Blogia
mQh

colombia

buscan a paramilitar prófugo


Fiscalía busca a ’Jhon Santamaría’ prófugo del Bloque Suroeste. Este empresario antioqueño había pasado desapercibido para la justicia colombiana, pero las confesiones de alias ’HH’ y las investigaciones de la Fiscalía lo señalan como un presunto jefe paramilitar de confianza de la llamada Casa Castaño.
Colombia. Una fiscal especializada de Medellín lleva varios meses siguiéndole la pista a Héctor Javier Restrepo Santamaría, un productor antioqueño de carbón y presunto narcotraficante, quien comandó durante los años 2003 y 2004 el llamado Frente Titiribí, uno de los grupos paramilitares más desconocidos del país y que operó en varios municipios del Suroeste antioqueño, hasta que fue disuelto por orden de Vicente Castaño Gil.
Este empresario, conocido en las Auc con los alias de ‘John Santamaría’ o ‘Perra loca’, se desmovilizó con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) el 25 de noviembre de 2004 como un combatiente más de esa facción paramilitar.
Pero lo que se ha conocido con las investigaciones que adelantan tanto fiscales especializados como de la Unidad de Justicia y Paz es que varios paramilitares han revelado que tuvo rango de comandante en un grupo paramilitar que operó en los municipios de Caldas, Angelópolis, Titiribí y Amagá, suroeste antioqueño.
En esta subregión del departamento, ese grupo ilegal estuvo ligado directamente a la Casa Castaño y tenía bajo su cuidado decenas de predios rurales de propiedad de empresarios, políticos, narcotraficantes y paramilitares antioqueños.
Investigadores judiciales han establecido que Restrepo Santamaría sucedió en el manejo de ese frente, en el 2003, a Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, un paramilitar capturado el 19 de marzo del año pasado en un centro comercial de Bogotá por orden de una fiscal especializada de Medellín, sindicado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, y quien fuera el encargado de organizar tres reuniones realizadas en la Casa de Nariño el 28 febrero, 31 de marzo y 23 abril de 2008 entre Antonio López, alias ‘Job’, y Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, con voceros del Gobierno nacional.
Las pistas que hoy se le siguen a Restrepo Santamaría surgieron a raíz de las confesiones que hizo ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el ex jefe paramilitar Ever Velosa, alias ‘HH’, en varias audiencias de versión libre realizadas entre el 2007 y 2008 en Medellín. Esas referencias sirvieron como base para dictarle, en octubre pasado, orden de captura por concierto para delinquir. Actualmente se le procesa como persona ausente.
Alias ‘HH’ se refirió a este empresario por primera vez en una audiencia de versión libre realizada el 30 de octubre de 2007. En ella explicó que una tropa desmovilizada con el Bloque Bananero en noviembre de 2004 delinquía en los municipios de Titiribí, Angelópolis y Amagá. "Ellos recibían órdenes directas del señor Vicente Castaño(Sic) y fueron trasladadas de este sector en coordinación con el Alto Comisionado (Luis Carlos Restrepo N. de la R) para la zona de Urabá con el fin de desmovilizarse con el Bananero", declaró el ex jefe paramilitar.
Según explicó ‘HH’, Vicente Castaño permanecía en ese sector y mantenía el mando directo, aspecto que ha sido corroborado por los investigadores de la Fiscalía, quienes han escuchado relatos que dicen que frecuentemente visitaba esa subregión de Antioquia sin escoltas, lo que evidenciaba el alto nivel de seguridad y confianza que tenía en la zona.
Al referirse a Restrepo Santamaría, ‘HH’ dijo que "era una persona que hacía las veces de político y relacionista"; además que era una persona "muy conocida"; y que entre los paramilitares era identificado como ‘John Santamaría’.
Velosa García en una diligencia de versión libre realizada el 26 de noviembre de 2007 hizo reconocimiento fotográfico del empresario antioqueño y precisó que "era del grupo del Suroeste, uno de los encargados, algo así como el comandante financiero o el político".
Pero no era la primera vez que lo vinculaban con este tipo de estructuras armadas ilegales. A mediados de 1995, Restrepo Santamaría fue relacionado con grupos paramilitares e identificado con el alias de ‘Perra loca’. Su nombre fue pronunciado varias veces por distintas personas que rindieron su testimonio en el proceso por desaparición forzada de los estudiantes de la Universidad de Antioquia Jorge Iván Alarcón y Edgar Monsalve, quienes fueron retenidos el 5 de mayo de 1995  por agentes de la Policía Nacional en zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado, jurisdicción de Medellín, y entregados a un grupo paramilitar del Suroeste antioqueño que los asesinó y, posteriormente, los desapareció.
Durante la investigación, varios habitantes de esa subregión identificaron a algunos integrantes del grupo paramilitar que venía haciendo asesinando a supuestos viciosos y ladrones entre los municipios de Amagá, Armenia, Concordia, Titiribí y Venecia. Entre ellos fue señalado Restrepo Santamaría, quien poseía para la época la finca La Isabela, ubicada en Titiribí, y sobre la cual se dijo que era una base de ese grupo armado ilegal. No obstante, en esa ocasión, el proceso no logró demostrar nada en su contra.
Ha llamado la atención de las autoridades judiciales que Restrepo Santamaría tenía un contrato de concesión con la Gobernación de Antioquia para la explotación de minas de carbón en el municipio de Angelópolis. El contrato L 685 fue firmado el 14 de marzo de 2007 y tenía una duración de 29 años, y fue confirmado en el Registro Minero Nacional el 9 de mayo de ese mismo año. "No se sabe aún en qué circunstancias fue hecho ese contrato", dijo un funcionario de la Fiscalía, "pero el asunto será materia de investigación".
Investigadores de la Fiscalía consultados por VerdadAbierta.com sostienen que Restrepo Santamaría continuó con actividades de narcotráfico, pues una vez conoció que se gestaba un proceso de extradición en su contra decidió presentarse a las autoridades norteamericanas para aclarar su situación. "Tampoco sabemos cuándo y cómo salió del país", indicó la fuente, aclarando que lo poco que se sabe al respecto es que al parecer llegó a algún tipo de acuerdo con la justicia de ese país y ahora vive en Miami.
El proceso contra Restrepo Santamaría ha revelado una gran complejidad en materia de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del frente que comandó. Por orden de Vicente Castaño, este grupo fue disuelto a finales del año 2004 y sus integrantes, de los cuales no hay un número preciso, fueron trasladados a varios bloques de las Auc para que se desmovilizaran.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) registró en su tercer informe trimestral, presentado el 31 de enero de 2005, que "fueron 50 hombres, venidos del Suroeste antioqueño, comandados por John Santamaría", los desmovilizados durante la ceremonia de dejación de armas del bloque Bananero. No obstante, se estima que el número es mayor, pero nadie sabe nada de ellos.
El problema es que la Unidad de Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín tiene registradas por lo menos 3.000 víctimas de ese frente, sobre las cuales hay bastante preocupación, pues de acuerdo con fuentes judiciales, hasta el momento no hay quién responda por ellas.
"Otro de los problemas es que varios de quienes fueron comandantes militares han sido asesinados en los últimos años", explicó un fiscal cercano al proceso, lo que impide conocer a fondo este frente, "que debe diferenciarse del Frente Suroeste, pues no es el mismo".
En efecto, el Frente Suroeste de las Auc fue una facción paramilitar al mando de Jesús Aldides Durango, alias ‘René’, que delinquió en buena parte de esa subregión del departamento, pero sin injerencia en las localidades de Amagá, Titiribí, Angelópolis y Caldas. Este grupo hizo dejación de armas el 30 de enero de 2005.
Fuentes judiciales consultadas en Medellín han expresado sus preocupaciones acerca de la poca eficacia para investigar lo que se ha llamado el Frente Titiribí, pues carece de un fiscal dedicado a él exclusivamente. "Hay fiscales para todos los frentes, menos para ese, que está adscrito a un fiscal de la ciudad de Montería que tiene a su cargo la llamada Casa Castaño, pero las investigaciones no avanzan. Al parecer le sacan el cuerpo. No sé si por miedo o por algún tipo de compromiso", se atrevió a señalar el funcionario, quien solicitó no ser identificado.
Se espera entonces que las investigaciones que adelanta la Fiscalía Especializada de Medellín y las decisiones ya tomadas surtan sus efectos y logren que Restrepo Santamaría comparezca ante las autoridades competentes y aclaré si en verdad tuvo un papel destacado en la facción de as Auc que delinquió en los municipios de Angelópolis, Amagá, Titiribí y Caldas, y quién o quiénes lo acompañaron en esa empresa criminal.

