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senador culpable de nexos con los paras


La Corte Suprema condenó a nueve años de prisión y una multa de casi 3.700 millones de pesos al ex senador de Alas Equipo Colombia por haberse aliado con el Bloque Norte para alcanzar una curul en el Legislativo en 2002.
Colombia. La Corte Suprema condenó a 9 años de prisión y una multa de casi 3.700 millones de pesos al ex senador de Alas Equipo Colombia por haberse aliado con el Bloque Norte para alcanzar un curul al Congreso en 2002. También ordenó reabrir el caso por el secuestro de Víctor Ochoa.
Álvaro Araújo Castro había sido acusado de participar presuntamente en el secuestro de Víctor Ochoa Daza en complicidad con las AUC. Foto Semana
La Sala de Casación Penal le impuso además una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, tras encontrarlo culpable de los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y por constreñimiento al elector para las elecciones a Congreso de 2002.
La Corte compulsó copias del proceso a la Dirección Nacional de Fiscalías, para que investiguen por falsos testimonios y prevaricato a ‘Jorge 40’ y María Rocío Cortés, esta última, por haber precluido (en abril de 2009) el proceso que se adelantaba contra Araújo por el secuestro de Víctor Ochoa Daza.
La decisión de la Corte tiene como base la acusación hecha por la Fiscalía desde 2008 contra Araújo en la que le acusaba de pactar alianzas con el bloque Norte de las AUC comandado por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de obtener una curul para el senado en el periodo 2002-2006.
En la misma sentencia, el Alto Tribunal ordenó compulsar copias de las pruebas recopiladas en el caso para que también se investigue a Araújo Castro por los delitos cometidos por el Bloque Norte "con ocasión de su elección al Congreso de la República para el periodo 2002-2006".
Así mismo, la Sala de Casación Penal ordenó revocar el beneficio de detención domiciliaria a Araújo Castro, tras "haber desaparecido la causa médica que dio lugar a ello, y como consecuencia se ordenó al C.T.I. proceder al traslado del doctor Álvaro Araújo Castro al establecimiento carcelario que el INPEC determine para cumplir la pena impuesta".

Las Acusaciones de la Fiscalía
En mayo de 2009, un fiscal delegado ante la Corte Suprema pidió que se condenara al ex senador cesarense Álvaro Araújo Castro por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector en conexión con paramilitares.
La Fiscalía consideró en los alegatos finales del juicio contra Araújo Castro que había pruebas suficientes para condenarlo por sus vínculos con paramilitares liderados por el ex jefe del Bloque Norte, ’Jorge 40’. 
Según la Fiscalía, aunque Araújo no tomó parte en acciones militares ni formó en la organización, su alianza política sí lo favoreció electoralmente durante el auge de las AUC en el Cesar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el departamento fue dividido por los paramilitares en tres distritos electorales - tal como lo estableció la politóloga Claudia López- con lo que se favoreció el ex senador Araújo.
A Araújo, según la Fiscalía, le correspondió el sur del departamento, en donde obtuvo 19 mil votos, mientras que Mauricio Pimiento, otro político condenado por sus nexos con los ’paras’, solo logró 3 mil.
Esta división electoral, hizo que en otra zona, en el norte, la votación se invirtiera y Pimiento sacó 20 mil sufragios contra 2 mil de Araújo.
El ex congresista de Alas Equipo Colombia y su padre, Álvaro Araújo Noguera, también eran juzgados por el secuestro del político Víctor Ochoa Daza, cometido por el Bloque Norte de las Auc, para presionar una alianza política al Senado en 2002.
El secuestro de Ochoa ocurrió meses antes de las elecciones para el Congreso en 2002. Ochoa fue secuestrado por orden del ex jefe del Bloque Norte de las AUC, ‘Jorge 40’. Aunque Araújo Noguera participó en la liberación de Ochoa, la Fiscalía sostuvo que lo hizo para garantizar que el movimiento político al que pertenecía Ochoa apoyara la lista al Senado de Álvaro Araújo Castro.  

