Blogia
mQh

colombia

das facilitó masacre de barrancabermeja


Alias ’El Panadero’ señaló que varios miembros de la Fuerza Pública, DAS y Ejército en Barrancabermeja, presuntamente colaboraron con los paramilitares para realizar la masacre del 16 de mayo de 1998 en la que fueron asesinadas 32 personas. La masacre fue ordenada por Camilo Morantes que luego fue asesinado por órdenes de Carlos Castaño.
Colombia. En la versión entregada por Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, quien coordinó la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, el ex paramilitar ratificó la vinculación en el crimen de miembros de las fuerzas militares, pero esta vez aclaró que fueron un capitán y un mayor del Ejército adscritos al Batallón Nueva Granada y además, el director del DAS de la época en el Puerto Petrolero, y un coronel y un teniente de la Policía del Magdalena Medio, los que facilitaron la incursión paramilitar.
Hace 11 años, en un recorrido por varios barrios populares del nororiente de Barrancabermeja,  un grupo de cerca de 20 paramilitares comandado por ‘Panadero’, asesinó a 7 personas y se llevó en dos camionetas a 25 más que fueron asesinadas en las semanas siguientes en una zona rural cercana al corregimiento San Rafael de Lebrija, base de los paramilitares de las Ausac.
En versiones anteriores, ‘Panadero’ afirmó que para la masacre contaban con la complicidad de la fuerza pública, y precisó que les dieron 30 minutos para entrar a la ciudad "a pescar al que reconociéramos como guerrillero" y salir a refugiarse en San Rafael de Lebrija. Sin embargo, hasta el momento solo había involucrado al cabo primero Luis Alfonso Salcedo, quien murió baleado un año después de la masacre en un atentado de la guerrilla. Salcedo fue quien el día de la masacre advirtió a los hombres de las autodefensas que "no dejaran muertos que recoger".
Lo nuevo de su versión es el señalamiento directo de cómo fue la participación del Ejército, el DAS y la Policía. ‘Panadero’ le aseguró a la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que se contactó con un capitán retirado del Ejército, quien le hizo el enlace con un mayor y otro capitán del Batallón Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja.
"Con el capitán y el mayor nos reunimos varias veces en las oficinas del B2. En esas reuniones les conté los planes de hacer una ‘limpieza’ de guerrilleros en algunos barrios, para la cual necesitábamos que ellos cuadraran su gente para que ese día no hicieran retenes ni desplazamientos en el sector"
Asegura ‘Panadero’ en su versión, que el mismo intermediario, un capitán retirado del Ejército, lo contactó a él y a su gente con el entonces director del DAS de Barrancabermeja.
"Le dijimos lo mismo que a los del Ejército. La idea era que ese día la Fuerza Pública no reaccionara y nos diera el tiempo necesario para cometer la masacre. El director del DAS se comprometió con nosotros y nos dio su palabra de no reaccionar. Sin embargo nos traicionó y días después le pasó un informe al Ejército en el que denunciaba la incursión", dijo ‘Panadero’.
Días después, a través del mismo intermediario, afirmó ‘Panadero’, el director del DAS se comprometió seriamente a darle el tiempo necesario al comando armado de paramilitares para que cometieran la masacre.
"El capitán retirado me contactó con un coronel de la Policía y un integrante de la Sijín. Ellos se comprometieron a darnos el tiempo necesario pero nos pidieron que no le dejáramos los muertos en la calle", dijo. Sin embargo, en la huida dejaron siete muertos.
El primer militar vinculado al proceso, cuya investigación lideró la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía el mismo año de la masacre, fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, que pertenecía al Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja.
A Pérez se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto del mismo año de la masacre, por los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo, como presunto coautor de los 7 homicidios y los 25 secuestros ocurridos el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja. Sin embargo, a los ocho meses recuperó la libertad provisional bajo el pago de una fianza.
Pese a los señalamientos incluidos los de ‘Panadero’ en anteriores versiones de Justicia y Paz, hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado por los hechos del 16 de mayo de 1998.

Masacre por Error
El ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, dijo en junio de 2007 que la masacre de Barrancabermeja fue un error. En medio de una borrachera, alias ‘Camilo Morantes’ dio la orden de matar a 25 de los 32 barranqueños secuestrados el 16 de mayo de 1998, a sabiendas que eran inocentes,
según lo atestiguó Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, paramilitar que había desertado de las Farc, en versión libre en abril de 2008. Le constaba porque fue él quién comandó esa carnicería.
En el paseo de la muerte que hicieron los paramilitares ese día fueron asesinados los mellizos Diego Fernando y Ana María Ochoa de 20 años, unos jóvenes que participaban en bazar de su barrio.
Con las confesiones de ‘Bolívar’ y de ‘Panadero’, la madre de los mellizos, Luz Marina López, pudo por fin demostrar desde que ocurrió el crimen, en mayo de 1998, que sus hijos no eran guerrilleros. La verdad que conoció de boca del ‘Panadero’ fue demoledora. Dijo que los jóvenes hermanos fueron los últimos que ejecutaron tras 22 días de secuestro; que Ana María, la única mujer del grupo, fue violada, y que las fosas donde los enterraron fueron movidas por informantes en busca de recompensas. Se cree que un hueso que dejaron es de uno de sus hijos pero aún no ha sido identificado.
Esto último se supo luego que Hermes Anaya Gutiérrez, alias ‘Chicalá’ o ‘Junior’, desmovilizado del Bloque Norte, recorrió en mayo de 2008 con un fiscal de exhumaciones de Justicia y Paz una extensa zona rural de Sabana de Torres y la parte baja de Rionegro, municipios cercanos a Barrancabermeja, donde supuestamente están las fosas de 25 desaparecidos, de los 32 muertos.
Los otros siete fueron asesinados el mismo 16 de mayo.
‘Chicalá’, un desmovilizado que después de la masacre reforzó la seguridad de las Autodefensas, fue encargado por el mismo ‘Camilo Morantes’ de asegurarse que las fosas estuvieran "bien ocultas".
Sin embargo, ahora, diez años después, cuando las autoridades han ido a buscarlas encontraron que los restos de los mellizos y de otras cuatro personas habían sido movidos de sitio.
Hasta al momento sólo se han identificado los restos óseos de cinco de los desaparecidos, todos menores de 30 años, que fueron entregados por la Fiscalía a sus familiares el pasado 22 de enero, luego de 16 meses de investigación.
Ese día, durante la misa que se celebró en la plaza principal de Bucaramanga, encima de uno de los pequeños ataúdes sobresalía la foto de Ricky Nelson García, cuya hija menor tiene los mismos años que su papá duró desaparecido. Su esposa, Luz Almanza, tenía cuatro meses de embarazo cuando los paramilitares se lo llevaron.
Cuando ocurrió la masacre, las Autodefensas Unidas de Santander y sur de Cesar, Ausac, cuyo jefe en Santander era alias ‘Camilo Morantes’ y en el sur de Cesar era alias ‘Juancho Prada’, veían a Barrancabermeja como un fortín de las guerrillas y por eso la señalaron como su principal objetivo militar.
Desde 1996, las Ausac comenzaron su campaña de terror en el puerto petrolero de Barrancabermeja matando líderes sociales y pobladores que condenaban, sin fórmula de juicio, como supuestos simpatizantes de la guerrilla.
Los homicidios eran ejecutados por hombres al mando de ‘Panadero’, quien había sido miliciano del frente 24 de las Farc hasta 1993 y desde 1996 se pasó a las autodefensas. Se ganó la confianza de ‘Camilo’ porque conocía como pocos los barrios del Puerto.
Las Ausac, creadas en 1993 por ‘Camilo,’ tenían por entonces unos 100 hombres regados en grupos de diez por el Magdalena Medio santandereano que asesinaban principalmente en áreas rurales, según contó el ‘Panadero’. Tampoco tenían un campamento. No había necesidad porque en San Rafael de Lebrija (un corregimiento a dos horas de Barranca) vivían y actuaban a sus anchas. Incluso, dijo, a sólo diez minutos de éste lugar funcionó una base de entrenamiento en una finca del ganadero y diputado liberal Celestino Mojica Santos, asesinado en Bucaramanga en 1998, cuatro meses antes de la masacre. Precisamente allí, a una casa abandonada de esa base, fueron llevados los 25 retenidos la noche del 16 de mayo, en medio de un aguacero monumental que no paró hasta el día siguiente.
A la vista de todos y en pleno día, ‘Camilo’ y sus hombres, vestidos de camuflado y con fusiles, pistolas y granadas, se reunían en el parque de San Rafael de Lebrija, a 90 kilómetros de Barrancabermeja y a sólo tres de la Troncal del Magdalena Medio. No había policía desde que el Eln atacó el puesto que había en 1986. Y sólo hasta 2005, seis años después de que desaparecieron las Ausac, no hubo presencia alguna de la fuerza pública.
‘Camilo’ actuaba por cuenta propia y no hizo parte del paraguas que cobijó a gran parte del paramilitarismo en Colombia llamado Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, creado por los hermanos Castaño en 1997. Siguió su arremetida en forma independiente hasta después de la masacre de 1998, cuando Carlos Castaño no lo toleró más y ordenó al Bloque Central Bolívar asesinarlo en noviembre de 1999.
‘Panadero’ dijo que ‘Camilo’ buscaba que la masacre le diera mayor poder. "Él sabía que se volvía más fuerte y más grande en la zona, iba a manejar más ingreso de dinero, entre otras cosas por el robo de gasolina (a Ecopetrol)". Contaban con la complicidad de la fuerza pública, dice el ex paramilitar, que les daba media hora para entrar a la ciudad "a pescar al que reconociéramos como guerrillero" y salir a refugiarse en San Rafael de Lebrija.
Pero ese 16 de mayo de 1998, la incursión duró 40 minutos, diez más de lo autorizado por miembros de la Fuerza Pública, cuyas identidades aún no han sido reveladas por los ex paramilitares en sus confesiones. Los paramilitares salieron del Puerto a la vista de todo el mundo después de haber masacrado a siete personas, armados y con 25 secuestrados, en dos camionetas sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo.
‘Panadero’ sólo ha vinculado al cabo primero Luis Alfonso Salcedo, quien murió baleado un año después de la masacre, en un atentado de la guerrilla. Salcedo fue quien el día de la masacre advirtió a los hombres de las autodefensas que "no dejaran muertos que recoger". Sin embargo, hubo siete.
Esa es una de las razones por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió el 27 de octubre de 2003, una denuncia contra el Estado colombiano presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la cual se alegaba que miembros de grupos paramilitares con la aprobación y participación de agentes de la Fuerza Pública, hicieron posible la masacre.
Hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado por los hechos del 16 de mayo de 1998.