12 de enero de 2010
©verdad abierta 
rss

el pacto de barranco de loba


Alfonso López Cossio y el pacto de ’Barranco de Loba’. Un fiscal antiterrorismo ordenó la detención domiciliaria al ex candidato a la gobernación de Bolívar, Alfonso López Cossio por el llamado pacto de Barranco de Loba en el que presuntamente se decidió el apoyo de los paras a su candidatura en 2003.
Colombia. A López Cossio lo investigan por el presunto delito de concierto para delinquir con paramilitares por supuestamente haber pactado en el 2003 con las Auc para que apoyaran su candidatura a la gobernación a cambio de contratos si llegaba a ser elegido. La investigación se originó de una declaración de Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, ex jefe político del Bloque Central Bolívar, quien lo acusa de haber participado en una reunión en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, en agosto de 2003.
En declaraciones al diario El Universal de Cartagena, el ex congresista insistió en su inocencia y pidio someterse a una prueba polígrafo para aclarar a la Fiscalía General de La Nación que nunca ha tenido nexos con paramilitares durante su vida política.
En el 2003 dos dirigentes liberales, Libardo Simancas Torres y Alfonso López Cossio, se disputaban la gobernación de Bolívar en medio del conflicto armado y el control delincuencial de grandes zonas urbanas y rurales por parte de las autodefensas y los grupos guerrilleros del Eln y las Farc. Tanto Simancas como López, tenían una larga trayectoria, el primero como ex diputado y ex secretario de despacho departamental y López como congresista durante más de cuatro periodos militando en el grupo del ex senador Juan José García Romero y de su esposa, la actual senadora Piedad Zuccardi de García.Un tercer candidato, Luis Gutiérrez Gómez, ex senador conservador, también aspiraba al cargo.
La campaña se desarrolló en medio de rumores y afirmaciones de que los grupos paramilitares estaban interviniendo abiertamente en las elecciones y el entonces gobernador Luis Daniel Vargas Sánchez, llegó a proponer la suspensión de las elecciones. El entonces gobernador Vargas Sánchez también se trenzó en una discusión pública con la senadora Piedad Zuccardi, porque ésta le pedía que no interviniera a favor de Libardo Simancas, quien se desempeñaba como secretario del Interior del departamento y quien se retiró de su cargo para aspirar, lo cual lo encasillaba como el presunto candidato que contaba con el apoyo de la administración. Vargas Sánchez rechazó las acusaciones de ‘clientelista’ que le lanzó la senadora, recordándole la tradición del grupo que ella representa.
La elección se desarrolló en éste ambiente de mutuas descalificaciones entre dos grupos liberales tradicionales que se tildaban de clientelismo. Lo nuevo en la elección era la presunta intervención de grupos paramilitares.
En Bolívar delinquían dos grupos, al norte el Bloque Héroes de los Montes de María, cuyo comandante era Eduard Cobo Tellez, conocido con el alias de ‘Diego Vecino’ y como jefes militares Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’ y Uber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’. Este grupo controlaba del centro del departamento, desde el puerto fluvial de Magangué a orillas del Río Magdalena, y las capitales de Sucre y Bolívar, Sincelejo y Cartagena, incluidos los municipios de los Montes de María.
El otro grupo paramilitar con presencia en el departamento era el Bloque Central Bolívar, cuyo jefe principal era alias ‘Macaco’, y como jefes visibles en lo político y lo militar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez y Julián Bolívar. Este bloque surgió a raíz de la venta de ‘franquicias’ de frentes y bloques que Carlos Castaño hizo a comienzos de la década del 2000 a varios narcotraficantes, como alias ‘Macaco’. Este grupo, que llegó a ser el más grande en hombres armados y presencia en la costa, los llanos y el sur del país, controlaba todo el sur del departamento de Bolívar, una zona donde se cultiva coca y en la que existen carteles que hurtan gasolina, estratégica por la débil presencia institucional y en la que durante décadas tuvo un fuerte control del Ejército de Liberación Nacional.
Libardo Simancas Torres es un político oriundo de Arjona, norte de Bolívar, municipio a 20 minutos de Cartagena, y López Cossio es de Achí, sur de Bolívar, a orillas del río Cauca, a siete horas de transporte por carreteras y ríos. Es decir, además de que cada candidato representaba una vertiente liberal, también representaban diferentes regiones del departamento.

El Pacto de ‘Barranco de Loba’
Durante días, a mediados de agosto, circuló una versión según la cual el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar había convocado a una reunión en el municipio de Barranco de Loba, ubicado en la depresión momposina a orillas del río Magdalena. La reunión fue convocada por el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’  a la que asistieron ex alcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldes, ex concejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al espeje y Asocipaz. También se asegura que estuvieron presentes senadores, ex senadores y otros políticos de relevancia en Bolívar.
A esa reunión asistieron 800 personas, incluso algunos líderes sostuvieron que para atender a tal cantidad de personas los anfitriones sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca, que pasaron con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.
El propósito de dicha reunión era notificar a los asistentes que los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Se acordó que entre los asistentes debían elegir a los candidatos, y los que fueran descalificados debían renunciar a sus aspiraciones. Quien desatendiera esta directriz se exponía a una ‘sanción’.
Para lograrlo, se estableció un comité que debía entrevistar por separado a los candidatos y al final realizar un informe con la sugerencia de quién debía ser el candidato.
De acuerdo con la versión de alias ‘Ernesto Báez’, el comité decidió apoyar, después de analizar todos los nombres, a Alfonso López Cossio, ex representante liberal a la Cámara por el grupo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. Se dijo que inicialmente, habían escogido, presuntamente al ex gobernador Libardo Simancas, pero cambiaron y se inclinaron por López Cossio, porque el escogido tenía que pagar un aporte económico al grupo paramilitar.
Posteriormente y a instancias, presuntamente, de Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’ o ‘El Mono’, se realizó ‘El Pacto de Ralito’, en donde por influencia al parecer de la empresaria del chance Enilse López Romero, conocida con el mote de ‘La gata’, se decidió apoyar la elección de Libardo Simancas Torres.
Estos cambios de candidatos, serían los que en su momento podrían explicar el por qué el gobernador de entonces Luis Daniel Vargas y la senadora Piedad Zuccardi se trenzaron en la discusión sobre quién era más clientelista y la necesidad de aplazar o no realizar las elecciones por la presunta influencia paramilitar. 
En esos días una publicación de página entera en el diario cartagenero El Universal, en la que aspirantes a las distintas corporaciones públicas y alcaldías de todo el departamento, manifestaban, según ese aviso, su apoyo al señor Alfonso López Cossio. Al mes siguiente, Mancuso presuntamente presionó para que los líderes de Bolívar, y que asistieron a la reunión de Barranco de Loba, cambiaran de parecer y votaran por Libardo Simancas. Esta versión ha sido confirmada por varios desmovilizado.
Finalmente, en su versión del 28 de junio, el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias Juancho Dique, dijo que en el norte de Bolívar, no se movía una hoja sin autorización del Bloque Héroes de los Montes de María. También dijo que llegaron a la zona en el año 2001 y en el año 2003, cuando ya tenían el control de toda la región, incluida Cartagena, los dieciocho alcaldes de los Montes de María y  del Canal del Dique fueron elegidos gracias al apoyo que le brindó el grupo de las autodefensas del cual él era el jefe militar.