El Caso del Secuestro de Víctor Ochoa
El caso contra los Araújo, precluido en abril de 2009, comenzó en el año 2000, cuando tres grupos políticos de Cesar -Alas, el MRL y el Golpe- hicieron un acuerdo electoral. El pacto era el siguiente: En 2001 todos apoyarían a El Golpe -grupo político de los Gnecco- para elegir el gobernador del departamento, y al MRL -liderado por los Ochoa- para la Alcaldía de Valledupar. Y en 2002, todos apoyarían a Alas, grupo de los Araújo, para obtener una curul en el Senado.
El Golpe ganó eligió como gobernador a Rafael Bolaños, mientras que el MRL alcanzó la alcaldía a través de Elías Ochoa. Para esta época las autodefensas ya tenían en mente su ofensiva para apropiarse de la política y los recursos públicos. En 2001, por ejemplo, se había realizado en Ralito, Córdoba, la famosa reunión entre miembros de las autodefensas y varios políticos, entre los que figuraba Pepe Gnecco, uno de los principales líderes de El Golpe. Así mismo, la presencia de los paramilitares se sintió fuertemente durante la alcaldía de Elías Ochoa. En particular, con la presencia de John Flórez Castrillón, cuñado de alias ’39’, el temido hombre de las autodefensas que hizo temblar a Valledupar durante un lustro.
Según estableció Semana, cuando se acercaban las elecciones para Congreso, Álvaro Araújo Noguera, como presidente de Alas y padre de ’Alvarito’, empezó a armar la lista para el Senado, ubicando a su hijo de primero, como era el acuerdo, y a Víctor Ochoa de segundo, para garantizar que su nombre arrastrara los votos del MRL hacia la lista, y garantizar la curul. Para entonces, los Ochoa tenían su gran fortín electoral en Valledupar donde, por supuesto, hay más votos.
Víctor Ochoa, según testimonios en poder de la Corte, y ahora en manos de la Fiscalía, empezó a dudar de su participación en esta lista. No es claro si era porque le había surgido una inhabilidad, o porque tenía otros planes políticos. En enero de 2002, en un acto público realizado en la escuela Manuela Beltrán, el MRL lanzó la candidatura a la Cámara de Representantes de Juanita Ramírez. Ramírez era una mujer que entraba pisando firme en su aspiración al Congreso. Sobre ella el propio Álvaro Araújo Noguera dice en su declaración ante la Corte que: "muchas personas en Valledupar decían que era la sucesora de Consuelo Araújo. Tenía un perfil de persona inteligente, preocupada de la cosa pública, su figura fue siempre simpática".
En ese mismo acto público, Víctor Ochoa declinó ante todos sus seguidores su participación en la lista de Araújo. Para muchos observadores, en ese acto el MRL se le corrió al acuerdo electoral firmado en el año 2000, del cual se habían beneficiado al ganar la alcaldía. Si Juanita se postulaba a la Cámara, Elías era alcalde y Víctor se negaba a entrar en la lista ¿quién garantizaba la entrada de los votos del MRL a la lista? Votos que eran nada más y nada menos que los de Valledupar.
Por eso para la Corte Suprema, que en principio investigaba Araujo Castro,  resultó muy significativo que al día siguiente de este evento público, Víctor Ochoa fue secuestrado por las autodefensas. Posiblemente no hubiese existido conexión entre este hecho criminal y las movidas políticas del MRL, si no es porque pocos días después, ’Jorge 40’ le pidió a Juanita Ramírez que viajara hasta su cuartel general y allí le advirtió que para salvar la vida de Víctor Ochoa debía renunciar a su aspiración a la Cámara e inscribirse como segunda en la lista al Senado, justo en el lugar que había declinado Ochoa.
En otras palabras, se le pedía que cumpliera el acuerdo original. Por lo menos así lo entendió la Corte cuando dice que: "las exigencias de tipo político que efectuó ’Jorge 40’ para proceder a su liberación (la de Ochoa) resultan indicativas de que el plagio tuvo como finalidad garantizar el apoyo efectivo del MRL a la aspiración de Álvaro Araújo Castro".
Parte de esta historia fue la que Elías Ochoa contaba en la carta que le entregó al Vicepresidente en diciembre de 2006. Con el agravante de que acusaba a los Araújo de haber tramado el secuestro para presionar el apoyo político deseado. Santos envió de inmediato la misiva a la Corte Suprema. "Consideré que era ese, y no yo, el organismo adecuado para evaluar su veracidad", dice Santos.
Pero en enero de 2007, de nuevo frente a la Corte Suprema, Elías se retractó parcialmente. Admitió que había escrito la carta en un momento de ofuscación. Que no tenía ningún elemento para probar la participación de los Araújo en el secuestro de su hermano, excepto un comentario hecho por un médico amigo suyo que mantenía contacto permanente con ’Jorge 40’, quien le insinuó dicha conexión.
En ese momento, la Corte desestimó la retractación. En la providencia que sirvió de base para ordenar la captura de ’Alvarito’ Araújo concluye que: "aunque el mismo Víctor Eliécer Ochoa Quintana en su ampliación de declaración procuró desvirtuar la participación de Araújo Castro y su padre en el secuestro, debe subrayarse que de lo que se desdijo no fue de los hechos y circunstancias que rodearon el mismo y las que narró de modo claro y enfático, sino de su apreciación personal en torno al grado de responsabilidad que inicialmente les atribuyó. Por manera que ninguna trascendencia adquiere la modificación de sus iniciales deducciones".
Con este razonamiento la Corte compulsó a principios de 2007 copias a la Fiscalía para que se investigara a Álvaro Araújo Noguera, ex ministro, ex senador y uno de los hombres liberales, y ahora uribista, más representativos de la Costa.
Araújo Noguera, de 76 años, fue capturado en Venezuela en septiembre de 2008 y fue liberado luego de que una fiscal precluyera la investigación por el secuestro de Víctor Ochoa Daza, caso que hoy reabre la Corte Suprema de Justicia.

