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destituida por nexos con paramilitares

mqh - 18 de marzo de 2010 - 23:02 - colombia

Procuraduría destituye a Rocío Arias y la inhabilita 20 años. La Procuraduría destituyó e inhabilitó a la ex congresista por sus nexos con las Autodefensas. Arias ya había sido condenada por concierto para delinquir.

Colombia. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años, a la ex Representante a la Cámara por Antioquia (2002-2006), a Rocío Arias Hoyos por promocionar y auspiciar a las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.
El Ministerio Público sostiene que para las elecciones al Congreso de 2002, las Auc diseñaron un programa político que consistió en dividir el territorio de varios Departamentos, de marcada influencia paramilitar, para garantizar el triunfo electoral de los candidatos avalados por la organización armada ilegal.
"Ese proyecto se consolidó en el Departamento de Antioquia, en donde, la entonces candidata a la Cámara de Representantes María del Rocío Arias Hoyos, fue elegida con el respaldo de las autodefensas, lo cual se reflejó en el alto resultado electoral registrado a favor de su campaña."
Para llegar a la decisión se tuvo en cuenta los resultados de los comicios que evidenciaron el surgimiento de figuras políticas, sin mayor trayectoria, como el caso de Arias Hoyos.
Ese análisis mostró que en zonas como Antioquia no sólo aumentó la votación por encima de los resultados nacionales, sino que se redujeron los votos nulos como los marcados en blanco.
El respaldo irregular que recibió la ex Congresista fue corroborado en los testimonios rendidos por Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, Ramiro Vanoy Murillo y Salvatore Mancuso Gómez, que coincidieron en confirmar el apoyo que la organización al margen de la ley le brindó a la Parlamentaria.
A juicio de la Procuraduría, Rocío Arias fue elegida representante a la Cámara por Antioquia, gracias al apoyo del Bloque Central Bolívar y Mineros de las Auc, al haber realizado compromisos previos a su elección con la organización delictiva, consistentes en la promoción y auspicio paramilitar, desde la institucionalidad.
El Ministerio Público reprochó la conducta de la ex Congresista porque le correspondía "dar especial ejemplo de comportamiento compatible con el respeto de los valores y principios constitucionales y legales de la función pública, de la que no hizo gala cuando puso la institucionalidad al servicio del paramilitarismo."
Insistió que, no es razonable ni tiene justificación alguna que funcionarios públicos, de las calidades de una representante a la Cámara, recurran a maniobras ilícitas para llegar a ocupar la curul de congresista y se ampare bajo las funciones que en principio deberían cumplir, para favorecer a un grupo armado ilegal y se olviden que su prioridad es defender los intereses de la Nación.
Contra esta decisión Arias puede interponer recurso de reposición.

El Caso de Rocío Arias
Rocío Arias, natal de Caucasia, es periodista de profesión y trabajó como corresponsal en Antioquia para varios noticieros de televisión bogotanos. En marzo de 2002 obtuvo una curul para la Cámara de Representantes sin tener experiencia política y gracias a una votación atípicamente alta en Caucasia.
La novata legisladora llegó al Congreso con la bandera de la desmovilización paramilitar y desde entonces fue señalada como una de las legisladoras impuestas por los jefes de autodefensa conocidos como alias ‘Cuco Vanoy’ y ‘Don Berna’, quienes para ese entonces habían llegado al máximo de su poder en esa región del bajo Cauca antioqueño, donde Arias obtuvo su nutrida votación.
En ejercicio de funciones, Arias conformó con Eleonora Pineda el dúo de congresistas que defendieron proyectos como la ley de Justicia y Paz, siempre diciendo que confiaban en la buena voluntad del gobierno. Arias fue puente para la comunicación con los jefes de autodefensa durante y después de creada la zona de Ralito. Sus visitas a la Casa de Nariño para contar la versión de los paramilitares eran constantes. También visitó a los jefes de autodefensas, como ‘Don Berna’, cuando fueron recluidos en la cárcel de Itagüí.
Su labor legislativa incluyó la presentación de un polémico proyecto de reforma constitucional para evitar la extradición de colombianos, abiertamente favorable a los intereses de los narcos y los paramilitares requeridos por la justicia de Estados Unidos. Lideró la iniciativa de frente y con ahínco, asegurando que la extradición era una "espada de Damocles que pendía sobre el proceso de paz".
Aunque para la época ya eran conocidas las versiones sobre los nexos de los paras con otros congresistas, fueron Pineda y Arias quienes llevaron el peso de su cercanía con las autodefensas, al punto que varios de los legisladores que están hoy presos por el escándalo de la parapolítica se referían a ellas en voz baja como las "para-lamentarias".
En julio de 2008, un juzgado especializado de Medellín condenó a Rocio Arias a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Arias se acogió a sentencia anticipada luego de haber reconocido sus nexos con jefes paramilitares como ‘Don Berna’ y Salvatore Mancuso.
A comienzos de 2007 se conoció un video en el que Arias hacía campaña en el Magdalena Medio a favor de los candidatos impuestos por Ernesto Báez y otros paramilitares de la zona.
Arias ha sido testigo determinante en los procesos que por parapolítica enfrentan algunos congresistas como Luis Fernando Velasco, Mario Benedetti y Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros.
A mediados de octubre del año pasado, Rocio Arias recuperó su libertad tras haber cumplido las tres quintas partes de su pena.

18 de marzo de 2010
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el señor del desierto

mqh - 15 de marzo de 2010 - 05:17 - colombia

Pablo’ es una leyenda en la Alta Guajira. Con seis camionetas tipo Hammer el Ejército lo persigue, sin éxito, en 15.000 kilómetros cuadrados de dunas y cactus. Saca un tercio de la coca del país, según la Polícia, y mueve un botín de un millón de dólares a la semana.

