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el eslabón perdido


De la historia paramilitar en Colombia. Aunque ha estado detenido dos veces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí,  misteriosamente, en ninguna de las dos oportunidades se le ha podido comprobar nada. Por La Opinión de Cúcuta.
Colombia. La triste historia del minero paisa sindicado de ser comandante paramilitar. Hace más de 5 años, en la edición 1.182 / 1.183 de la revista Semana, que iba del 27 de diciembre del 2004 al 10 de enero del 2005, en la sección Nación - Judicial, se reseñó la historia de Lorenzo González Quinchía, a quien presentó como un "minero paisa de 28 años que trabaja en Istmina, Chocó".
El artículo titulado "La desgracia de Lorenzo" narra las penas que este joven, que en la actualidad cuenta con 34 años, había tenido que pasar desde el 22 de enero del 2002 por llamarse precisamente así, Lorenzo González Quinchía.
La historia de su desgracia, le  expresó en esa ocasión González Quinchía al periodista de la revista Semana, había iniciado el 22 de enero del 2002, cuando fue capturado por el DAS en el puesto de inmigración del aeropuerto El Dorado de Bogotá, acusado de ser, según el director de la entidad estatal de la época, "el tercer hombre más importante de las Auc después de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso".
Ese día, en el que los medios de comunicación del país mostraban el rostro de Lorenzo a los televidentes, el director del DAS continuó diciendo: "En la organización (Autodefensas Unidas de Colombia) es conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’, pero su verdadero nombre es Lorenzo González Quinchía. Está buscado por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía para responder por varios crímenes, entre ellos el asesinato del Defensor del Pueblo de Cúcuta, Iván Villamizar".
Lo que vino después de ese día para González Quinchía fue una batalla legal por tratar de demostrarle a la justicia que él no era la persona que buscaba.
Tras 19 meses de arresto en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el 19 de septiembre de 2003 el juez que llevaba su caso determinó que Lorenzo González Quinchía, el que había estado preso todo ese tiempo, no era el comandante paramilitar ‘Julián Bolívar’ y ordenó que fuera puesto en libertad de manera inmediata. Una vez libre, Lorenzo González retornó a las labores como minero junto a su padre y algunos de los cinco hermanos.
Hasta aquí, esta historia no era más que una lamentable equivocación de parte de la justicia colombiana que, para fortuna de Lorenzo González Quinchía, pudo ser aclarada en su momento.
En la edición de la revista Semana que cubría su historia había una frase que describía con precisión toda la situación vivida por el minero paisa: "El increíble y triste caso de un minero que tuvo la desgracia de llamarse igual que dos jefes paramilitares. Un episodio entre trágico y caricaturesco".
Así, termina la historia de Lorenzo González Quinchía, el minero.

Al Fin, ¿Es o No Es?
Según lo dicho por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta en la sentencia que ordenaba la libertad inmediata de Lorenzo González Quinchía, no era el jefe paramilitar conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’, entre otras razones, porque las pruebas morfológicas, dactilares, de ADN y de voz así lo demostraron.
El juez, incluso cuestionó la actuación del fiscal que encarceló al minero paisa González Quinchía por ser homónimo de un jefe ‘para’. En su decisión, el juez tenía toda la razón.
Para ese momento, en el que los acercamientos entre el Gobierno y los paramilitares empezaban a darse, eran una incógnita las identidades de algunos de los cabecillas de esta organización criminal que, amparados en la ilegalidad en la que se movían, podían adoptar múltiples identidades sin ser descubiertos.
‘Julián Bolívar’, el jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar (BCB) con el que confundían a Lorenzo González Quinchía, se llama en realidad Rodrigo Pérez Alzate. Él, su hermano Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’ y Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’,  fundaron el BCB en 1997.
La confusión de la Fiscalía en torno al nombre de Lorenzo González Quinchía era tal, que en el boletín de prensa número 303, fechado el 14 de septiembre del 2002, y titulado "acusado presunto autor intelectual del asesinato de Iván Villamizar Luciani", se hacía mención de quien por ese entonces estaba detenido, el minero paisa de nombre Lorenzo González Quinchía, y a quien se seguía señalando con el alias de ‘Julián’.
No fue sino hasta que el verdadero ‘Julián Bolívar’, es decir, Rodrigo Pérez Alzate se desmovilizó, el 31 de enero del 2006, que el nombre de Lorenzo González Quinchía pudo quedar limpio de una vez por todas. ¿O no?
No. Antes de que ‘Julián Bolívar’ se desmovilizara se conoció otro episodio que parecía sacado de una novela de trama policiaca donde tres hombres, so pretexto de encubrirse entre sí, se habrían propuesto confundir a las autoridades usando el mismo nombre para delinquir. Dos de ellos usándolo como sus alias y uno más portándolo como su verdadero nombre.
El otro Lorenzo González Quinchía que hace falta en esta baraja es Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’. El tristemente célebre paramilitar extraditado, antes de sentarse a negociar con el Gobierno en Santa Fe de Ralito era conocido como Lorenzo González Quinchía y su alias no era aún ‘Macaco’ sino ‘Javier Montañés’. Es decir, dos jefes paramilitares de un mismo bloque, el Central Bolívar, usaban como alias el mismo nombre: Lorenzo González Quinchía.
En un estudio del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, titulado "Algunos indicadores sobre la situación de derechos humanos en el departamento de Risaralda", y actualizado a octubre del 2005, deja leer en sus líneas, acerca de la incidencia de las autodefensas  en dicho departamento, lo siguiente:
"El principal grupo de autodefensa de la zona – el Bloque Central Bolívar – es reconocido por ser uno de los más involucrados en el tráfico de cocaína, es liderado entre otros por Lorenzo González Quinchía alias ‘Macaco’ o ‘Javier Montañés’, quien habría comprado tierras y empresas en territorio cafetero".
Esta confusión de nombres, en la que habían caído la Fiscalía, la Policía Nacional, algunas oficinas del Gobierno y el DAS, perjudicaban al minero paisa llamado Lorenzo González Quinchía. Así se lo hacía saber al periodista de la revista Semana que en diciembre del 2004 lo entrevistaba. En su nota, el redactor consignó  lo siguiente:
"Resulta ridículo creer que ‘Javier Montañés’ (Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’) tenga ahora (diciembre de 2004), según las autoridades, el mismo nombre y apellido que ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate), el otro comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar".
Después de la nota publicada por la revista Semana y hasta el día de hoy, Lorenzo González Quinchía, ‘el original’, suponemos, ha tratado de llevar su vida de manera tranquila en las minas de oro que, según afirmaba, poseía en el Chocó en la época en la que concedió la entrevista a la prestigiosa publicación.
Ahora, cerca de seis años después, su pesadilla parece revivir. Sólo que esta vez, al parecer, ya no habrá manera de zafarse de ella.