19 de marzo de 2010
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salpican a senador musa besaile


Alias ’Visaje’ salpica a senador electo por la U, Musa Besaile. Alias ’Visaje’ aseguró en una audiencia ante la Corte Suprema que el electo senador por el partido de la U, Musa Besaile Fayad, tuvo nexos con los paramilitares en Córdoba.
Colombia. El ex jefe paramilitar de las AUC, Carlos Andrés Padilla González, alias ’Visaje’, declaró ante la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que se adelanta contra el actual representante a la Cámara y senador electo Musa Besaile Fayad.
En su declaración el desmovilizado confirmó la versión del extraditado jefe de esa organización Salvatore Mancuso, quien en la ya famosa interlocución de su Ipod menciona a Besaile por sus vínculos con la organización.
La conversación del Ipod no había sido tenida en cuenta como prueba judicial, hasta que el ex parlamentario Miguel de la Espriella aseveró que su contenido era cierto.
En 2007, durante una plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista denunció que a la Corte Suprema de Justicia se estaban presentando testigos falsos para inculparlo y enlodar su imagen.
Besaile Fayad indicó en esa oportunidad que mediante un anónimo se le informó a la Corte Suprema de Justicia que durante la campaña electoral del año 2006 él habría recibido dineros para su campaña provenientes del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Besaile, avalado por el Partido de la U, obtuvo en las elecciones del pasado domingo un total de 51.768 votos para Senado. En 2006 había obtenido su curul a la cámara en alianza con Juan Manuel López Cabrales, con aval del Partido Liberal.
Además de la investigación por paramilitarismo, la Corte Suprema de Justicia le sigue a Besaile un proceso preliminar por los manejos de la salud en el Departamento de Córdoba.
Besaile tiene 39 años y es oriundo de Sahagún, Córdoba.

19 de marzo de 2010
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cargos en caso tapasco y ángel


Procuraduría formula cargos contra Tapasco y Ángel por parapolítica. La Procuraduría formuló cargos contra dos ex representantes a la Cámara de Caldas por sus presuntos nexos con paramilitares. 
Colombia. Por los presuntos vínculos con grupos de paramilitares, las Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de los ex Representantes a la Cámara, Dixon Ferney Tapasco Triviño y Enrique Emilio Ángel Barco, elegidos por la circunscripción electoral del Departamento de Caldas para la vigencia 2006-2010.
Según la investigación, el apoyo que en su momento recibieron estas candidaturas provino de Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, quien aparecía como el ideólogo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del Frente Cacique Pipintá que tenía preponderancia en la región norte del Departamento de Caldas.
En declaración que rindió el desmovilizado jefe de las autodefensas ‘Ernesto Báez’, informó sobre la intervención de las autodefensas en el quehacer político del Departamento de Caldas, durante la campaña electoral para el Congreso de la República en el año 2006, y confirmó el apoyo que la organización armada ilegal le dio a los entonces candidatos.
El Ministerio Público, a partir de las pruebas recaudas, consideró que existe mérito para investigar si los ex Congresistas Tapasco Triviño y Ángel Barco, pudieron incurrir en falta disciplinaria calificada como gravísima, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 48 del Código Único Disciplinario.