[José Alejandro Castaño] Colombia. La Flor de la Guajira es un pueblo de seis casas y una iglesia de la que Dios decidió marcharse hace años, quizás abrumado por el tedio. En la construcción, sin techo por culpa del viento y el salitre, no hay ornamentos ni bancas ni un crucifijo, sólo estiércol en las paredes, quién sabe de qué animal. Afuera, en el atrio de arena y piedras, hay un mástil donde antes ondeaba una bandera de Colombia. Más allá, abajo, a sólo un par de kilómetros, se ve el mar del Golfo de Maracaibo, azul, luminoso, caliente. A medio día, el sol del desierto arde a 45 grados centígrados y cuece la carne de chivo que la gente tiende como si fuera ropa recién lavada. No hay agua, nunca la hay. La poca que alguien puede usar para bañarse y cocinar la traen camioneros de Venezuela en carrotanques por los que cobran una fortuna, hasta medio millón de pesos. La Flor de la Guajira es corregimiento de Uribia y su alcaldesa se llama Cielo Redondo, pero la autoridad aquí la impone alguien más. Se trata de su dueño, el ’Señor del desierto’, alias ’Pablo’. La Policía lo persigue hace tres años.
Su nombre es Arnulfo Sánchez y fue el comandante de Resistencia Wayuu, un grupo guajiro contrainsurgente que se negó a hacer parte del proceso de Justicia y Paz. En 2007, Pablo formalizó una alianza con ’Don Mario’, el zar del mercado de cocaína en Urabá. La idea de ambos era pretenciosa: extender su imperio a lo largo de los 1.600 kilómetros de la costa caribe y exportar como locos, en barcos, aviones, lanchas, submarinos artesanales. El acuerdo, sin embargo, se rompió por culpa de la pérdida de un millonario cargamento de cocaína. Los unos culparon a los otros y se inició una guerra, otra más, que al fin terminó el año pasado tras la captura de ’Don Mario’ en Cerro Azul, en el municipio de Turbo, delatado por sus propios hombres. El ’Señor del Desierto’ no ha perdido tiempo.
Según las autoridades, gracias a la caída de su ex socio, ahora ’Pablo’ les exporta droga a Los Paisas, a Las Águilas Negras, a las Autodefensas Gaitanistas y a pequeños carteles del centro y el sur del país que lo buscan por su reconocida confiabilidad. Él es un hombre de piel trigueña, al parecer nacido en Antioquia, cabello lacio, ojos pequeños, cejas pobladas, nariz ancha, rostro redondo, de unos 45 años, nadie lo sabe con exactitud. La Policía lo responsabiliza de la salida de un tercio de la cocaína que se produce en el país por los recovecos de La Alta Guajira, una inmensidad de 15.000 kilómetros cuadrados.
"Se sabe que tiene pistas clandestinas y sitios de embarque para lanchas rápidas en la costa del lado colombiano y del lado venezolano. Todo esto que usted ve es de él", reconoce un policía armado con fusil, chaleco antibalas y un radio de comunicaciones que no parece funcionar en estas lejanías, justo en el límite invisible con la nación cuyo Presidente ha amenazado enviar a la frontera batallones, tanques de guerra y aviones bombarderos.
En las madrugadas, en lo alto de la península, se puede distinguir luces moviéndose a toda prisa. En el comando de Castilletes, en la línea divisoria, los policías cuentan de ruido de avionetas en las noches y estelas de agua en el mar. Aunque todos saben que se trata de embarques con droga, a semejante distancia lo único que pueden hacer es gastar munición disparando al aire. Uno, después de oír la historia de esos balazos inútiles contra la oscuridad, llega a imaginar que tantas estrellas en este rincón de Colombia, quizá sean agujeros de disparos. Vaya país poético, alguien dirá patético. En La Flor de La Guajira, si una persona necesita pedir auxilio, no puede. No hay cómo.
El único teléfono público del caserío dejó de funcionar hace meses. Un viejo y su perro se recuestan cerca, como si esperaran la llamada que nadie les hará. El pueblo más próximo, unos kilómetros al sur, también es tierra de ’Pablo’ y también fue bautizado con un nombre excesivo: El Paraíso. A sus hombres, para mortificarlos, les dicen ’adanes’.
El capitán Sánchez es el comandante de una unidad militar a 10 kilómetros de Castilletes. Se trata de una base rodeada de alambres de púas y garitas donde viven 50 soldados entrenados en tácticas de asalto a campo abierto. Aunque se supone que representan a un Estado en el otro extremo ideológico del vecino, eso no impide que a veces, de cuando en cuando, un camión cisterna de la guardia venezolana, de los vecinos, los aprovisione de agua. La rudeza del desierto no sabe de himnos ni banderas. Estos hombres sedientos también persiguen a ’Pablo’.
Sus armas más apreciadas, contrario a lo que se podría pensar, no son sus fusiles de última generación con miras telescópicas ni sus lentes de visión nocturna. Se trata de seis camiones tipo Hummer, capaces de alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora en las dunas del desierto, sin temor a pinchazos por rocas o espinas de cactus. Hasta ahora, sin embargo, además de la polvaredas que levanta en sus camperos de película, el Ejército no logra mayor cosa.
"Sabemos que los cargamentos de droga sí nos los pasan por aquí, cerquita, pero el tipo es muy gato", admite un soldado encandilado por el sol que rebota en una lata de cerveza vacía. Puesto en cifras, las autoridades calculan que ’Pablo’ y sus hombres pueden hacerse a un botín de más de un millón de dólares a la semana, una fortuna que los carteles le pagan gustosos por el embarque de sus fardos de cocaína hacia Centroamérica y las Antillas, de donde siguen hacia Estados Unidos y Europa, el paraíso de los drogadictos más ricos del planeta. Parece lucha perdida.
En inmediaciones del cerro de La Teta, en la mitad del trayecto entre Uribia y La Flor de La Guajira, hay siempre un piquete de soldados. Apenas media hora después, en un cruce de caminos, se puede ver hombres de ’Pablo’ patrullando con fusiles y radios de comunicación como si nada, ventilándose el calor con sus sombreros. ’El Dani’, uno de los cientos de contrabandistas de gasolina y productos venezolanos que transitan la zona a diario, piensa que, a menos que el Ejército le sume helicópteros a su caravana de Hummer y lleve oficiales de alto rango, el desierto no cambiará de dueño.
En efecto, una de las mayores dificultades que deben enfrentar las autoridades colombianas es que ’Pablo’ ha encontrado una retaguardia segura del lado venezolano. Historia repetida. La Policía tiene claro en cuáles poblaciones del vecino país se esconde el ’Señor del desierto’ antes de aventurarse en territorio colombiano, dónde duerme, dónde sale de parranda y a dónde se va conseguir mujeres. Por eso, cansados de dar vueltas en círculo, los oficiales a cargo de su captura acaban de cambiar su estrategia de caza: ahora cuentan con una red de informantes, algunos de ellos miembros de las rancherías Wayuu donde ’Pablo’ y sus hombres solían parar y descansar. Se trata de indígenas que antes trabajaron para él.
"Es que al principio el hombre ayudaba a la gente y así se la fue comprando, con víveres, licor, armas y agua. Era un padrino y todos lo querían", dice un guajiro protegido del sol bajo la sombra de una pared. Pero las cosas han cambiado. "’Pablo’ comenzó a matar al que le da la gana, a unos a machete, a otros a balazos. Se lleva a las mujeres que quiere, recluta a los jóvenes a las malas y abusa, abusa", advierte el mismo guajiro, y escupe en el piso de polvo. La última vez que la Policía estuvo a punto de capturarlo fue hace dos meses, gracias a un delator, en un albergue de paso en mitad de la nada, camuflado entre un bosque de cactus y trupillos, un arbusto espinoso del que se alimentan las recuas de chivos.
Desde 2007, la Policía ha capturado 37 de los hombres del ’Señor del desierto’, le ha decomisado seis toneladas de droga e incautado fusiles, munición, lanchas rápidas, radios de comunicación, camionetas y, una vez, hace seis meses, una avioneta desarmada que, al parecer, pretendían ensamblar en algún lugar del desierto. Así van las cosas.
En La Flor de La Guajira hay un letrero que llama la atención. Está en la pared de la única tienda de provisiones. "Prohibido orinar. Multa 100.000 pesos". "Los hombres de ’Pablo’ pasan cada rato y se mean ahí, felices y risueños", se queja una mujer.