‘El Iguano’ y ‘El Minero Paisa’

En la historia paramilitar colombiana existe un personaje que tiene tras de sí gran parte de la génesis de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre todo las que tuvieron su accionar en Chocó, Antioquia y Córdoba, aunque todos lo conocieron como el comandante del Frente Fronteras de las Auc que operó en Norte de Santander, Cúcuta y su área metropolitana. Su nombre: Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘Sebastián’, ‘Pedro Fronteras’, ‘Raúl’, ‘La Iguana’ o ‘El Iguano’.
Desde el día de su desmovilización, ‘El Iguano’ ha confesado cientos de homicidios, múltiples masacres, desapariciones, la creación de los hornos donde incineraban a las víctimas y las relaciones del Frente Fronteras con políticos y empresarios de la región.
En las audiencias de confesión de hechos llevadas a cabo la semana del 5 al 9 del presente mes, en las que participaron ‘El Iguano’ y 21 de sus hombres más cercanos, el nombre de Lorenzo González Quinchía, ‘el original’, volvió a sonar una vez más.
Esta vez no se trataba de alguien más suplantando al ‘minero paisa’. Ahora hubo una referencia directa sobre él mismo, con los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’.
De ser cierto lo que La Opinión pudo conocer sobre su pasado, Lorenzo González Quinchía sí es un minero con propiedades en el Chocó, sobre todo en la región de Istmina.
Pero tiene un lado oscuro, muy parecido al de los socavones, porque es un poderoso paramilitar, ‘niño consentido’ de Carlos Castaño y comandante de ‘La 35’, la finca ubicada entre el municipio de San Pedro de Urabá y el corregimiento de El Tomate, en el que los aspirantes a paramilitares recibían la instrucción militar y se preparaban para salir a invadir el país con sus fusiles.
Lorenzo González Quinchía, ¿minero o paramilitar? o ¿las dos cosas?
Si en el buscador de información en internet Google se teclea el nombre ‘Lorenzo González Quinchía’, aparecen 2.660 resultados que contienen alguna de esas tres palabras.
Uno de esos resultados posibles  es el edicto No.  0108 del Grupo de Trabajo Regional Ingeominas – Medellín en el que se hace saber que en el expediente No.   HA6-122, relativo a la Propuesta de Contrato de Concesión solicitado por el señor Lorenzo González Quinchía, se dicta una providencia cuya parte Resolutiva dice así:
"Rechazar la Solicitud de Contrato de Concesión No. HA6-122, presentada por el señor Lorenzo González Quinchía, para la exploración y explotación de un yacimiento de oro y platino, localizado en jurisdicción del municipio de Tadó en el departamento del Chocó".
La resolución fue dada en Medellín, el 20 de marzo de 2007. El documento se trae a colación porque un año antes, según se pudo establecer por intermedio de un ex paramilitar cercano a ‘El Iguano’, Lorenzo González Quinchía, el ‘minero paisa’ que apareció en el reportaje de Semana dando la cara y exhibiendo su cédula, viajó hasta La Ceja, Antioquia, a reunirse con el comandante del Frente Fronteras.
‘El Iguano’,   junto con 57 jefes paramilitares más, se encontraba en la antigua sede de Prosocial que había sido acondicionada como centro de reclusión. De esta visita quedó un registro fotográfico que se exhibe en el presente artículo.
Resulta paradójico entonces que una persona que se dedica a la minería, que además pretende adelantar exploración y explotación de oro y platino de manera legal y, por tal razón, solicita permisos para tal fin ante Ingeominas, se reúna con un reconocido jefe paramilitar en su centro de reclusión.
Ahora bien, esa visita no constituye un delito, pero las revelaciones sobre su vida, que han saltado a la luz pública en los últimos días, sí. Y por eso la foto de esa visita parece confirmar lo que hasta ahora muchos desconocen en el país: Lorenzo González Quinchía hizo parte activa de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Alias ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’
Según el relato de algunos paramilitares que hicieron parte del grupo comandado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, él y Lorenzo González Quinchía fueron muy cercanos en la zona del Urabá, al punto de que ‘Yunda’, como se le conocía al interior de las Autodefensas fue quien, junto a ‘El Iguano’, prácticamente obligó a la disolución del frente 5 de la guerrilla de las Farc que operaba en esta zona del país.
Lorenzo González Quinchía habría iniciado su particpación en las Autodefensas Unidas de Colombia en el Urabá antioqueño, a la edad de 20 años, en 1994. La cercanía y confianza que le tenía el extinto comandante de las Auc Carlos Castaño, rápidamente lo llevaría a ser el comandante militar de Urabá al mando de  los hombres que le proveía el estado mayor de las Autodefensas desde la finca ‘La 35’.
Junto a ‘El Iguano’, otro de los hombres de confianza de ‘La Casa Castaño’, libró una guerra a muerte con la guerrilla de las Farc y el Ejército Revolucionario Guevarista que operaban en el Chocó.
Precisamente por los resultados militares que alias ‘Yunda’ ofrecía en la lucha contra la guerrilla, ‘La Casa Castaño’ decidió trasladarlo por varios frentes de guerra, sobre todo donde las Auc necesitaban posicionarse y ejercer control territorial.
Algunas versiones de ex paramilitares indican que el recorrido de la muerte iniciado por ‘Yunda’ en el Urabá antioquieño lo habría llevado también por Chocó, Quibdó y el Bajo Baudó, más exactamente a Istmina.
Allí habría permanecido por cerca de un año hasta que Carlos Castaño ordenó trasladarlo a Norte de Santander en compañía de ‘El Iguano’, ‘Gustavo 18’ y ‘Jairo Sicario’.

Llegada de los ‘Paracos’
Cuando ‘El Iguano’ llegó a Norte de Santander y se estableció en Cúcuta y el área metropolitana, venía con ‘Yunda’.
Testimonios de ex combatientes ‘paras’ y de personas que conocieron ese primer grupo enviado por Carlos Castaño a la región,  señalan que ‘Yunda’ habría estado, en un primer momento, de mayo a octubre de 1999 organizando la entrada de los ‘paracos’ a la ciudad.
Después de éste primer paso por esta región de frontera, su rastro se perdió hasta el 16 de enero del 2000 cuando es detenido en Urabá, con ‘El Iguano’.
Ese primer arresto, en el que permanecieron encarcelados en Itagüí, se produjo por la acusación de conformar grupos al margen de la ley.
Era tal la cercanía de ‘El Iguano’ y ‘Yunda’ con ‘La Casa Castaño’, que Salvatore Mancuso dispuso de su abogado personal para que los sacara cuanto antes de la cárcel, revelaron las fuentes.
Por ese trabajo, Mancuso habría pagado una gran suma de dinero a su abogado cartagenero, del cual sólo se pudo establecer que se llamaba Roberto.
Las gestiones del jurista dieron sus frutos. El 30 de agosto del 2000,  Jorge Iván Laverde Zapata y Lorenzo González Quinchía, salieron de prisión.
Una vez libres, los dos volvieron a Norte de Santander.
En la segunda venida, ‘Yunda’ habría estado operando en Cúcuta entre octubre del 2000 y marzo del 2001.
En ese período de seis meses, Lorenzo González Quinchía, ahora bajo los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’, dejó impresa su firma en la región.