18 de marzo de 2010
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condenas por masacre de caño jabón


Condenan a ’El Cura’ por la masacre de Caño Jabón.
Colombia. El Juzgado Tercero de Villavicencio condenó a 22 años de prisión a Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, por ser coautor en los 18 asesinatos que cometieron los ’paras’ en Meta.
Esta masacre fue cometida el 4 de mayo de 1998, cuando un grupo de más de 200 paramilitares se tomó el corregimiento de Caño Jabón, jurisdicción de Mapiripán (Meta), donde asesinaron a 18 personas, dinamitaron la escuela y la pista de aterrizaje y amenazaron a los sobrevivientes para que abandonaran el pueblo.
Sobre esta masacre, en entrevista con VerdadAbierta.com, Luis Miguel Hidalgo, alias ’Ratón’, dijo que los paramilitares cometieron estos hechos porque supuestamente Caño Jabón era un "pueblo guerrillero y permanecía mucha guerrilla".
’El Cura’, quien fue segundo al mando de los bloques Calima y Bananero de las Auc, también ha sido procesado por las masacres de de Mapiripán y El Naya.
El ex jefe paramilitar actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

18 de marzo de 2010
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condenados por matar a miguel arroyave


Condenados ’Pirata’ y ’Chatarro’ por el asesinato de Miguel Arroyave. El Juzgado Tercero Penal de Villavicencio condenó a 20 años de prisión a los ex jefes paramilitares Manuel de Jesús Pirabán, alias ’Pirata’ y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias ’Chatarro’, por el asesinato del antiguo jefe del Bloque Centauros de las Auc.
Colombia. Arroyave fue asesinado por sus propios hombres el 19 de septiembre de 2004 en la vereda Laureles del municipio de Puerto Lleras (Meta), cuando estaba preparando la desmovilización de su bloque paramilitar que delinquió por varios años en los Llanos Orientales.
’Arcángel’, como le decían los ’paras’ a Arroyave, nació el 10 de agosto de 1954 en Amalfi, Antioquia y desde su infancia fue cercano a los hermanos Castaño Gil, sobre todo a Vicente.
Alrededor de 1990 llegó al Meta, allí según informes de organismos de inteligencia, se convirtió en el principal traficante de insumos químicos para el procesamiento de cocaína de Colombia.
En 2001, tras pasar tres años en la cárcel por enriquecimiento ilícito, se vinculó con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Las autoridades afirman que poco después le compró una "franquicia" paramilitar a Carlos Castaño por siete millones de dólares, lo que le dio control en buena parte de los Llanos Orientales.
Allí montó una banda de extorsión y crimen: el Bloque Centauros, que tenía aterrorizados a los pobladores y finqueros de gran parte del Llano, y cuyos tentáculos llegaron hasta Bogotá, donde controlaba parte del comercio de los "sanandresitos" a través del Bloque Capital.
Aunque Arroyave siempre lo negó, su Bloque Centauros llegó a tener alrededor de seis mil hombres en el Guaviare, Meta, El Ariari, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, y Bogotá.
Miguel Arroyave hizo parte de cúpula de las Auc en Santa Fe de Ralito, hasta que fue asesinado en medio de las negociaciones con el gobierno para la desmovilización.
’Pirata’ y ’Chatarro’ confesaron el crimen en diligencia de sentencia anticipada. Por este asesinato también fueron condenados a 20 años de cárcel Erlin Pino Duarte, alias ‘Fercho’ y Leonardo Escobar Londoño, alias ‘Pájaro’, ex ’paras’ del Bloque Héroes del Llano de las autodefensas de Meta y Guavaire.
En entrevista con VerdadAbierta.com, ’Pirata’ dijo que varios mandos medios como José Vicente Rivera Mendoza, alias ’Soldado’ y Luis Arlex Arango, alias ’Chatarro’, fueron los autores del crimen, luego de que se enteraran que su jefe los iba a asesinar. "Él mandó a matar 17 muchachos veteranos de la guerra. Ellos son los que organizan el grupo".
El desmovilizado agregó que otros motivos que tuvieron estos paramilitares para asesinar a Arroyave fueron la intensidad de la guerra que él sostenía con ‘Martín Llanos’ y el mal trato que les daba. "Si yo soy un mal comandante y la gente está sufriendo, en algún momento se van a levantar contra mí", explicó ‘Pirata’.
’Pirata’ y ’Chatarro’ también confesaron ser coautores de los asesinatos de Juan Albeiro Londoño Alcántara, alias ‘Don Lucas’; Jorge Alejandro Ruiz Martínez, sobrino de Miguel Arroyave; Nelson Parra Sarmiento alias ‘Santiago’ y Héctor Bastos, alias ‘El Viejo’.