Los Informantes
Sólo unos días antes del 16 de mayo, ‘Camilo’ citó en San Rafael de Lebrija a los hombres del ‘Panadero’ para ordenar la masacre. A cargo dejó al jefe militar de las Ausac, Elías Estrada, conocido como ‘William’ o ‘Tatareto’, un alumno sobresaliente de Yair Klein.

‘Chicalá’, un escolta que ‘William’ reclutó desde los inicios de las Ausac, explicó que la primera reunión se hizo tres días antes en la cancha de bolo criollo ‘El Campeón’ y que al grupo se unió Miller Bolaños, alias ‘Michael’, un desertor de las Farc que trabajaba como informante del Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja.
El 14 de mayo se realizó otra reunión donde ‘William’ le ordenó a ‘Chicalá’ buscar munición para pistolas 9 milímetros en una caleta entre Papayal y La Muzanda, veredas de San Rafael de Lebrija, que luego entregaría a Javier Cristancho, el sobrino mimado de ‘Camilo’ que todos llamaban ‘Baby’.
"La decisión se tomó de forma tan discreta que sólo el mismo día los del grupo urbano recibimos la orden de actuar", dice ‘Panadero’.
‘Camilo’ tenía esa costumbre y con sólo tres horas de anticipación, sobre las 5:00 de la tarde de ese sábado, los 20 hombres que realizaron la matazón recibieron los fusiles y la munición.
Pero había otro informante, alias ‘Freddy’, que junto a ‘Michael’ fue sacado del Batallón Nueva Granada por ‘Panadero’, para llevarlo a San Rafael de Lebrija.
Eligieron el barrio El Campín porque ‘Michael’ supuestamente sabía que los guerrilleros se reunían allí los sábados a tomar cerveza en un billar frente a la cancha de fútbol del sector.
Los paramilitares han dicho que le creyeron y que sólo después se dieron cuenta de que muy pocos de los retenidos tenían vínculos con la guerrilla.
El 16 de mayo los victimarios entraron a Barrancabermeja en dos camionetas. Una la robaron en un retén que improvisaron cuando salieron de San Rafael de Lebrija. La mayoría iba con un poncho con el que ocultaban sus rostros y otros vestidos de camuflado.
El grupo lo conformaban 14 patrulleros urbanos y 6 hombres de la escuadra de alias ‘Danilo’, comandante de Puerto Cayumba, una vereda de Puerto Wilches, donde también operaban las Ausac. Su función era apoyar la seguridad de los urbanos. Al frente iba ‘Panadero’.

En 40 Minutos
No había nada planeado. Los paramilitares sólo siguieron las instrucciones de ‘Michael’. Primero entraron al bar La Tora, después al barrio El Campestre y luego al billar del barrio El Campín. En su recorrido fueron secuestrando gente que les indicaban sus informantes.

En el barrio El Campestre, los hombres del ‘Panadero’ obligaron a subir en una de las camionetas a Libardo Londoño Avendaño, un ‘caletero’ que les entregó material explosivo. Lo mismo ocurrió en diferentes calles, bares y billares, de donde sacaron a la fuerza a Ricky Nelson García, Wilson Pacheco, Daniel Campos, Luis Jesús Argüello, Diomidio Hernández, Carlos Enrique Escobar, Melquisedec Salamanca Quintero, Carlos Alaix Prada, Neir Enrique Guzmán, Eliécer Javier Quintero Orozco y a Germán León Quintero. Este último intentó escapar y lo asesinaron en plena vía.
En El Campín, la comunidad había organizado un bazar para recolectar fondos para un grupo de danza infantil en la cancha de fútbol. Los paramilitares que llegaron al billar que queda enfrente de la cancha a las 9:30 de la noche se encontraron con la multitud que festejaba.
Ahí estaban los mellizos Ochoa. Cuando estacionaron las dos camionetas frente al billar -que estaba casi vacío-, "no íbamos a desaprovechar el bazar", dijo ‘Panadero’. Fue él quien tomó la decisión de obligar a un centenar de participantes a tirarse al suelo, boca abajo, mientras los hombres de ‘Danilo’ rodeaban la cancha.
Los paramilitares aseguran que fueron atacados a tiros desde el lugar donde se amplificaba la música, en uno de los extremos de la cancha, lo que desató la furia que finalmente arrasó con las 32 personas. En su contra también estaba el tiempo, que ya casi terminaba según lo pactado con la Fuerza Pública para su libre movilización.
Entonces, en medio de los gritos, ‘Panadero’ atravesó corriendo la cancha, ordenó apagar la música y con la gente boca abajo, alias ‘Michael’ empezó su infame tarea de señalar a los presuntos guerrilleros. Las víctimas afirman que les gritaban "guerrilleros", "hijos de puta", "prostitutas" y "aquí viene la guerra", mientras los pateaban y agarraban de los cabellos.
Fue ahí cuando ‘Baby’, el más sanguinario de los hombres de ‘Camilo’, degolló a la primera persona. Lo hizo porque se negó a tirarse al suelo y luego se resistió cuando lo intentaban subir a una de las camionetas. Su nombre era Pedro Julio Rondón Hernández y estaba de fiesta en el bazar.
En medio del terror, un vecino llegó a la casa de Luz Marina Ochoa a decirle que se llevaban a sus mellizos. Ella corrió hacia la cancha porque pensó que se los había llevado el Ejército y su hijo tenía la costumbre de dejar olvidada su billetera con los papeles encima de la nevera. La iba a necesitar, pensó.
Cuando llegó a la cancha y preguntó por qué Ana María iba en el grupo, le dijeron que se la habían llevado por no dejar solo a su hermano.
Aurora Solano, la mamá de Robert Wells Gordillo, alcanzó a llegar a 300 metros de la camioneta en la que se llevaron a su hijo de 22 años. Se detuvo cuando un hombre armado le apuntó y le ordenó tajante que se fuera para su casa. "Esto ya no es ley, es otra cosa", pensó.
Como la señora Solano, fueron muchas las mujeres que corrieron a la estación de Policía y al DAS pero no hubo ninguna reacción. "Fue como si me hubiera estrellado contra una pared. En el DAS había gente bebiendo, de fiesta. En la Policía había sólo dos agentes", recuerda.
Y mientras el terror se extendía por Barrancabermeja sin ninguna reacción de las autoridades, los paramilitares en su huida llegaban a la altura de la vereda Patio Bonito a las afueras de Barrancabermeja, donde ‘Panadero’ tomó la decisión de asesinar a cinco de los retenidos para reducir el peso de una de las camionetas que estaba a punto de voltearse.
Mataron a los que sobresalían del tumulto, apilados como iban, unos sobre otros.
Los paramilitares salieron de Barranca por el sitio conocido como la "Y" o "El Retén", donde esa mañana el Ejército había situado un retén con vehículos y unidades de infantería. Sin embargo, en la investigación se estableció que el retén fue levantado a las 9:30 de la noche, la misma hora en que inició la incursión paramilitar. Por no haber evitado la masacre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" señalaron como responsable al coronel del ejército Óscar Diego Sánchez Vélez.
Una hora después, en la vía que conduce a la vereda La Muzanda cerca de San Rafael de Lebrija, ‘Chicalá’ vio como pasó un camión cargado que conducía Octavio Camelo González alias ‘Cuca’, encargado del cartel de la gasolina de las Ausac, al que habían trasbordado a los 25 secuestrados.
Las dos camionetas llegaron hasta donde las esperaba el camión y luego los hombres abandonaron la camioneta robada. El recorrido terminó a la 1 de la madrugada del 17 de mayo cuando ‘William’, el jefe militar, recibió a los secuestrados.
El camión no entró a San Rafael de Lebrija sino que continuó vía a Papayal, otra vereda a sólo 15 minutos del corregimiento, donde retendrían a todos los secuestrados por cuatro días. A esa hora, mientras Barrancabermeja se preguntaba por la suerte de los desaparecidos, ‘Baby’ y ‘Panadero’ llegaron a dormir. No muy lejos, alias ‘William’ empezaba con su parte en esta masacre.