12 de enero de 2010
©verdad abierta
rss

desmovilizados siguen delinquiendo


Doce por ciento de las Bacrim son desmovilizados: Policía Nacional. Estas cifras refuerzan las denuncias de varias ONG sobre el reagrupamiento de desmovilizados en bandas criminales que trafican con droga en 18 departamentos de Colombia.
Colombia. Según las autoridades, en el país existen seis grupos de bandas criminales.La Policía Nacional reveló este viernes que en el país operan al menos seis distintas organizaciones criminales con unos tres mil 700 hombres armados, algunos de ellos ex paramilitares.
El inspector general de la policía, general José Roberto León, afirmó en rueda de prensa que a pesar del combate oficial para acabar con esos grupos, dedicados en su mayoría al narcotráfico, el número de miembros de esas bandas subió de dos mil, en enero de 2009, a unos tres mil 700 al concluir el año.
El general León estimó que entre el doce y el trece por ciento de los miembros de estas bandas pertenecieron a grupos paramilitares que negociaron su desmovilización con el gobierno en el 2003. El cálculo se basa en las detenciones que ha realizado la policía en el último año.
La explicación oficial sobre el crecimiento de estas bandas indica que se debe a la reestructuración, fusión y nuevos reclutamientos de las 16 distintas organizaciones criminales, que pasaron a convertirse en seis a principios de 2010; y que ahora operan en al menos 18 de los 32 departamentos de Colombia.
Las seis bandas identificadas son Urabá, Los Paisas, Los Rastrojos, Los Machos, Renacer y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombia, puntualizó el jefe policial.
El gobierno asegura que al menos treinta mil paramilitares se desmovilizaron en todo el país tras la negociación oficial. Autoridades y activistas de derechos humanos han advertido recientemente sobre cómo estos desmovilizados han retomado las armas y formado nuevos grupos dedicados al tráfico de drogas, entre otros delitos.

12 de enero de 2010
©verdad abierta
rss

eua condiciona ayuda a colombia


EUA pone nuevas condiciones para ayudar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Entre las exigencias, que deberá certificar el Departamento de Estado, está "respetar" a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y políticos de la oposición.
[Sergio Gómez Maseri] Washington, Estados Unidos. Una vez se cumpla, se podrán girar los fondos que anualmente le entrega a Colombia. Así lo estableció el Congreso al aprobar el paquete de ayudas a finales del año pasado.
Esta nueva medida fue incluida por el Congreso cuando aprobó a finales del año pasado la ley de presupuesto para las operaciones en el extranjero año 2010 y en la que a Colombia le corresponden unos 530 millones de dólares.
Como todos años desde que inició el Plan Colombia, en el año 2000, el Congreso incluyó su "paquete de condiciones" en el que pide al Departamento de estado certificar, antes de entregar un porcentaje de los fondos (30 por ciento), que el país está cumpliendo en ciertos frentes, como destituir y enjuiciar en cortes civiles a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, implicados en ejecuciones extrajudiciales o por vínculos con el paramilitarismo.
Pero ahora, además, deberá verificar que no se han presentado abusos contra los derechos de los grupos de personas mencionadas.
"La nueva condición es extraordinaria por que por primera vez vincula asistencia estadounidense a Colombia a la protección de los activistas de derechos humanos. El Congreso ha mandado un mensaje claro... que deben hacer más para proteger sus derechos y respetar la legitimidad de la promoción de los derechos humanos en Colombia..", dijo a este corresponsal Andrew Hudson de Human Rights First, Ong que lleva varios años insistiendo en este cambio.