18 de marzo de 2010
15 de marzo de 2010
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niegan extradición de don mario


Corte Suprema negó la extradición de ’Don Mario’. El Alto Tribunal negó por tercera vez la extradición de un ex jefe paramilitar. Nuevamente argumentó, en el caso de ’Don Mario’, que los paramilitares primero deben responder por sus crímenes en Colombia.
Colombia. La justicia de Estados Unidos había solicitado la extradición de Daniel Rendón Herrera, alias ’Don Mario’, en agosto del año pasado, para que responda por delitos asociados con terrorismo y narcotráfico.
El pasado 4 de febrero la Procuraduría le solicitó a la Corte que aprobara la extradición del ex paramilitar que delinquió con el Bloque Centauros, pero que se desmovilizó con el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de su hermano, conocido con el alias de ’El Alemán’.
El Ministerio Público consideró que la solicitud de extradición de Estados Unidos cumplía con los requisitos exigidos por la Ley y los tratados internacionales para conceder el pedido de extradición.
Además, la procuradora delegada Nancy Yanira Muñoz Martínez, cuestionó que ’Don Mario’ se haya ratificado como postulado a la Ley de Justicia y Paz, porque, según la funcionaria, él abandonó el procedimiento transicional, faltó a tres diligencias de versión libre y reincidió en actividades delictivas.
No obstante, la Corte Suprema ratificó que los ex paramilitares primero deben reparar a sus víctimas, contar la verdad del conflicto y responder por sus crímenes en Colombia, antes de resolver sus cuentas con la justicia de otros países.
Bajo esa línea, el Alto Tribunal ha negado hasta el momento la extradición de otros dos ex jefes ’paras’. En agosto del año pasado, la Corte negó la extradición Luís Edgar Medina Flórez, alias ‘Comandante Chaparro’, desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona.
En esa ocasión argumentó que la extradición de ‘Comandante Chaparro’ vulnera el espíritu de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, en cuanto esta tiene como principio fundamental garantizar el acceso de las víctimas de grupos paramilitares a los derechos de verdad, justicia y reparación.
La segunda extradición que negó el Alto Tribunal fue la de Edwar Cobo Tellez, alias ’Diego Vecino’. En esa ocasión la Corte consideró que "se deben privilegiar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del accionar de los grupos armados al margen de la ley, máxime si la gravedad de los delitos imputados en el extranjero, "palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamientos forzados, tortura y otros, cometidos durante las últimas décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados".

El Caso de ’Don Mario’
Después de dejar las armas en 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas de Urabá, comandado por su hermano Freddy Rendón Herrera, ’Don Mario’ creó un grupo armado ilegal dedicado al narcotráfico: las Autodefensas Gaitanistas.
Tras ser considerado como el nuevo capo del narcotráfico, ’Don Mario’ fue capturado el pasado 15 de abril en área rural de Necoclí, urabá antioqueño. Por ser muy cercano a los hermanos Castaño y Miguel Arroyave, ’Don Mario’ sabe muchos secretros del paramilitarismo que empezó a confesar en noviembre del año pasado.
Entre las confesiones que ha hecho ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se encuentran el asesinato de Vicente Castaño, el inicio de la guerra entre los paramilitares del Bloque Centauros y las Acc, los presuntos falsos positivos que miembros del Batallón XXI Vargas cometieron con los ’paras’, supuestos casos de parapolítica y las diversas maneras en las que las Auc delinquieron en los Llanos Orientales.
La Corte negó la extradición de ’Don Mario’ para que cumpla con los principios de la Ley de Justicia y Paz. Por esta razón, al final de su concepto, aclara que en el caso que el ex paramilitar "no contribuya con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que de él se reclama, incurra en causal de exclusión del trámite y beneficios de la ley de justicia y paz (sic), resulte absuelto por los delitos que se le imputan en el proceso transicional, incumpla las obligaciones y compromisos derivados de la pena alternativa, u ocurra cualquier supuesto similar a los anteriores, quedarán sin sustento los argumentos que ahora han llevado a emitir un concepto desfavorable a la petición de extradición".
Igualmente, la Corte establece que si ’Don Mario’ llega a incumplir con sus compromisos como postulado a Justicia y Paz, las autoridades competentes pueden hacer de nuevo la solicitud para su extradición.

