Desaparición forzada: el dolor de la incertidumbre. Cientos de familias han esperado por años el regreso de sus seres queridos. Algunas prefieren aferrarse a la figura del secuestro, una condición que, según ellas, les da esperanza de verlos vivos de nuevo.
[María Isabel Naranjo] Colombia. "Se-cues-tra-do". Con lentitud enfática, Liliana Salamanca deletrea la única palabra que mantiene con vida a su esposo, Darío Ramírez Castaño, después de siete años de haber sido raptado por el Frente 54 de las Farc. A él se lo llevaron del barrio 7 de agosto de Bogotá, y desde hace seis años no tiene comunicación con sus secuestradores.
A la misma palabra se aferra con vehemencia Blanca González de López desde hace ocho años, cuando cuatro hombres armados sacaron a su hija Dora Elizabeth López del hotel La Villa, en Guaduas, Cundinamarca. Los hombres pertenecían al Frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando de John Fredy Gallo Bedoya, alias el ’Pájaro’.
Ninguno de los dos nombres se encuentra registrado en la lista de secuestrados que hoy tiene el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), ni aparecen en los medios de comunicación como los secuestrados políticos o militares.
Sus nombres aparecen escritos, perdidos entre 3.000 más, en una lona blanca que cuelga en uno de los muros de la Fundación País Libre, y también en la lista de cerca de 12.000 desaparecidos forzosos que tiene la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Que el secuestro aparezca en los medios con más frecuencia que la desaparición forzada es una de las razones para que Liliana y Blanca se nieguen a decirles desaparecidos a sus secuestrados. La otra razón es que es la única palabra que les da esperanza de verlos vivos de nuevo.
La desaparición, además de la ausencia, trae el dolor de la duda, dijo Alfredo Molano sobre los traumas que viven las familias ante la ausencia prolongada de un ser querido (ver artículo).
Los Secuestrados No Son Desaparecidos, y Viceversa
En Colombia, desde 1996, se han registrado 23.000 secuestros. Hasta el 2007 continuaban registradas en cautiverio 3.000 personas y se decía que era el país con más secuestrados en el mundo.
Fondelibertad aseguró en marzo que el delito del secuestro extorsivo, desde 2002, se redujo en 90 por ciento y que hasta el 28 de febrero del presente año en Colombia había 79 secuestrados cautivos, es decir, personas que están en algún lugar de la geografía nacional con alguien que impide su libertad.
Con las liberaciones del 30 de marzo del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo, esa cifra se redujo a 77.
La investigación de esta entidad logró determinar que de 2.800 casos registrados en la base de datos de secuestrados en 2007, 1.148 se encuentran libres, 767 fueron víctimas de otros delitos que no corresponden a secuestro, 211 tienen la seguridad de que no están muertos y 614 registros continúan en estudio debido a que no hay información suficiente, como nombres completos o vínculos familiares, que permita seguir la investigación.
Lo que Fondelibertad ha hecho durante los últimos tres años es depurar las bases de datos de secuestro y actualizar el estado de las víctimas, haciendo seguimiento de cuentas bancarias, registros de defunción, trámites ante notarías y, sobre todo, estableciendo un contacto directo con los familiares.
Dentro de la actualización del estado de las víctimas surge una cifra que no habla ni de liberados ni de muertos, sino de desaparecidos. El ente oficial estableció que 744 personas registradas como secuestradas están, realmente, desaparecidas.
Se cuenta que desde la década del 40 han sucedido en el país 42.283 desapariciones y todavía existen 11.580 que corresponden a desaparición forzada.
Esta práctica tiene sus orígenes en Colombia a partir de la lucha bipartidista de los años 20, pero continuó sistemáticamente desde la aparición de grupos guerrilleros en la década del 60.
Desde ese momento, tanto el Estado, como los grupos guerrilleros y de autodefensa instrumentaron prácticas de detención con rasgos clandestinos, de modo que las personas detenidas luego no aparecían presas, secuestradas o detenidas, y generalmente, luego de ser torturadas, eran ejecutadas y enterradas como N.N.
El primer caso denunciado formalmente ocurrió en 1977 y fue el de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 34 años, militante de izquierda que desapareció en Barranquilla junto con su novio. Él fue torturado y ella nunca regresó.
Fue solo a partir del año 2000 cuando se tipificó el delito de desaparición forzada en el Código Penal. Por esta razón, muchos de los casos que hoy son desapariciones figuraron en las bases de datos como secuestro simple.
En el secuestro extorsivo, además de que se identifica el autor del crimen, existe una exigencia económica o publicitaria o de carácter político de éste para la liberación de la víctima, mientras que en la desaparición forzada no se identifica ni el autor, ni las motivaciones ni existen exigencias económicas.
El esposo de Liliana y la hija de Blanca, según estas características, no están secuestrados sino desaparecidos. Darío Ramírez era comerciante de autopartes y por su liberación exigieron el pago de 130 millones de pesos; después de pagarlos nunca se volvió a saber nada de él. Dora López, de 28 años, era auditora de Pollos Campeón, y sus captores nunca se comunicaron con su familia para exigir el pago de su liberación.
Diferenciar estos delitos es importante porque las estrategias de búsqueda de un desaparecido no son las mismas de un secuestrado.
