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asesinaron a 150 mil civiles


Fiscalía, tras 150 mil asesinatos ’paras’ que han sido confesados por desmovilizados Estas dos mujeres recibieron los restos de uno de sus familiares en diciembre. Llevaban años buscándolo. Jefe de Justicia y paz pidió que la Judicatura apure audiencias contra desmovilizados. En fosas de NN buscan desaparecidos.
Colombia. Después de haber desenterrado 2.828 cadáveres de víctimas de los paramilitares que estaban en 2.316 fosas regadas por todo el país, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía concentrará la búsqueda de los desaparecidos de la guerra en los cementerios.
En uno solo de ellos, el de Marsella (Risaralda), están enterrados 538 NN que, en su mayoría, llegaron a ese pueblo traídos por las amarillas aguas del Cauca, provenientes del convulsionado Norte del Valle.
Luis González, el jefe de los fiscales de Justicia y Paz, dice que empezar a identificar a esos muertos sin nombre, que en su mayoría están en fosas comunes de los camposantos de centenares de municipios, será uno de los retos del 2010.
Desde hace cinco años, cuando se creó esa Unidad, la Fiscalía ha entregado, plenamente identificados, 721 restos a familias que por fin empezaron a hacer su duelo. Pero lo que se viene es, en palabras del fiscal González, simplemente abrumador: los ’paras’ han dado pistas de unas 1.500 desapariciones forzadas. Las cuentas de la Fiscalía hablan de al menos 27 mil cometidas en las dos últimas décadas por los actores armados.
Las confesiones de los ex Auc en Justicia y Paz han puesto a la Fiscalía sobre la pista de centenares de crímenes que habían estado en la impunidad por décadas. El caso de ’HH’, extraditado a E.U., es característico: a pesar de que estuvo más de 20 años en la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, no tenía ninguna orden de captura hasta el 2007. Ya ajusta varias condenas basadas en sus propias confesiones y, en Justicia y Paz, lo acusarán por otro centenar de crímenes.
Pero lo que pasa con los desaparecidos se repite con otros delitos cometidos en medio de la guerra. En total, los casi 2 mil ex Auc que han hablado ante los fiscales (hay 1.200 que se postularon hace cinco años, pero que nunca aparecieron y están a punto de perder los beneficios de pena alternativa) han confesado o enunciado unos 50 mil delitos, entre ellos 30 mil asesinatos.
La Fiscalía, sin embargo, ha documentado en 400 municipios que tuvieron clara influencia de las Auc 300 mil denuncias que incluyen un dato aterrador: tan solo los grupos paramilitares habrían asesinado a unos 150 mil colombianos desde mediados de los 80. Así las cuentas, solo habrían confesado uno de cada cinco homicidios.
Según la Ley de Justicia y Paz, cualquier crimen que se oculte se pagará no con la pena alternativa de entre 5 y 8 años de cárcel, sino con la pena normal: hasta 40 años.

Esperando Audiencias
Con la sentencia de la Corte Suprema que revivió la posibilidad de ir haciendo acusaciones contra los desmovilizados a medida que les va documentando casos, la Fiscalía espera que a mediados de año ya estén condenados al menos 300 ex Auc, entre ellos los principales jefes.
El lío es que los jueces que tienen que manejar esta parte de los procesos todavía no despegan. "Llevamos meses esperando que se complete el proceso en cuatro casos (’Juancho Dique’, Gian Carlo Gutiérrez, ’Diego Vecino’ y el ’Iguano’) y hay otros 280 listos para empezar las audiencias -dice González-. Estamos en manos de la Judicatura".
La Fiscalía, que ha recibido críticas por la falta de resultados del proceso, cuestiona que la han dejado sola con la carga. Desde que empezaron las audiencias, solo ha habido una condena, la de ’El Loro’, que se cayó en la Corte Suprema el año pasado.
La misma Judicatura cuestiona los resultados de las tres salas de magistrados de Justicia y Paz, que desde el 2006 le han costado al país, solo en funcionamiento, más de 10 mil millones de pesos.
"Si tienen que anular procedimientos nuestros, pues que lo hagan para reconstruir los casos-dice el fiscal-. Pero que no dejen pasar dos meses, seis meses, un año, para decirnos que hicimos algo mal".

Sí a la Comisión de la Verdad
El fiscal González dice que el trabajo de su Unidad no choca con otros mecanismos de búsqueda de la verdad.

¿Le suena la idea de una Comisión de la Verdad?
Ese tema ya se venía tratando en varias instancias relacionadas con Justicia y Paz. Yo creo que una Comisión de la Verdad no se repele ni se contrapone al proceso judicial. Siempre hay la necesidad de que haya justicia y que el aparato judicial actúe frente a los que cometen delitos de lesa humanidad. Pero eso no significa que sea Justicia y Paz la única instancia para saber qué pasó en el país en estos años.

¿Cree que la Corte Penal podría actuar en Colombia?
Cuando uno compara lo que ha hecho Colombia frente a otros países, concluye que se ha hecho bastante. Si la Corte entra o no, eso no nos puede distraer.

¿Qué les responde a los que critican los resultados de Justicia y Paz?
Nosotros como fiscalía hemos estado prácticamente solos. Los otros llegan a las audiencias a sentarse. Acá falta otra mentalidad. No es posible que a las audiencias se convoque a víctimas que viajan hasta 15 horas y se les salga con que toca aplazar la diligencia porque no vino el procurador, porque el Inpec no trajo al preso o porque el fiscal tenía otra audiencia.

18 de enero de 2010
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por qué los dejan marcharse


¿Por qué liberan a los militares sindicados de matar a jóvenes civiles? Las demoras de este complejo caso están haciendo que los soldados salgan de la prisión. La fiscalía y los jueces tienen 90 días para iniciar un juicio contra cada sindicado. La Defensoría considera que el tiempo es corto y propone duplicarlo.
Colombia. Ya van 29 militares libres de los que están involucrados en el caso de las ejecuciones de 11 jóvenes de Soacha que fueron presentados como muertos en combate en Ocaña y Cimitarra, hace casi dos años. En las audiencias de los próximos 18 y 19 de enero pueden quedar libres más. Y así sucesivamente, podrían salir la prisión los 47 soldados involucrados en este proceso.
Están saliendo de la cárcel porque ya algunos llevan 100 y otros más de 240 días presos sin que se les inicie un juicio. La Procuraduría y el juez de garantías han aceptado que, en efecto, esos militares deben quedar libres, pues desde hace mucho rato se acabaron los 90 días que la ley permite que esté detenida una persona después de que la Fiscalía acuse.
Liberaciones como éstas pasan a menudo. Esa garantía de salir libre a los tres meses si no se ha iniciado un proceso la da el nuevo sistema penal, que empezó a operar desde 2004. Y ese plazo se aplica para cualquier persona sindicada de cualquier delito, sin importar la gravedad o si en un solo hecho están involucrados varios sospechosos.
El caso de estos militares se ha dado así: la Fiscalía les imputó los cargos y fueron detenidos preventivamente algunos en abril y otros en mayo del año pasado. En total fueron privados de la libertad 47 soldados. Entre 30 y 60 días después, los acusaron ante un juez y fue cuando la defensa de los uniformados le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que definiera si era la justicia penal o la ordinaria la que debía llevar el proceso.
Los casos cuyo análisis se demoraron menos tardaron 45 días. Los estudios que más se prolongaron fueron de tres meses. Lo grave es que después de que la Fiscalía acusa, un juez tiene 90 días para decidir si empieza un juicio o no. Si no lo define en este lapso, la persona procesada debe quedar libre, como está ocurriendo con estos militares.
Buena parte de la demora se debe a que los fiscales han tenido que documentar los casos de cada víctima y de cada sindicado sin que las pruebas de uno sirvan para otro, a pesar de que los hechos ocurrieron de forma muy parecida.
Además, la ley fue creada pensando en que aquellos 90 días los sumaban sólo los días hábiles, pero las cortes Suprema y Constitucional han emitido sendos pronunciamientos diciendo que deben ser días corridos o calendario, o sea, tres meses exactos. La razón es que la persona procesada no está privada de la libertad sólo de lunes a viernes, sino sábados, domingos y festivos también. Eso ha hecho que se acorte el plazo, pues antes, contando sólo los días hábiles, este periodo significaba realmente casi cuatro meses.
Por otro lado, estos soldados enfrentan procesos disciplinarios ante la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Según sus funciones, este despacho emite castigos disciplinarios. Es decir, dice si un empleado del Estado se puede quedar en su cargo o si debe salir después de haber sido sindicado de alguna irregularidad en sus funciones. Hasta el momento, no ha habido fallos de la Procuraduría contra estos militares. O sea que siguen integrados al Ejército.
Ante la gravedad del caso y como siguen siendo integrantes de la fuerza pública, el gobierno dijo que estos soldados permanecerán confinados en una unidad militar.
Pero aquella decisión también puede ser cuestionada por los defensores de los uniformados, pues si una institución del Estado ordena su libertad, no puede haber otra que se la quite. Es una discusión que puede presentarse más adelante en este mismo caso. Si la Procuraduría los hubiera destituido de sus cargos, estos soldados saldrían a andar por las calles tranquilamente.
En sí, el término de tres meses para que un juez decida empezar un juicio significa una garantía para un acusado. No es justo que una persona permanezca mucho tiempo privada de la libertad sin que se resuelva su situación judicial.
Pero puede haber excepciones en casos de graves violaciones de derechos humanos o cuando sean varios los acusados en un mismo delito, como está ocurriendo con estos militares, según considera el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez.
Para estas situaciones, el sistema penal pasado permitía que se duplicara el tiempo entre la acusación y el comienzo del juicio. Pérez considera que retomar esta posibilidad puede ser una solución para casos como éste. Si esta fórmula se pudiera aplicar, los jueces tendrían 180 días, y no 90 solamente, para analizar una acusación y empezar un juicio.
Aunque es cierto que varios de los militares que han quedado libres han pasado más de 200 días detenidos, hay otros que están saliendo por tener 100 días después de haber sido acusados. Para los segundos podría utilizarse la prolongación del plazo que propone Pérez.
La idea del Defensor sólo puede ponerse en marcha después de reformar el Código de Procedimiento Penal. Esa será la propuesta que llevará ante el Consejo de Política Criminal el próximo 3 de febrero.
Ese día, también se sugerirá que se destine un juez y un fiscal únicamente para este caso, como ocurrió con el de David Murcia, y que la Fiscalía pueda agrupar pruebas para los diferentes acusados que estén procesados por un mismo caso.

