El 23 de julio de 2001 políticos de la Costa Caribe se reunieron con jefes ’paras’ con la idea de ‘refundar la patria’ y crear un movimiento nacional.
Colombia. Las grabaciones obtenidas por VerdadAbierta.com corresponden a declaraciones y versiones libres de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, que fueron recogidas entre 2007 y 2009 por investigadores de la Corte Suprema de Justicia y fiscales.
Estos audios revelan detalles que precedieron la reunión en Ralito, entre éstos, la forma cómo Mancuso convocó a cientos de políticos de la Costa en la finca de Salomón Feris Chadid, alias ’08’, en 2001 y cómo ’paras’ y políticos llegaron a firmar un documento de manera libre y espontánea. Contrario a la defensa de varios de los firmantes del Pacto, que han sido procesados e investigados por sus nexos con paras, quienes argumentaron que lo hicieron amenazados, Mancuso asegura que durante la reunión sí leyó el "Pacto" que dejaba constancia de la alianza entre dirigentes regionales y jefes paramilitares para consolidar un movimiento político a escala nacional.
Tal vez lo más revelador de estas grabaciones inéditas es que en 2003, cuando ocurrió la reunión en Santa Fe de Ralito, Salvatore Mancuso había empezado a desplazar a Carlos Castaño como jefe de las Auc y en Córdoba nada se hacía sin su consentimiento.
Según la versión de los paramilitares, ellos no tuvieron que ejercer ningún tipo de presión para que los políticos fueran, firmaran y siguieran sus instrucciones y que las Auc vieron a los varios dirigentes de la Costa Caribe como sus socios naturales en el proceso de desmovilización.
Para los paramilitares, lo que buscaban con Ralito era acumular poder político que les permitiera llegar a enfrentar un proceso de negociación, pues sentían que el poder militar ya lo tenían.
Sin embargo, hasta la fecha pocos políticos han aceptado sus nexos con las autodefensas y en esta historia las dos versiones siempre han estado enfrentadas.
El Pacto de Ralito
El 23 de julio de 2001, varias camionetas con vidrios polarizados irrumpieron en las trochas polvorientas de Santa Fe de Ralito.
Los vehículos atravesaron raudos los cinco anillos de seguridad dispuestos por los paramilitares alrededor de la finca de ‘08’. En algún de esos "retenes", las camionetas eran detenidas con el propósito de confirmar quienes eran los ocupantes de los vehículos. Otros llegaron en buses.
Mientras los invitados iban llegando a la finca, Salvatore Mancuso y los otros jefes paramilitares se reunían a pocos kilómetros de distancia en la finca ‘La 06’, en compañía de Jesús Maria López, gobernador de Córdoba, y su sobrino, el ex senador, Juan Manuel López Cabrales. El político intentaba que Mancuso le perdonara la vida, ya que el lo había declarado objetivo militar. Según el paramilitar López se salvó por la intervención de su tío el entonces gobernador Jesús María López. Pero también porque el gobierno amenazó a Mancuso con extraditarlo si le llegaba a pasar algo al entonces senador.
Una vez solucionado el impasse con López, Mancuso se desplazó a la finca de ’08’ para encabezar la reunión. En una casona de palma y al aire libre estaban políticos influyentes como senadores, representantes, caciques y gobernadores mezclados con concejales y alcaldes de pequeñas poblaciones de la costa. La idea del paramilitar era convocar y obtener el apoyo de las "elites regionales" para consolidar un proyecto político que "expresara" los intereses del movimiento de las Auc.
Las invitaciones se extendieron a través del entonces gobernador de Córdoba, Jesús Maria López, a quien Mancuso consideraba como "su segundo padre" y se hicieron a nombre de las Auc semanas antes, y "de ninguna manera" se hizo bajo amenaza.
Los cerca de 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena se encontraron cara a cara con jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso, ‘Diego Vecino’ y ‘Jorge 40’.
Para el ex jefe paramilitar, era más viable incluir a estos políticos tradicionales dentro del proyecto político de los paramilitares, en lugar de intentar lanzar candidatos propios y desconocidos a aspirar a puestos de elección popular. Otro ex paramilitar que aportó su testimonio al proceso fue ’Ernesto Báez’, éste ratificó que la alianza entre ’paras’ y políticos se hizo sin ningún tipo de presión porque se veían como aliados naturales en las zonas controladas por los paras.
"Por el poder, los políticos se aliaban hasta con el diablo", anota Ernesto Báez en una de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Según el paramilitar, la elección de Eleonora Pineda como congresista fue una demostración de la capacidad de las Auc para posicionar a candidatos propios. No obstante, la alianza con las elites locales seguía siendo la salida más segura y rápida frente a su idea de expansión.
A su llegada, Mancuso instaló oficialmente la reunión y después de unas breves palabras, le dio paso a conferencistas provenientes de universidades extranjeras, para hablar sobre temas como la globalización y conflicto armado.
