ‘Los Rastrojos’, que antes se habían aliado en sus negocios ilícitos con los ‘elenos’, están sintiendo la amenaza de la nueva alianza.

No obstante, otro de los investigadores consultados por Votebien.com afirma que, en realidad, los Rastrojos, el ELN y las Farc ya tienen pactos en la zona y sus funciones se han distribuido para que todos hagan parte del negocio: las guerrillas se encargan de los cultivos, mientras que ‘Los Rastrojos’ organizan el comercio de la droga del Pacífico hacia México.
Según esta segunda hipótesis, ‘Los Rastrojos’ habrían apoyado a algunos candidatos para que desde el Congreso defiendan sus intereses y usen su poder para garantizarles impunidad, especialmente en las zonas estratégicas para sus actividades: Nariño, Cauca, Valle y una zona de Risaralda.

Compra-venta de Votos
Las presiones a los votantes no sólo vinieron en Nariño por la vía armada. También hubo dineros sospechosamente abundantes con los que compraron a los ciudadanos.
"Nosotros recogimos mucha información pre y pos electoral sobre estas presiones a través de quejas personales o del sistema Uriel (Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral), pero mucha gente no se atrevió a presentar las denuncias formales", aseguró el defensor regional del Pueblo de Nariño, Raúl Vallejo. "La Fuerza Pública no estuvo ni está presente en todo el Departamento".
Las denuncias incluyen además de la presencia de actores armados, la compra-venta de votos en las mesas ante los ojos de la Misión de Observación Electoral de la OEA no solo con dinero, sino con mercados y ofrecimiento del pago de servicios de agua y luz, en su mayoría para favorecer a la candidata Myriam Paredes quien obtuvo más de 76 mil votos en su Departamento.
"En esta región golpeada por la pérdida de dinero de las pirámides y con tanta pobreza, a la gente no le quedó otra que vender el votico", observó el ex veterano senador por el Polo Democrático, Parmenio Cuellar, que se quemó en las elecciones de marzo pasado.
El ex senador calculó que en estas elecciones tan solo el 30 por ciento de los votos fueron de opinión, mientras el 70 por ciento fueron comprados.
La última palabra sobre los responsables de la coerción a los votantes por las armas o por la compra de conciencias, la tendrán las autoridades policiales, de justicia, y por supuesto, las electorales. Por ahora el CNE pidió trasladar a Bogotá las votaciones de Senado y Cámara de trece municipios de Nariño para verificar el conteo, además de los escrutinios del Valle, Chocó, Cesar, Córdoba y Sucre.
Lo que encuentre el órgano electoral puede dar muchas pistas en este nuevo capítulo de oscuros vínculos entre política y narcotráfico.

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das pierde ayuda de eua

mqh - 14 de abril de 2010 - 07:32 - colombia

Por ‘chuzadas’, DAS pierde ayuda técnica de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene la seguridad que la tecnología brindada a este organismo no fue utilizada para esta actividad ilegal. Pero prefiere que otras instituciones colombianas reciban esa asistencia

Colombia. William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia, no ocultó su preocupación por el escándalo que envuelve al DAS. Y aunque advirtió que este hecho pertenece al fuero interno de la justicia colombiana, anunció que su país dejará de brindar la ayuda técnica que hasta el momento había puesto a disposición del departamento de inteligencia.
Las recientes revelaciones que hizo la Fiscalía en la investigación sobre la interceptación y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes de oposición, motivaron la reacción del representante del gobierno de Estados Unidos.
Brownfield, en diálogo con periodistas en Bogotá, tiene la certeza que la ayuda técnica que su gobierno ha puesto al servicio del DAS no fue utilizada para este conducta que tiene con medida de aseguramiento a cinco ex funcionarios, y en investigaciones a dos de los antiguos directores de esta entidad.
Pero aseguró que el DAS no puede seguir recibiendo este tipo de cooperación, y por eso, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado el proceso de transferir esa colaboración a otras instituciones al interior de la Policía, y el propio Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana.