18 de enero de 2010
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paramilitares trabajaron con ejército


Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ’el Alemán’. Fredy Rendón Herrera alias ’el Alemán’ reconoció que, por orden de Carlos Castaño, varios de sus hombres participaron en operativos conjuntos con el Ejército en el Urabá y Chocó, en complicidad con oficiales al mando de Rito Alejo del Río.
Colombia. Por orden del comandante paramilitar Carlos Castaño Gil, los jefes del Bloque Chocó de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) dispusieron de doce de sus hombres para que se integraran a las fuerzas especiales del Ejército que adelantaron en febrero de 1997 la llamada Operación Génesis en un amplio territorio del departamento del Chocó contra el Frente 57 de las Farc.
Según ’el Alemán’, la necesidad de los guías fue expresada durante una reunión entre el entonces Jefe de Inteligencia de la Brigada XVII, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y los paramilitares Carlos Ardila, alias ‘Carlos Correa’, Élmer Cárdenas y ‘el Alemán’. En ese encuentro, el oficial les explicó detalles de la operación que se realizarían por tierra y aire, con la participación de los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, y que atacarían facciones de las Farc asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó.
"Allí nos habló de los guías y a los pocos días recibimos la orden de Carlos Castaño de proveerlos", le explicó Rendón Herrera a una fiscal de Justicia y Paz durante una audiencia de versión libre realizada en Medellín.
La misión de reclutar los guías le fue encomendada a un experimentado paramilitar llamado Julio Cesar Arce Graciano, alias ‘ZC’, quien seleccionó once hombres y con ellos se presentó a la sede de la Brigada XVII, con sede en Carepa, Antioquia, y se puso a las órdenes del coronel Plazas Acevedo, quien se hacía llamar ‘Don Diego’. Este oficial fue desvinculado del Ejército en agosto de 1999 y hoy es prófugo de la justicia.
Todos los guías fueron incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así inicio a la Operación Génesis, que acabaría cuatro días después, luego de intensos bombardeos contra supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc, pero que terminó afectando a la población afrodescendiente que habitaba esas zonas y generó un masivo desplazamiento de por lo menos 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá.
La misión fue autorizada por el entonces comandante de la guarnición militar general Rito Alejo del Río, detenido actualmente por las violaciones a los derechos humanos y sus vínculos con los paramilitares del Urabá antioqueño.
Pero los compromisos con el Jefe de Inteligencia de la Brigada XVII no sólo implicaban el uso de guías paramilitares. De acuerdo con Rendón Herrera, con este oficial también se acordó que las tropas no entorpecieran el avance que llevaban las Accu hacia las mismas zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis.
Y es que justo el mismo día que el Ejército comenzó a penetrar la zona, las Accu iniciaron la que ellos llamaron la ‘Operación Cacarica’, una fase de su avance hacia el sur del Urabá chocoano a través del cual se pretendía hacer presencia en un amplio sector de los caños Cacarica, Salaquí, Truandó y Perancho para enfrentar a las Farc y disputarles el territorio.
Rendón Herrera no sólo explicó lo de los guías, sino que admitió que varios de sus hombres y las del Ejército se encontraron en algún punto de la selva y adelantaron operaciones conjuntas, entre ellas el ataque a un campamento guerrillero donde hallaron a dos hombres y a una mujer de origen extranjero que estaban secuestrados. En el intercambio de disparos, murió la mujer y los dos hombres fueron rescatados. "El Ejército presentó ese operativo como un golpe de ellos a las Farc, pero realmente fue una operación conjunta", indicó el ex jefe paramilitar.
La Operación Cacarica comenzó el 23 de febrero y según estableció ‘el Alemán’, finalizó el 5 de marzo. Fue desarrollada por 60 hombres, 40 de ellos integrantes del frente Chocó y 20 más del Arlex Hurtado. Tuvo como base de operaciones la Loma del Cacarica, desde donde comenzaron la incursión hacia los caseríos de la zona.
Una de las primeras acciones criminales de la Operación Cacarica fue el asesinato del campesino Marino López Mena, quien fue decapitado por uno de los paramilitares del Frente Arlex Hurtado, conocido con el alias de ‘Manito’.
Al día siguiente de la llegada a la Loma del Cacarica, el grupo paramilitar se desplazó por la margen izquierda del río Perancho hacia Bijao, buscando llegar a Tamborales, más al sur, pero al llegar al caserío advirtieron la presencia de un reducto de las Farc y hubo un intercambio de disparos, sin que se presentaran muertos o heridos de lado y lado. Luego de varios registros, se instalaron en un cultivo de maíz, armaron un campamento y allí pasaron la noche.
Al amanecer se preparaban para partir hacia las cabeceras de los caseríos de La Balsa y Salaquí cuando observaron que un hombre salió del monte, guardó un paquete al borde del caño, lo atravesó y se dirigió a una pequeña tienda donde compró varias docenas de cigarrillos, entre otras cosas, y se regresó.
Antes de pasar nuevamente el caño fue interceptado por alias ‘manito’, quien le inquirió por lo que llevaba en la bolsa. Marino respondió que "cigarrillos y otras cosas", y agregó que él solo era un campesino de la zona. Al escuchar eso, el paramilitar lo obligó a coger unos cocos. De acuerdo con la versión que han dado algunos paramilitares, entre ellos ‘el Alemán’, Marino intentó atacar a alias ‘manito’ con un machete y éste, en su reacción le cercenó la cabeza.
En su versión ante la Unidad de Justicia y Paz, Rendón Herrera desestimó varias denuncias, dos de las cuales indican que la cabeza del labriego le fue mostrada a la comunidad de Bijao como una prueba de lo que les pasaría "si seguían con la guerrilla" y que los paramilitares bajo su mando jugaron fútbol con ella.
"Eso es muy descabellado", dijo Rendón Herrera. "Yo he pedido que se haga un estudio científico del cráneo para establecer si esa versión fue cierta". No obstante, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que desde aquellos años ha hecho trabajo social en la región chocoana ha sostenido lo contrario, apelando a testimonios de pobladores de Bijao, quienes han insistido en la crueldad de los paramilitares al momento de asesinar a Marino.
En documentos de esta organización no gubernamental se lee el relato de un sobreviviente: "Uno de los criminales coge una macheta y le corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares, lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos".
‘El Alemán’ también rechazó cualquier responsabilidad en el desplazamiento de por lo menos 4.000 campesinos de esas selvas hacia los municipios de Turbo y Mutatá, denuncia que también ha sido reiterada por parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien ha relacionado ese desalojo forzoso con los proyectos productivos que posteriormente se desarrollarían allí alrededor de los cultivos de palma de aceite, ganadería y explotación maderera.
De acuerdo con este ex jefe paramilitar, ese desplazamiento fue organizado por la guerrilla de las Farc luego de conocer las intenciones del Ejército y los paramilitares de penetrar en sus territorios, y tuvo tres objetivos concretos: bloquear la carretera entre Medellín y Urabá a la altura de Mutatá, crear varias comunidades de paz y depurar las comunidades para detectar aquellos que no les eran afectos.
"Ese desplazamiento en el Atrato fue ordenado por el secretariado de las Farc y yo no voy a responder por ello", aseveró Rendón Herrera y dijo que esa versión se la habían corroborado un ex guerrillero del Frente 34 de las Farc detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y el líder campesino Catalino Segura Moreno, uno de los líderes de las marchas quien, posteriormente, se integró al bloque Elmer Cárdenas de las Accu, grupo con el cual se desmovilizó, encontrándose postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
Interrogado sobre las frecuencias de los radios de comunicaciones utilizadas para desarrollar la Operación Cacarica, ‘el Alemán’ explicó que utilizaron las frecuencias de la empresa Maderas del Darién, cuya antena repetidora se encontraba en Filo de Cuchillo, y del Ejército, cuya coordinación la hizo el paramilitar Elmer Cárdenas directamente con los militares.
"Inicialmente utilizamos de manera inconsulta las frecuencias de Maderas del Darién, pero ellos nunca cambiaron de frecuencia. A partir de nuestra entrada a Riosucio (Chocó), ellos se convirtieron en uno de nuestros grandes aportantes para la guerra en esa región", reconoció Rendón Herrera.
Dada las dificultades  de acceso que ofrece el terreno y las frágiles condiciones de seguridad, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz, encargados de verificar estos hechos, no han podido acceder a esta zona del Urabá chocoano para corroborar lo dicho por Rendón Herrera. Se espera que la justicia durante el proceso seguido contra este ex jefe ’para’ pueda constatar los crímenes cometidos por los hombres bajo su mando y se establezca la verdad.

18 de enero de 2010
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los extraterrestres son chavistas


¿La Voz de la Consciencia es chavista? El misterioso movimiento que presentó más de un millón de firmas ante la Registraduría tiene sorprendentes similitudes con un grupo de ideología bolivariana que cree en profecías apocalípticas y extraterrestres.
Colombia. Los personajes y situaciones de esta historia parecen sacados de una película de ciencia ficción y no de una campaña electoral que escoge al presidente de la República. Un movimiento inédito que se rehúsa a explicar cómo se financió para recoger más de un millón de firmas, un candidato desconocido que se niega a aparecer en público o dar entrevistas, y un líder místico chavista que dice haber sido contactado por extraterrestres son los ingredientes de este enigma llamado ’La Voz de la Consciencia’.
Carlos Torres Valencia, quien escribe con el seudónimo de Sol Ra Ser, es un escritor colombo-venezolano que dice haber tenido contacto con seres de otro planeta y que predice, según su interpretación de las profecías bíblicas y mayas, que en los próximos años se establecerá un nuevo orden mundial dirigido por un líder colombiano. En los libros de Torres se idealizan las figuras de Sucre y Bolívar y la revolución bolivariana. La admiración del escritor por Hugo Chávez queda demostrada en un video grabado en una fecha indeterminada, en el que se observa a Torres haciéndole un homenaje al Presidente venezolano en el estado del Táchira, entregándole personalmente una espada "como símbolo de la Gran Colombia". La edición del video hace una comparación con una escena de la película ‘El Señor de los Anillos’.  Pero, ¿qué tiene que ver este personaje con el movimiento La Voz de la Consciencia que fue avalado ayer por la Regustraduría para participar con su candidato a la presidencia en la contienda electoral?
David Corredor, líder del Movimiento Socialista Bolivariano, MSB, en Colombia y quien suspendió su candidatura presidencial al no entregar las firmas que avalaran su aspiración, le dijo a Votebien que uno de las cabezas de La Voz de la Consciencia sería Torres Valencia. "En nuestro movimiento hemos hechos varias averiguaciones. Lo que tenemos entendido es que ellos tienen una línea de perfil bolivariano y que detrás del movimiento estaría el señor Torres", dijo Corredor.
El líder del MSB agregó que un militante de La Voz de la Consciencia le ha expresado su interés en que la dirigencia de los dos movimientos se reúna para hablar de sus objetivos comunes y poder definir una alianza. Sin embargo, Corredor asegura que no se ha concretado nada y que los dirigentes de La Voz de la Consciencia permanecen muy herméticos y reacios a cualquier diálogo. "Nadie sabe donde están los señores Torres y Devia. Para nosotros es incomprensible que ellos no se hagan públicos y sigan ocultos. Si ellos no expresan abiertamente, si no hablan, no se pueden llegar acuerdos" dijo la cabeza del MSB.
La versión de Corredor parece reforzarse con varias coincidencias encontradas por Votebien en los textos de Torres y los conceptos que maneja la campaña de La Voz de la Consciencia. Uno de los términos más usados por el movimiento es el de "matria" haciendo un juego de palabras entre mujer y patria. "LA MUJER FUERZA Y PODER DE MATRIA, siendo ella la mujer quien ha parido con amor y dolor cada ser nacido en esta tierra colombiana, esto le da el derecho legítimo de ser la dueña de este lugar que llamamos Patria, debiéndose llamar realmente Matria" dice en la página de la Voz de la Consciencia, al referirse al nacimiento del movimiento. Este mismo concepto se repite varias veces en ‘La Memoria RAM’, libro escrito por Torres: "La ConSciencia de la Matria o el conocer e identificar plenamente el origen de donde vino y se nos dio. ¿Por qué y para qué existimos dentro de ella? ¿Cuáles son nuestros propósitos como integrantes de ella?, para usar los objetivos de vida como ‘la Patria que es el hombre’". Además, Torres usa una ‘S’ mayúscula en el medio de la palabra ‘ConSciencia’, al igual el movimiento político en toda su publicidad.
En su página de Facebook, varios de los miembros de la Voz de la Consciencia han publicado videos de "El poder que mata la muerte, la última flor", una conferencia que ha dictado Torres en varias ciudades de Colombia y Venezuela. Además de la similitud en el lenguaje y el mensaje, en la edición del video se observan varias coincidencias con el video promocional de la Voz de la conSciencia, como una imagen de un corazón humano palpitando y un diamante que brilla, y que resulta ser parte del logo del movimiento.
Al ser contactados para confirmar las afirmaciones de Corredor, los voceros de La Voz de la Consciencia respondieron que solo hablarían sobre el tema, cuando su candidato presidencial, Robinson Devia se presente en público, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil le entregara el aval al movimiento. Aunque la Registraduría le dio el visto bueno a La Voz de la Consciencia el martes 12 de enero, la vocera del movimiento, Isabel Nieto, señaló que la rueda de prensa con Devia todavía no tenía una fecha definida.
Votebien intentó contactar a Torres en Venezuela pero fue imposible ubicarlo. El escritor no es un personaje reconocido entre los círculos políticos venezolanos y prácticamente un desconocido en los medios de comunicación. Al igual que Torres, el aspirante a la Presidencia de La Voz de la ConSciencia, es muy poco conocido. Solo se sabe que Devia fue gerente de una fundación llamada Siete Destellos del Arcoíris en Medellín, que capacitó en liderazgo empresarial a altos directivos de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana en 2005 y 2006. También se sabe que ha dado varias conferencias promocionando su movimiento este año en resguardos indígenas de Cauca y en la Universidad de Caldas.
Devia tendrá que aclarar todas las dudas que ha suscitado este movimiento, una vez se presente a la opinión pública. Los interrogantes no solo surgen sobre la plataforma política que está detrás de este grupo, sino la forma como realizó y financió el proceso de recolección de firmas respaldado por más de un millón de personas.