Mientras los conferencistas hablaban, Mancuso y sus escoltas "pulían" el documento que él mismo había elaborado en días pasados y en el que plasmaba la intención de formalizar una alianza con los políticos locales que tuviera como propósito "refundar la patria", "crear un nuevo pacto social" y "construir una nueva Colombia". Uno de los guardaespaldas de Mancuso elaboró un listado con los participantes más "reconocidos" de la reunión y posteriormente lo agregó a la versión final del documento.
De acuerdo con el ex jefe paramilitar, una vez se agregó esta lista de participantes y terminaron las conferencias, Mancuso hizo lectura del ’Pacto’ frente a todos los asistentes y después lo pasó de mano en mano. Según él, de las casi 100 personas que estuvieron ese día, una tercera parte, la más ‘relevante’ políticamente, firmó el pacto.
Entre los firmantes estaban Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel), Jesús María López (ex gobernador de Córdoba con proceso pendiente), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), William Montes (ex senador de Bolívar con proceso archivado), Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 74 meses de prisión), Luís Carlos Ordosgoistia (ex representante a la Cámara por Córdoba, absuelto) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 45 meses de prisión), entre otros.
La existencia del Pacto fue revelada solo a finales de 2006 por el ex senador Miguel de la Espriella, quien después fue condenado a 45 meses de prisión por este hecho. No obstante, en una declaración reciente, la Fiscalía aseguró quien filtró el Pacto fue el mismo Salvatore Mancuso, y que, por presiones y declaraciones de este jefe paramilitar, De la Espriella se vio obligado a confesar su existencia.
El texto del documento se hizo público en enero de 2007. Desde entonces la justicia continúa procesando a los políticos que estuvieron en Ralito y que estamparon su firma sobre el polémico acuerdo.
La Democracia según Ralito
la Fiscalía en una audiencia realizada en 2009 contra varios políticos presentes en Ralito, definió que el Pacto fue la expresión de un "propósito noble con fines perversos" destinado a "refrendar" el acuerdo existente entre políticos de la región que buscaban acceder a cargos de elección pública, y grupos paramilitares en expansión que se plantearon para controlar políticamente las zonas en las que ya delinquían y ejercían algún tipo de dominio.
Para la Fiscalía el Pacto fue la refrendación de la alianza entre la clase política tradicional de varios departamentos de la Costa y los jefes de las AUC que necesitaban traducir su poder territorial y económico en influencia sobre el Congreso para consolidarse como actor político y prepararse ante un eventual proceso de negociación.
Agrega además que la reunión fue la puerta de entrada de los paramilitares a la última fase de su proyecto político. "La rápida expansión del paramilitarismo y de su poder militar se tradujo en un "enorme poder económico, no sólo gracias al control de las rutas del narcotráfico, sino porque se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos. Una vez consolidado ese poder militar y económico, las Auc iniciaron un proyecto político para infiltrar las instancias del poder público a niveles regionales y para el año 2001 y 2002, proyectándose a otras instituciones del nivel nacional".
Según el ente acusador, el pacto fue usado también por los paramilitares como un jugada clave para obtener beneficios futuros dentro de un eventual proceso de negociación.
Los políticos que asistieron, según la Fiscalía, eran personas que, o bien ya eran colaboradores de los paramilitares, o pretendieron incorporarse al proyecto político de las Auc. "El acuerdo de Ralito buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado…por esto, era un acuerdo ilegal y generaba riesgo para la seguridad del Estado", afirmó la Fiscalía.
Según el fiscal que llevó uno de los tantos casos contra dirigentes políticos involucrados en el escándalo, todos los asistentes a la reunión conocían el carácter clandestino y confidencial de la reunión puesto que solo después de cinco años de ocurrida fue que se hizo pública y también los temas que acordaron ’paras’ y políticos.
Para Mancuso y Báez, la reunión de ’Ralito’ fue la expresión del proyecto político de las AUC que consistió en aliarse con la clase política de los departamentos de la Costa Caribe para "ganar voz" dentro del Congreso ante un eventual proceso de negociación y de desmovilización.
Según ambos jefes paramilitares, las estrategias para lograr esta "voz" variaron al interior de las AUC. La propuesta de ’Ernesto Báez’,comandante político de las AUC, de sacar una lista propia al Congreso no funcionó. A pesar que algunos jefes paramilitares como él decidieron apoyar nuevas personas en la política, "sectores mayoritarios de las AUC apoyaron a los sectores de la política tradicional".
Para Mancuso, el hecho de conformar una lista única de AUC conduciría al conflicto con los políticos de la región. De esta forma, el objetivo de la mayoría de comandantes de las AUC se concentró en buscar aliados en la clase política tradicional de los diferentes departamentos de la Costa que pudieran expresar los intereses políticos de los grupos paramilitares en el Congreso.