Édgar Gómez, abogado de la Fundación País Libre, explica que desde el punto de vista metodológico las acciones que realiza un investigador del Gaula son muy diferentes a las que realiza un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos frente a un caso de desaparición forzada.
Mientras un investigador de un secuestro está asesorando a los familiares sobre cómo deben comunicarse con los secuestradores, indicarles que deben esperar las llamadas en su casa para grabarlas y darle pistas a la investigación, en los casos de desaparición forzada se debe realizar otras acciones urgentes, como verificar que la persona no haya salido del país, que no esté en Medicina Legal declarada como N.N. o herida o en la cárcel. El fiscal debe recoger cartas dentales, pruebas de ADN, registrar cómo estaba vestido el día que desapareció, entre otras acciones.
Por esta razón, si un caso de secuestro prolongado en el que no hay comunicación con los captores no pasa a ser un caso de desaparición, nunca se va a resolver.
Harlan Henao, director de Fondelibertad, asegura que la actualización del estado de las víctimas, si bien no cambia automáticamente la tipificación del delito en la Fiscalía, si permite que ingresen en la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde se impulsa de nuevo la investigación.
Desaparecidos entre el Polvo y las Telarañas
De poco les ha servido a Liliana y a Blanca saber que sus familiares están en la lista de desaparecidos y no de secuestrados. Ninguna de las dos tiene claro si los casos de sus familiares siguen una investigación judicial o si se encuentran en anaqueles empolvados en la oficina de un fiscal.
Por eso sus días transcurren entre seguir los expedientes de sus seres queridos por las fiscalías, ir a declaraciones de Justicia y Paz, hablar con presos, asistir a jornadas de víctimas de secuestro y buscar información nueva que apacigüe la ansiedad que produce no saber dónde están o qué sucedió con ellos.
La primera pregunta que Blanca se hace cuando se levanta es: "¿Qué voy a hacer hoy?", y las respuestas son: llamar, preguntar, visitar, buscar. "Aunque sea me pongo a llamar a Acción Social porque hace año y medio que pasé los papeles y no han dicho nada de la reparación por vía administrativa a la que tengo derecho. Y bueno, siempre pendiente de Justicia y Paz, del Gaula, de donde me llamen. Pero no puedo irme fuera de Bogotá ¿Qué tal que me llamen para decirme algo y yo no pueda asistir?", agregó.
Harlan Henao piensa que llegó la hora de cambiar de casete. El país, que durante mucho tiempo se acostumbró a hablar de secuestrados, tiene que empezar a hablar de la desaparición forzada y hacer esfuerzos para la capacitación técnica y el empleo de recursos humanos que permitan dar respuesta a los familiares que buscan sin descanso a sus seres queridos.
En este sentido, en julio de 2000, tras seis intentos fallidos desde 1988, el Congreso aprobó la Ley 589 que, además de tipificar el delito de la desaparición forzada, creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La Comisión está integrada por representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Fondelibertad, el Instituto de Medicina Legal, Asfaddes y la Comisión Colombiana de Juristas, bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo.
Desde 2007 la Comisión impulsó el fortalecimiento del Registro Nacional de Desaparecidos -herramienta que permite unificar y actualizar la información que existe en diferentes instituciones- el Mecanismo de Búsqueda Urgente a través de la Ley 971 de 2005 y la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es encontrar a las personas desaparecidas con vida o identificar y entregar los cadáveres a las familias.
"En ese momento nadie los están buscando vivos", afirma Gloria Luz Gómez, coordinadota nacional de Asfaddes, organización que acompaña a las víctimas de este flagelo.
Para ella, el Plan Nacional de Búsqueda no ha funcionado bien porque sólo se están actualizando las cifras con exhumaciones de cadáveres que en su mayoría se han encontrado con las informaciones de Justicia y Paz. "Pero no hay una coordinación entre el CTI, la Sijín y la Policía para buscarlos vivos, inmediatamente se hace la denuncia por desaparición".
En marzo de este año, la Comisión presentó un informe de los avances del Plan, pero todavía no es posible decir con certeza cuántas personas han sido desaparecidas a la fuerza.
"A pesar de los avances, se requiere fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda y el Registro de Personas Desaparecidas, ofrecer un mayor acompañamiento a los familiares de las víctimas y continuar con las capacitaciones a funcionarios y servidores que tienen responsabilidades respecto de la problemática de la desaparición forzada", señaló Vólmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo y Presidente de la Comisión, en su último informe.
También está en trámite para ser aprobada por el presidente Álvaro Uribe una la ley que ordena crear un banco de perfiles genéticos de víctimas, asistencia del Estado a los familiares de las personas desaparecidas, la elaboración de mapas de hallazgos de fosas y levantar monumentos en homenaje a su memoria.
Mientras eso sucede, Liliana quiere decirles a sus hijos, de ocho y 19 años, qué le pasó a su papá. "A estas alturas espero que me den cualquier noticia, aunque siempre alimento la esperanza de que esté vivo, y así lo espero, así me digan lo contrario, pero quiero quitarnos el peso que nos atormenta todos los días".
Y Blanca se levantará mañana con una sola idea en su cabeza: "Mientras yo viva y pueda, busco a mi hija". 21 de abril de 2010
15 de abril de 2010
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