17 de enero de 2010
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por asesinato condenan a siete militares


Tras la controversia por la libertad de 29 uniformados involucrados en la muerte de once personas en Soacha, la justicia condenó a dos oficiales, un suboficial y cuatro soldados por el asesinato de cuatro civiles.
Colombia. Desde que el escándalo de los llamados falsos positivos estalló a finales de 2008 cuando se conoció la muerte de once jóvenes de Soacha a manos de un grupo de militares de la Brigada 30 en Norte de Santander, por todo el país comenzaron a aparecer casos similares en los que presuntamente militares, especialmente del Ejército, estaban comprometidos con la muerte de civiles que presentaban como ilegales muertos en combates.
Cuando el país y especialmente los familiares de las víctimas de Soacha esperaban a que la justicia hiciera lo suyo, se supo que, por vencimiento de términos, 29 de los investigados habían quedado libres. Lo peor es que la Defensoría advirtió que otros 18 militares investigados por el mismo caso podrían quedar libres por las mismas razones.
Aun así, varios fiscales y jueces han demostrado que sí se puede hacer justicia con los falsos positivos. Muestra de ello es la decisión que acaba de tomar un Juez Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, en La Guajira, al condenar a 24 años de cárcel a siete militares del Batallón Nariño de Barranquilla, a quienes la Fiscalía acusó por homicidio agravado, desaparición forzada y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos que investigó un fiscal especializado ocurrieron el 2 de abril de 2006 en el corregimiento Guamachal, donde aparecieron muertos en un supuesto combate Douglas Alberto Tavera Díaz, Dannis Díaz Sarmiento y otras dos personas que todavía no han podido ser identificadas.
Ellas desaparecieron el 28 de marzo del mismo año cuando se encontraban cerca del Cementerio Universal de Barranquilla, donde al parecer dos personas les ofrecieron trabajo en fincas algodoneras de Valledupar. Sin embargo, inexplicablemente, aparecieron muertos cinco días después.
Los militares afectados con la medida son los subtenientes del Ejército Yamit Díaz Tovar y Wilmer Acosta Vela; el suboficial Orley Gutiérrez Cabrera; y los soldados profesionales Wilmer Rafael Ramos Cantillo, Jonathan Martínez Ospino, Pedro Manuel Contreras Ricardo y Gilberto Carlos Rosado Rosado. En principio, todos fueron condenados a 40 años de prisión, pero que por haberse acogido a sentencia anticipada, obtuvieron rebaja de pena.
Al referirse a la polémica excarcelación de los 29 militares, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, comentó que "queremos es que se haga justicia, queremos que este juicio sea justo y rápido para que el mundo sepa si estos soldados son inocentes o culpables".

17 de enero de 2010
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siguen soltando a criminales


Ya son 29 militares libres los que están involucrados en falsos positivos. En menos de una semana, la justicia dejó en libertad a varios uniformados involucrados en la muerte de once jóvenes de Soacha que terminaron, inexplicablemente, en una lista de muertos en combate en Ocaña. Hoy quedaron libres cinco más.
Colombia. Un juez ordenó la libertad este miércoles de otros cinco soldados investigados por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, aunque decidió mantener la detención de un coronel y un soldado porque tenían pendientes investigaciones por otro caso de desaparición y asesinato.
El fallo del juez penal Fernando Sarmiento elevó a 29 el número de militares liberados en el escándalo surgido en 2008 por la desaparición de 11 hombres de Soacha, y cuyos cadáveres aparecieron días después en una zona rural de Ocaña, en Norte de Santander, reportados por los uniformados como guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes muertos en combates.
Con esta decisión, que tiene preocupados a los familiares de las víctimas y organismos no gubernamentales e internacionales, las autoridades explicaron que los procesos contra los militares excarcelados no fueron anulados y podrían volver a ser detenidos.
Sarmiento informó que el coronel (r) Gabriel Rincón Amado y el soldado Medardo Ríos, deben permanecer en prisión por cuanto la Fiscalía General les requería por otro caso de ejecución extrajudicial aparte de las dos víctimas de Soacha que se les imputaban.
Hace apenas una semana también habían quedado en libertad, por vencimiento de términos, 17 militares involucrados en el mismo caso, hecho que se repitió este martes cuando otros cinco uniformados quedaron en libertad.
Por el caso aún quedan 25 militares vinculados a la investigación y en prisión, entre ellos algunos oficiales con rangos de coronel y mayor.
En octubre de 2008, el presidente Alvaro Uribe destituyó a 27 militares (entre ellos a tres generales de la República) por su presunta responsabilidad en las ejecuciones de Soacha.