"Nunca Sugerí al DAS Violar la Ley": Uribe
Pero las pruebas testimoniales reveladas por la Fiscalía, que señalaron que las interceptaciones del DAS a magistrados de la Corte Suprema se hicieron por solicitud de la Casa de Nariño, habían motivado una de las más fuertes reacciones del presidente Álvaro Uribe en los últimos días.
Este martes, en un extenso reportaje para Radio Santa Fe, el Jefe de Estado fue enfático al afirmar que "nunca sugerí al DAS violar la Ley", y metió las manos al fuego por varios funcionarios de su gobierno que fueron salpicados por las evidencias reveladas por la Fiscalía.
El mandatario afirmó que ni su secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, ni la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, violaron la ley. Según la Fiscalía, ellos hicieron parte de una reunión en la Casa de Nariño, donde según testimonios acogidos en el proceso conocido como las ‘chuzadas del Das’, habían solicitado el seguimiento a los magistrados de la Corte.
"Este es un Gobierno que no apela a procedimientos turbios, este es un Gobierno que procede de frente", dijo Uribe en el reportaje radial, y sobre los funcionarios aseguró que se trata de personas "de moral impecable".
Además, el Jefe de Estado se mostró dispuesto a demostrar que ni él ni su gobierno motivaron la infiltración ilegal los teléfonos y los correos de magistrados y dirigentes de oposición por funcionarios del DAS.
Uribe pidió que sus declaraciones sean transcritas y anexadas a los expedientes que la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo Superior de la Judicatura, adelantan sobre este escándalo.
Incluso, Uribe aseguró que también ha sido víctima de chuzadas. Se preguntó por qué algunas de sus comunicaciones interceptadas en su primer mandato aún no han sido investigadas por la Justicia.
El presidente Uribe también aprovechó la entrevista para controvertir la postura de Gustavo Petro, dirigente y candidato presidencial del Polo, quien lo señaló como el responsable político de las ‘chuzadas’ de las que ha sido objeto, que incluso, afectaron a su padre.
El Jefe de Estado dijo que su gobierno es el que más garantías le ha dado al ejercicio político de la oposición: "Soy comandante de las Fuerzas Armadas y como tal he ordenado darle a la oposición radical todas las garantías para que los protejan. Han tenido garantías para maltratar, para injuriar y pisotear la honra de los altos funcionarios del gobierno", señaló Uribe.
En este episodio, que ha provocado choques entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia, el Presidente cuestionó la presencia del magistrado César Julio Valencia Copete, ex presidente de la Corte, en la audiencia de formulación de cargos a cinco ex funcionarios del DAS.
El sábado en la tarde, el magistrado Valencia Copete, una de las víctimas de las chuzadas, llegó a los juzgados de Paloquemao con su abogado Ramiro Bejarano para asistir a la audiencia en la que la Fiscalía destapó parte de las pruebas para solicitar la medida de aseguramiento contra los ex funcionarios del departamento de inteligencia.
Según el presidente Álvaro Uribe Vélez, la presencia del magistrado y su representante podría constituirse en una "presión indebida" a la juez penal que adelanta el juzgamiento de la investigación.
Al final de la tarde de este martes, la Casa de Nariño emitió un comunicado para responder a la ola que había creado las nuevas revelaciones de la investigación de las ’chuzadas’ y que resumían en parte el pronunciamiento del Jefe de Estado:

1. Desde la primera hora de este Gobierno se han dado garantías efectivas, no retóricas, a todos los sectores políticos, bien sean amigos o no del Gobierno.

2. La oposición radical ha gozado de plenas libertades para el ejercicio político, sin ninguna limitación para decir lo que quieran, siempre con toda la protección.

3. El Gobierno Nacional jamás ha ordenado procedimientos turbios o ilegales y quienes incurran en dichas prácticas deben ser juzgados e ir a la cárcel.

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acusan a piedad de nexos con las farc

mqh - 14 de abril de 2010 - 07:19 - colombia

La Procuraduría informó que cuenta con las pruebas suficientes para iniciar una investigación formal contra la senadora por sus supuestos vínculos con las Farc.