Muerte Lenta
Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’ está actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón Santander. Tiene 42 años y nació en Barrancabermeja. Desertó de las Farc y luego ingresó a las Autodefensas.

‘Camilo Morantes’ llegó a San Rafael de Lebrija seis días después de la incursión paramilitar. La orden era mantener vivos a los secuestrados hasta que él decidiera su suerte.
Llegó a emborracharse como si se tratara de una celebración, Barrancabermeja, desesperada, realizaba un paro cívico para presionar la entrega de los secuestrados.
El 17 de mayo, al otro día de la incursión, ‘Chicalá’ se enteró que ‘William’ y un grupo de contraguerrilla comandado por alias Ronald, recibieron el camión en la vieja base de entrenamiento de las Ausac, al borde de la ciénaga Pato, a solo diez minutos de San Rafael, en el noroccidente de Santander.
Los paramilitares esperaban que la Fuerza Pública se presentara en la zona pero nada sucedió. Por eso, sin prisa, ‘William’ reunió a ‘Panadero’ y a algunos de sus hombres en el parque de San Rafael para que lo acompañaran a la casa donde permanecían todos los secuestrados. En los interrogatorios, la mayoría se resistía a aceptar alguna relación con la guerrilla.
Los paramilitares se desgastaron montando un anillo de seguridad a un kilómetro de la casa abandonada. Pero nadie apareció.
Según ‘Panadero’, ‘Michael’ tuvo que señalar a las personas que había montado en las camionetas y las razones para hacerlo. "Sí, las careó y llegamos a la conclusión que a quienes montó ‘Freddy’, el otro informante, eran inocentes. Por el error ‘William’ ordenó asesinarlo", recuerda ’Panadero’.
Lo que sucedió allí lo supo ‘Chicalá’ a los tres días de la incursión por boca de alias ‘William’, quien le contó que de los 25 retenidos, 5 o 6 confesaron que eran guerrilleros.
Por radio también se enteró que los cuidaban 15 hombres comandados por ‘Ronald’ y ‘Jorge’ y que los mantuvieron juntos durante los primeros 4 días. Al quinto, separaron a un grupo de 11 que repartieron en tres escuadras ubicadas cerca de la vereda Mata de Plátano de Sabana de Torres. Estas personas, aun sin identificar, fueron las primeras que masacraron por orden de ‘William’.
"A esos 11 los movieron más adelante de la carretera central y los llevaron al fondo de dos fincas. ‘William’ mismo los repartió, iban amarrados en el platón de su camioneta. Los sacó y les dio la vuelta por la vereda San Luis de Magará para evitar pasar por San Rafael (más poblado) y por esa vía llegó a Mata de Plátano, a 40 minutos de San Rafael. Esa misma noche los mataron", contó ’Chicala’.
Al sexto día, cuando finalmente apareció ‘Camilo Morantes’, ‘Panadero’ informó que en el grupo de los secuestrados había gente inocente. Fue en ese momento, borracho y sin inmutarse, que el máximo jefe de las Ausac dio la orden de matarlos a todos. Sólo argumentó que si los dejaban vivos "el día de mañana iban a ‘sapear’".
Nadie le refutó a pesar de su estado. Ni siquiera ‘William’, su hombre de confianza. Todos sabían que de negarse, él mismo mataría a sus propios hombres. En los días siguientes fueron sacando, por grupos, a los 14 restantes. Tanto ‘Panadero’ como ‘Chicalá’ afirman que los últimos masacrados fueron los mellizos, a los 22 o 23 días.
Ellos fueron los únicos que permanecieron todo el tiempo en la vieja base de las autodefensas y antes de matarlos, los arrastraron cerca de un kilómetro para ejecutarlos en la cima de una montaña.
Durante su agonía, Ana María Ochoa fue violada por uno de sus carceleros, apodado ‘Pantera’, que meses después fue juzgado y luego ejecutado por el mismo ‘Chicalá’.
A otro grupo de cuatro secuestrados lo ejecutaron en el caño Bejuco, muy cerca de la vereda San Luis de Magará y a dos personas más al lado de una pequeña muralla de contención que se encuentra a una margen del río Lebrija, en los límites entre Rionegro y Sabana de Torres.
El 27 de mayo de 1998, Carlos Castaño le hizo saber a la Defensoría del Pueblo que los hechos ocurridos en Barrancabermeja fueron obra de las "Autodefensas que operan en Santander" y que ‘Camilo Morantes’ tenía en su poder a los secuestrados. Incluso pidió al gobierno nacional que brindara al accionar de las Ausac un tratamiento político similar al que se le daba a los grupos guerrilleros.
Y aunque al día siguiente, ‘Camilo’ negó enfáticamente cualquier participación en la masacre, desmintiendo al máximo jefe de las Auc, la esperanza se apoderó de los barranqueños que continuaron exigiendo su liberación en un paro que se prolongó por dos semanas: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!".
‘Panadero’ afirma que mientras esto ocurría, Castaño le ordenó a ‘Camilo’ atribuirse los hechos y afirmar que los desaparecidos habían sido incinerados para quitarse la presión de los medios de comunicación. Así lo hizo veinte días después de perpetrar una de las más masacres más masivas y crueles que han ocurrido en el país.
Con la misma frialdad que lo caracterizaba y sin inmutarse, Camilo fue capaz de contestarle a las madres y esposas de los desaparecidos con una escueta frase: "los matamos".
No dio ninguna pista sobre dónde los enterraron. Sus hombres también se quedaron callados durante una década, aunque la mayoría, fueron asesinados por el Bloque Central Bolívar, entre ellos ‘William’ y ‘Baby’
’Chicalá’ desmintió las versiones que aseguran que a los desaparecidos los tiraron a los caimanes. En la última versión que rindió en Bucaramanga en noviembre de 2008, aseguró que todos fueron asesinados y enterrados. Contó que ‘Camilo’ si tenía un caimán que mantenía en una finca muy cerca de San Rafael de Lebrija, pero que su tamaño no superaba un metro.
"Nunca vi que le echaran cadáveres, ni personas vivas. Él tenía la costumbre de decir, cuando uno la embarraba, "lo voy a echar a los caimanes" y las víctimas piensan que eso es verdad".
‘Chicalá’ ha suministrado información a la Fiscalía de la ubicación de las fosas en las que aún permanecen 14 de los desaparecidos. Sin embargo, ningún desmovilizado o paramilitar que participó en la masacre ha dado información sobre las otras seis personas que también fueron secuestradas y asesinadas sin que se conozca donde se encuentran sus restos.
Hoy, Luz Marina, la mamá de los mellizos Ochoa, se enfrenta a un nuevo dolor. Según ‘Chicalá’ las fosas de sus hijos y cuatro personas fueron movidas por un desmovilizado y dos paramilitares que participaron en la masacre y se encuentran libres.
Estos hombres, que el postulado identifica con los alias de ‘Honorio’, ‘Chino Niño’ y ‘Alicate’, ofrecieron al DAS mostrarle dónde estaban las fosas a cambio de una recompensa, pero con la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz frustró su plan. Fueron ellos mismos quienes cavaron las fosas y refundieron los restos.
Ahora Luz Marina espera que el único hueso que dejaron allí tirado los caza-recompensas sea el de uno de los hijos. Todos los que perdieron a sus hijos y parientes en esos días esperan que paramilitares y sus cómplices en la fuerza pública enfrenten la justicia.

11 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

detención preventiva por asesinato


Medida contra dos ’paras’ por asesinato de una enfermera en Cauca.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de dos ex integrantes de grupos de autodefensa como presuntos responsables del crimen de una enfermera.
El 12 de agosto de 2002 en Miranda (Cauca) la enfermera Amparo Figueroa, quien trabajaba en el hospital de ese municipio, fue asesinada con disparos de arma de fuego.
Los procesados fueron identificados, como: Armando Lugo, alias ‘Cabezón’, y José María Reyes Guerrero, alias ‘Niño’, miembros del ‘Bloque Calima’, quienes fueron sindicados por el delito de homicidio en persona protegida.