15 de marzo de 2010
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los e-mails del das

mqh - 15 de marzo de 2010 - 04:39 - colombia

SEMANA revela los correos de la cúpula del DAS que demuestran cómo ’chuzaban’ y esculcaban ilegalmente los bienes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Colombia. El escándalo del DAS parece no tener fin. El primer capítulo de esta tenebrosa historia se conoció hace un año, cuando salieron a la luz las evidencias de que esa entidad estaba dedicada a ’chuzar’ ilegalmente a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. En su momento el gobierno negó que el organismo de inteligencia de la Presidencia estuviera en esas andanzas. Ese escándalo tuvo su clímax hace poco cuando algunos de los propios directores y jefes de inteligencia declararon ante la Corte Suprema de Justicia que el DAS sí había ’chuzado’ y hecho seguimientos, pero culparon de todo a Jorge Noguera al decir que estas irregularidades habían ocurrido durante la época en la que él estuvo al frente de la entidad. Pero ahora se abre un nuevo capítulo protagonizado por la ex directora María del Pilar Hurtado y la forma como enfiló a gran parte del DAS para espiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Hace un poco más de dos años, el enfrentamiento entre el gobierno y la Corte llegó a su momento más tenso cuando el presidente Uribe demandó por injuria y calumnia al entonces presidente del alto tribunal, César Julio Valencia Copete. Las diferencias entre ambos surgieron a raíz de que Valencia dijo públicamente que Uribe lo había llamado a reclamarle por la investigación que la Corte le seguía a su primo el ex senador Mario Uribe, por vínculos con grupos paramilitares. Para ese entonces los magistrados ya venían denunciando que el DAS los estaba siguiendo y que estaban siendo interceptados. Tanto el gobierno como la directora del DAS negaron en ruedas de prensa que esto fuera así.
SEMANA revela los correos electrónicos que durante meses se cruzó toda la cúpula de esa entidad y donde queda en evidencia que a los miembros del alto tribunal no sólo les hacían seguimientos y les ’chuzaban’ los teléfonos, sino que se hicieron operativos en los que participaron decenas de detectives para investigar, de manera ilegal, el patrimonio del presidente de la Corte Suprema.

Ficha Clave
Una de las protagonistas de esos hechos es la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, quien está detenida y está siendo investigada precisamente por las interceptaciones ilegales. Leal fue una de las personas más cercanas a la ex directora María del Pilar Hurtado, y ha sido protagonista de primera línea de tres graves hechos entre el gobierno y la Corte. Hace tres años fue la funcionaria que recogió en la cárcel de Itagüí y llevó al DAS una supuesta carta del paramilitar ’Tasmania’, que terminó en la Presidencia y fue usada en su momento para hacer un montaje, (como fue probado por la justicia) en contra del investigador principal de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. En abril de 2008, Leal fue la funcionaria que estuvo en la reunión en la Casa de Nariño a la cual asistieron funcionarios de Palacio y delegados del paramilitar ’Don Berna’, entre ellos, alias ’Job’, quienes fueron a entregar información para enlodar a miembros de la Corte. Y finalmente, está involucrada desde el año pasado en las investigaciones por las ’chuzadas’, caso por el que está siendo procesada.
En el caso específico de las interceptaciones, seguimientos y búsqueda de información privada y personal sobre magistrados de la Corte, tanto Leal como la ex directora Hurtado, así como los ex jefes de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabárez y Jorge Lagos han tratado de justificar esas acciones afirmando que "el blanco" nunca fueron los magistrados. Han dicho que la información que recolectó durante meses el DAS sobre magistrados fue producto de otra investigación contra el abogado Ascencio Reyes, quien según el DAS estaría relacionado con la mafia, y se trataba de verificar si éste estaba intentando infiltrar a la Corte. Con ese argumento también se ha tratado de justificar la entrega de información confidencial a funcionarios de la Casa de Nariño, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa. Sin embargo los correos internos del DAS a los que tuvo acceso SEMANA demuestran otra cosa y deja sin piso el argumento que los magistrados no fueron el blanco principal del organismo de inteligencia de la Presidencia