18 de marzo de 2010
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noguera era parte de amenaza paramilitar


Noguera fue alertado de amenaza paramilitar en Magdalena: Pisciotti. Ante la Corte Suprema, el hermano de Fernando Pisciotti, aseguró que el representante denunció ante el DAS de Noguera la presencia paramilitar en Magdalena así como las amenazas en su contra. Dos meses después el congresista fue asesinado por las Auc.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Julio César Piscioti, hermano del ex representante por Magdalena, Fernando Piscioti, asesinado en diciembre de 2003, aseguró que en dos oportunidades su hermano denunció ante el DAS de Noguera la presencia paramilitar en el sur de Magdalena y las posibles amenazas en su contra.
Pisciotti afirmó que de primera mano supo de una reunión entre Jorge Noguera y Fernando Pisciotti  en octubre de 2003 en El Banco (Magdalena) en donde el ex representante le informó de los problemas de seguridad del departamento por la presencia de grupos paramilitares al mando de alias ‘Rafael’, cabecilla del Bloque Norte de las AUC.
Según Pisciotti, en una segunda oportunidad, en las oficinas del DAS en Bogotá, su hermano y él se reunieron con la secretaria privada de Noguera a quién le informó nuevamente sobre los problemas de seguridad de El Banco. Ella, en teoría, informaría de la situación a Jorge Noguera.
Sin embargo, Fernando Piscioti fue asesinado en diciembre de 2003 a manos José Rodolfo Baena alias ‘Rafael’ desmovilizado del Bloque Norte de las AUC.
Durante la misma audiencia, Pisciotti se refirió también a una reunión celebrada la finca La Reforma, jurisdicción de El Banco, a la que asistieron unas 500 personas, entre comerciantes, líderes políticos y paramilitares, y en donde presuntamente se declaró a Fernando Piscioti como objetivo político de las Autodefensas.
De igual forma, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela Buitrago, solicitó al Alto Tribunal una ampliación de la inspección a los archivos del DAS entre los años 2002 y 2005 por aparentes confusiones entre los nombres de los archivos y los contenidos de cada uno de ellos.
Además del cargo de concierto para delinquir por presuntos nexos con paramilitares, Jorge Noguera también es procesado por los homicidios de Fernando Piscioti, Alfredo Correa D’Andreis y Zully Esther Codina.
La audiencia del juicio contra Jorge Noguera se reanudará el próximo 12 de abril.

Los Cargos contra Jorge Noguera
El primer cargo ratificado por el Alto Tribunal es el de concierto para delinquir en donde se acusa al ex director del DAS por sus presuntos vínculos  con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía presentada en abril de este año, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos hoy extraditados a Estados Unidos.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS y testigo estrella de la parapolítica, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Entre los señalamientos fuertes de la Fiscalía se encuentra el que relaciona a Noguera con hechos tan graves como el de haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados por los paramilitares de la Costa. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS le hizo un intenso trabajo de inteligencia como lo evidencian los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
Como se recuerda Correa D’Andreis fue detenido sin pruebas y luego, tras recuperar su libertad, en septiembre de 2004 fue asesinado por un grupo de paramilitares que lo abaleó en una calle de Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como un defensor de los derechos humanos.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva,  en donde se acusa directamente a Noguera Cotes de haber utilizado su cargo como director del DAS para favorecer presuntamente sus propios intereses, y en este caso, intereses de terceros representados por grupos paramilitares y narcotraficantes.
Dentro de este caso se incluyen por ejemplo de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS, entre otras cosas, con hechos como el del mismo Rafael García, quien fue removido del cargo en enero de 2005 por borrar antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. A pesar del escándalo, Noguera salió bien librado. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
La Corte Suprema ratificó su decisión de declarar la nulidad parcial sobre el cargo contra Noguera por el homicidio de Adán Pacheco (presentado al final del proceso) y por los delitos de concusión y cohecho, alegando que estos hechos son materia de otra investigación.