11 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

niega nexos con paramilitares


Jorge Castro Pacheco niega vínculos con ’paras’.
Colombia. En el arranque del juicio, el ex senador Jorge Castro Pacheco negó haberse reunido con ‘Jorge 40’ meses previos a las elecciones para Congreso de 2002. Jorge Noguera, ex director del DAS, declaró en la audiencia y descartó cualquier tipo de nexo entre el ex congresista y los paramilitares.
En la primera audiencia del juicio ante la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Jorge Castro Pacheco se declaró inocente del cargo de concierto para delinquir por el cual se le acusó en 2008 tras haber firmado presuntamente el denominado ’Pacto de Pivijay’ en alianza con el Bloque Norte de las AUC.
En su intervención, el ex senador habló de la forma como llegó al Congreso reemplazando a Dieb Malof, congresista condenado por parapolítica, y de los acuerdos que hizo con políticos del departamento de  Magdalena para la campaña al Congreso en 2002.
Según Castro, y en contradicción con las declaraciones de Franklin Lozano, ex alcalde de Sapayán y partícipe de esas reuniones, los encuentros con los políticos se llevaron a cabo sin la presencia de paramilitares, concretamente, sin la participación de ‘Jorge 40’.
El ex senador aceptó que sí se firmó un documento de esos acuerdos pero nunca bajo la coordinación de los paramilitares en lo que se conoció como el ‘Pacto de Pivijay’.  "El documento que firmé, lo firmé en la casa de José Gamarra" señaló Castro Pacheco.
Castro Pacheco aseguró que  en ningún momento fue "protegido" de ‘Jorge 40’, y que de hecho, en alguna ocasión supo de intenciones de ‘Jorge 40’ para asesinarlo.
El ex senador se refirió también las declaraciones del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien lo acusó de ser el candidato al congreso de ‘Jorge 40’.  Según Castro, nunca se reunió con García más allá de eventos oficiales en Bogotá, y aseguró que sus afirmaciones son "falsas" y sospechosas pues  éste lo acusó sólo dos años después de empezar a rendir declaraciones ante la Fiscalía.  
De igual forma, Castro Pacheco explicó que las razones para las votaciones atípicas en municipios como Pivijay, Algarrobo, Sapayán, Ariguaní y Salamina son producto de esas alianzas que se hicieron con políticos provenientes de esas zonas y del poder que ostentaba José Gamarra, fórmula de Dieb Malof a la Cámara en 2002, como ganadero de la zona.
Su relación con Jorge Noguera, ex director del DAS también procesado por vínculos con paramilitares, la describió como puramente profesional. Según Castro, las veces que se reunió con Noguera fue para tratar temas de seguridad y en ninguna de ellas participó Rafael García.
Precisamente, en la misma audiencia, rindió testimonio Jorge Noguera.  De acuerdo con sus declaraciones, nunca supo de vínculos de Castro Pacheco con ‘Jorge 40’, y que todo lo contrario, lo recibió varios ocasiones en su oficina para hablar sobre problemas de seguridad en Plato (Magdalena) debido al alto número de homicidios en la zona producto de la presencia de grupos paramilitares. Noguera confirmó que de esas reuniones, ninguna se llevó a cabo en presencia de Rafael García.
Según Noguera, Jorge Castro Pacheco no tuvo que ver con el nombramiento, de Rómulo Betancur, ex director seccional del DAS, ni en el de otros funcionarios al interior del DAS que fueron procesados por sus vínculos con paramilitares.
En la audiencia se esperaba que rindiera testimonio Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, sin embargo y alegando una "difícil situación", su abogado pidió desde Estados Unidos postergar su declaración.

El Caso contra Castro Pacheco
En abril del años pasado la Fiscalía General confirmó el llamado a juicio del ex senador Jorge Castro Pacheco con base en el testimonio del ex jefe de informática del DAS, Rafel García, y en el documento del denominado ’Pacto de Pivijay’. 
El Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema quien en diciembre pasado había proferido resolución de acusación contra Castro Pacheco, como presunto responsable del delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con paramilitares del Magdalena.
Según la decisión de la Vicefiscalía, dos pruebas claves demuestran los vínculos del ex senador Castro Pacheco con el extraditado cabecilla paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. La primera prueba clave contra Castro Pacheco es el testimonio del ex director de informática del DAS, Rafael García.
Según García, todo comenzó en 1999 cuando Jorge 40 buscó alianzas con políticos de la costa atlántica. "De esta injerencia de los paramilitares en la actividad política, resultaron algunos políticos beneficiados, entre ellos, Castro Pacheco" aseguró García en una de sus versiones libres ante la Fiscalía.
"Jorge Castro Pacheco fue designado como uno de los contactos entre el Bloque Norte y yo...lo que él hizo fue que a través de unos amigos se pintó la propaganda política en las paredes de los municipios del centro del departamento promocionando la candidatura suya a la gobernación; según me explicó el señor Castro, luego de cierto tiempo la persona cuyo nombre aparecía en esos murales era llamada por los jefes de las autodefensas de la región y estos le decían si podían continuar con su aspiración o no, fue así de esta forma como se definieron las candidaturas únicas para los municipios del área de influencia del bloque norte en el departamento de Magdalena" afirmó García.
De acuerdo con García, para las elecciones de 2002, el Bloque Norte de las Autodefensas se propuso alcanzar 3 curules al Senado y 3 a la Cámara. Para eso, Magdalena se dividió en distritos electorales, asignando en cada distrito a los políticos que supuestamente aceptaron el apoyo de ’Jorge 40’.
Entre los políticos beneficiados por esta repartición, García señaló al ex senador Dieb Maloof, primero en la lista del partido ’Colombia Viva’ (2002) en la cual Jorge Castro Pacheco figuró como segundo renglón y obtuvo, según García, los mismos beneficios electorales de Maloof gracias al apoyo de los paramilitares.
De acuerdo con la decisión de la Fiscalía, "la situación de Dieb Maloof como cabeza de lista al senado no puede evaluarse separadamente de la de su segundo renglón, Jorge Castro Pacheco, porque a ambos les asistía el interés de obtener los votos necesarios para ser elegidos. Entonces, el hecho de haberse acogido el primero a sentencia anticipada aceptando cargos por concierto para delinquir, precisamente, por su alianza electoral con las autodefensas ilegales, afecta directamente también a su segundo renglón Castro Pacheco". Maloof fue sentenciado en 2008 a pagar cuatro años y nueve meses de cárcel por sus vínculos con grupos paramilitares.
Para la Fiscalía, la repartición de votos no fue solo evidente en el testimonio de Rafael García, sino en los resultados electorales de 2002. Dieb Maloob obtuvo una votación a nivel nacional de 67.864 votos de los cuales 40.134 fueron logrados en el departamento de Magdalena, De esos 40.134 votos, consiguió 37.443 en municipios con gran presencia paramilitar como Pivijay, Ariguani ’El Difícil’, Chivolo, Remolino, Salamina, Zapayán y Algarrobo. Con estas razones, la Fiscalía rechazó los argumentos que la defensa de Castro Pacheco había utilizado para desvirtuar el testimonio de García.
Los problemas mentales y las inconsistencias del testimonio de García esgrimidos por la defensa, fueron desvirtuados por la Fiscalía con base en las pruebas que Medicina Legal le practicó a García y,  en las pruebas documentales y testimoniales que la Fiscalía logró corroborar a lo largo del proceso "en cuanto al modus operandi (de los paramilitares) para apoyar a los candidatos a corporaciones públicas y lograr su adhesión".