Una Fuga y un Crimen
El 16 de noviembre del 2000, dos meses y medio después de haber salido de la cárcel de Itagüí, Jorge Iván Laverde Zapata  cayó en poder de la justicia en Cúcuta,  en compañía de Jhon Fredy Gutiérrez Ramos, Israel Sánchez Durán y su compañera, Claudia Isabel Coca Ceballos, de 20 años.
A los siete días se registró una cinematográfica fuga. Treinta  paramilitares lo rescataron de la Clínica Los Samanes, donde estaba internado. Eran las 12:00 de la noche del 23 de noviembre y en la operación sólo se accionó un disparo.
Por lo que se ha podido establecer luego  de la desmovilización del Frente Fronteras, en la huida de ‘El Iguano’ participaron activamente funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional.
Por el Inpec habrían participado Mario Arévalo Perdomo, director de la Cárcel Modelo de Cúcuta y Hernán Darío Mejía Petrochelli, subdirector del mismo centro carcelario. Según lo afirmado por algunos ex ‘paras’, ‘Yunda’ habría girado más de $100 millones para los gastos del rescate.
Mejía Petrochelli fue asesinado tiempo después, según algunos ‘paras’, por la guerrilla que lo señaló de haber facilitado la fuga de ‘El Iguano’. El enlace con el DAS habría sido Efraín Morales, agente activo de la entidad estatal y quien, según lo  afirmado por algunos ex paramilitares, coordinó todo con los demás agentes que participaron en el rescate.
Estos hechos  son materia de investigación por parte de las autoridades y será la justicia la que se encargue de dictaminar el grado de participación o no de los sindicados.
Lo importante en la historia del rescate de ‘El Iguano’ es que sólo hasta hoy se puede conocer un dato revelador de la misma. A raíz de versiones entregadas por ex ‘paras’ que operaban en la ciudad para la fecha en que sucedió el rescate, ‘Yunda’ habría intervenido activamente.
Lorenzo González Quinchía, que operaba bajo los alias de ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’ se encontraba en Urabá cuando ‘El Iguano’ fue capturado en Cúcuta. De inmediato Carlos Castaño y Salvatore Mancuso dispusieron que fuera rescatado a como diera lugar.
Para esa misión no podían encomendar a alguien distinto de ‘Yunda’, quien contaba con la confianza de Carlos Castaño y había demostrado de manera suficiente su capacidad para una operación de esa magnitud.
Una vez llegó a Cúcuta se contactó con Ramón de las Aguas Ospino, alias ‘Rumichaca’, actualmente detenido y quien está dentro del proceso de Justicia y Paz, y montó el operativo.
Una vez libre, por segunda vez en menos de un año, ‘El Iguano’ siguió comandando el Frente Fronteras de la mano del que muchos no dudan en afirmar que era "casi como su hermano", ‘Yunda’.
Este dúo, de los más cercanos de ‘La Casa Castaño’, daría su próximo golpe el 12 de febrero de 2001.
Ese día, un grupo de paramilitares, a bordo de un Montero Mitsubishi color verde, un taxi y una motocicleta, cercaron el paso del carro en el que viajaba el ex Defensor del Pueblo de Norte de Santander, Iván Villamizar Luciani,  y lo asesinaron.
Desde el primer día las autoridades han sindicado a alias ‘Julián’ como el responsable del crimen, pero extrañamente, nunca, al menos eso parece, han logrado establecer con exactitud quién es esa persona que, bajo el alias de ‘Julián’, delinquió en Cúcuta e incluso, comandó el Frente Fronteras con ‘El Iguano’.
Prueba de ello es que tres meses después de la muerte del ex Defensor,  las autoridades capturaron a Jairo Emilio González Quinchía y de inmediato lo sindicaron, no sólo de ser el responsable de la muerte de Villamizar Luciani sino de ser el tercero al mando de las Autodefensas en Norte de Santander después de ‘El Iguano’ y ‘Camilo’.
A Jairo Emilio lo capturaron saliendo de la clínica donde se recuperaba de las múltiples heridas sufridas en el accidente de tránsito que había protagonizado cuando iba en motocicleta por la vía a Puerto Santander.
Jairo Emilio González Quinchía, supuestamente  ‘Julián’, fue trasladado a Bogotá y presentando ante el país como un importante miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Lo que las autoridades no tenían claro, en ese momento, era que Jairo Emilio, cuyo verdadero alias es ‘El Burro’, es hermano de Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’ o ‘Julián’. Éste último es el verdadero hombre detrás de la muerte de Villamizar Luciani, y quien desde el 16 de enero del 2000 cuando lo capturaron en el Urabá, pudieron haber encarcelado.
Después de la muerte de Iván Villamizar Luciani el rastro de ‘Yunda’, ‘Julián’, ‘Camilo’ o Lorenzo González Quinchía se volvió a perder.
La siguiente vez que apareció, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, las autoridades lo detuvieron, pero una vez más salió libre gracias a la confusión en torno a su nombre. Y fue tal el enredo de las autoridades con relación a su identidad, que la historia fue reseñada por la revista Semana, como ya se expuso al inicio de esta nota.

Por Qué Sólo hasta Ahora Se Sabe de Él?
Varias hipótesis podrían tejerse alrededor del exitoso anonimato que Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’, ha manejado durante todos los años de permanencia en las Auc, a pesar de la importancia que parece haber tenido al interior de las mismas.
La primera de ellas es que siempre, como sostienen algunos ex paramilitares que lo conocieron, mantuvo un bajo perfil. Delegaba funciones muy precisas y sólo coordinaba tras bambalinas las misiones que se le encomendaban.
Otra razón podría ser que en todo momento contó con una confianza muy grande por parte del estado mayor de las Auc que lo defendía y protegía como a uno de sus mejores hombres y que, por lo mismo, siempre se encargó de mantenerlo oculto, lejos de las apariciones mediáticas, como si vieran en él a un posible sucesor de la causa paramilitar cuando  todo estuviera ‘oficialmente terminado’.
Otra hipótesis, no menos posible que las otras, sería que al interior de la estructura paramilitar, alias ‘Yunda’ goza de tanto poder que todos aquellos que lo conocieron temen denunciarlo, siquiera mencionarlo o hacer referencia a sus hechos y sus muertos. Varios paramilitares detenidos actualmente que tuvieron contacto con él no dudan en señalar ésta como una de las razones más probables para su anonimato.
Finalmente, y quizás sea la razón fundamental para que hasta ahora, después de 15 años de vida paramilitar, su nombre vuelva aparecer, es que para las autoridades Lorenzo González Quinchía ha sido: ‘Julián Bolívar’ (Rodrigo Pérez Alzate); ‘Javier Montañéz’ (Carlos Mario Naranjo, alias ‘Macaco’); un ‘próspero minero paisa’ con minas en el Chocó; Jairo Emilio González Quinchía (alias ‘El Burro’, su hermano), pero nunca, Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yunda’, ‘Julián’ o ‘Camilo’, el que hoy, al parecer, por fin muestra su verdadera cara.