Operación Corte
Una de las primeras pruebas de ello es un correo enviado por la subdirectora de operaciones a la jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, el 2 de abril de 2008 a las 12:15 de la tarde. "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble en la carrera (...) apartamento (...), registrado en la notaria 11. Así mismo el señor Valencia Copete César Julio registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad", dice el correo electrónico de respuesta a la orden impartida por la entonces directora.
En otra comunicación, el 18 de abril de 2008, Leal le informa a Hurtado sobre las pesquisas y le anexa el listado de las notarías a las que acudieron sus agentes encubiertos. "Dra este es un avance acerca de la tarea que usted solicitó. Le envío reporte de las notarías consultadas con información recolectada hasta la fecha. Hasta el momento se han visitado 18 notarías situadas en el sector norte y hasta la fecha no se han obtenido resultados positivos. La información recolectada en estas notarías se ha realizado de forma presencial a cubierta". En el mail, Leal incluye también los correos que a su vez le han enviado cinco detectives sobre las verificaciones.
En este correo del 23 de abril, Leal nuevamente entrega un reporte a la directora del DAS sobre los avances que sus sabuesos han encontrado contra el abogado y columnista Ramiro Bejarano: "Doctora en relación con lo que requirió. El señor (Bejarano) cuando trabajó en esta casa (DAS) registró su firma en la notaría 50 que está ubicada acá en el sector. En esa notaría indican que ese registro era válido mientras él ocupaba el cargo (director del DAS).
Estos son tan sólo tres de los correos internos que existen en los que queda en evidencia que el DAS estaba en una abierta ’cacería’ para tratar de ubicar ilegalmente bienes del presidente de la Corte y su abogado, labor para la cual destinaron un importante grupo de detectives. Pero ¿cuál era el interés del DAS en perseguir a Valencia y a Bejarano? La respuesta permite entrever hechos muy graves que dejan muy mal parada a Hurtado y salpican incluso a la Presidencia.
Para las fechas en las que el DAS dedicó decenas de detectives para escarbar en todas las notarías de Bogotá, el presidente de la Corte Suprema estaba enfrascado en un duro litigio contra el presidente Álvaro Uribe. A finales de enero de 2008, el mandatario había demandado por injuria y calumnia al magistrado Valencia Copete, lo que agudizó el fuerte choque que ya venía entre la Presidencia y la Corte. El abogado del presidente de la Corte en ese litigio es Bejarano. Lo grave de lo que hizo el DAS es que no existe razón alguna, ni jurídica ni desde el punto de vista de inteligencia, que le permita indagar, y menos de manera ilegal y clandestina, nada más y nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. De hecho en una carta enviada por Hurtado a Valencia, la ex directora del DAS había negado que esa entidad o el gobierno estuvieran haciendo investigación alguna o seguimientos sobre magistrados. "Tenga usted la certeza que por parte de esta dirección no se ha impartido instrucción alguna relacionada con lo denunciado por usted a los medios", dice Hurtado en la misiva.
Sin embargo, sus correos dejan en claro que mintió y que el interés de esos seguimientos tenía fines políticos. El último cruce de correos entre la ex directora del DAS, a los que tuvo acceso SEMANA, fue el 23 de abril, seis días antes de que el presidente Uribe asistió a la Comisión de Acusaciones para declarar en el litigio contra Valencia Copete. El que el DAS estuviera indagando insistentemente sobre los bienes del magistrado en los días previos a esa diligencia deja por lo menos un muy mal sabor sobre cuál era el objetivo real de esas pesquisas ilegales.

En Palacio
Los detectives del DAS no encontraron nada que les permitiera ’salpicar’ de alguna manera a Valencia y a Bejarano. Resulta una extraña coincidencia que ese mismo 23 de abril en la noche funcionarios de Palacio -Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez- y del DAS -Martha Leal- se reunieron en la Casa de Nariño con dos enviados de ’Don Berna’ para recibirles información en contra de la Corte.
El DAS siempre aseguró que nunca había tenido contacto previo con los enviados de ’Don Berna’ y que esta había sido una reunión ocasional. Sin embargo, un cruce de correos entre la cúpula del DAS deja ver algo muy diferente. "Martha es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las AUC quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe. Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene. Me avisas con info a la sra directora". Este correo electrónico fue enviado por el ex director de inteligencia Fernando Tabárez a Leal y la directora del DAS a las 6:30 de la tarde del 23 de abril. Villalba era un paramilitar quien declaró ante la justicia que el presidente Uribe estaba vinculado a la masacre de El Aro ocurrida en Antioquia en 1997, cuando él era gobernador. Villalba fue asesinado pocos días después de que le dieran casa por cárcel en abril del año pasado.
Los "amigos" a los que se refiere Tabárez son alias ’Job’, con quien Leal se reunió en la Casa de Nariño, y su acompañante. Si bien podrían argumentar que se trataba de un fin legítimo pues se trataría de averiguar qué información tenía un paramilitar sobre el presidente, es claro que a diferencia de lo que hasta ahora han sostenido es probable que el DAS sí los conociera y tuviera contactos previos con ellos.
Un día después de esa cita en la Casa de Nariño, el 24 de abril la ex directora del DAS, acompañada por su jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, volvió nuevamente a Palacio. En esa oportunidad fue para entregar a funcionarios cercanos al presidente los resultados de los seguimientos a un grupo de magistrados que realizaron un viaje a Neiva en compañía de Ascencio Reyes. Esa información fue filtrada a la prensa y buscaba tender un manto de duda sobre los magistrados que acudieron a ese viaje. El gobierno y el DAS siempre han negado que hayan sido ellos quienes filtraron esa información, ya que de aceptarlo sería claro que sí existía un interés de atacar a la Corte por parte del gobierno y que el organismo de inteligencia de Presidencia había sido usado para ello. Sin embargo otro cruce de correos demuestra que el gobierno sí filtró esa información como parte de la estrategia para atacar a la Corte.
El sábado 26 de abril el director de inteligencia del DAS, Fernando Tabárez, le envió un correo a Leal y al jefe de contrainteligencia, Jorge Lagos, en el que les dice: "Mañana se publica un artículo que va a poner a tambalear a nuestros amigos, hay que estar muy pendientes de las líneas".
Efectivamente el domingo 27 de abril el diario El Tiempo y SEMANA publicaron artículos con la información filtrada sobre el viaje de los magistrados a Neiva. El correo de Tabárez no sólo confirma la filtración como parte de la estrategia de desprestigio, sino que tiene un dato que puede resultar muy revelador sobre las ’chuzadas’ a magistrados, las cuales también han intentado negar. Al final del correo, la recomendación del jefe de inteligencia a sus colegas para "estar muy pendientes de las líneas" deja el serio interrogante que los ’chuzados’ eran los magistrados ya que los artículos publicados sólo se referían a ellos. Sobre las interceptaciones ilegales los funcionarios que están siendo investigados han argumentado que la justicia no ha encontrado pruebas sobre esos hechos, especialmente durante la administración de Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado. Nuevamente los mismos correos internos del DAS evidencian lo contrario. No sólo sí hubo ’chuzadas’, sino que además los funcionarios que los ordenaron y ejecutaron eran conscientes que estaban haciendo interceptaciones ilegales. Por ello diseñaron incluso un modus operandi para ’chuzar’ ilegalmente, y en forma abierta comentan cómo tapar esas interceptaciones ilegales para que no los descubran.
El nuevo episodio en el escándalo del DAS en el que se evidencia la persecución al presidente de la Corte, Valencia Copete, es muy delicada. Hasta ahora las autoridades han minimizado el episodio de los magistrados a pesar de que cada día salen más evidencias.

El Olvido del Procurador
Los correos internos del DAS a los que tuvo acceso SEMANA hacen parte del voluminoso expediente que adelantó la jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General, Alexandra Valencia, el cual sirvió para el pliego de cargos que hace dos semanas formuló el procurador Alejandro Ordóñez. Varias cosas sorprenden del documento que éste firmó. Algunos de los funcionarios a los que la Procuraduría les archivó la investigación tuvieron un papel muy activo en las ’chuzadas’ y seguimientos a magistrados. Llama la atención que a pesar de tener contundentes pruebas de las pesquisas ilegales del DAS contra Valencia Copete, no se formulan cargos por esos hechos contra la cúpula del DAS. En esencia, la Procuraduría se limitó a acusar a la ex directora de ese organismo por haber seguido a un civil, Ascencio Reyes, y haber entregado información confidencial de él al secretario general de Palacio, Bernardo Moreno. Aunque en las 170 páginas de su pliego de cargos hace una ligera mención al caso de Valencia, las pruebas del seguimiento y acoso brillan por su ausencia. El magistrado Valencia sólo se enteró de que había correos del DAS sobre él el pasado viernes 5 de marzo, cuando fue a la Procuraduría para que los dejaran ver, lo cual es un derecho legal. Aunque tuvo acceso a algunos, Valencia al igual que Bejarano aún esperan que el procurador delegado Gabriel Jaimes les dé copia de todos los correos sobre ellos. Algo a lo que extrañamente hasta el viernes no había ocurrido.
El seguimiento al magistrado Valencia deja muy mal parado al DAS y especialmente a su ex directora María del Pilar Hurtado sobre su papel frente a los seguimientos del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco queda bien librada la Casa de Nariño ya que el DAS depende directamente de Palacio y no es descabellado deducir que la información ilegal recolectada iba a parar a la Casa de Nariño. Pero no menos preocupante en este escándalo -al que aún le falta mucho por descubrir- es la actitud de la Procuraduría, encaminada a dejar que el país sólo se entere a medias de lo que pasó en el DAS.

15 de marzo de 2010
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capturan a políticos de ríonegro

mqh - 13 de marzo de 2010 - 04:44 - colombia

Capturan cinco políticos de Rionegro, Santander, por sus nexos con los ‘paras’. Concejales y ex concejales se unieron con el Bloque Central Bolívar para presuntamente financiar sus campañas.

Colombia. La DIJIN de la Policía capturó a cinco concejales y ex concejales de Rionegro, Santander por nexos con el Bloque Central Bolívar. Según la investigación, los ediles Etemilson Vásquez Camargo, actual presidente del concejo de Rionegro, Alcides Ruiz Mantilla, concejal en ejercicio y los ex concejales para el período 2003–2007 Otoniel Burgos Perdomo, Mayvis Montes Peñaloza y Henry Mantilla Sandoval recibieron apoyo económico y financiero al aceptar propaganda, vallas, pasacalles publicitarios, camisetas, transporte y alimentación durante toda la campaña política por parte del Bloque Central Bolívar, Frente Walter Sánchez al mando de Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, alias ‘Piraña’.
Según la DIJIN, Jairo Ignacio Orozco González, alias ‘Taraza’ y Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias ‘Piraña’ le ordenaron a sus hombres apoyar política, económica y militarmente a los concejales capturados. Una vez elegidos estos tenían que adjudicar contratos de la alcaldía a a la Fundación para la Construcción, la Paz, la Democracia y la Justicia Social (CONSTRUPAZ) y al contratista Alberto Toscano.
La firma fue creada por los ‘paras’ para apoderarse de los recursos públicos. Los contratos municipales de la alcaldía de Rionegro con CONSTRUPAZ y Alberto Toscano alcanzaron 800 millones de pesos.

13 de marzo de 2010
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capturan a políticos del urabá

mqh - 13 de marzo de 2010 - 04:40 - colombia

Capturan a 25 políticos del Urabá por presuntos nexos con ’El Alemán’. La Fiscalía capturó a 25 políticos de municipios de Antioquia y Córdoba, que pertenecieron al movimiento Urabá Grande, Unido y en Paz, investigados por presuntos nexos con el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.