12 de enero de 2010
©el tiempo 
rss

asesinato de candidatos fue obra del das


La Procuraduría está llegando a la grave conclusión de que la agencia de inteligencia estatal jugó un oscuro papel en los asesinatos de tres candidatos presidenciales.
Colombia. Nuevamente, la Procuraduría decidió desempolvar un expediente clave para esclarecer un capítulo no resuelto de la historia reciente del país: el del asesinato en 1990 del candidato a la presidencia Carlos Pizarro Leongómez. Y así como en el magnicidio de Luis Carlos Galán hay un gran interrogante sobre la acción del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Procuraduría encontró que dos importantes funcionarios de ese organismo desempeñaron un papel importante en la muerte de Pizarro.
Como el país recuerda, en 1990 tras firmar los acuerdos de paz, el ex comandante del M-19 aspiraba a la presidencia y fue acribillado a sangre fría en un avión en pleno vuelo. Luego de meses de investigación, la Procuraduría está convencida de que el ex director de inteligencia del DAS Alberto Romero Otero y el detective Jaime Ernesto Gómez tienen responsabilidad en el asesinato. 
El crimen ocurrió el 26 de abril de 1990. Ese día, a las 9 de la mañana, Pizarro llegó al aeropuerto El Dorado para tomar un avión que lo llevaría a Barranquilla, donde iniciaría una correría por toda la Costa en desarrollo de su campaña. Para ese momento, el candidato de la Alianza Democrática M-19 era uno de los hombres más custodiados del país. Y las medidas de seguridad para el viaje se extremaron luego de que en la sede de la campaña se recibió una llamada anónima que alertó sobre un plan de atentado.
El esquema de seguridad cambió la hora de la reserva y organizó todo para que Pizarro abordara el vuelo sin que se expusiera a las filas de trámite en el aeropuerto. Algunos miembros del cuerpo de escoltas, conformado por 14 hombres, cuatro del M-19 y el resto del DAS, inspeccionaron minuciosamente el avión apenas minutos antes de que fuera ocupado por los viajeros. Una vez estos abordaron y se ubicaron en sus sillas, el candidato y algunos de sus guardaespaldas ingresaron a la nave por la escalerilla trasera.
A los ocho minutos de vuelo el aparato alcanzó los 15.000 pies de altura y el capitán apagó la luz que ordena mantener ajustados los cinturones de seguridad. En ese momento un hombre joven que viajaba en los puestos de adelante se levantó de su silla y se dirigió al baño posterior, a tres metros de la silla que ocupaba Pizarro. Se trataba de Gerardo Gutiérrez Uribe.
El hombre entró al baño. A los dos minutos salió, dio un paso y accionó el gatillo de una subametralladora mini Ingram por la espalda de Pizarro. En apenas unos segundos el arma vació el proveedor de 15 proyectiles calibre 9 milímetros corto: 13 tiros impactaron en la cabeza, cuello y manos del político. Los guardaespaldas reaccionaron y abatieron al agresor. De milagro ningún disparo atravesó la estructura del avión, que habría podido sufrir una despresurización e incluso haber estallado en el aire.
Los colombianos quedaron conmocionados con la noticia. Al día siguiente las directivas del DAS señalaron a Pablo Escobar como el responsable del crimen. Este desmintió la acusación a través de un comunicado desde la clandestinidad. De cualquier forma, y sin que mediara ninguna duda, hacia él se enfocaron todas las investigaciones. Pero la justicia nunca llegó a nada concreto. Alias el ’Zarco’, responsable de conformar y dirigir bandas de sicarios al servicio del capo, fue judicializado pero más adelante resultó absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. A 20 años del asesinato de Pizarro el único condenado es el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño, y ello debido a que en su libro ‘Mi confesión’, él mismo reveló su participación.
Ese expediente, de dos décadas de impunidad y con mucha manipulación de la justicia, fue el que empezó a revisar la Procuraduría hace seis meses. Para ello se designó un procurador que, luego de estudiar los miles de folios adormecidos del proceso, practicó cerca de 50 nuevas pruebas. Decenas de testigos y funcionarios de la época y hasta criminales encarcelados fueron entrevistados. La Procuraduría también realizó inspecciones y ubicó importantes documentos, todo esto en conjunto con la Fiscalía. Al cruzar esos registros con los nuevos testimonios, dos funcionarios del DAS de la época aparecen como importantes sospechosos que nunca fueron investigados.
Para la Procuraduría, el talón de Aquiles de Pizarro fue el esquema de seguridad del DAS que lo escoltaba. La actuación del detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz al momento del crimen es la que más inquietudes suscita. Gómez fue enviado al grupo de escoltas de Pizarro poco antes del asesinato, y sin pertenecer al primer anillo de seguridad se le permitió viajar en el avión con el candidato, algo muy inusual. Nadie se explica tampoco cómo hizo el detective Gómez para abordar un arma cargada cuando todos los demás escoltas estaban obligados a llevarlas por equipaje (o sin balas). Y lo más sorprendente de su actuación en el avión es que luego de que los demás escoltas habían logrado desarmar al sicario y reducirlo a la fuerza, el detective Gómez, según lo narran los testigos, lo asesinó a mansalva.