Publicado por La Opinión de Cúcuta

29 de abril de 2010
28 de abril de 2010
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el juez que resistió en mapiripán


Desde el 15 de julio de 1997, cuando los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia  llegaron a Mapiripán, Meta, provenientes del Urabá antioqueño, el juez municipal Leonardo Iván Cortés Novoa empezó a escribir en su vieja máquina informes sobre la tragedia que se desenvolvía en su pueblo.
Colombia. Día a día escribió lo que acontecía: "Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio". Contó que él  mismo veía desde su ventana cómo cada noche empezaban su ritual de muerte a las 7 de la noche, llevando mapiripenses, de a dos en dos,  amordazados y con las manos atadas, a sacrificarlos como ganado al matadero municipal, a dos cuadras de su casa.
Le envió sus angustiadas crónicas de esos días de muerte a su superior Fausto Rubén Díaz, presidente del Tribunal Superior de Villavicencio y a la Cruz Roja, desesperado porque hicieran algo para detener la masacre. También llamó al Mayor Hernán Orozco del Batallón Joaquín Paris de San José del Guaviare a pedirle a auxilio, pero no tuvo respuesta. 
Quienes conocían a Cortés, un abogado de 33 años nacido en Villavicencio un 16 de septiembre,  decían que era tenía un gran sentido humanista. Quizás por eso se la jugó en esos días pidiendo auxilio y, dejó testimonio escrito de lo que vivió.

Inicia la Pesadilla
Dos meses antes de la masacre, en mayo de 1997, la guerrilla había reunido a la población mapiripense para alertarla de la masacre. En esas reuniones, infiltrados de los paras añadieron nuevos nombres a su lista negra de supuestos colaboradores de las Farc en esa población que después llegarían a asesinar, entre los que estaba el juez Cortés.
Cuando ocurrió lo de Mapiripán, Cortés llevaba cinco años como juez y ocho en el municipio del Meta. Y desde 1996, cuando fue  defensor de los derechos de los campesinos de la zona en las marchas cocaleras había sido incluido en esa lista negra. Antes,  se había desempeñado como juez en Carurú, Vaupés y Santa Rita, Vichada. Luego fue juez municipal en provisionalidad de Mapiripán, de donde ya había huido para Villavicencio por amenazas de muerte. Luego en trabajó en El Cairo, Valle, donde fue víctima de un atentado contra su vida.
El día 15 de julio de 1997 cuando aterrizaron los aviones de paramilitares a Mapiripán, dos de ellos se acercaron a la casa del juez, se identificaron como miembros de las Accu, golpearon a la puerta con autoridad y le exigieron que les entregara las llaves del juzgado para, según ellos, incomunicar al pueblo.
Cuando el juez se dio cuenta que las autodefensas tenían detenidas a unas personas, intentó hacer resistencia civil ante la ofensiva armada que se les venía encima y conversó con el profesor, el Alcalde, el sacerdote y el inspector pero no le hicieron caso. También visitó a los primeros retenidos, entre ellos a Antonio María Herrera cuyo apodo era ‘Catumare’, uno de los fundadores de Mapiripán.
"Cortés era un juez que se metía con la población, que conocía la historia de cada persona del municipio y creaba vínculos con todos", dice Blanca Anaya, directora de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol). Además señala que conocía muy bien a los grupos armados que operaban en la región y sus motivaciones y formas de actuar.
La altivez de Cortés se tornó incómoda para los victimarios. "Es curioso que el Alcalde y el Personero milagrosamente nunca están cuando suceden estos hechos y al cura y al inspector les da miedo hablar en favor del prójimo", dijo luego el valeroso juez a la prensa.
También buscó la manera de dialogar con los paras. Frentero, les argumentó que no creía en la pena de muerte y consiguió que soltaran a tres retenidos. Animado, pensó que quizás podría hacer más. Entró a su despacho con una copia de la llave que guardaba y se puso a escribir sus informes de lo que acontecía y empezó a hacer llamadas. Llamó a la Cruz Roja y al Batallón Joaquín Paris del Ejército en la lejana  San José del Guaviare. Envió además un informe por fax a diferentes estamentos del Estado y también a la Cruz Roja.
Al Mayor Orozco del Batallón le hizo cerca de ocho llamadas, pero éste le dijo que no contaba con helicópteros y apoyo logístico y humano para ir a Mapiripán. En una de esas llamadas para pedir ayuda al Ejército, Cortés impresionado le contó a Orozco que al querido y respetado ‘Catumare’ lo habían colgado de un gancho para carne de ganado y lo habían despresado. Nada sucedió. Sin embargo, en la última llamada realizada al Batallón Joaquín Paris, la respuesta fue que dejara de preocuparse, que a él nada le iba a pasar. "Hay 150 hombres de las AUC y muchos detenidos del pueblo… yo les informaba, pero no hicieron nada", reveló después Cortés a la prensa.

Sin Salida
El 20 de julio, ya eran 26 los asesinados, y los mismos paramilitares le ofrecieron al juez un helicóptero o una lancha voladora para que él y su familia salieran de Mapiripán, pero él respondió que no podía dejar botado el pueblo. "Me quedaba muy mal como juez", explicó Cortés. 
El Inspector fue a su casa y le dijo: "Se salvó de que lo mataran por denunciar lo que aquí pasaba. Ahora ¡váyase!". Ya parecía que no quedaban paramilitares en el pueblo, sin embargo, algunos se habían demorado, camuflados entre la población, vestidos de civil.
Con su esposa y cuatro hijos de 4, 7, 9 y 14 años, con quienes Cortés había sido amoroso, se fue a la pista de aterrizaje del pueblo y le pidió al piloto del helicóptero que lo sacara de allí, que lo iban a matar.
Desde el día que salió del pueblo lo comenzaron a amenazar. Le decían por teléfono, donde quiera que estuviese escondido, que de esa no se salvaba. A pesar de ello, regresó tres meses después de la masacre a su Mapiripán, y fue otra vez más porque como él mismo lo decía debía "ponerse al día en el trabajo porque no podía dejar al pueblo solo".
Para desmentir a miembros del Ejército que había informado que en Mapiripán no había pasado nada, el juez recogió material bélico detonado y lo anexó a un oficio dirigido al alcalde Jaime Calderón Moreno.
Familiares y amigos de la familia Cortés los hospedaron en sus casas y fincas. Días después salieron al exilio con lo que tenían puesto a un país europeo le abrió las puertas.  Rompió de un tajo con todo, los amigos, la familia. Abandonó su carrera de juez.
En sus 10 años de exilio en Europa, Cortés ha limpiado ascensores, cortado pasto con podadora de mano y eléctrica y realizado todo tipo de oficios para subsistir. En el país que lo acoge hay más trabajo de servicio para las mujeres con perfil de inmigrantes que para los hombres.
Espera que su sacrificio valga la pena y algún día haya justicia para Mapiripán.