Colombia. El CTI de la Fiscalía realizó una redada en Antioquia y Córdoba donde capturaron a 25 políticos por nexos con los ‘paras’ como Etanislao Ortiz Lora, alcalde de Turbo; Rubén Díaz, ex alcalde de Necoclí; Gustavo Germán Guerra, actual alcalde de Arboletes; Jorge Mario Monsalve y William Saleme, ex alcaldes de Arboletes; Fabio Cardona, ex concejal de Arboletes; Benjamín Díaz ex alcalde de Necoclí; Gladys Bedoya, secretaria de Control Interno de la alcaldía de Apartadó; Manuel Morales, contratista y el periodista Jairo Banquet, que tenía una emisora en Apartadó.
Los detenidos son investigados por supuestos nexos con el ’Movimiento Político por una Urabá Grande, Unido y en Paz’, un proyecto político liderado por los paramilitares en Urabá, que contó con el apoyo del ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ en las elecciones de 2002. Con este proyecto las autodefensas buscaban poner sus candidatos en diferentes alcaldías y asambleas departamentales de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Ese movimiento político fue creado por los llamados cuatrillizos, Manuel Darío Ávila, Jesús Enrique Doval, Estanislao Ortiz, hoy alcalde de Turbo, y César Andrade.
Hasta el momento han sido detenidas unas veinte personas relacionadas con las actividades políticas del movimiento, y que están siendo investigadas por concierto para delinquir.
En una versión libre ‘El Alemán’ había dicho que Gustavo Germán Guerra, el alcalde de Arboletes, Antioquia, fue a verlo en 2002 para pedirle dinero para la campaña del ex senador de Cambio Radical Rubén Darío Quintero. Quintero fue también secretario privado de Álvaro Uribe Vélez, cuando era gobernador de Antioquia.
El político fue detenido en mayo de 2008 por sus nexos con ‘El Alemán’ luego de que se investigara su incremento en las elecciones para el Congreso de 2002 en la región del Urabá, cuando pasó de tener 37.611 votos en 1998 a 65.850 cuatro años más tarde.
El senador y ganadero Luis Humberto Builes de Cambio Radical también está capturado por el mismo caso.
‘El Alemán’ reconoció que financió campañas por más de dos mil millones de pesos. Según el ex ‘para’ el movimiento que se desarrolló en el Urabá y el Darién chocoano, se extendió a varios municipios de Córdoba, entre los que se encuentran Canaletes, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos, y recibió en esa zona el nombre de ‘Marisco’.
Además dijo que los aspirantes al Congreso de la República, recibieron 200 millones, a las alcaldías y gobernaciones 50 millones, y que el mencionado bloque financió el 60 por ciento del proyecto de los citados movimientos políticos.

13 de marzo de 2010
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vicepresidente declara sobre auc

mqh - 13 de marzo de 2010 - 04:26 - colombia

Vicepresidente rindió versión libre por presuntos nexos con las Auc.

Colombia. Ante un fiscal delegado de la Corte Suprema, el vicepresidente Francisco Santos rindió versión libre por los señalamientos que han hecho en su contra los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’.
Los extraditados jefes paramilitares del Bloque Norte de las Auc, declararon en varias ocasiones que Santos presuntamente se reunió con Carlos Castaño y le pidió que creara un grupo paramilitar en Bogotá. Por esta razón, el pasado 9 de febrero la Fiscalía llamó al vicepresidente para que rindiera versión libre al respecto.
Según fuentes judiciales, la diligencia se realizó en el despacho de Santos y se prolongó durante más de cinco horas, en las que el fiscal cuestionó al vicepresidente por las afirmaciones que hicieron los desmovilizados jefes paramilitares en Justicia y Paz.
El nombre del vicepresidente Santos apareció vinculado con paramilitares por primera vez en mayo de 2007. En una versión libre, Salvatore Mancuso aseguró que el Vicepresidente presuntamente se había reunido en varias ocasiones con el ex jefe paramilitar Carlos Castaño, con el fin de crear un grupo paramilitar en la capital del país.
"Me sorprendí porque lo noté identificado con la causa", dijo Mancuso entonces y porque "le dijo a Castaño que le gustaba el modelo (de autodefensas) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá", agregó en la versión libre.
En una de esas reuniones, continuó Mancuso, "Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero este se negó diciendo que no sabía de esas vainas". El desmovilizado jefe de autodefensas aseguró que después de algunas reuniones, Santos escribió una columna titulada "Proyecto contrainsurgente" en donde hacía alusión a la estrategia de las Auc.
Tras la versión del jefe paramilitar el vicepresidente Santos le pidió a la Fiscalía que lo investigara y argumentó que solo se reunió con grupos ilegales como parte de sus responsabilidades dentro de la Fundación País Libre, que trabaja por la liberación de secuestrados.
Cuando se conoció la decisión de la Fiscalía de llamarlo a rendir versión libre, Santos reconoció que se reunió en cuatro ocasiones con paramilitares. Señaló que dichas reuniones fueron públicas, y que las realizó en calidad de periodista y de defensor de derechos humanos.
Respecto a las reuniones con Carlos Castaño, el vicepresidente dijo que se reunió con él en dos veces y que en una de ellas estuvo presente Mancuso. Santos explicó que el motivo de las reuniones fue "para entender qué era lo que estaba pasando con las autodefensas, porque uno como periodista tiene que entender la realidad y tiene que poder explicársela lo mejor posible a los lectores".
Sobre su supuesta participación en la creación de un grupo paramilitar en Bogotá y sus alrededores, el vicepresidente rechazó los señalamientos de Mancuso y precisó que "el Bloque Capital se creó dos o tres años después (de su última reunión con los paramilitares) y lo crea el señor Miguel Arroyave".
La decisión de llamar al vicepresidente a versión libre fue tomada por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien está a cargo de la investigación preliminar que reabrió la Fiscalía el pasado 17 de octubre.
Sobre la supuesta relación de Santos con los paramilitares, el ente investigador ya se había inhibido una vez de abrir esa investigación. Sin embargo, tras una apelación de un grupo de abogados, el vicefiscal Fernando Pareja, decidió reabrir en octubre del año pasado. Pareja consideró que la investigación debería volver a valorar las evidencias, llamar a otros testigos e indagar más.
En agosto de 2008 la Fiscalía se inhibió de abrir la investigación. Ahora, más de un año después, el ente investigador tendrá que hacer una indagación preliminar y ahí sí podrá decidir si abre una investigación formal o el caso queda archivado definitivamente. Así lo explicó el Fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago cuando decidió reabrir el caso.
Después de esta diligencia, el fiscal determinará si vincula formalmente a un proceso al vicepresidente o si archiva el caso.