No obstante, la versión de cómo se dio el proceso de elección y apoyo a candidatos para puestos de elección popular diverge en las declaraciones de Mancuso y Báez. Mientras que para Mancuso las poblaciones fueron quienes decidieron los candidatos que las AUC terminaron apoyando, para Báez, fueron los comandantes militares de las AUC quienes ejercieron "actividades políticas", eligiendo candidatos y presionando a las poblaciones para que votaran por ellos.
Los Otros Firmantes
Las últimos hechos relacionados con el Pacto de Ralito sucedieron una audiencia del juicio contra siete políticos de Sucre y Córdoba. La Fiscalía pidió la condena de Jorge Arturo Ospina Vergara, ex alcalde de Sincelejo; Sigifredo Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierralta (Córdoba); Víctor Guerra de la Espriella; Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba y Jesús María Imbeth Bermúdez, ex representante a la Cámara por Bolívar.
En marzo de 2008, cuando fueron llamados a juicio los siete políticos, otros ocho procesos adelantados por la Fiscalía contra firmantes del Pacto fueron precluidos.
En ese momento, recuperaron su libertad Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba, Fredy Sánchez, ex representante a la Cámara por Córdoba, y Marciano Celedón, ex jefe de planeación de Tierralta.
Junto con ellos, fueron archivados los procesos del periodista Antonio Sánchez; Luis José Álvarez; Rodrigo Antonio Burgos, ex senador conservador; Rodolfo Vargas de Lima, funcionario de la alcaldía de Sincelejo; Germán Tiberio Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero y Luís Felipe Goenaga Rodríguez, funcionario de la alcaldía de Ovejas.
La Fiscalía argumentó que la decisión se tomó en base de un concepto de la Corte Suprema de Justicia que señaló que la sola firma del pacto no constituía un delito.
De igual forma, en agosto de 2008, William Montes, ex senador del Partido Conservador, fue puesto en libertad por un juez del circuito Especializado de Bogotá quien estimó que el político no había incurrido en ninguna conducta delictiva.
No obstante, por la firma del Pacto, la justicia dictó sentencias contra "aquellos que se beneficiaron de la firma". Los políticos condenados son: Alfonso Campo Escobar, ex representante liberado en febrero pasado luego de cumplir las tres quintas partes de su condena; Miguel de la Espriella, ex representante por Córdoba condenado a 45 meses; el ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión; el ex representante Reginaldo Montes, condenado también a seis años; y Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, condenada a siete años.
Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, es juzgado por su participación en el homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz. En noviembre de 2007, la investigación contra el ex representante José de los Santos Negrete fue precluida por la Corte Suprema de Justicia al no encontrar pruebas sobre el beneficio que éste obtuvo por la firma del Pacto.
En Córdoba, después del destape de la ’parapolítica’, Córdoba se ha quedado con un solo senador, otros cinco renunciaron a sus curules.
Mario Salomón Náder, del Partido Liberal, conserva aún su silla en el Senado, mientras que Juan Manuel López, del Partido Liberal; Reginaldo Montes, de Cambio Radical; Miguel Alfonso De la Espriella, del desaparecido Colombia Democrática; Zulema Jattin, de la U y Julio Manzur del Conservador, dejaron sus cargos por las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia.20 de enero de 2010
©verdad abierta
Colombia. El Estado fue hallado responsable por la ejecución extrajudicial de un campesino al que hace casi seis años el ejército reportó como abatido en combate e integrante de un grupo guerrillero, informó el martes el abogado de la familia de la víctima.
Colombia. En un comunicado, la Cancillería colombiana reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato del senador y ex integrante de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, ejecutado el 9 de agosto de 1994.
Colombia. Además, que actuó como "determinador" en la persecución hecha a un fiscal de Bugalagrande (Valle).
Colombia. La audiencia se desarrolló en Barranquilla ante un magistrado de Justicia y Paz. En esta diligencia, ’El Tigre’ fue señalado como responsable de 13 masacres, 491 desplazamientos forzados, acceso carnal violento, tortura, secuestro simple, secuestro extorsivo, homicidios agravados y concierto para delinquir, entre otros delitos.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó recapturar al ex presidente del Senado por la investigación que adelanta por sus presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las Auc.
Colombia. Colombia nunca ha salido bien librada de los exámenes que regularmente hacen los organismos de derechos humanos. Y esta vez, el informe anual de la Human Rights Watch (HRW) no hace la excepción con el país: hay críticas al gobierno por los ataques frecuentes a la Corte Suprema de Justicia que investiga la parapolítica; también destaca su preocupación por los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales) que tienen enredadas a las Fuerzas Militares; llama la atención sobre los sucesores de los paramilitares; y señala que la guerrilla de las Farc sigue reclutando menores, instalando minas antipersonal y masacrando civiles, como lo hizo con los 17 integrantes de la comunidad awá en febrero pasado.
Colombia. Hombres con armas largas y cortas, portando radios de comunicación y a veces vestidos con camuflado, transitan actualmente por los municipios chocoanos de Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá.