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identifican más de 850 cuerpos


La Unidad Nacional para la Justicia y la Paz concluirá 2009 con la identificación plena de 850 cuerpos, de los que han sido entregados a sus familiares 721 y quedan pendientes 129 restos.
Colombia. La Unidad Nacional para la Justicia y la Paz concluirá 2009 con la identificación plena de 850 cuerpos, de los que han sido entregados a sus familiares 721 y quedan pendientes 129 restos.
Esta Unidad durante la última semana entregó a sus familiares 36 restos en Medellín (Antioquia), 20 restos en Cartagena (Bolívar), 17 restos en Bucaramanga (Santander) y sietes restos en Ibagué (Tolima).
Según el coordinador de la Subunidad de Apoyo a Justicia y Paz, a la fecha han sido hallados 3.140 cadáveres en todo el país. También han sido exhumadas 2.500 fosas, y 597 cuerpos están identificados indiciariamente.
Finalmente, la mencionada Subunidad ha realizado la exhumación de 31 cuerpos de casos a cargo de fiscales de Derechos Humanos, y ha exhumado 52 cuerpos correspondientes a investigaciones que se llevan en las fiscalías seccionales.

28 de diciembre de 2009
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mataron a hermano de jorge 40


El ganadero Sergio Tovar Pupo fue asesinado por sicarios en un taller de mecánica de Valledupar. El hermano de ’Jorge 40’ fue asesinado el 24 de diciembre.
Colombia. Tovar Pupo, de 39 años, hermano del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, fue asesinado el 24 de diciembre pasado, cuando esperaba que le arreglaran un vehículo de maquinaria pesada en un taller especializado, ubicado en el barrio 7 de Agosto, en el sur occidente de Valledupar. Sicarios en motocicleta llegaron al taller, le dispararon y huyeron, abandonando la pistola a pocas cuadras del sitio.
Sergio Tovar Pupo de 39 años era ingeniero de alimentos, ganadero y no tenía problemas con la ley. Estaba casado con Lorena Trebilcok de cuya unión nació María Cecilia y era el único hermano vivo de ‘Jorge 40’. Según sus familiares, Sergio Tovar no había recibido ningún tipo de amenaza.
Las hipótesis manejadas por las autoridades apuntan que el crimen el asesinato de Sergio Tovar fue cometido por las actividades criminales de su hermano ‘Jorge 40’, el máximo jefe del Bloque Norte, que fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos donde lo juzgan por narcotráfico.
Después de rendir varias versiones libres, en agosto de 2009 ‘Jorge 40’ anunció que no colaborará mas con el proceso de justicia y paz en Colombia. Varios jefes ‘paras’ extraditados, como Salvatore Mancuso o ‘Don Berna’, anunciaron que se retiraban del proceso de Justicia y Paz por las amenazas contra sus familiares en Colombia. La principal hipótesis de las autores del asesinato quieren evitar que ‘Jorge 40’ le cuente al país quienes le colaboraron en los casi 10 años que estuvo como jefe de los paramilitares de Cesar, Magdalena y Atlántico.
Según una fuente consultada por el diario de Valledupar País Vallenato, el asesinato se debe a un posible ‘ajuste de cuentas’ entre la banda criminal de ‘Los Mellizos’  y ‘Jorge 40’, quien   supuestamente les vendió a un valor estimado de 25 millones de dólares la franquicia del Bloque Norte de las autodefensas.  Al parecer, ‘Los Mellizos’ no supieron ‘administrarla  y al no darle los resultados esperados decidieron vengarse asesinando a Sergio Tovar Pupo.
Iván Cepeda, representante del Movimiento Nacional de Víctimas, pidió que las autoridades hagan los máximos esfuerzos para aclarar el asesinato y advirtió de la existencia de un supuesto complot para "silenciar" a los jefes de las Auc.
El gobernador de Cesar, Cristian Moreno, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que lleve hasta los responsables del crimen. El mandatario señaló que el homicidio "enrarece los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación en los que viene inmerso el país dentro del marco de la política de Justicia.