17 de enero de 2010
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se venden testigos falsos


SEMANA revela unas grabaciones que muestran cómo ’Pedro Orejas’, un importante esmeraldero acusado de homicidio, pagó a jueces y fiscales para salir de la cárcel.
Colombia. El pasado 31 de diciembre en Maripí, Boyacá, hubo una fiesta que duró tres días a la cual asistieron algunos por voluntad propia y otros obligados, y la mayoría de los habitantes y autoridades de ese municipio esmeraldífero. El motivo no era sólo la celebración del fin del año. El festejo, con música y trago de sobra, tenía que ver en realidad con la fiesta que armó Pedro Nel Rincón, junto con sus amigos y familiares, para celebrar que el día anterior una juez había dejado en libertad a Rincón, tras permanecer nueve meses en prisión. El polémico empresario, acusado de homicidio y concierto para delinquir, entre otras cosas, regresó a la calle porque la juez determinó que se habían vencido los términos para llevarlo a juicio.
Por esos mismos días varios militares implicados en el caso de los falsos positivos y seis guerrilleros que habían sido capturados en una operación del Ejército a comienzos de 2008 también recobraron la libertad por vencimiento de términos. Estos hechos desataron una polémica en la que intervino desde el presidente, Álvaro Uribe, pasando por el Procurador y el Fiscal General, quienes pidieron revisar el caso y cuestionaron cómo se está aplicando el nuevo sistema penal acusatorio.
Lo que desconocían los altos funcionarios es que, al menos en el caso de Pedro Rincón, su liberación no fue producto de la ineficiencia o de errores de la justicia al aplicar las nuevas normas. El que Rincón esté en la calle es el resultado de una compleja y vergonzosa red de corrupción de la cual hacen parte fiscales y jueces, entre otros. SEMANA tuvo acceso a varias horas de grabaciones en poder de las autoridades en las que queda en evidencia que prácticamente desde el momento de su arresto, fiscales, jueces y abogados se pusieron al servicio de los intereses de Rincón para conseguir, como efectivamente pasó, que el esmeraldero quedara libre.

Guerra Verde
El caso de Rincón es especialmente grave. Si bien para la mayoría de los colombianos este hombre es un desconocido, en Boyacá, y especialmente en la zona de explotación de esmeraldas, su nombre es bastante popular. Conocido con el alias de ’Pedro Orejas’, Rincón hace parte de uno de los clanes familiares más antiguos en el negocio de las esmeraldas.
En los años 80, cuando se desató la llamada ’guerra verde’ entre facciones de esmeralderos y la cual dejó más de 5.000 muertos en menos de una década, Rincón fue uno de los que sobrevivieron a la confrontación, y salió fortalecido. Su poder aumentó rápidamente en la región y comenzó a llamar la atención de las autoridades. El nombre de Rincón empezó a aparecer en los informes de inteligencia de diversas agencias del Estado. En algunos lo relacionaban con su participación en la llegada de grupos paramilitares a la zona y con posibles negocios de narcotráfico.
Esto en gran medida por la relación que Rincón tuvo con el controvertido esmeraldero Yesid Nieto, quien apareció en la zona esmeraldífera de la noche a la mañana como "el nuevo zar de las esmeraldas". El interés de las autoridades sobre Rincón aumentó tras el asesinato de Nieto en 2008 en Guatemala, donde se ocultaba, todavía convaleciente, luego de que había logrado sobrevivir a un escuadrón criminal que irrumpió en su edificio residencial en Bogotá.
Aunque las autoridades habían iniciado varias investigaciones con el fin de atrapar a Rincón, nunca pudieron consolidar pruebas que les permitieran llevarlo a juicio. Pero eso cambió en los primeros meses del año pasado.

Crimen a Pleno Sol
El primero de mayo de 2008 Rincón llegó con su caravana de escoltas al municipio de Pauna, Boyacá, buscando a Maximiliano Cañón, un ex socio y ex cuñado. No lo encontró a él, pero sí a un escolta de este llamado Miguel Antonio Pinilla. Sin mediar palabra sacó una pistola, le apuntó y llamó a Cañón desde el celular de Pinilla. Le dijo que se presentara o que iría a buscarlo. Ante la negativa de su interlocutor, Rincón simplemente le disparó dos veces en la cara a Pinilla, quien cayó al suelo, y allí le propinó 12 tiros más.
El crimen ocurrió a plena luz del día en la mitad de la calle y ante unos 30 testigos que observaron el crimen y vieron cómo Rincón abordó uno de sus vehículos y se fue como si nada. A las autoridades que llevaban años tratando infructuosamente de estructurar un caso sólido de alguna de las muchas denuncias que había contra Rincón, ese homicidio a sangre fría les cayó como anillo al dedo. "Nunca pudimos judicializar ninguno de todos los casos que investigamos. Pero ese homicidio fue ’una suerte’ porque si bien no habíamos podido mandarlo a la cárcel por otros delitos, ese homicidio sí nos permitiría sacarlo de las calles por lo evidente del crimen", explicó a SEMANA uno de los investigadores del caso. Allí comenzó una cadena de irregularidades de la justicia.
Aunque más de dos docenas de testigos vieron el crimen, ninguno declaró ante la fiscalía local. El mismo día del asesinato, un hombre -empleado de Rincón- se presentó a las autoridades y confesó ante el fiscal local que él era el responsable del homicidio. "No podíamos creer lo que estaba pasando. Todo el pueblo lo vio cometer el homicidio, pero el fiscal local aceptó que se inculpara un trabajador de Rincón a quien él le pagó para echarse la culpa. Sabíamos que Rincón tenía influencia sobre todas las autoridades de la zona, pero no pensamos que llegaran a tal extremo de descaro ante un homicidio tan evidente", contó uno de los investigadores del caso.
Decididos a no dejar en la impunidad el asesinato, los investigadores hablaron incluso con el entonces fiscal general Mario Iguarán, y le explicaron lo que estaba ocurriendo. Lograron que fuera trasladado desde Boyacá a un despacho en el búnker en la capital. En marzo del año pasado, 10 meses después del crimen, un fiscal de Bogotá corrigió el rumbo del caso y ordenó el arresto de Rincón como autor del homicidio. Los investigadores pensaron que finalmente se iba a hacer justicia. Pero una vez más se equivocaron.
Algunos de los testigos claves fueron asesinados o desaparecieron. Otros, sencillamente, fueron sobornados por Rincón y sus lugartenientes para que no declararan o se retractaran. Desde la cárcel La Picota, el esmeraldero daba órdenes y recibía información sobre cómo iban "arreglando" testigos. Esa era tan sólo parte de su estrategia para quedar en libertad. Lo otro que hizo fue lograr, por medio de sus lugartenientes y abogados, que el proceso regresara nuevamente a una fiscalía y a los juzgados de Boyacá. De manera extraña el caso pasó de una fiscalía a otra en Bogotá hasta que consiguieron que el caso fuera remitido desde el búnker a la fiscalía en Chiquinquira, Boyacá. "Cuando el caso volvió a Boyacá era evidente que todo estaba perdido, ya que él maneja la justicia allá", explicó a SEMANA un investigador.
Como parte de las labores que se habían iniciado desde Bogotá para atrapar a Rincón, la Dijín y la Fiscalía habían interceptado decenas de líneas telefónicas. Las conversaciones recopiladas son contundentes y dejan en evidencia cómo los fiscales y jueces recibieron sobornos para aceptar testigos falsos y dilatar el proceso hasta conseguir el vencimiento de los términos, como ocurrió (ver recuadros).
El esmeraldero consiguió lo que buscaba. Pero tal vez lo más sorprendente es ver cómo se compró descaradamente la justicia, sin que hasta ahora nadie de explicaciones.