Colombia. Según la Procuraduría, en el computador del abatido jefe guerrillero ’Raúl Reyes’, hay varios correos electrónicos que demostrarían los supuestos nexos de la senadora liberal con las Farc.
En los próximos días será citada la congresista para que se presente ante funcionarios de la Procuraduría y explique si hubo algún tipo de vínculo con esa guerrilla.
Piedad Córdoba, quien se encuentra en una gira de Colombianos y Colombianas por la Paz por países Europeos, respondió desde su cuenta en Twitter a @Semanadigital que está esperando notificación de los abogados para opinar al respecto.
La Procuraduría además anunció que dará a conocer los nombres de más personas mencionadas en los correos de ’Reyes’ y que serán investigadas en el marco del proceso denominado ‘Farcpolítica’.
Este proceso inició en 2008 cuando la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, basados en los correos del computador de ‘Raúl Reyes’ (incautado tras el bombardeo a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano), anunció la investigación contra congresistas y funcionarios públicos que podrían llegar a tener nexos con la guerrilla. Hasta el momento ninguna persona ha sido llevada a juicio.
Durante el proceso han sido investigados preliminarmente Jorge Enrique Robledo, Wilson Borja, Piedad Córdoba, Jaime Caycedo y Gloria Inés Ramírez.

Los Correos Que Comprometen a Córdoba
Aunque no son la única, ni la principal prueba que está en poder de los investigadores de la Corte, los documentos y los correos hallados en los computadores de ’Raúl Reyes’ se han convertido en pilares de las evidencias contra la senadora.
Para los investigadores del CTI de la Fiscalía, en un primer informe revelado en mayo de 2008, está demostrado que la persona que firma y escribe decenas de correos con ’Raúl Reyes’ usando el seudónimo de ’Teodora de Bolívar’ es justamente la senadora Piedad Córdoba.
Ella ha negado en repetidas oportunidades que hubiese utilizado algún tipo de alias en sus comunicaciones con el jefe guerrillero y mucho menos el de ’Teodora’.
Si bien es cierto que Piedad ha sido autorizada por el gobierno para realizar gestiones encaminadas a lograr que las Farc liberaran a los secuestrados, los investigadores consideran que la senadora pudo extralimitarse en ese intento y que son innumerables los correos escritos por ella en los que da o pide consejos a los guerrilleros, entrega y recibe información de las Farc. En algunas comunicaciones incluso usa polémicas afirmaciones más propias de los subversivos que de una senadora o alguien en gestiones humanitarias.
Un ejemplo de esto, según la investigación, es un correo entre Córdoba y ’Reyes’ del 27 de octubre de 2007. "Esto es alta política, es filigrana, cuál es la próxima movida, es ajedrez y, por primera vez, el gobierno no puede controlar nada, ni siquiera los Estados Unidos, Francia, Europa en general, les han perdido algo de confianza, no les creen del todo y los pusieron en remojo, el gobierno no tiene idea qué sigue. Mucha gente creyó que yo era boba, que necesitaba protagonismo, yo soy PATRIA O MUERTE -VENCEREMOS". Este es uno de los correos que, según la investigación, deben ser aclarados por ella ante la Corte
Para los investigadores resulta cuestionable también una serie de comunicaciones en las que Córdoba aparentemente se pone de acuerdo con los guerrilleros para trazar estrategias contra el gobierno, como queda en este correo enviado el 29 de noviembre de 2007 a ’Reyes’. "...Los tengo locos por todo lo que estoy soltando, eso que no saben bien lo de Sarkozy, pero ya verán. Voy abrir otro correo para escribirte y escribirles, me da temor por aquí, yo estoy muy inteligenciada (sic), de todas formas no se preocupen por algunas cosas que yo digo de lo que ustedes cedieron, les conviene, no piensen en ese monstruo, piensen en la organización, tengo una encuesta que mandamos a hacer para mi debate, voy a enviártela, te va ser muy útil, envíala a todos los del secretariado, hay días que favorecen a las Farc, y en eso hay que trabajar...".
Lo llamativo: firma como Teodora y el correo fue enviado cuando Piedad Córdoba había sido desautorizada como mediadora oficial.
La investigación confirmará si la senadora y los demás políticos investigados cruzaron o no la línea que separa la interlocución humanitaria y neutral de la militancia.
A pesar de que está en el ojo del huracán y que tiene que aclararle a la justicia muchas cosas, a Piedad hay que reconocerle que es valiente. Se ha destacado como una mujer frentera en un país en donde muchas cosas se hacen por debajo de la mesa. Hay que reconocerle también que gracias a ella se logró la liberación de varios secuestrados por las Farc.
E incluso, hay quienes le permitirán el beneficio de la duda y podrán también interpretar, tras oír sus explicaciones, que Piedad simplemente está defendiéndose de un ’establecimiento’ -como ella lo llama- que la tiene arrinconada. Pero será la justicia la que tendrá la última palabra sobre su caso.

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