28 de diciembre de 2009
26 de diciembre de 2009
©verdad abierta 
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monseñor llama a diálogo con farc


El cardenal colombiano Darío Castrillón rogó al jefe de las FARC, ’Alfonso Cano’, que en un gesto de "hidalguía" libere a todos los secuestrados en poder de la guerrilla, algunos con hasta 12 años en cautiverio.
Colombia. Castrillón, hablando desde Roma con la radio colombiana Caracol, se ha encontrado en el pasado en varias ocasiones con Alfonso Cano, jefe del secretariado que comanda las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Yo le suplico a Alfonso Cano. Alfonso, tú me estas oyendo, nos hemos encontrado unas cuantas veces, yo te suplico que los secuestrados sean puesto en libertad", dijo el prelado.
La liberación "sería un gesto grande en esta Navidad, un derroche de hidalguía cristiana como sería la devolución de secuestrados", agregó Castrillón. Las radios son escuchadas en los campamentos rebeldes como forma de mantenerse informados, según han narrado ex rehenes.
"Casi que de rodilla pido... para que definitivamente le den la paz a Colombia" tanto los guerrilleros como otros grupos armados ilegales y el gobierno, añadió el cardenal.
Castrillón aprovechó también para enviar un mensaje a Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino" y Antonio García, jefes del también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Gabino, Antonio...hemos rezado juntos", dijo el cardenal agregando que ambos debían recordar que "estoy siempre abierto al diálogo" en busca de una salida al largo conflicto interno colombiano.
En una entrevista publicada en el jueves en la página web del ELN, García se pronunció a favor de que el gobierno que salga de las elecciones generales de mayo del 2010, "se comprometa con una salida política al conflicto" o entablar diálogo de paz con la insurgencia.
El actual gobierno del presidente Alvaro Uribe se ha negado a un eventual diálogo de paz con la insurgencia a menos que ésta detengan acciones como ataques y secuestros.
García, criticando una posible segunda reelección de Uribe en la entrevista fechada el 21 de diciembre, aseguró que, contrario a lo dicho en informes elaborados por grupos no gubernamentales y que analizan el conflicto armado, "el ELN ha sido categórico en su deslinde con el narcotráfico" que financiaría parte de sus actividades.
El comandante guerrillero dijo que la presencia de militares y contratistas civiles estadounidenses en Colombia, parte de un convenio de cooperación entre Bogotá y Washington, "es una amenaza para el continente".
Las FARC mantienen en su poder a una veintena de militares y policías. Los rebeldes han anunciado que liberarán a uno de esos militares con 12 años de secuestro y a otro retenido en abril, pero hasta ahora el gobierno y los rebeldes se recriminan mutuamente por los retrasos en la entrega de los rehenes.

26 de diciembre de 2009
©semana 
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eran informantes de la policía