17 de enero de 2010
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indignación por inoperancia de la justicia


Por vencimiento de términos son dejados en libertad 17 militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha. Diferentes voces expresaron su molestia por la falta de rapidez de la justicia en el caso de los militares involucrados en los ’falsos positivos’ de Soacha, quienes quedaron libres por vencimiento de términos.
Colombia. En los últimos días el país ha sido testigo de la paquidermia de la Justicia. Por vencimiento de los términos quedaron en libertad 17 militares implicados en el grave episodio conocido como ’los falsos positivos’ de Soacha, término acuñado para nombrar a las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes que fueron engañados y posteriormente asesinados y presentados como muertos en combate.
Es un mal presagio que comenzando el año se hayan presentado varios casos como este. Siete presuntos guerrilleros, capturados en un campamento de las Farc, también quedaron en libertad por la misma razón. El 30 de diciembre también quedó en libertad el mayor Henry Mauricio Blanco por el vencimiento de términos en el mismo caso.
En diálogo con RCN Radio, el personero de Soacha, Fernado Escobar, afirmó que desde hace dos meses advirtió a la Fiscalía de el posible vencimiento de los términos a los militares involucrados. Aseguró que además podrían quedar libres otros 25 militares, de los 47 que se encuentran detenidos por las ejecuciones de los jóvenes de Soacha, ante la solicitud que ha hecho la defensa. 
Felipe Zuleta Lleras, columnista  y candidato por el Partido Liberal al Senado de la República, insitió en que los casos de falsos positivos no son hechos aislados: "1766 casos y 33 brigadas del ejército implicadas en estos casos obedecen a una política criminal del Estado", enfatizó en una entrevista concedida a RCN Radio.
Por esta razón, asegura el candidato, deberá crearse desde el Senado un tribunal especial que juzgue casos de crímenes de lesa humanidad, para impedir que queden en la impunidad.
En La F.M, el Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, explicó que el vencimiento de términos para el caso de Soacha no fue responsabilidad de la Fiscalía.
Reconoció que es lamentable para la justicia penal que se registren estos hechos y que por lo tanto se deberá establecer por qué se cumplió el plazo y no se llevó a cabo el juicio oral del caso y salieron libres los procesados.
Aseguró que se debe revisar por qué el Consejo Superior de la Judicatura se demoró en revisar el caso, para establecer cuáles fueron las causas y no lanzar un juicio anticipado sobre este punto del proceso.
En La W Radio la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, salió en defensa del la Justicia. Afirmó que la investigación por el caso de los falsos positivos de Soacha continuará, a pesar de que los sindicados hayan quedado en libertad, y que el hecho no debe ser interpretado como inoperancia de la justicia.
López, no obstante, expresó su preocupación por el tema de vencimiento de términos lo cual calificó como algo  "delicado y desafortunado".
El Ministerio de Defensa expidió un comunicado en el que insiste en la necesidad de esclarecer los hechos y castigar a los culpables para mantener la credibilidad en las autoridades y las instituciones, y evitar que delitos tan graves como este queden en la impunidad.

13 de enero de 2010
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