Para la Procuraduría, las sospechas respecto al ex director de inteligencia del DAS Alberto Romero no son menos delicadas. Los testimonios recolectados en los últimos meses por ese organismo de control advierten que sostuvo una estrecha relación con el jefe paramilitar Carlos Castaño.
El Ministerio Público tiene documentado con datos concretos de tiempo, modo y lugar, varios de los encuentros que se habrían dado entre Romero y Castaño. Los testigos afirmaron que esa relación incluyó compromisos específicos y una mutua colaboración de la que participó directamente el jefe de inteligencia. El propio Castaño habló de esa relación con la cúpula del DAS en su libro. Castaño dedicó un capítulo para contar de esos vínculos secretos y narró incluso que alguna vez visitó a Romero en su oficina en la sede principal del organismo en Bogotá.
El ex director Romero -hoy con 73 años- niega haber conocido personalmente a Castaño. Explica que en 1989 un informante que se identificó como ’Alekos’ lo contactó telefónicamente y le suministró valiosa información con la que se logró impedir atentados terroristas. Calcula que fueron siete comunicaciones a lo largo de seis meses hasta que ’Alekos’ dijo que su verdadero nombre era Carlos Castaño y que necesitaba ayuda para que un hermano que estaba detenido saliera de la cárcel. "Averigüé y me informaron que la persona tenía medida de aseguramiento y nada podía yo hacer, entonces le sugerí que le buscara un buen abogado a su hermano. Él se puso furioso y esa fue la última vez que hablamos. Con todo lo que está pasando hoy, después de 20 años, lo único que se busca es destruir moralmente a quienes no pudieron eliminar físicamente en ese entonces", dijo Romero a SEMANA.
Sin embargo, el procurador delegado para asuntos penales Gabriel Jaimes afirmó categóricamente: "Dentro del proceso por el crimen de Pizarro ahora existen pruebas concretas que vinculan al director de inteligencia del DAS Alberto Romero y al detective Jaime Ernesto Gómez". Basándose en esos hallazgos, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que vincule a la investigación a los dos ex funcionarios.
Pero el caso de Pizarro no es el único magnicidio en el que se ha involucrado al DAS. La Procuraduría también desempolvó la investigación por el asesinato de Luis Carlos Galán. Lo primero que hizo fue lograr trasladar y unificar los expedientes que se hallaban dispersos en Medellín y Bogotá. Tras analizar los folios impulsó la práctica de nuevas pruebas que exploraban hipótesis nunca antes desarrolladas por la justicia. Los agentes del Ministerio Público, siempre en compañía de fiscales, ubicaron testigos y practicaron entrevistas en todo el país. También inspeccionaron archivos particulares y otros de entidades del Estado y dieron con importantes documentos de la época. Muchos de estos son oficios con membretes del DAS o menciones al mismo.
Fruto de toda esa labor, en agosto pasado la Fiscalía tomó dos determinaciones sorprendentes. Por un lado, elevó el crimen de Galán a la categoría de lesa humanidad para evitar que la investigación prescribiera al cumplirse 20 años del suceso. Y por otro lado, ordenó la captura del ex director del DAS, el general retirado Miguel Maza Márquez. Esto debido a que se fortaleció la hipótesis de que el crimen de Galán se perpetró con colaboración de su jefe de escoltas, un detective del DAS.
Esto no quiere decir que el general Maza y los otros funcionarios del DAS sean culpables. Las investigaciones judiciales deben determinar cuáles fueron las razones detrás de los cambios repentinos de escoltas días antes de los magnicidios y si los directores tienen responsabilidad directa o indirecta frente a esos hechos. Lo cierto es que tanto en el caso de Galán como en el de Pizarro hubo un modus operandi muy similar en el corazón de los anillos de seguridad a cargo del Departamento.
Otro magnicidio en el que se está revisando con lupa la actuación del DAS, es el de Bernardo Jaramillo Ossa. Cada paso del esquema de seguridad que escoltó al político en sus últimos días está siendo analizado. De hecho, la labor es instruida por el mismo procurador que revisó el expediente de Pizarro.
Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990, un mes antes que Pizarro. Una serie de elementos vinculan estos dos crímenes. Se ha verificado que el muchacho de 16 años que baleó a Jaramillo en el aeropuerto El Dorado (Andrés Arturo Gutiérrez Maya) era primo del sicario de Pizarro (Gerardo Gutiérrez Uribe). Este último incluso tenía cupo para abordar el avión que debía llevar a Jaramillo a Santa Marta el día en que fue asesinado. El análisis detallado de otros elementos -armas, prendas, modus operandi- indica que los homicidios de Pizarro y Jaramillo fueron planeados por una misma organización criminal con los mismos recursos logísticos.
El meritorio esfuerzo de la Procuraduría por impedir que crímenes trascendentales para la historia del país queden en la impunidad está llevando a una conclusión: la degradación del DAS no es asunto sólo de los años recientes.