’El Pacto de Pivijay’
La segunda prueba de la Fiscalía contra Castro Pacheco, es el documento encontrado en julio de 2006 en uno de los predios de ‘Jorge 40’  titulado ’Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, en la elección de Cámara de representantes y Senado de la República’ o ’Pacto de Pivijay’, firmado entre otros, por José Gamarra Sierra, Dieb Maloof y Jorge Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre de ‘Jorge 40’. 
Según la Fiscalía, "en el citado convenio (firmado el 22 de noviembre de 2001), varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados acordaron que los votos que se lograran en dichas elecciones en marzo del año 2002 en los municipios de Pivijay, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo… en donde José Gamarra Sierra contaba con bastante potencial electoral, le serían endosados a Dieb Maloof Cuse quien encabezaría la lista al Senado…De igual forma se anuncia como sería la partición burocrática, la financiación de la campaña y la destinación que tendrían los dineros obtenidos por reposición de votos".
Con esta prueba, la Fiscalía desvirtuó las declaraciones de ’Jorge 40’ quien aseguró en varias versiones libres que "las autodefensas ilegales no tenían incidencia en la actividad política de la región". Según la Fiscalía, la versión del ex jefe del Bloque Norte "se muestra oportunista e inclinada a no comprometer líderes políticos...ya que es inverosímil que con todo el dominio de las autodefensas en la región, se dejara sin control un asunto tan determinante como era la elección de miembros de corporaciones públicas". Ante esta pruebas, la Vicefiscalía encontró ’indicios graves’ y ’motivos de credibilidad’ suficientes para imputarle a Castro Pacheco el delito de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción de grupos armados al margen de la ley. "Las pruebas presentadas permiten ’creer’ que Castro Pacheco hizo alianzas con los paramilitares dirigidos por ’Jorge 40’ para obtener apoyo electoral en los comicios que se realizaron para el Congreso en 2002" aseguró la Fiscalía en su decisión.
Castro Pacheco, quien fue senador durante los períodos legislativos 1998-2002 y 2002-2006, ocupó temporalmente, durante la presente legislación, la curul que inicialmente fue obtenida por Dieb Maloof, que luego pasó a ser de Vicente Blel y que después Castro Pacheco le heredó a Jorge Enrique Gómez.
Jorge Castro Pacheco es hermano de Carmén Castro, ex alcaldesa de Ariguani, Magdalena, y de Augusto "Tuto" Castro, quien fue uno de los hombres más cercanos a Jorge.

10 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

amenazan a alcalde de jagua de ibirico


Las bandas criminales asociadas con el narcotráfico estarían detrás de los planes para asesinar al alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño. Así lo reveló el propio mandatario, al indicar que todo obedece a que desde su gobierno ha enfrentado a los grupos ilegales para no permitir que vuelvan a tener dominio de este territorio.
Colombia. "En el pasado los paramilitares saquearon los recursos de regalías, generaron desplazamientos y causaron terror, incluso intimidando a los alcaldes de turno, pero yo no doblego, ellos me conocen y saben que no cederé espacios para estos grupos, por eso han querido asesinarme", señaló Palacio.
Explicó que desde diciembre pasado con apoyo del Ejército y la policía inició la erradicación de cultivos ilícitos en su jurisdicción, lo que ha causado malestar en estas nuevas estructuras del narcotráfico, además de verlo como un obstáculo para sus actividades ilícitas.
Señala que desde hace dos años se inició un plan para asesinarlo, pero no se ha concretado gracias a la labor de inteligencia de las autoridades, a sus mecanismos de prevención y a la participación de informantes que han develado los intentos, como ocurrió el pasado 24 de febrero cuando varios desmovilizados advirtieron sobre el proyecto criminal contra el mandatario.
"Este es el sexto plan de atentados que hay en mi contra, consideran los grupos mafiosos que quieren utilizar  La Jagua de Ibirico como un territorio para los cultivos del narcotráfico, pero no lo vamos a permitir, este municipio no volverá a ser de su dominio", puntualizó.
El gobernador del Cesar, Cristian Moreno, sostuvo que el alcalde Alfonso Palacio cuenta con todo el acompañamiento institucional y se le ha reforzado su seguridad, así como las garantías para que pueda seguir ejerciendo su responsabilidad. "Hemos notificado al propio presidente Álvaro Uribe Vélez para que los organismos del Estado sean garantes de la integridad y desempeño del mandatario como del resto en los 24 municipios del departamento".
A su turno el coronel Ramiro Orlando Tobo, comandante de Policía del Cesar señaló que "el alcalde de la Jagua de Ibirico sabe que estamos brindándole toda la protección que sea necesaria a través de los escoltas, de la seguridad en su residencia, de la seguridad en su municipio; enviamos una comisión con 35 policías quienes se encuentran haciendo unos planes y dialogando con la comunidad, pero tenemos todo el compromiso en la seguridad del alcalde porque nos asiste la responsabilidad de acompañarlo".

10 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

que no vendan sus tierras


CNRR pide a los desplazados no vender sus tierras por presiones.
Colombia. La Comisión Nacional de Reparación, CNRR, le ha pedido a los campesinos que no vendan sus predios por presiones de deudas agrarias, falta de información o intimidación.
Según ha dicho la CNRR uno de los casos que han llamado la atención es el de los Montes de María, donde  inversionistas desde hace unos años llegaron para comprar las tierras, según cuentan los habitantes de comunidades como El Salado, Mampuján, entre otros.
La entidad explicó que algunos de los problemas se basan en que las personas no saben a que tienen derecho, a qué entidades pueden recurrir en caso de tener deudas y adicionalmente, en ciertos casos, firman documentos en los que muchas veces entregan la posesión de sus tierras, según informe enviado por la sede regional Bolívar de la CNRR.
Esta es la situación del predio Tacaloa, municipio de El Carmen de Bolívar, que por un fallo de tutela ordena al Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada levantar las medidas de protección para permitir su venta.
La Gobernación de Bolívar impugnó el fallo teniendo en cuenta de que se trata de parcelas tituladas por el Incora y un solo comprador busca comprarlas.
La Ley 160 de 1994 señala que en tales casos se requiere la adopción de un procedimiento ante el Incoder, que busca prevenir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional.
Según la CNRR 13 parceleros de Tacaloa visitaron la sede regional Bolívar, el pasado 28 de septiembre de 2009, con el fin de exponer su situación y algunos casos particulares.
En esa oportunidad ellos recibieron orientación sobre la normativa de justicia y paz, las funciones de la CNRR y la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB) y se programó visita a El Carmen de Bolívar para el diligenciamiento de formatos.
Un mes después la CNRR brindó orientación sobre sus derechos en el marco de justicia y paz, así como de las instituciones e instancias existentes para la reclamación de sus derechos.
Hasta esa fecha no habían diligenciado formatos de reparación, sin embargo se logró con la personería municipal de El Carmen de Bolívar el diligenciamiento de formatos de hechos atribuibles de grupos armados al margen de la ley, de la Fiscalía, y de reparación administrativa.
La Comisión solicitó a Acción Social información sobre las personas inscritas como desplazadas, en la actualidad se están buscando los registros del caso y no hay respuesta alguna.