18 de marzo de 2010
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confirman nexos de ejército y paramilitares


Confirmados nexos de Auc y miembros de la Brigada XVII en masacre de San José de Apartadó. La condena a 20 años de prisión al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez por su participación en la masacre de San José de Apartadó, en 2005, confirma los nexos de miembros de la Brigada XVII de Carepa, Antioquia, y paramilitares de las Auc.
Colombia. El ex oficial se había acogido a sentencia anticipada en octubre de 2008 y fue condenado por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir tras quedar demostrada su responsabilidad en la muerte a machetazos de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio, ocurridas entre el 21 y 22 de febrero de 2005.
La noticia de la condena al ex capitán Gordillo Sánchez se conoció este martes en Medellín en momentos en que se adelanta una nueva sesión de la audiencia de juzgamiento contra los diez uniformados del Ejército que se presume participaron en el múltiple crimen.
Se trata de el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez. Se espera que esta etapa de juicio termine a mediados del año y para el mes de agosto se conozca la decisión del juez sobre la responsabilidad de los procesados en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
"Es una sentencia que reafirma lo dicho por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace cinco años y que, en su momento, fue descalificado por las autoridades", indica el abogado Jorge Molano, quien representa a las víctimas en este proceso penal. El jurista afirma que se demostró que la comunidad tenía razón al denunciar días después de cometido el múltiple crimen que unidades militares de la XVII Brigada el Ejército habían participado en la masacre junto a un grupo de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
En efecto, la reacción inicial del Gobierno Nacional y de las autoridades militares y judiciales, fue la de responsabilizar a la guerrilla, para lo cual se valieron de un supuesto ex combatiente de ese grupo armado ilegal, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad.
"La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan", declaró este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.
La falsa versión fue ratificada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez al finalizar un consejo de seguridad en Apartadó el domingo 20 de marzo de ese año. El Jefe de Estado leyó un comunicado en el cual afirmó: "en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista".
Asimismo el entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, explicó por esos mismos días que "en ocasiones estas agrupaciones (la guerrilla) han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción". En la difusión de la falsa versión también participó la Fiscalía Regional de Antioquia.
El director regional en esa época, Francisco Galvis Ramos, declaró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó "era un veraniadero de las Farc". La estigmatización de esta comunidad, continuó por parte del Ejército Nacional que a través de un comunicado calificó de "coincidencias sospechosas" algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra "había expresado su intención de retirarse de la comunidad".
Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como "cabecilla de milicias de la región La Cristalina", dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que "estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc".
No obstante, la versión estatal fue desmontándose paulatinamente con las declaraciones de varios paramilitares desmovilizados del bloque Héroes de Tolová en las audiencias de versión libre rendidas ante la Fiscalía durante los años 2007 y 2008.
Uno de ellos fue José Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, quien narró cómo habían sido asesinados los niños: "estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro".
Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su participación en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’. De ella también hizo referencia Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en su primera y única audiencia de versión libre realizada en junio de 2009 desde Estados Unidos, donde purga una condena de 30 años por delitos asociados al narcotráfico.
Las confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy son juzgados diez uniformados.
No obstante, el abogado Molano ha insistido en procurar que la Fiscalía también valore los testimonios de varios militares que han comparecido al proceso y se refirieron a la participación de altos oficiales en la preparación de la Operación Fénix, antesala de la masacre de los pobladores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El defensor de las víctimas señala como responsables a los ex generales Mario Montoya, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante de la Primera División del Ejército, y de Héctor Fandiño, comandante de la Brigada XVII en el momento del crimen.
La pretensión de Molano se basa en testimonios que indican que ambos tuvieron conocimiento de la participación de paramilitares como guías del Ejército en la Operación Fénix, que se preparó y ejecutó como reacción a la emboscada perpetrada por las Farc semanas antes en la vereda El Porroso, de Mutatá, que dejó un oficial y 18 soldados muertos.

18 de marzo de 2010
©verdad abierta
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