29 de abril de 2010
23 de abril de 2010
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demandan a chiquita brands


Un grupo de víctimas de la violencia entablaron una demanda por mil millones de dólares en Estados Unidos contra Chiquita Brands, acusada de auspiciar grupos paramilitares. Habla Julio Andrés Sanpedro , vocero de la multinacional en Colombia.
Colombia. Se trata de la demanda más importante que se ha formulado contra la polémica multinacional Chiquita Brands, condenada en 2007 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares, tras admitir pagos a grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2002 por un monto total cercano a 1.7 millones de dólares.
En virtud de ello, ahora, 251 víctimas de los paramilitares en Antioquia pretenden una indemnización de la compañía por 1.000 millones de dólares. La demanda fue radicada el pasado 14 de abril en el tribunal federal de West Palm Beach, en la Florida.
Los demandantes en su mayoría son sobrevivientes de la violencia del Urabá antioqueño, que sufrieron el crimen de familiares cercanos o conservan en su cuerpo lesiones traumáticas causadas por las AUC.
"Desde hace más de dos años venimos documentando los casos de cada una de estas víctimas. La demanda se formuló a nombre de 251 personas afectadas, pero tenemos mil poderes más que serán adicionados al recurso, como lo permite la ley estadounidense", afirma Helí Abel Torrado, presidente de la firma de abogados apoderada de las víctimas. Una vez se incorporen esos otros demandantes a la querella, la pretensión podría elevarse a 5.000 millones de dólares, una cifra elevadísima aún para una multinacional como Chiquita Brands.
La representación de estas víctimas en Estados Unidos la ejerce Boies, Schiller & Flexner LLP, una de los bufets más prestigiosos liderado por el abogado Lee Wolosky quien aseguró en un comunicado que "Chiquita ya ha admitido haber tenido conductas delictivas que violaban la ley federal haciendo pagos financieros sistemáticos a una organización terrorista extranjera. Aun así, se ha negado a dar compensación a las víctimas de atrocidades terroristas posibilitadas por su apoyo financiero regular, repetido y consciente".
Pero mientras que para las víctimas y sus representantes la demanda es un recurso para buscar resarcir económicamente el daño sufrido, para Chiquita Brands es una oportunidad de demostrar que nunca financió a grupos al margen de la ley sino que, por el contrario, fue una víctima más de estos.
Julio Andrés Sampedro, vocero oficial de Chiquita Brands en Colombia, asegura que la compañía nunca ha aceptado ante ninguna autoridad haber financiado a grupos armados ilegales y que la sanción impuesta a Chiquita se dio como consecuencia de una ley antiterrorista que promulgó la justicia norteamericana en el marco de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de esa reglamentación Estados Unidos clasificó a grupos armados como las Farc y los paramilitares como terroristas y señaló sanciones para las personas y empresas que prestaran algún tipo de colaboración a estos. "Chiquita le informó a las autoridades de Estados Unidos que de tiempo atrás era extorsionada sistemáticamente por los paramilitares en Urabá. Al final de ese proceso se estableció una multa, no por financiar a esos grupos paras sino por no haber informado antes de la situación. Es muy distinto", afirma Sampedro.
La multinacional, según su vocero, está dispuesta a enfrentar la demanda para demostrar que Chiquita nunca auspició la violencia en Colombia.
En Colombia la Fiscalía adelanta un proceso penal que vincula a tres directivos extranjeros de Chiquita Brands quienes presuntamente son responsables de concertarse con los paramilitares y financiarlos. Se trata de John Olivo, Dorn Robert Wenniger y Chales Dennis Keiser. Los tres ya rindieron indagatoria ante un fiscal especializado que viajó a Estados Unidos para escuchar sus versiones en febrero pasado.
Será la justicia la que determine si la multinacional bananera debe resarcir económicamente a las víctimas en Colombia. Por el momento el tribunal de la Florida tiene un voluminoso expediente que promete engrosarse en las próximas semanas.

29 de abril de 2010
28 de abril de 2010
©verdad abierta
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reconoce autoría de masacre de macayepo


Juancho Dique’ reconoce la autoría de la masacre de Macayepo. Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, el ex jefe del Frente del Canal del Dique reconoció que ordenó el asesinato de 12 campesinos en el corregimiento de Macayepo, Carmen de Bolívar.
Colombia. El ex jefe paramilitar Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ’Juancho Dique’, admitió su responsabilidad en la masacre de Macayepo, Bolívar.
Así lo señaló el mismo ex paramilitar durante una audiencia de formulación de cargos efectuada en la sede de la Fiscalía General de la Nación.
Un representante del ente acusador, perteneciente a la unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, profirió acusación en su contra por los delitos de homicidio agravado y desplazamiento forzado.
El desmovilizado comandó el Frente Héroes de los Montes de María que realizó la masacre el 14 de octubre de 2000 y que ocasionó el desplazamiento de decenas de personas que habitaban la zona, en jurisdicción de Carmen de Bolívar.
Por este crimen, el pasado 23 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años al ex senador sucreño Álvaro ’el Gordo’ García Romero y recientemente la Fiscalía ordenó la captura del ganadero Joaquín García.

La Masacre
El 16 de octubre de 2000, 80 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia masacraron a 12 campesinos de este corregimiento de Carmen de Bolívar. Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica.
En la zona había presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’ o ‘Pelufo’). Este grupo de paramilitares fue señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001
Con la justificación de sacar a la guerrilla del campo sucreño, las Auc cometieron decenas de masacres de campesinos desarmados, hombres, mujeres, niños, con torturas y vejaciones con pocos precedentes aún en la violenta historia nacional. 
Una conversación en particular grabada en octubre de 2000, que fue publicada en la revista Semana en 2002, puso a García tras las rejas. En ella el ganadero Joaquín García dialoga con Álvaro García Romero sobre la necesidad de conseguir el apoyo del entonces gobernador de Sucre, que era del grupo de García, para mover hombres en unas fincas entrando por los corregimientos El Aguacate y Pajonalito, vecinos de Macayepo.
Desde el mismo momento en que estalló el escándalo de la grabación, García Romero, dijo que el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. "Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona", le dijo entonces a Semana.
Sin embargo, según lo investigó la revista y luego lo verificaron las autoridades judiciales, justamente fue por El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo ocurrida el 16 de octubre de 2000. En la grabación, efectuada el 6 de octubre, el senador afirma que "…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en 10 días…". Diez días después ocurrió la matanza de 15 campesinos.
Otra hecho que despertó sospechas entre las autoridades es que los dos interlocutores hablaron de un "man verde" que resultaba incómodo  para sus proyectos. Se trataba del comandante de Policía del departamento de Sucre en ese entonces, el coronel Rodolfo Palomino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares. El Coronel fue trasladado de su cargo cinco semanas después de la conversación.
García Romero se defendió diciendo que la conversación fue una fatal coincidencia, que jamás ha sido un criminal y que la cinta fue editada y acomodada para perjudicarlo. Por ser senador, le correspondía ser investigado y juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. García renunció a su curul para evadir a la Corte, y su caso fue investigado por la Fiscalía. En abril de 2009 pidió un castigo de 60 años de prisión para García. El caso fue a un juzgado, pero más tarde la Corte resolvió asumir los casos en juicio directamente, y finalmente fue condenado por el Alto Tribunal a 40 años de cárcel.
La Procuraduría General también solicitó condena para García Romero. El 16 de de diciembre de 2008 la Procuraduría destituyó al ex senador y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por los próximos 20 años.