10 de marzo de 2010
©verdad abierta 
rss

los muertos de caracortada


En los Montes de María. Sergio Ávila Córdoba, alias  ‘Caracortada’, jefe del Bloque Córdoba, reconoció en versión libre el asesinato de un grupo de comerciantes de El Carmen de Bolívar señalados de ser presuntos guerrilleros. Sus viudas y familiares conocieron cómo fueron asesinados y desaparecidos.
Colombia. Diez años después casi nadie recuerda con detalle lo que pasó hace una década. ¿Cómo era la vida en un pueblo de la costa, en los Montes de María en el año 2000? Para ser más precisos: ¿cómo era la vida en pueblos como El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, Córdoba y Zambrano? Estaban bajo fuego; peor aún: estaban sometidos al fuego cruzado de la guerrilla, el paramilitarismo y la fuerza pública. Los tres disparaban contra la población civil.
En esos años, para quienes lo olvidaron, no lo quieren recordar o simplemente nunca lo supieron, El Carmen de Bolívar llegó a ser un pueblo fantasma. Asomarse a la carretera que comunica a Cartagena con Sincelejo, más o menos 200 kilómetros entre una capital y otra, daba terror. A las seis de la tarde la cerraban al tráfico pues a las tractomulas las atracaban los piratas terrestres, a los viajeros los bajaban de sus carros y los secuestraban, atentaban contra los peajes y los quemaban, al ganado lo acribillaban en los potreros, las fincas las incendiaban y a orillas de la carretera tiraban a los muertos, fuera del perímetro urbano de los pueblos para que el levantamiento del cadáver no le tocara a la policía sino a la Infantería de Marina.
Era tal el terror que todos sospechaban de todos. En esos días camionetas con vidrios oscuros, sin placas, se paseaban por el pueblo, despacio, muy despacio. Adentro iban presuntos informantes que señalaban, daban nombres y después los paramilitares volvían con listas de casa en casa y la gente desaparecía. Arrancaban las puertas de las casas amarrando gruesas cadenas a las defensas de las camionetas de vidrios oscuros. Y no eran sólo los paramilitares, también lo hacía la guerrilla. Y la fuerza pública tenía informantes que se atrevían a señalar a inocentes como si fueran guerrilleros. A la gente la sacaban de sus casas en el casco urbano y la embarcaban como animales. Más nunca se supo de centenares de personas desaparecidas de esa manera.
Las que sí recuerdan el infierno que vivieron son las viudas, los hijos y las hijas, las madres y los padres que se quedaron cuidando sus muertos. Muchos habitantes se fueron desplazados, invadidos por el miedo; los que pudieron vender sus fincas o aquellos que tenían un familiar en Barranquilla, Cartagena o Sincelejo, abandonaron la región. Cielo, la viuda de Antonio Segundo Medrano Meza, desaparecido el seis de febrero de 2000, recuerda que todas las noches estallaban bombas en el pueblo: en las casas de familia, en las tiendas, en la estación de policía, en el parque, en el hospital, en la alcaldía, en la calle, en los bares y en los billares. Nada detenía la violencia.
Había personas a quienes la guerrilla secuestraba y empobrecía y después eran asesinados por los paramilitares, quienes los acusaban de ser colaboradores de la subversión. Cielo, que se quedó en El Carmen esperando noticias de su esposo desaparecido todavía recuerda que a las seis de la tarde las calles del pueblo quedaban desiertas. Incluso que dejaron de dormir en las habitaciones próximas a la calle y que la mayoría de las noches, durante varios años, lo hicieron en el piso.
Nunca tuvieron años de tranquilidad. Antes del 2002 no había seguridad y de ese año hacia adelante porque había seguridad estatal pero con la presencia del Bloque Héroes de los Montes de María. "Nos sentíamos secuestrados, no teníamos libertad", dice Cielo. Hasta que en 2005 comenzó la desmovilización de los grupos paramilitares
En la región se escuchaban varios nombres como causantes de esta violencia: Martín Caballero, jefe guerrillero de las Farc, y ‘Mano de Trinche’ y ‘El Gordo’ o ‘120’, cabecillas de los paramilitares. Hubo momentos de control guerrillero y otros de control paramilitar. Durante gran parte de los 80 y 90 fueron las Farc las que sembraron el terror. A partir de 1997 fueron las Autodefensas Unidas de Córdoba que se extendieron hacía los Montes de María bajo el mando de Salvatore Mancuso, quien había recibido la misión de Carlos Castaño de arrebatarle ese territorio a las Farc.
Mancuso encargó de la misión a Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’, quien empezó con un pequeño grupo con el que incursionaba en los municipios de la región. Tirado fue fundador del grupo de Mancuso en Tierralta en el año 1991. Pero fue capturado a finales de 1997 cuando iba a ser transferido a un ‘grupo élite’ bajo el mando de Vicente Castaño. A Tirado lo remplazó otro hombre de confianza de Mancuso, Sergio Manuel Ávila Córdoba, alias ‘120’ o ‘El Gordo’, quien hasta ese momento había sido el administrador de las fincas del jefe paramilitar.
Ávila Córdoba fue jefe del grupo durante casi cuatro años, entre comienzos de 1998 y el 31 de julio de 2002, fecha en la que fue detenido cuando preparaba el ingreso del grupo en Cartagena. Durante la última semana del pasado mes de febrero, Sergio Ávila, alias ‘El Gordo’, estuvo en versión libre en Barranquilla. Ya había estado en noviembre de 2009 y las salas de audiencia donde se transmitían las versiones en San Jacinto, Calamar y El Carmen fueron insuficientes para albergar a la gente que iba a escucharlo para saber qué había ocurrido con sus familiares. Y para esta ocasión, con transmisión satelital de la versión a una sala en San Jacinto, la gente volvió a concurrir masivamente.
El primer día de versión empezó contando varios hechos, que enlazados unos con otros, provocaron tanta conmoción en El Carmen como cuando ocurrieron hace diez años. Empezó con la desaparición y muerte de Elsa Patricia Díaz, la hija de la dueña del Hotel Alferez, asesinada por el mismo Ávila. Cuando el grupo paramilitar comenzó a delinquir en el municipio, Alfonso Terán, alias ‘El Boyera’, un militante urbano, se hospedó en El Alferez y comenzó a enamorar a Elsa Patricia. Al poco tiempo la convirtió en su novia y la convenció para que fuera su informante y le contara quiénes se hospedaban y además señalara a aquellas personas que ella supiera o creyera que pertenecían o eran auxiliadores de la guerrilla.
Un día Elsa Patricia señaló como ‘colaboradores’ de la guerrilla a cinco comerciantes muy conocidos en el municipio, que compraban electrodomésticos en Maicao y los vendían en Medellín y en menor proporción en los pueblos de la región. Los paramilitares comenzaron a buscar la manera de desaparecerlos y a través de Elsa Patricia a ganarse la confianza de los hombres.
El seis de febrero de 2000, los cinco comerciantes emprendieron viaje a Maicao a recuperar una mercancía y se llevaron a la joven, quien al parecer estaba coqueteando con una de las víctimas. El viaje hacía Maicao fue por la ruta El Carmen, Zambrano, Plato, Bosconia, Pueblo Nuevo, Valledeupar y de ahí hasta La Guajira.
El vehículo en el que viajaban los cinco comerciantes y la joven era escoltado a distancia por ‘Boyera’, quien iba en una moto informandole a alias ‘120’ por dónde iban. Este a su vez llamó al comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, para informarle sobre la operación en que se encontraban.
El exjefe paramilitar le dijo que montaran un retén en Pueblo Nuevo, retuvieran a los cinco comerciantes y devolvieran a Elsa Patricia a El Carmen de Bolívar. Así lo hicieron, en un operativo en el que participaron ‘120’, ‘Federico’, ‘Tolemaida’ y alias ‘Rafa’, bajaron del vehículo a Rodrigo Duarte, Guillermo Chamorro Peña, David Muñoz Meza, Antonio Segundo Medrano Meza y Orlando José López Paz y se lo entregaron a alias ‘Amín’.
A Elsa Patricia la enviaron en una camioneta de las Auc a El Carmen de Bolívar, llegando a las 11 de la noche del mismo seis de febrero. Ya en el pueblo se sabía que los comerciantes habían sido secuestrados, así que la aparición de la joven creó la expectativa de que los demás serían devueltos también. Esperanza que Elsa Patricia se encargó de animar diciendo que a los compañeros de viaje los habían secuestrado, pero que los devolverían como había ocurrido con ella. Lo cual era mentira porque ella los había acusado de ser colaboradores de la guerrilla.
Trece días después, el 19 de febrero de 2000, en cercanías de Bosconia, a orillas del río Magdalena, apareció el cadáver de Rodrigo Duarte. Las esposas de los cinco secuestrados fueron a Bosconia, Plato y Pueblo Nuevo, todos los pueblos por donde pasaron sus esposos, preguntándole a la gente si sabían algo de ellos. En Bosconia los habitantes pasaban cerca de ellos y les decían: "este pueblo es muy peligroso, váyanse". Cielo fue a la policía y el comandante le dijo que él no tenía vehículos ni personal para salir a buscar a sus esposos en la zona rural y además, que "sus esposos eran colaboradores de la guerrilla".
Las autoridades y los habitantes de El Carmen comenzaron a preguntarle a Elsa Patricia qué más sabía del grupo que los había secuestrado, qué les diera pistas.
‘Boyera’, se dio cuenta del riesgo y ‘120’ ordenó que la llevaran a una finca campamento del grupo armado, pero a los pocos días comenzó a rebelarse diciendo que quería regresar, que la dejaran ir o de lo contrario contaría lo ocurrido con los cinco comerciantes. Alias ‘Caracortada’ consultó con ’Jorge 40’ qué hacer y éste le dijo que la matara. El mismo paramilitar la asesinó y la arrojó al río por un sitio conocido como La Bodega, en la bocatoma del acueducto de El Guamo. Nunca más se volvió a saber de la muchacha.