Muertos en la masacre de Cali eran informantes de la justicia. Dos de las siete personas asesinadas el pasado domingo en un cementerio de Cali dieron información a las autoridades para econtrar una caleta de armas de Miguel Ángel ’El Mellizo’ Mejía.
[Gonzalo Guillén] Colombia. El arsenal fue desenterrado entre el 5 y el 9 de noviembre en una hacienda situada entre los municipios de Caucacia y Tarazá, en el departamento de Antioquia.
Dos de las siete personas asesinadas el domingo por ocho sicarios en un cementerio de Cali habían conducido 10 días antes a un grupo élite del Ejército y la Fiscalía General de la Nación hasta un escondite de armas que guardaba bajo tierra el narcotraficante y jefe paramilitar preso en Estados Unidos Miguel Ángel Mejía Múnera, dijeron a El Nuevo Herald fuentes de ambas instituciones colombianas.
Los informantes habían prometido señalar lugares en los cuales Mejía enterró más armas, así como millones de dólares en efectivo.
"Con los asesinatos de estos dos muchachos perdimos la mejor posibilidad de encontrar las caletas [escondites] más valiosas de Mejía Múnera", afirmó una fuente que no quiso ser identificada.
Abogados de Mejía dijeron a El Nuevo Herald que consultarán con su cliente si está dispuesto a pronunciarse sobre el caso. Mejía fue extraditado el 4 de marzo del 2009, acusado de narcotráfico por una corte del Distrito de Columbia.
El arsenal fue desenterrado entre el 5 y el 9 de noviembre en una hacienda situada entre los municipios de Caucacia y Tarazá, en el departamento de Antioquia.
La masacre, que ha conmovido a Colombia, fue cometida por ocho sicarios, uno de los cuales murió en el lugar. Otro fue arrestado y los demás huyeron, dijo un testigo entrevistado en Bogotá.
Seis víctimas de la masacre en el cementerio pertenecían a una misma familia, sumados los dos informantes. El grupo familiar había asistido al cementerio para visitar la tumba de un familiar fallecido un mes atrás.
Los dos informantes, identificados como Silvio Alfonso Tolosa Carabalí y Guartis Fernando Obando Paz, habían trabajado por espacio de 15 años para Mejía y su hermano mellizo Víctor Manuel. Este último murió en abril del 2008 durante un combate contra la fuerza pública en la misma hacienda en que estaba escondido el arsenal.
Ambos informantes sostenían que habían participado en el entierro del arsenal.
Un contingente de 60 hombres entre funcionarios judiciales y militares viajaron en secreto el 5 de noviembre desde Bogotá hasta la hacienda, guiados por los dos informantes. Durante cuatro días desenterraron cerca de medio centenar de fusiles AK-47, pistolas automáticas, 40,000 proyectiles de fusil, varios lanzagranadas y más de un centenar de proveedores para pistolas y fusiles.
El armamento se encontraba empacado entre canecas de polietileno llenas de fueloil para conservarlo en perfecto estado.
``El hallazgo de estas armas seguramente evitará las muertes de miles de personas’’, comentó un agente que participó en la operación.
La hacienda figura como ``propiedad de un alcalde de un municipio del departamento de Antioquia’’ que sería testaferro de Mejía, indicó a El Nuevo Herald una fuente vinculada al caso.
Las actas de la operación indican que antes de entrar en acción un grupo de la Policía Nacional exigió detalles sin tener facultades legales adecuadas, espió el allanamiento a la hacienda y estuvo a punto de entrar en combate con la fuerza élite.
En las mismas actas se consignó que otro arsenal señalado por los informantes había sido saqueado pocos días antes de la llegada de la fuerza pública.
Un funcionario que participó en la extracción del arsenal dijo que la Fiscalía examina la posibilidad de que policías hayan identificado a los dos informantes y pasaran la información a paramilitares afines a Mejía.
Según una de las fuentes, los informantes asesinados habrían dicho que el arsenal fue vendido a Mejía Múnera por el también narcotraficante y paramilitar Ramiro ‘Cuco’’ Vanoy, extraditado a EEUU y condenado por narcotráfico en un tribunal federal de Miami.
Tanto Mejía como Vanoy se habían acogido a un polémico plan de paz del gobierno colombiano que les permite no recibir penas superiores a ocho años de cárcel por graves que hayan sido sus crímenes y gozar de una parte de sus fortunas mal habidas, siempre que desintegren sus ejércitos y entreguen las armas.
Ambos, a pesar de estar en Estados Unidos, siguen siendo beneficiarios de esas prerrogativas. No obstante, la Fiscalía dijo a El Nuevo Herald que podrían perder los beneficios por no entregar los arsenales de su propiedad.
Mejía es célebre por los entierros de dinero. Hace seis años, se hallaron $30 millones en efectivo camuflados entre las paredes de un apartamento suyo en Bogotá.

©el nuevo herald
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quiénes mataron a cuéllar


¿Por qué mataron al gobernador Cuéllar? Mientras todos repudiaban el atroz crimen adjudicado a las Farc, en la región se habla de que el avance de las investigaciones por parapolítica podría también estar en juego.
Colombia. Aunque la principal sospechosa de  la muerte de Luis Fernando Cuéllar, gobernador del Caquetá, es la columna ’Teófilo Forero’ de las Farc, surgen otras posibilidades que tienen que ver con parapolítica y narcotráfico.Varias personas consultadas por Semana.com aseguran que  se estaban cocinando revelaciones específicas sobre los vínculos entre políticos del Caquetá y los paramilitares que actuaron allí bajo el nombre de Héroes de los Andaquíes.
En la paranoia de lo que podría destaparse, y en un ambiente turbio en el cual varios políticos, entre ellos Cuéllar, presuntamente estaban siendo chantajeados por desmovilizados del paramilitarismo, no se descarta que este crimen haya sido ideado para frenar estas revelaciones. Así mismo hubo fuentes que sostuvieron que el grupo que secuestró a Cuéllar, que bien pudo haber sido la misma Teófilo Forero, no actuó bajo órdenes de las Farc, ni buscaba secuestrarlo, sino que fue armado por estas mafias con el propósito de ejecutarlo.
Verdadabierta.com  había informado ya desde el pasado junio cómo en este departamento se asentaron los paramilitares con el favor de políticos de tradición.  
Desde hace un par de años, es conocido en la región que guerrilla y bandas armadas herederas de los ’paras’  van en llave en el negocio del narcotráfico, y de ahí que no es extraño que colaboren cuando tienen un propósito común.  
Precisamente hace unos meses la Policía había logrado matar a James Patamala, un jefe guerrillero de la Teófilo que se encargaba de la compra de droga a los pequeños productores y era el intermediario con grandes jefes del narcotráfico que hoy controlan muchas de las Bacrim (bandas criminales). Este jefe estaba acusado de ser el autor de varios crímenes políticos en la zona, entre ellos la terrible masacre de la familia Turbay, el asesinato de Jaime Losada, exgobernador del Huila y de los concejales de Rivera, Huila y Puerto Rico, Caquetá.  
 