29 de abril de 2010
28 de abril de 2010
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31 cargos contra mancuso


Un fiscal de la Unidad de Justicia y la Paz imputó 31 crímenes ante un magistrado de control de garantías contra del ex jefe de los bloques Norte y Catatumbo de las Auc.
Colombia. Durante la diligencia, que inició este lunes, a Mancuso le fueron imputados delitos por desplazamiento forzado, hurto, actos de terrorismo, homicidios en persona protegida y homicidio agravado.
Algunas de las víctimas por las que fue procesado el extraditado jefe paramilitar son Tirso Vélez, candidato a la Gobernación de Norte de Santander, e Iván Villamizar Luciani, ex defensor del Pueblo en Norte de Santander.

El Caso de Tirso Vélez
En 1992, encabezando una coalición de izquierda, Tirso Vélez fue elegido alcalde de Tibú por la Unión Patriótica (UP). Propuso soluciones para buscar la paz en su región y le solicitó al gobierno y a la guerrilla cesar las hostilidades e iniciar un diálogo.
Después de su alcaldía en Tibú Vélez se alejó de la UP y formó un movimiento de izquierda, independiente y pacifista. Así fue diputado de Norte de Santander, miembro de la Comisión Nacional de Paz y uno de los fundadores de la ONG Redepaz.
En 2003 se presentó a las elecciones para la gobernación de Norte de Santander con el Polo Democrático. Poco antes de su asesinato lideraba las encuestas con 24 por ciento de preferencias.
El 4 de junio de 2003 dos hombres abordaron a Tirso Vélez, su esposa y un amigo en pleno centro de Cúcuta. Un sicario disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinó a Vélez con seis balazos e hirió a su mujer y a su acompañante.
"Tirso se desplomó ya muerto sobre mí y me mandó al suelo. El asesino se dio vuelta, me buscó y me apuntó a la cabeza. Yo me encogí y lo miré con todo el rencor que nunca había sentido. Me dio cinco tiros, pero no fui consciente de que estaba herida. Recogí el portafolio de Tirso, los celulares y pedí ayuda. Llegué por mis propios medios a la Clínica San José. Estuve 16 días en la clínica, no pude ir ni al velorio ni a las exequias de Tirso", recordó en la revista Cambio Isabel Obregón, la viuda de Tirso Vélez.
Por el crimen de Tirso Vélez la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Jhonatan Sepúlveda, ex paramilitar, como coautor material, contra Jorge Iván Laverde, alias ’El Iguano’, ex comandante del Bloque Catatumbo de las AUC y contra Armando Alberto Pérez Betancourt.
Un juez de Cúcuta condenó a José García Mazo, alias ‘Bizco’, a 22 años de prisión por el asesinato de Vélez. Sin embargo ’El Iguano’, Sepúlveda y García se acogieron al proceso de Justicia y Paz.
En sus versiones libres Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo de las AUC, confesó ser el autor intelectual del crimen. Como autores materiales ’El Iguano’ inculpó a José García Mazo, alias ‘Bizco’, que está preso, a Carlos Andrés Palencia, alias ‘Visaje’ y a Enrique Rojas, alias ‘Gato’, que según dijo fue asesinado.
"La orden fue de Salvatore Mancuso, tras conocerse por información de que Vélez hacía parte de la estructura del frente 33 de las Farc", aseguró ‘El Iguano’. "Fue un favor político" agregó.
Mancuso, en versión libre de enero de 2007 aceptó haber dado la orden de asesinar al ex alcalde de Tibú, por ser presunto auxiliador de la guerrilla.

El Caso de Iván Villamizar Luciani
Este abogado y ex defensor del pueblo en Norte de Santander, fue asesinado el 12 de febrero de 2001 por un grupo de paramilitares y presuntamente contó con participación de miembros de la Policía.
Según investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, los asesinos fueron trasladados del barrio Sevilla, lugar donde buscaron refugio luego del asesinato, en la patrulla de la policía 20057 de la Estación Atalaya de Cúcuta.
El pasado 9 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 34 años de cárcel proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta en abril de 2009 en contra ‘el Iguano’, por el asesinato de Villamizar.
Por estos mismos hechos, la Corte decidió anular el proceso contra el ex patrullero de la Policía Nacional, Jhonny Mauricio Muñoz, presunto coautor en el homicidio de Villamizar, por violaciones cometidas al derecho a la defensa efectiva del acusado.
Villamizar denunció en septiembre de 1999 la violación de derechos humanos en la región del Catatumbo, entre las que se contaba la masacre de 23 personas ocurrida en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibu, a manos de grupos paramilitares de la región.
Después de denunciar estos hechos, el defensor fue víctima de amenazas y hostigamientos.

29 de abril de 2010
28 de abril de 2010
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paramilitares pagan reparaciones