Aparece la Verdad
Durante diez años y dieciséis días, Cielo, la viuda de Antonio Segundo Medrano Meza, uno de los comerciantes desaparecidos que en ese entonces tenía 34 años, indagó infructuosamente por el paradero de su esposo y padre de sus dos hijos, una niña de ocho años y un recién nacido de un año de vida. Había continuado con su vida y no cesaba en su búsqueda.
Por eso el 22 de enero pasado, cuando Tica, la viuda de Rodrigo Duarte fue a decirle que alias ‘Caracortada’ había contado lo que había ocurrido, no lo podía creer. Ella estaba en El Carmen y las versiones de Sergio Ávila las estaban transmitiendo a una sala de víctimas adecuada en el municipio de San Jacinto, a veinte kilómetros de distancia. La amiga le dijo que al día siguiente iban a ir las otras viudas para preguntarle sobre el caso.
Cielo, abogada y funcionaria de la Procuraduría en El Carmen, no quería escuchar la verdad que durante tanto tiempo había estado buscando. Le dijo que no iba a ir y esa noche lo pensó, no podía dormir, lo reconsideró y viajó con sus amigas a San Jacinto para escuchar lo que el exparamilitar sabía de sus esposos.
Era tanta la emoción, que ese día, dice, diez años después de los hechos, "fue igual al día en que desaparecieron". El dolor la tenía paralizada, lloraba, no quería entrar a la sala de audiencias, pero se llenó de valor y se presentaron ante la fiscal Lizmary Jurado, quien les entregó un formato que debían diligenciar todas las víctimas.
Al lugar de las audiencias llegaron quince mujeres, entre esposas, hermanas y familiares, todas de negro. Ya en la audiencia la fiscal Jurado, informó al fiscal del Bloque Córdoba, que presidía la audiencia en Barranquilla, Francisco Álvarez, que en la sala se encontraban las viudas de los cinco hombres secuestrados y desaparecidos el seis de febrero de 2000, que ellas querían escuchar de la propia voz de Sergio Ávila, alias ‘Caracortada’, la versión sobre lo que había pasado con sus esposos.
Ávila contó lo sucedido con Elsa Patricia, el episodio del retén, y el secuestro, pero dijo desconocer el paradero de los otros cuatro desparecidos, pues él se los había entregado a alias ‘Amín’ y a ‘Rafa’, solo ellos sabían qué hicieron con los cuerpos. El fiscal le dio la palabra y Cielo le dijo a ‘Caracortada’ que lo perdonaba, pero que ese perdón no le serviría de nada. Que en nombre de Dios le pedía la verdad.
"Quiero saber dónde está mi esposo. En diez años no hemos sabido nada, necesito darle una respuesta a mis hijos". ’Caracortada’ le dijo que el objetivo de esa misión era matar a los hombres porque Elsa Patricia, la informante sacrificada por ellos, les había dicho que eran guerrilleros. Pero que él, Sergio Ávila, no los había matado.
Atrás, en un rincón, se encontraba el hermano de Elsa Patricia, también ignorante de los hechos, escuchaba con estupor lo que había ocurrido con su hermana. Entre avergonzado y con miedo, Juan Carlos Díaz Sierra, permanecía callado, apabullado. Cielo y las otras cuatro viudas se le acercaron y lo abrazaron diciéndole que no sintiera pena, que él no tenía la culpa. La familia de Elsa Patricia ignoraba en lo que su hija y hermana se había involucrado y desconocían la suerte que había corrido, pero ese día alias ‘’Caracortada’’ dijo que él mismo la mató por orden de Jorge 40 y que su cuerpo fue arrojado al río.
Diez años y dieciséis después, El Carmen de Bolívar recuperó parte de la vida que un día tuvo, pero sin duda, no volverá a ser la misma después de haber vivido el infierno que vivieron. Durante estos diez años Cielo no ha sabido qué responderle a su hijo menor que no ha dejado de preguntarle por su padre. Un día, cuando cumplió los siete años, le dijo a la mamá: si mi papá está de viaje, porque no lo llamamos y le decimos que venga o nosotros vamos donde él está. Ese día tuvo que decirle que su padre había salido de viaje y estaba desparecido, pero no siempre tiene la respuesta que sus hijos esperan.
Ahora, cuando ya tiene once años y sabe que alias "Caracortada’ o ’El Gordo’’ dijo que su padre estaba muerto, le dijo: "mamá, dime una cosa: el gordito ese no te dio ninguna esperanza de que mi papá esté vivo". Cielo tiene la certeza de que su esposo fue asesinado, pero no descansará hasta encontrarlo.

10 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

montes de maría, tierra en riesgo


Se dispararon las alarmas por el efecto que puede tener una tutela que permite levantar la protección que tienen miles de hectáreas en los Montes de María que pertenecen a víctimas de la violencia.
Colombia. El pasado 3 de marzo llegó a la oficina del Comité de Atención a la Población Desplazada de Bolívar el fallo de un juzgado de El Carmen de Bolívar. La providencia ordena levantar las medidas de protección sobre 40 predios de campesinos desplazados en los Montes de María y les permite vender más de 1.000 hectáreas de tierra a dos empresarios de Medellín, de la firma Agropecuaria Tacaloa. Lo más extraño ocurrió tres días después, cuando funcionarios de este comité intentaron presentar un recurso contra la tutela y en el juzgado les informaron que los términos se habían vencido. Es decir que contra la decisión del juez no había nada que hacer.
A los Montes de María llegaron desde hace varios años grandes inversionistas, en su mayoría de Medellín, a comprarles parcelas a campesinos desplazados y endeudados con bancos. En un consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe en El Carmen de Bolívar varios labriegos denunciaron que intermediarios estaban comprando masivamente tierras a bajos precios. Los campesinos aseguraron que los compradores o comisionistas llegaban después de que unos cobradores los visitaban para anunciarles que sus tierras iban a ser rematadas. Asediados y sin otro recurso, los campesinos vendían.
Muchas de estas tierras en los Montes de María tenían una restricción: por ser tituladas por el Incora sólo podían ser vendidas 15 años después de la adjudicación y sólo podían comprarlas campesinos sin tierras o minifundistas. Por eso el gobierno, junto con Acción Social, la Gobernación de Bolívar y la Defensoría del Pueblo, creó un comité que protegió miles de hectáreas de desplazados, cuya venta sólo se puede realizar después de un estudio detallado de cada solicitud.
Uno de esos campesinos que elevó su solicitud fue Gilberto Medina Arrieta, desplazado desde comienzos de 2000 de su parcela de 23 hectáreas en la vía entre Zambrano y El Carmen. Medina y otros 39 labriegos argumentaron que ya no querían regresar a sus tierras y que, además, por ser morosos las iban a rematar y por eso tenían que vender. No obstante, el Comité rechazó su solicitud porque no le vendían a otro campesino sino a una empresa.
Medina y los cultivadores impugnaron la decisión, pero al tiempo se fueron al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, que el 23 de febrero de este año consideró que los campesinos ya habían rehecho su vida en las ciudades y que, de no permitirles vender sus predios, se les violarían sus derechos y se les podría causar un perjuicio mayor.
La petición de Medina entraña un fuerte dilema: por una parte, como desplazado de la violencia debería poder vender y sacar réditos de su tierra. Pero, por otra, algunos temen que detrás de esta tutela esté jugando en realidad un plan para levantar ese mecanismo de protección a todas las tierras, lo cual dejaría en cierto grado de vulnerabilidad a los más desprotegidos a la hora de negociarlas.
Según explicó un funcionario de la Gobernación de Bolívar, lo que se ha pretendido con las restricciones a la venta de parcelas es que no se concentre la propiedad en pocas manos y se afecte el proceso de retorno de miles de campesinos que fueron expulsados por la violencia paramilitar en la zona. Y la filosofía de proteger esas tierras no sólo tiene que ver con compradores legales, sino que también busca evitar que grupos ilegales obliguen a campesinos a vender por menos valor. En el país hay cerca de dos millones de hectáreas protegidas con el mismo propósito.
El Comité de Bolívar ha advertido a los campesinos que no se dejen asustar con el remate porque existe una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a los bancos a renegociar o reliquidar las deudas que se dejaron de pagar a causa de su desplazamiento. "Incluso muchas de éstas podrían haber precluido", asegura una fuente de la Gobernación.
La situación de muchos desplazados, como el propio Medina, no ha sido sin embargo fácil. Años después se han encontrado con que las deudas que adquirieron se multiplicaron, y esto ha sido aprovechado por comisionistas y empresas que les compran sus fincas a bajo precio para que al menos paguen sus deudas. No obstante, muchos lo perciben como buen negocio y prefieren hacerlo.
Con la decisión del juez de El Carmen de Bolívar se abre la posibilidad de que empiece la venta masiva de miles de hectáreas que hasta ahora estaban siendo protegidas por el Comité Departamental y que éstas queden en manos de grandes empresas o, peor aún, de señores de la guerra, mientras se trunca la idea de retorno de los campesinos y su reparación como víctimas.

10 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss

los tapasco y la parapolítica en caldas


Efectivos de la Policía Judicial de Caldas capturaron en Manizales al controvertido dirigente liberal Francisco Ferney Tapasco González por presuntos nexos con paramilitares.
Colombia. El ex diputado fue detenido en su oficina, que es la sede del Directorio Liberal de Caldas, en el piso 19 del Edificio de Seguros Atlas, en el centro de esta capital, y fue llevado por una fuerte escolta policial al comando de la institución, donde a esta hora permanece recluido.
De acuerdo con el comandante de policía de Caldas, coronel John Jaime Alzate Ospina, la diligencia la cumplió personal de la institución a su cargo atendiendo una orden de la Fiscalía 27 Especializada contra el terrorismo, de Bogotá, que procesa al político por el delito de concierto para delinquir agravado.
Según el comandante policial, en próximas horas Tapasco González será llevado al aeropuerto La Nubia de donde será y traslado a Bogotá para ser puesto a órdenes del ente acusador.
Francisco Ferney Tapasco González, padre del ex representante liberal a la Cámara Dixon Ferney Tapasco Triviño, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó recientemente por parapolítica, está sindicado de ser el promotor de reuniones y acuerdos con el frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, en la vereda El Tambor, del municipio de la Merced, donde acordaron repartirse burocráticamente los municipios del norte de Caldas en favor del liberalismo para las elecciones de Congreso de 2006.