11 de enero de 2010
©semana
rss

cae ex cabecilla paramilitar


Óscar Ospino Pacheco, quien fuera el segundo al mando del Bloque Norte después de ’Jorge 40’, fue capturado en Venezuela, se espera su deportación. Tendrá que responder en Colombia por parapolítica, masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y desaparición forzada en el Magdalena, Cesar y La Guajira.
Colombia/Venezuela. Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, el pasado 22 de diciembre en un centro comercial de la localidad de los Teques, ubicada en el Estado de Miranda, en el norte de Venezuela.
Ospino Pacheco, de 43 años, oriundo de El Difícil, Magdalena, fue el principal lugarteniente del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y se le acusa de ser culpable de masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y desapariciones forzadas mientras estuvo al frente de un grupo del Bloque Norte de las Auc.
Tareck El Aissami, el ministro del Interior de Venezuela, indicó que cuatro tribunales colombianos requieren a Ospino Pacheco y explicó que desde Caracas se mantienen contactos con Bogotá para entregar al detenido. Señaló que la presencia de ‘Tolemaida’ en su país es la evidencia que actores externos "pretenden convertir a Venezuela en lo que hoy es lamentablemente Colombia".
"Este es uno de los más duros golpes a las bandas criminales emergentes que han ido formando los ex paramilitares que siguieron delinquiendo. La captura se produjo gracias a la Interpol de Venezuela donde se refugiaba el delincuente", dijo la Policía Nacional de Colombia que celebró la captura del ex paramilitar.
‘Tolemaida’ es un ex militar que se unió al Bloque Norte y llegó a ser uno de los hombres de ‘Jorge 40’. Las autoridades señalan que ‘Tolemaida’ era el jefe del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, con cerca de 400 hombres bajo su mando que delinquían en La Jagua del Ibírico, Bosconia, El Paso, La Loma, Codazzi y Becerril. Hasta su desmovilización en marzo de 2006 se le reprochan cerca de 300 asesinatos.
‘Tolemaida’ tiene una orden de captura vigente por el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, líderes sindicales de la Drummond, asesinados en marzo de 2001.
Locarno y Orcasita fueron asesinados por paramilitares al mando de ’Tolemaida’ el 12 de marzo de 2001 cuando se desplazaban en un bus de la Drummond de la mina La Loma a Valledupar donde residían.
El caso está ahora en una Corte de Alabama, Estados Unidos, donde se investiga la participación de altos directivos de la multinacional carbonera en el homicidio.