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en libertad el turco hilsaca

mqh - 12 de marzo de 2010 - 03:03 - colombia

Cierran el caso por nexos con ‘paras’ del ‘Turco’ Hilsaca. La Fiscalía cerró la investigación por concierto para delinquir contra Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y lo dejó en libertad. Sin embargo sigue el caso por el asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena.

Colombia. La Fiscalía ordenó además su libertad luego de precluir la investigación por presuntos nexos con paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María y por el que se encontraba detenido. Hilsaca fue apresado en Cartagena en julio del año pasado por sus supuestos nexos con paramilitares de Bolívar. También es investigado por el asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena. Hace unos meses logró que lo remitieran a un centro de salud por problemas de salud.
La investigación por concierto para delinquir agravado fue adelantada porque según el desmovilizado del Bloque Héroes de Los Montes de María Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’, Hilsaca acudió a Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, ex jefe del grupo, para conseguir financiación para las campañas de varios candidatos a las alcaldías de Turbana, Marialabaja y Turbaco en Bolívar. ‘Convivir’ también señaló que Hilsaca tuvo injerencia en las alcaldías de Sampues, San Antero y Sincé en Sucre en 2003.
Sin embargo, los testimonios contradictorios y las retractaciones pesaron a la hora de continuar el caso y el fiscal decidió archivarlo.
La Fiscalía consideró que no había méritos suficientes para seguir con esta investigación. Sin embargo, otra investigación contra ‘El Turco’ Hilsaca por el asesinato en febrero de 2003 de cuatro prostitutas en Cartagena, continúa pero sin orden de detención.
Inicialmente el ex jefe paramilitar del frente Canal del Dique, Uber Bánquez Martínez, alias ’Juancho Dique’, dijo en mayo de 2008 ante el entonces fiscal 11 de Justicia y Paz, José Alfredo Jaramillo Matiz, que el homicidio había sido ordenado por un empresario propietario de una discoteca en la Plaza de los Coches.
Posteriormente, Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’ en enero de 2009, militante del Bloque Héroes de los Montes de María, acusó al empresario Alfonso Hilsaca Eljaude de haber ordenado el asesinato y dijo que él fue hasta las oficinas del empresario con alias ‘El Pollo’ a cobrar la comisión en un edificio en el Pie de la Popa y que por cada una de las mujeres asesinadas pagaron dos millones de pesos.
A la declaración de alias ‘Convivir’, siguió la de Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’, quien confirmó la versión de Correa Viveros y declaró que él iba a participar en esos hechos pero el muchacho que había quedado de recogerlo en una moto nunca apareció. De los cuatro responsables que participaron en el homicidio masivo sólo queda vivo uno. Se trata de alias ‘El Enano’, quien se entregó hace pocas semanas a la justicia por temores contra su vida.
Según una versión de alias ‘Geño’, alias ’Juancho Dique’ felicitó a los sicarios que cometieron el crimen, pero también les dijo que no volvieran a cometer ese tipo de hechos: asesinar a cuatro mujeres en las narices de la Policía y del Palacio de la Aduana, sede del gobierno distrital. Con base en estos y otros testimonios, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias y la Fiscalía Tercera Especializada de DDHH de Cartagena abrió un proceso contra el empresario momposino Alfonso Hilsaca Eljaude.
Sin embargo el abogado de Hilsaca, Abelardo De la Espriella, asegura que todo es un montaje contra su cliente porque ninguno de los que ha declarado fue testigo directo del crimen y que todos son testigos de oídas del mismo.
La extorsión que José Alfredo Jaramillo, el fiscal que tenía en manos el caso, también ha entorpecido la investigación. El 30 de junio de 2008, se reunió con el empresario Alfonso Hilsaca en un restaurante en Barranquilla y le pidió 500 millones de pesos para que ’Juancho Dique’ no se refiriera a los hechos.
Como consecuencia de esta extorsión, el fiscal fue destituido, al poco tiempo se declaró culpable y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a sesenta y seis meses de prisión.