Mampuján, las primeras víctimas que serán reparadas por los ‘paras’. VerdadAbierta.com acompañó a los sobrevivientes y desplazados de la masacre de Mampuján, en el primer incidente de reparación en Justicia y Paz.
Colombia. "Quiero volver a sentir la alegría de ser campesino", dice Luis Soto, uno de los casi 30 sobrevivientes de Mampuján, Bolívar, que hicieron el viaje hasta el Tribunal Superior de Bogotá para ser testigos directos del primer incidente de reparación en la historia del sistema Justicia y Paz.
Al otro lado de la sala, sobre un banquillo y custodiados por cuatro guardias del Grupo de Reacción Inmediata del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) están Edwar Cobos Téllez, alias ’Diego Vecino’ y Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ’Juancho Dique’. Los dos ex jefes del Bloque Héroes de los Montes de María planearon y perpetraron la masacre de 11 personas en Las Brisas, una vereda de Mampuján, localidad del municipio de Marialabaja, el 10 y 11 de marzo de 2000 que provocó el desplazamiento de más de 1.200 personas a Sincelejo, Cartagena y otros municipios de la región.
Un frente a frente donde no hubo cruce de miradas. Por un lado las víctimas de Mampuján, arropados con ropa de tierra fría que mostraban poco uso, dignos, acongojados. Al otro lado ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’, vestidos con impecables trajes oscuros de rayas claras, zapatos negros nuevos, en silencio, los rostros cerrados y sin mostrar compasión.
El momento es histórico pues por primera vez desde que se inició el sistema de Justicia y Paz hace cinco años, después de las confesiones de los paramilitares de los crímenes que cometieron  y de las imputaciones de éstos, se abrió la última etapa del proceso: el incidente de reparación integral y la condena.
Aquí las 1.465 víctimas de ‘Juancho Dique’ y de ‘Diego Vecino’ en Mampuján van a poder debatir con los ex paras sobre qué actos, qué bienes y qué garantías van a dar para poder repararlos y garantizar que estos crímenes no se vuelvan a repetir. Pero además por primera vez se reconoce a una víctima colectiva, la comunidad de Mampuján.
En la pequeña sala del Tribunal más de un centenar de personas estaban pendientes de la jornada histórica. Funcionarios de la Mapp-Oea enfundados en chalecos azules iban y venían con botellas de agua y pañuelos para tranquilizar las víctimas. Decenas de periodistas bombardeaban las víctimas de preguntas y de flashes, lo que al final de la audiencia suscitó un comunicado de la Procuraduría pidiendo respeto por los sobrevivientes de Mampuján.
También se dieron citas abogados de víctimas de otros casos, representantes de Ongs y funcionarios judiciales. Una abogada que defiende víctimas de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio le dijo a VerdadAbierta.com que vino a ver cómo la Fiscalía, los magistrados, la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión Nacional de Reconciliación (CNRR) estaban organizando el proceso.
En la audiencia la Fiscalía presentó el documental ‘Quiero volver’, realizado con la comunidad. En éste, los habitantes de Mampuján recrean lo que vivieron los 10 y 11 de marzo de 2000 y narraron todo lo que han perdido. También muestran las iniciativas que han emprendido para recuperar su memoria y limpiar el estigma que aún los golpea.
El documental fue realizado por el Grupo de Memoria Histórica de la Unidad de Justicia y Paz y José Luis Rodríguez Maldonado.

El Malestar de las Víctimas
En el Tribunal de Bogotá el vicefiscal Fernando Pareja prometió "que en un plazo no superior a 45 días estarían profiriendo en primera instancia la primera sentencia de Justicia y Paz".
Sin embargo una de las víctimas consultadas por VerdadAbierta.com no se mostró tan optimista: "Esto puede durar meses, así que hay que esperar lo que pase, por ahora estamos a la expectativa, pero tampoco sabemos cómo vamos a terminar".
Además los problemas técnicos, que obligaron la interrupción de la sesión en la mañana y de nuevo en la tarde, generaron frustración entre los desplazados de Mampuján. Se reportaron incluso fuertes protestas y reclamos en las salas de San Cayetano y Rosa de Mampuján, donde las víctimas de ‘Juancho Dique’ y de ‘Diego Vecino’ no escucharon gran parte de la audiencia. Los ingenieros de la sala del Tribunal dijeron que tenían un inconveniente con el satélite.
Otras víctimas presentes en Bogotá le pidieron al Tribunal revocar el poder que tenía uno de sus abogados ya que no se sienten ni bien representados ni bien defendidos.  "En cuatro años que llevamos de proceso nunca nos han dicho nada, ni una llamada, ni una carta, nada. Sólo me han pedido una plata", dijo una de las víctimas.
La palpable molestia de las víctimas también generó preocupación entre el público. Luis González, jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, le dijo a VerdadAbierta.com que hay que simplificar el proceso, pues si hay problemas para una comunidad como Mampuján, reparar los más de cinco mil delitos del Bloque Norte de ‘Jorge 40’ va a ser una tarea de titanes.
Yolanda Gómez, la fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ dijo que "el único pecado que tenía la comunidad de Mampuján era vivir allí", una región que es la puerta de los Montes de María y que era un corredor estratégico para la guerrilla y las autodefensas.
Expuso que la masacre y el desplazamiento no sólo afectó a Mampuján sino a toda una red social, económica, cultural e histórica en el interior de Bolívar.
Por eso los ex paramilitares, además de responder por los asesinatos, los robos y las amenazas también se tendrán que responsabilizar por la ruptura del tejido social; el ataque a una identidad cultural y a tradiciones ancestrales; la desarticulación de los movimientos sociales y económicos; la imposición de un modelo violento y autoritario en las relaciones de la comunidad; y la estigmatización de los campesinos de Mampuján, que siguen siendo señalados como supuestos guerrilleros en las ciudades donde buscaron refugio hace ya más de diez años.
En esta audiencia no solo se decidirá cómo los dos ex paramilitares van a reparar este daño colectivo, sino que se pondrá a prueba el sistema de Justicia y Paz, que a pesar de varios intentos no ha podido condenar a ninguno de los 33 mil paramilitares que se desmovilizaron.
Si el resultado es satisfactorio y las víctimas no apelan, el Tribunal Superior va a acelerar los juicios contra ex paramilitares. Según Hernando Torres, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, ocho audiencias adicionales de reparación se van a realizar este año. Se espera que la próxima sea la de Jorge Iván Laverde, alias ’el Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo.

Nombre ha sido modificado a petición de la víctima.

29 de abril de 2010
26 de abril de 2010
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mancuso llamado a declarar


Mancuso fue llamado a declarar en juicio a Jorge Noguera.
Colombia. A través de videoconferencia desde Estados Unidos, el ex jefe paramilitar deberá declarar sobre los presuntos vínculos del Bloque Norte de las Auc con el DAS.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia esperan que el extraditado jefe paramilitar declare sobre los nexos de los paramilitares con el DAS, durante la dirección de Jorge Noguera.
Noguera está acusado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva.
El primer cargo está relacionado por sus presuntos vínculos con jefes y miembros de grupos paramilitares en la Costa. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti.
La Fiscalía dice que Noguera le suministró a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS primero capturó e intentó montarle un caso por presuntos vínculos con la guerrilla, y luego tuvo que liberar por falta de pruebas a mediados de 2004. Además le hizo un intenso trabajo de inteligencia, como lo ponen en evidencia los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
En septiembre de 2004 fue asesinado en Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como hombre bueno y un investigador reputado, además de un defensor de los derechos humanos. El jefe paramilitar desmovilizado, alias ’Don Antonio’, en cuyo computador se encontraron los listados de [muerte de] líderes sindicales y sociales que iban a asesinar en la Costa Caribe, ha aceptado ser autor del asesinato de Correa.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva. Se acusa a Noguera de haber utilizado su cargo como director del DAS para presuntamente favorecer  intereses de paramilitares y narcotraficantes.
Como pruebas la Fiscalía presentó el testimonio de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien dijo que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que, recién posesionado, Noguera paró una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
En la audiencia del pasado primero de febrero, el ex director del DAS se declaró inocente y rechazó todos los cargos. Noguera calificó como falsas todas las acusaciones hechas en su contra por el ex jefe de Informática del DAS, Rafael García, quien en varias versiones libres ante la Fiscalía y Corte Suprema, señaló a Noguera de ser el enlace del Bloque Norte en del DAS, y el responsable de filtrar información de inteligencia a los paramilitares, lo cual derivó en la muerte de tres personas.