Tapasco Hijo Condenado por Parapolítica
El pasado 3 de febrero, la Sala Penal de la Corte condenó al ex representante a la Cámara del Partido Liberal, Dixón Ferney Tapasco, a siete años y medio de presión por el delito de concierto para delinquir con paramilitares. La sentencia también incluye una multa de 6.500 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
Para la Corte es claro que "el doctor Dixon Ferney Tapasco Triviño se concertó con la finalidad de promover un grupo armado al margen de la ley, pues con su concurso logró que las autodefensas posicionaran su proyecto político al garantizar sus fines electorales en el Norte del departamento de Caldas (en 2006)".
Según el Alto Tribunal, aunque Tapasco no se haya reunido con grupos paramilitares en Caldas, si incurrió en un delito puesto que "como candidato y como líder de un sector importante del partido liberal" nunca desautorizó los pactos y reuniones que miembros del partido tuvieron con las autodefensas.
Para la Corte "no puede pasar desapercibido" el hecho que Tapasco aceptó "sin mayores discusiones" la inclusión del estudiante Juan Pablo Sánchez, candidato apoyado por ‘Ernesto Báez’, en la lista al Congreso del partido liberal en 2006.
Como parte de decisión, la Corte compulsó copias del caso a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para que estudie la posible exclusión de ‘Ernesto Báez’ del proceso de Justicia y Paz, puesto que "al haber actuado por fuera de los acuerdos con el gobierno y con el apoyo del Frente Cacique Pipintá de las AUC  (en época de desmovilización)… incurre en desacato a los pactos que se refiere la ley de Justicia y paz".

Báez Señaló a Tapasco Padre
El 26 de julio de 2009, el ex jefe paramiliar Ernesto Báez aseguró que se reunió con el padre del ex representante Dixon Tapasco Triviño, para asegurar que los votos del municipio de Pácora, ubicado en el norte de Caldas, fueran para la campaña de Enrique Emilio Ángel, candidato de ‘Báez’ a la Cámara de representantes en 2006.
En el juicio contra el hijo de Tapasco, el condenado por nexos con ’paras’ y ex representante a la Cámara, Dixon Tapasco Triviño, el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ declaró que se reunió en la vereda ‘El Tambor’ del municipio La Merced (Caldas) en 2006 con Ferney Tapasco González, padre del ex representante Tapasco Triviño y en ese entonces jefe del Directorio Regional del Partido Liberal(aun continúa en el cargo) y de allí acordaron cómo asegurarían votos para el candidato a la Cámara Enrique Emilio Ángel.
‘Báez’ aseguró que en esa reunión habló con Ferney Tapasco sobre la campaña política que estaba adelantando Dixon Tapasco en el municipio de Pácora. Según el ex jefe paramilitar, esta campaña estaba perjudicando los intereses electorales de su entonces protegido político, Emilio Enrique Ángel Barco, ex representante condenado hoy por ‘parapolítica’. 
De acuerdo con el relato de Báez, Pácora, además de ser un municipio con presencia paramilitar por estar ubicado al norte del departamento, era un fortín electoral histórico del Movimiento Popular Barquista (MPB), proyecto político fundado por Oscar González (ex representante asesinado en 2006) y apoyado por ‘Báez’.
"Aún en ausencia de (Oscar) González, gran amigo mío, nuestro movimiento político debía ser capaz de mantener esa curul en la Cámara…en este caso a través de Emilio Enrique Ángel… por eso me tocó intervenir" explicó el ex jefe paramilitar.
En la reunión de ‘El Tambor’, ‘Báez’ le dijo a Tapasco González que  "Dixon no podía seguir haciendo campaña en ese municipio… de lo contrario sería él (Tapasco padre) quien asumiría las consecuencias de las acciones políticas de su hijo". Aparentemente, y según el testimonio del mismo Dixon Tapasco, a los pocos días de esta reunión, toda la publicidad de la campaña de Tapasco fue retirada de las calles de Pácora.
De acuerdo con la Fiscalía, y como quedó registrado en la resolución de acusación contra Tapasco Triviño, todos los indicios del caso apuntan a revelar que Ferney Tapasco asistió a la reunión con ´Báez´ para actuar como interlocutor de la campaña política que adelantaba su hijo durante la época preelectoral de 2006.
El relato de Báez coincide con informaciones de varios asistentes a esta reunión, en donde se escogió al quinto candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Juan Pablo Sánchez. Por sugerencia de Báez y por ofrecimiento de Tapasco "para entregárselos a las juventudes". Un grupo de jóvenes, que dicen ser representantes de Fipaz organizaron después un encuentro político en El Tambor y al que llegaron Báez y Tapasco.
En ese momento los organizadores ofrecieron sacar entre los asistentes un candidato para la lista y ahí surge el nombre de Sánchez, quien le gana a Carlos Vargas, organizador del encuentro. Finalmente Sánchez obtiene el renglón, logra poco más de 700 votos, pero aún así asumió el pasado lunes la curul en la Cámara por Caldas ante la detención de Tapasco, de Ángel Barco y de Jairo Alberto Llano.
Dixon Ferney Tapasco, aseguró en su defensa que, en las dos campañas electorales de 2002 y 2006, no tuvo nexos ni participó en reuniones con paramilitares, y que incluso trató de evitar hacer proselitismo en zonas controladas por paramilitares.
Entre tanto, la Fiscalía sostuvo que Tapasco hizo campaña electoral en todos los municipios del departamento, con lo que reafirmó los argumentos con los que llevó al ex congresista caldense a juicio ante un juez especializado en Bogotá, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado con los paramilitares.

Los Tapasco y Báez
Desde hace más de dos años la Corte Suprema de Justicia puso en su mira a Caldas por la parapolítica. En el norte las Autodefensas celebraron reuniones en El Tambor (La Merced) y en Arma (Aguadas), con presencia de los jefes del Frente Cacique Pipintá, encabezado por ’Ernesto Báez’, y miembros del Partido Liberal, a las que varios paras señalaron que había asistido Ferney Tapasco. En Villamaría hubo reuniones en el sector de Miraflores.
La investigación contra Tapasco (hijo) fue iniciada por la Corte Suprema a partir de varios anónimos en los que se denunciaban vínculos de Tapasco y otros políticos de Caldas con el ex jefe paramilitar ’Ernesto Báez’. 
A principios de 2008, la Corte Suprema de Justicia acusó a Tapasco, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado por tener vínculos con grupos paramilitares de la región.
Desde agosto del 2007 se conocía que la Corte Suprema adelantaba indagaciones preliminares para determinar la veracidad de denuncias sobre parapolítica en Caldas. La lista de investigados incluía a la senadora Adriana Gutiérrez, del Partido de la U; y a Dixon Ferney Tapasco y Enrique Emilio Ángel, del Partido Liberal quienes fueron detenidos el 25 de febrero del 2008.
El 4 de marzo de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la medida de detención contra Tapasco. Tras escucharlo en indagatoria tomó la determinación y rechazó otorgarle el beneficio de detención domiciliaria. Unos meses después, Tapasco renunció a su curul, dejando la investigación en manos de la Fiscalía General. Desde entonces, el ex congresista ha cumplido 17 meses recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.
Su padre, Dixon Tapasco González, nació a la político de la mano del senador Víctor Renán Barco, de quien fue su mano derecha hasta su muerte en enero pasado. Tapasco González se inició como profesor en La Dorada y su liderazgo llamó la atención del senador, quien lo envió a posicionar el liberalismo en el Occidente de Caldas, en donde hubo un tiempo de violencia, de asesinato de líderes políticos tradicionales. Por eso atribuyen a Tapasco, muchos de sus seguidores, la leyenda negra que pesa sobre él.
Tapasco González fue alcalde de Supía, su municipio, en los años 70 y por haber pedido dinero a una madre de familia para ayudar en el trámite de una libreta militar fue condenado por concusión por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales en 1978. No obstante, continuó en la política y desde comienzos de los 80 tuvo una curul permanente en la Asamblea de Caldas, hasta que perdió su investidura en 1998.
El político fue condenado además por encubrimiento por favorecimiento del homicidio cometido contra el profesor Orlando de Jesús Salazar Gallego en el municipio de Supía.
Actualmente Tapasco González dirige el Directorio Departamental Liberal de Caldas desde hace años. Al elegir a su hijo como candidato al Congreso de la República, encontró la manera de prolongar en otro lo que él no pudo alcanzar en su carrera política. Además de los cuestionamientos por sus posibles nexos con los paramilitares, fue señalado por diferentes testigos como autor intelectual del asesinato del subdirector de LA PATRIA, Orlando Sierra Hernández, pero nunca fue llamado a indagatoria por la Fiscalía.

9 de marzo de 2010
©verdad abierta
rss