¿Quién Es Hilsaca?
El empresario Alfonso Hilsaca Eljadue es oriundo de Mompós, municipio ubicado en el centro del departamento de Bolívar a orillas del río Magdalena. Hilsaca comenzó su fortuna después de retirarse de Ecopetrol empresa con la que ingresó a trabajar en el campo de Cicuco. Hijo de inmigrantes árabes, se crió en medio de la tragedia y la ausencia paterna, pues su padre fue asesinado por la guerrilla. A comienzos de los años noventa se retiró de Ecopetrol y se fue a vivir a Magangué, puerto a orillas del Río Magdalena con una intensa actividad comercial por ser el centro de la depresión momposina y un municipio con comunicación terrestre y acuática con varios centros urbanos de los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar y Santander.
En Magangué montó una discoteca y comenzó a apoyar candidatos a la alcaldía del municipio, quienes después le pagaban con jugosos contratos alcanzando a amasar una pequeña fortuna que le permitió, gracias a las relaciones que comenzó a establecer con los políticos bolivarenses, incursionar en contrataciones departamentales y regionales.
Hilsaca comenzó a ser notorio a mediados de los años noventa cuando se trasladó de Magangué a Cartagena al parecer por amenazas que le hizo la guerrilla, años en que se convirtió en contratista de Corelca y del Ministerio de Minas en un proyecto de la administración Samper, el Plan de Expansión Eléctrica de la Costa Caribe, Planiep, que le dejaría enormes utilidades.
Pero su presencia en la política bolivarense y cartagenera comenzó a tornarse incómoda, cuando se dijo que en la campaña para alcaldía y gobernación del año 2000, financió a varios candidatos, quienes habrían quedado comprometidos a pagarle con contratos. Pero el alcalde que más comprometió su administración con Hilsaca fue Alberto Barboza Senior, elegido para el periodo 2004 – 2005, compromisos que habrían quedado confirmados con la discusión que se dio para el otorgamiento de la licencia y la concesión del relleno sanitario de Cartagena otorgado a Construcciones Hilsaca. En la última década su firma ha participado en varias licitaciones y en financiación de campañas políticas a la gobernación de Bolívar, la alcaldía de Cartagena y de la gran mayoría de municipios de Bolívar.
A través de su empresa Construcciones Hilsaca, ha obtenido contratos de concesión para operar alumbrados públicos y acueductos de municipios como El Carmen de Bolívar, Mompós, Turbaco y Arjona. También participó en la construcción del Alcantarillado Sanitario de Bocagrande junto con otras empresas. Durante años, acosado por los medios y adversarios, ha manifestado que él creció con dificultades, que se ha envejecido prematuramente de tanto trabajar, que ha sufrido mucho él y su familia, pues ante tanto señalamiento no ha podido tener cuentas bancarias y a sus hijos los ha tenido que sacar de colegios para evitar el maltrato de los compañeros.
Alfonso Hilsaca es propietario de canteras, ganaderías, concesiones mineras, zonas de desarrollo industrial y decenas de propiedades urbanas en Cartagena, Mompós y Magangué. Hasta el día de hoy a la fiscalía habían llegado denuncias en su contra, pero sólo las revelaciones de los desmovilizados Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’ y Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’, miembros todos del Frente Héroes de los Montes de María, parecen haber dado la suficiente certeza al organismo judicial para expedir en su contra una orden de captura.
En el día de hoy el empresario Alfonso Hilsaca ha estado rindiendo declaración ante la fiscal Tercera Especializada de Cartagena, acusado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, pues las declaraciones de los desmovilizados del grupo paramilitar lo relaciona como miembro de ese bloque paramilitar.

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desmovilizados forman bandas criminales

mqh - 12 de marzo de 2010 - 02:44 - colombia

ONU: Bandas criminales son comandadas por antiguos ’paras’. El organismo internacional denuncia además en su informe anual que en ocasiones esos grupos se alían en negocios de narcotráfico con Farc y Eln. Y habla de "casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos". El gobierno responde.

Colombia. Un preocupante panorama de violencia en Colombia presenta la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia en su informe anual de 2009.
En ese documento, el organismo internacional reconoce algunos esfuerzos del gobierno por mejorar la situación, pero muestra también su preocupación por las violaciones sexuales que se cometen en el país, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones de civiles que son presentados como bajas en combates militares y la permanencia de la violencia de las Farc, el Eln y paramilitares en algunos lugares. También registra la dificultad que muchas personas tienen para acceder a la justicia, incluso dentro del proceso de justicia y paz, a la vez que vuelve de denunciar el reclutamiento de niños a los grupos armados.
Por su parte, el gobierno, en un documento de 14 páginas, dice que "las instituciones colombianas toman nota de los retos señalados por el Informe y de las falencias por superar". También agradece que el informe "hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia".
Entre las tantas observaciones hechas por la ONU, hay una descripción muy precisa de un fenómeno de la violencia que el gobierno suele discutir cuando se menciona, como es la reaparición de "grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares".
A este respecto, el informe dice que "en muchas zonas del país, la oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares".
Entre los hechos que inquietaron en 2009 a este organismo internacional se cuentan masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos y violencia sexual contra personas que no tienen ninguna participación en la guerra que vive el país. "Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a integrarse a estos grupos", dice la ONU.
Sobre el modo de actuar, dice en el documento que algunos de estos grupos "operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada".
Esos grupos, según Naciones Unidas, están dirigidos por personas que "fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares".
"En ocasiones estos grupos celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos, especialmente narcotráfico", asegura el organismo internacional, que también observó el año pasado "casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos, motivados principalmente por corrupción".
Según el informe, estos grupos tienen capacidad de ejercer "violencia organizada", "amplio poder económico", "capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado", "vínculos con autoridades y poderes fácticos locales".
La ONU reconoce que desde el gobierno se han hecho esfuerzos para contrarrestar a estos grupos, pero dijo que "el reto que plantean va más allá de la delincuencia común. El hecho de que estos grupos operen en lugares donde actuaron los antiguos grupos paramilitares, aprovechando sus estructuras económicas y políticas, reitera la necesidad de redoblar los mecanismos de prevención para la población en riesgo (especialmente para los jóvenes en áreas urbanas y rurales) y de proteger y atender a los afectados".
El organismo también se refirió a los actos de violencia que cometen las Farc y el Eln y su constante irrespeto por la vida de la gente que no participa en ningún grupo armado.
En las consideraciones que el gobierno hizo sobre el informe de la ONU, reconoció la existencia y el desafío que representan esos grupos que han surgido después de la desmovilización de los paramilitares.
Sin embargo, consideró inadecuado "que toda la criminalidad colombiana sea catalogada como neoparamilitarismo, la reedición de los paramilitares o la continuidad de éstos; tal como se expresó".
El argumento que da es que "no hay homogeneidad en la conformación, propósitos, métodos y actividades de estos grupos; es dable encontrar estructuras militares o cuasi militares, mafiosas, sicariales y diversidad de propósitos: extorsión, territorio, comercio minorista de drogas ilícitas, narcotráfico, redes de prostitución, entre otros. Se trata de no calificar de paramilitares a toda banda delincuencia organizada en Colombia; ello no niega las exigencias para castigar a quienes incumplen los compromisos del proceso de desmovilización, ni la intensidad con la que hay que combatir la delincuencia".
En su respuesta, el gobierno también se refirió al resto de violaciones a los derechos humanos que registró la ONU en su informe anual.

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