24 de abril de 2010
21 de abril de 2010
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paramilitar delata a ex congresistas


Ex paramilitar salpica a ex congresistas Ciro Ramírez y Yidis Medina.
Colombia. En el juicio contra Ciro Ramírez, un desmovilizado del Bloque Central Bolívar acusó al ex senador de reunirse con un narcotraficante, una de ellas, en compañía de la ex congresista Yidis Medina. Aseguró que el político recibió 300 millones de pesos para su campaña en 2002 por parte de los ’paras’.
Ciro Ramírez, ex senador del Partido Conservador, y Yidis Medina, ex representante por el Partido Conservador.
El desmovilizado Reinaldo Durán Peinado, del Bloque Central Bolívar y de la banda Los Nevados, reveló detalles sobre tres reuniones que el ex senador Ciro Ramírez presuntamente tuvo con David Barbosa, presunto narcotraficante miembro de ese bloque paramilitar comandado por alias ‘Macaco’.
Durán Peinado, actualmente vinculado al programa de protección de testigos de la Fiscalía, declaró que como escolta de David Barbosa fue testigo ocular de tres reuniones llevadas a cabo entre 2002 y 2003 en las que se encontraron Ramírez y Barbosa.
La primera de ellas, realizada en agosto de 2002 en Aguachica (Cesar), es una de las acusaciones más graves contra Ramírez, pues en ella el político supuestamente acordó con el narcotraficante el apoyo del grupo armado a su campaña para el Senado. Según el desmovilizado, la conclusión de esa reunión fue que los paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) apoyarían la campaña de Ramírez en el sur de Cesar y Bolívar.
De acuerdo con Durán, como parte de ese acuerdo se entregó posteriormente 300 millones de pesos a la campaña a través de un cabecilla paramilitar conocido con el alias de ‘Goliat’.
Durán aclaró que el enlace entre el senador y el narcotraficante se hizo a través de Ramón David Barbosa, hijo del narcotraficante, y diputado en el Cesar para esa época. Sobre Barbosa (hijo) lo sindicó de ser el autor intelectual de dos asesinatos cometidos por el BCB, uno de ellos en Ocaña.
Las otras dos reuniones de las que fue testigo Durán presuntamente se realizaron en 2003. Una de ellas presuntamente en una de las fincas de David Barbosa ubicadas en el municipio de Gamarra (Cesar). La otra en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, dos meses después, en una finca de ‘Julián Bolívar’, y en la que sorprendentemente afirma que también se encontraba la ex congresista Yidis Medina en compañía de Ciro Ramírez. 
Ante estas declaraciones, y a petición de la defensa de Ramírez, el juez ordenó recibir las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina y de Ramón David Barbosa el próximo 10 de mayo.
Según el abogado de Ramírez, una de las pruebas fuertes en contra del ex senador ha sido descartada dentro del proceso, entre Ramírez y el narcotraficante alias ‘Mi Sangre’, luego de practicar varias pruebas técnicas.

El ‘Lío’ con los Jefes Paramilitares Extraditados
Al juicio de Ramírez estaban llamados a declarar los ex jefes paramilitares alias ‘Pablo Sevillano’ y ‘Macaco’, extraditados a Estados Unidos en 2008.
Sin embargo, tras más de siete intentos,  ninguno de ellos ha comparecido.  "Desde abril de 2008, durante la etapa de instrucción y juicio se ha intentado que los paramilitares declaren sin que esto haya sido posible" declaró la defensa de Ramírez.
Aunque el abogado de Ramírez y el delegado de la Procuraduría pidieron "desechar" esos testimonios y seguir con la etapa de alegatos finales, el juez determinó hacer un último intento para conseguir las declaraciones en un periodo de 4 a 5 meses, es decir hasta agosto de este año.

El Proceso de Acusación
El 15 de abril de 2009, el entonces vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la acusación contra el ex senador Ciro Ramírez luego de conocer unas supuestas conversaciones entre el ex congresista y ‘Mi Sangre’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las Auc.
En ese entonces, la emisora La FM también reveló un documento en el que supuestamente el  ex paramilitar Gilverto Saavedra, alias ’El Doctor’, establece que fue uno de los contactos entre Ramírez  y alias ’Mi Sangre’.
’El Doctor’ era uno de los narcotraficantes cercano a los ‘Mellizos’ Mejía Múnera. De acuerdo con la Fiscalía, en las grabaciones del ex senador Ramírez y ’Mi Sangre’ se pactan reuniones, y se fijan encuentros personales para tratar "contratos", que según las autoridades se refieren a tratos con el narcotráfico.
’Mi Sangre’ también hizo parte de varias facciones paramilitares, entre ellas el Bloque Capital al mando de Miguel Arroyave.
En las grabaciones, supuestamente Ramírez también invita a su casa a Gilverto Saavedra, ’El Doctor’, a quien llama el ’patrón’.
El ex senador Ramírez ya había sido acusado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley. A pesar de que para la fecha varios congresistas ya eran investigados por  vínculos con paramilitares, fue la primera vez que un senador investigado por parapolítica fue vinculado al narcotráfico.
En 2006, la revista Semana tuvo acceso a varias horas de grabaciones efectuadas, entre abril y septiembre de 2005, por organismos de inteligencia antinarcóticos extranjeros en los que el nombre del político aparece en conversaciones que sostienen varios narcotraficantes y delincuentes.
"La operación se diseñó para perseguir y arrestar una gigantesca banda de narcotraficantes vinculados con paramilitares, la cual actuaba en cinco países. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, durante los controles electrónicos a los teléfonos de los ‘narcos’, empezamos a oír que mencionaban al senador Ciro Ramírez. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a oír al propio senador conversando con los ‘narcos’", dijo en ese entonces a Semana un agente de una de las agencias antidrogas que participaron en la investigación.
Ciro Ramírez nació en Moniquirá, Boyacá, y ha tenido una larga carrera como funcionario público. Fue diputado de la Asamblea de Boyacá y en tres ocasiones alcanzó la curul para representar a su departamento en la Cámara. Fue senador en tres periodos consecutivos y en una ocasión alcanzó a ser el vicepresidente del Senado. También ha sido presidente del Directorio Nacional Conservador, partido en el cual ha recibido varias distinciones.
En la actualidad, el ex senador Ramírez se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

24 de abril de 2010
23 de abril de 2010
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