‘Tolemaida’ también está implicado con el homicidio de Marilys Hinojosa jueza promiscua de Becerril, Cesar. El crimen fue cometido el 27 de enero de 2003, cuando varios hombres que se movilizaban en una camioneta interceptaron a la funcionaria en la vía entre Codazzi y Becerril, y luego la mataron.
En una versión libre Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, dijo que la jueza Marilys Hinojosa se había reunido en dos oportunidades con Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cabecilla del frente ’Jhon Jairo López’ del Bloque Norte, y con un capitán del Ejército adscrito al Batallón Guajiros, con el objetivo de entregarles información judicial en contra de las autodefensas.
De acuerdo con el postulado, el grupo ilegal también se enteró que presuntamente la jueza estaba colaborando con la guerrilla, mediante la supuesta entrega de los movimientos de las tropas del Ejército Nacional y las autodefensas. Así mismo, aseguró, que la víctima era familiar de la compañera sentimental de Juvenal Ovidio Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’.
Por el homicidio agravado de la funcionaria judicial ya fueron condenados a 40 años de prisión por el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá, Tomás Ovalle y Jhonny Amaya, ex alcaldes de Codazzi y Becerril, respectivamente.
‘Tolemaida’ es también señalado de haber estado detrás del fraude electoral que organizó el Bloque Norte en 2002 para llevar candidatos al Congreso y a las gobernaciones del Cesar, La Guajira, Magdalena y Bolívar.

1 de enero de 2010
©verdad abierta 
rss

cuántos desplazados hay en colombia


Desacuerdo entre gobierno y ONG por cifra desplazados en Colombia. Mientras que Acción Social asegura que el fenómeno de desplazamiento se redujo en un 56 por ciento, la organización Codhes dice que las estadísticas fueron manipuladas.
Colombia. El desplazamiento, una de las consecuencias de la guerra que más golpea a Colombia, vuelve a ser tema de debate. Esta vez, hay diferencias entre las cifras reveladas este lunes por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
Según la primera, los casos de desplazamiento forzado en Colombia disminuyeron en el 2009 en un 56%, lo que equivale a 40.713 familias menos que en el año anterior.
La base de datos de la entidad registró que el año pasado 71.815 hogares fueron expulsados violentamente de sus lugares de residencia, mientras que en 2009 fueron reportados 31.102, informó Diego Andrés Molano, director de Acción Social.
Sin embargo, hay profundas diferencias entre estos datos y los que maneja Codhes, una ONG que tradicionalmente se ha ocupado de informar sobre el desplazamiento en el país. Su director, Jorge Rojas, asegura que estos cálculos son parciales y que están sujetos a incremento, tal y como ocurrió en 2008.
El año anterior, dice Rojas, se registraron 380.000 personas desplazadas, mientras que el Gobierno colombiano indicaba que ese año habían sido sólo 180.000. "Un año después, Acción Social reconoce que en 2008 hubo al menos 280.000 personas desplazadas y el Gobierno pasa de agache, en una evidente manipulación de las cifras", aseguró.
Hasta el pasado noviembre, se han presentado 72 casos masivos de desplazamiento, lo que equivale a 16.000 personas en departamentos como Nariño, Córdoba, Chocó y Cauca, hecho que el gobierno ni confirma, ni desmiente.
El documento presentado por Molano estableció una "asociación directa entre los cultivos ilícitos (de coca) y el desplazamiento, particularmente por las disputas que existen entre los grupos al margen de la ley por el control territorial. Eso es lo que hoy marca el desplazamiento".
También destacó que la dinámica reciente de este fenómeno en el país, desde 2002 hasta la fecha, muestra una "disminución sostenida de personas expulsadas en eventos masivos", explicación con la que nunca ha estado de acuerdo Codhes, pues asegura que contrario a lo que se cree, la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe ha reforzado el problema en los últimos años.