Repudio General
La tesis de que fueron las Farc con el ánimo de secuestrarlo y fortalecer así su capacidad negociadora para el canje, sin embargo siguió siendo la más aceptada en el debate público.
Esta mañana en la radio, varios dirigentes políticos allegados al gobierno y de la oposición sumaron su voz de protesta contra el atroz hecho. Gustavo Petro, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que el asesinato debe ser llevado a instancias de la Corte Penal Internacional.
"Es un crimen contra la humanidad. Es de iniciativa de los Estados la posibilidad de que crímenes contra la humanidad puedan ser investigados por la Corte. Para mi el secuestro en Florencia muestra fisuras, no hay seguridad completa, la seguridad completa es acabar la guerra", dijo Petro.
El liberal Juan Fernando Cristo, jefe de campaña del candidato presidencial Rafael Pardo aseguró, en la misma cadena radial, que "este es el presagio de una campaña electoral y política que parece que las Farc tienen toda la intención de ensangrentar".
El hijo del gobernador Cuéllar, habló con Caracol Radio y aseguró que pese a que su padre había sido secuestrado en cuatro oportunidades, solo contaba con la protección de tres agentes de policía y que es lamentable que otros organismos de seguridad del Estado no estuvieran en su esquema de protección.
Inés Galindo, cuñada del gobernador Cuéllar, fue una de las personas que se encontraba con él cuando llegaron los secuestradores a su casa, en la noche del 21 de diciembre. En La F.M., Galindo relató los momentos más dramáticos de esa noche y cómo, ayer en la tarde, se enteraron de la muerte del veterano ganadero.
Olga Patricia Vega, gobernadora por decreto del Caquetá, confirmó en diálogo con La F.M, la versión de que al gobernador Luis Francisco Cuéllar después de asesinarlo, las Farc lo rodearon de explosivos.
Dijo que hasta ahora se desconoce de una comunicación de las Farc en la que confirmen que fueron los autores del crimen. La gobernadora encargada dijo que el barrio Pablo Sexto de Florencia, lugar en el que se encontraba el gobernador cuando fue plagiado, limita con una zona rural por donde probablemente huyeron sus ejecutores.
En RCN, el director de la ONG internacional Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, también rechazó la muerte del gobernador del Caquetá.
Para Vivanco, las Farc no tienen límite en su actuar criminal porque siguen atacando a civiles. "La muerte del gobernador no tiene justificación", comentó, y dijo que desea que el mundo entero se dé cuenta de que las Farc son un grupo que utiliza el terror y mata a personas inocentes sin respetar el Derecho Internacional Humanitario.
"El Estado colombiano tiene que hacer lo posible por capturar a los responsables. Obviamente, hacer un cálculo de los riesgos que en la práctica que esto pueda representar", opinó el defensor de derechos humanos.
El cuerpo del gobernador de Caquetá será velado en cámara ardiente en la Asamblea del departamento y posteriormente será trasladado a Bogotá donde será sepultado. al parecer, por razones de seguridad, se decidió que su entierro fuera en la capital y no en su querida Caquetá.

25 de diciembre de 2009
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los niños de la guerra