30 de diciembre de 2009
©semana
rss

las escuelas de paramilitares


Los grupos paramilitares se nutrieron del conocimiento de la fuerza pública y de la guerrilla para instruir a sus tropas. Tenían escuelas para comandantes y para los combatientes, de acuerdo con análisis e investigación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Colombia. Cómo enfrentar a la subversión, fue un dilema que resolvieron desde el principio los fundadores de las autodefensas utilizando como instructores de sus tropas a militares activos y retirados y a guerrilleros y exguerrilleros. Lo primero que tenían que resolver era reclutar a los mejores y para eso contaron con la colaboración de superiores de las brigadas y batallones, simpatizantes y aliados de los grupos paramilitares, quienes se encargaban de  informar quiénes tenían los mejores desempeños en la institución armada y además estarían dispuestos a ser dados de baja por mejores sueldos en las filas de la contraguerrilla.
Los jefes de las autodefensas tuvieron claro que las tácticas y estrategias del ejército en su lucha contra la subversión habían sido ineficaces, y por eso, ellos no podían hacer el mismo tipo de guerra irregular que la fuerza pública había  librado hasta ese momento. Los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Bloque Norte, Deicy Jaramillo y Germán Russi, han llegado a esta conclusión después de escuchar las versiones de Salvatore Mancuso (19 de diciembre de 2006 y enero 15 de 2007), así como también a los desmovilizados del Bloque Norte Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias ‘El Tigre’ y Alexander García Fuentes (marzo 11 de 2009), y más recientemente a José Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo’ también conocido como ‘400’, del Bloque Centauros el pasado 29 de octubre.
Había escuelas de combatientes y escuelas de comandantes e instructores. Los primeros ‘maestros’ fueron Carlos Castaño, conocido con los alias de ‘El Pelao’ o ‘Alex’; Manuel Salón alias ‘JL’, quien tenía como ayudante a alias ‘Estopín’ y Carlos Mauricio García Fernández alias ‘Rodrigo’ o ‘Doble Cero’. La primera escuela fue la ‘35’, conocida también como ‘La Empresa’, pues hacían parte de un grupo de fincas en Córdoba y Antioquia, que se comunicaban a través de una red de carreteras construidas por las autodefensas en un cuadrante que comprende los municipios de Valencia, Tierralta, Montería, San Pedro de Urabá y Arboletes. Entre ese grupo de fincas estaban Las Tangas, la 28, la 37, la 20, la 39, la 40 y la 50, en su mayoría a nombre de ganaderos tradicionales de la región.
En su versión del 15 de enero de 2007, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’, ‘Santander Losada’ o ‘El Mono’, dijo que los entrenadores hacían parte de la fuerza pública y de las guerrillas. Los militares entrenaban en ejercicios físicos y militares y en las tácticas de combate básico (arrastre bajo, rollo); manejo de armas (fusiles y lanza granadas); e inteligencia (mimetismo, evasión y escape).
Pero el conocimiento de la guerrilla era indispensable, por un lado para saber cómo pensaban y por otra parte para implementar estrategias en las que han demostrado tener mucha experiencia, como infiltrar a la Fiscalía, al Ejército, Policía, Das, Gobierno Nacional, gobiernos departamentales, alcaldías y directivos de juntas de principales empresas. Los guerrilleros también tenían conocimiento y enseñaban a reclutar colaboradores en la población civil.
Además de la 35, que fue la primera escuela en el tiempo en esta última generación de paramilitares y tuvo como instructores a Carlos Castaño, ‘JL’, ‘Estopín’ y ‘Doble Cero’, estaba la Escuela de Cuadros de las Autodefensas (La Eca), que tuvo como instructor a Carlos Arturo Hernández, alias ‘Duncan’, del Bloque Héroes de Tolova, cuyo jefe máximo era alias ‘Don Berna’. Por la expansión y crecimiento de las autodefensas a partir de 2007, cada bloque fue autorizado a tener sus propias escuelas.
En Los Cristales, corregimiento de San Roque, Antioquia, por orden de Carlos Castaño, alias ‘Doble Cero’ fundó la escuela de ‘Los Corazones’  para comandantes e instructores, de la que salían especialistas en conflicto irregular. De acuerdo con la versión de Mancuso el 15 de enero de 2007, recibían entrenamiento especial en estrategia y táctica militar. El programa académico militar era impartido por militares que llevaba ‘Rodrigo’ ‘Doble Cero’. Los ‘alumnos’ eran capacitados en conflicto irregular por parte de guerrilleros y ex guerrilleros a quienes reclutaban -ya sea por la fuerza o a través de persuasión-, para que cambiaran de bando y ayudaran a reclutar colaboradores en la población civil bajo el camuflaje de campesinos que se disfrazaban de raspachines. Una tarea muy importante era el entrenamiento para armar y desarmar minas anti persona.
Una última escuela en Córdoba, fue la ‘Flores Arriba’, en Tierralta, Córdoba, en la que recibían entrenamiento especial en estrategia y táctica militar y capacitación en conflicto irregular. Tuvo como instructores a alias ‘Duncan’ y al mayor David Hernández, alias 39, que después pasó a formar parte del Bloque Norte bajo el mando de Jorge 40 y murió en enfrentamiento con el ejército.

Escuelas en Cesar
De acuerdo con el mismo informe presentado por los fiscales Deicy Jaramillo y Germán Russi, en el departamento del Cesar había escuelas en Codazzi (fincas  Mata de Indio y El Carmen); Becerril (barrio Altos del Divino Niño); Chiriguaná (hacienda Poponte); La jagua de Ibirico ( fincas La Victoria de San Isidro, San Antonio de Perijá, La Guarumera, Los Mangos, Campo Alegre, la Oficina y Buenos Aires); y en Valledeupar (fincas Villa Germania, Caminos de Tamacal, El Mamón y El Alto de la Vuelta).
La más conocidas y sobre las cuales se tiene información es la Escuela de El Silencio en Pailitas. De acuerdo con versión de Alexander García Fuentes, se trataba de un centro de entrenamiento y campamento de tropas, que recibían entrenamiento físico y adiestramiento entre las 5:00 pm y las 3:00 pm. Otra escuela a la que se refirió Jhon jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, es ‘La Pola’ o ‘La Ponderosa’, también centro de entrenamiento y campamento en donde se impartía entrenamiento en tácticas de combate y antisubversivo. Adiestraban en estrategias como el ‘Golpe de mano’, que consistía en asaltar campamentos de la guerrilla sigilosamente para aniquilarlos. También recibían instrucción en patrullaje diurno y nocturno, señales de aviso, movilización de tropas, uso de arma blanca e inteligencia, especialmente en manejo de civiles, búsqueda de informantes, comportamiento con entidades neutras y manejo de equipos de comunicaciones.
Los tiempos de entrenamientos variaban de escuela a escuela, en unas podían durar de tres a seis meses y en otras, mínimo veinte días o un mes. Al final, la práctica era entre ellos mismos. Los compañeros que no pasaban el curso eran sacrificados y los compañeros ‘sobresalientes’ los ejecutaban con armas de fuego o con arma blanca, para aprender a degollar y picar. Estos campamentos o escuelas de entrenamiento también terminaron convertidas en cementerios de los miles de alumnos que reprobaron las clases.

28 de diciembre de 2009
©verdad abierta 
rss