La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha registrado la desmovilización de 3.200 menores de edad. Informe de El Espectador.
Colombia. Son en total 3.199 niños y niñas entre los 9 y 17 años recuperados por las autoridades y, en su mayoría, desmovilizados voluntariamente luego de que estuvieran combatiendo a la par de las Farc, las Auc, el Eln, el Epl y el Erp. Ninguna de estas grupos armados ilegales se ha abstenido de reclutar a menores de edad para que patrullen, sirvan de ‘campaneros’, recojan coca o, incluso, sean esclavos sexuales. El más alto número de ellos ha pertenecido a las Farc, con un total de 1.983. Así lo reveló el último balance de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación.
Aún las cifras no están unificadas, pues el Instituto de Bienestar Familiar ha atendido entre noviembre de 1999 y octubre de este año a 4.136 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estas organizaciones. Según informes de la misma entidad, cada uno de ellos afirmó que uno o dos menores más se quedaron reclutados.
Jaime*, hoy en día de 21 años, perteneció durante tres años y medio al Bloque Centauros de las Autodefensas, el cual operaba en Casanare. Ingresó al grupo por voluntad propia. A pesar de que tenía 16 años, su papel fue el de luchar como cualquier otro miembro de la organización, por eso recibió capacitación para manejar hasta tres tipos de armas. "Yo patrullaba, no más. Sí participé más de una vez en enfrentamientos. Peleaba cuando se entraba en combate y salía a descansar hasta que volviera a encontrarme con el enemigo (la guerrilla). Si uno la embarraba, lo trataban mal", relata.
A corta edad estas personas empuñan las armas por física hambre y miseria. Otros son obligados. "La guerrilla hace uso de ellos en combates en actos terroristas. Las bandas que actúan en algunas ciudades del país amenazan de muerte a los niños para que les ayuden a transportar armas y drogas, los inducen a las drogas. Sabemos de niños y niñas que son esclavos sexuales", explicó el mes pasado el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar.
En otros casos se enlistan porque huyen de la violencia intrafamiliar: "No me hacía falta nada, pero mi padrastro me pegaba. En ese entonces las Autodefensas empezaron a dar charlas en el pueblo. Decidí unirme a ellos porque ya estaba cansada de la situación en mi casa. Luego, en cada enemigo, empecé a ver a mi padrastro. Yo tenía sed de venganza", cuenta Claudia*, desmovilizada de las Auc.
Hasta la fecha,  han sido judicializados 285 casos por el delito de reclutamiento ilícito de menores. En el proceso de Justicia y Paz han sido imputados 733 ex paramilitares por esta misma causa. El total de casos de alistamiento de niños y niñas conocidos en las versiones libres es de 871.
Después de que han pasado parte de su infancia con el arma al hombro, siendo explotados y abusados sexualmente en algunos casos, los menores de 18 años que abandonan un grupo armado son acogidos por el ICBF. Inicialmente, esta entidad procede a identificarlos, emitir un diagnóstico y definir su situación legal; luego, atiende las necesidades nutricionales, psicológicas y de salud; finalmente, les ayuda a consolidar un nuevo proyecto de vida mediante la reconstrucción de vínculos familiares y formación académica y laboral. Actualmente, 570 niños y niñas desarrollan este proceso en el Instituto.

25 de diciembre de 2009
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condenan a ex congresista garcía


Gonzalo García Angarita fue condenado a 90 meses de prisión. El ex representante conservador, Gonzalo García Angarita, fue recapturado por la Fiscalía este lunes por orden de la Corte Suprema que lo condenó a siete años y cinco meses de prisión por sus nexos con paramilitares en Tolima.
Colombia. El ex congresista fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado, luego que algunos ex miembros del Bloque Tolima de las AUC señalaran que García Angarita, mientras fue alcalde de Valle de San Juan en el período 2001-2003, destinó el 10 por ciento de la contratación estatal para este grupo al margen de la ley.
Además, se le responsabilizaba de coparticipación en hechos violentos y de sangre en la región donde posee su fortín político, Valle de San Juan.
El 23 de octubre del 2007, la Corte Suprema abrió investigación preliminar contra el representante del Tolima, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
Posteriormente, el 10 de diciembre de este mismo año se entregó a las autoridades y estuvo recluido en la cárcel La Picota hasta el 8 de septiembre del año en curso, cuando fue absuelto por un juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué, Sergio Bernardo Vesga, luego de que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía solicitaran precluir la investigación.
Sin embargo, el 12 de octubre la Corte Suprema de Justicia retomó el caso de García Angarita, luego de entrar en vigencia la nueva jurisprudencia del alto tribunal, que le permite tener competencia en los procesos penales de funcionarios públicos que habían renunciado al fuero parlamentario.
El ex legislador conservador señaló encontrarse tranquilo, pues sostiene que es inocente.
"Hicieron efectiva una orden de captura por parte de la Corte, al parecer, se me condena a ocho años, pero estoy tranquilo porque soy inocente y mi familia sabe que nunca he cometido un delito", dijo.
Indicó que se pronunciará sobre su proceso y la decisión de la Corte ante la opinión pública, "pero por ahora no puedo decir nada más, hasta que no conozca la sentencia".
Recordó que en el alto tribunal no hay cabida a una apelación, "porque es única instancia, pero tendremos la posibilidad de recurrir ante el Consejo de Estado. Esperaré a hablar con mi abogado y analizaremos la situación, pero por ahora estoy tranquilo, lo único que me preocupa es mi familia".
Hasta el cierre de esta edición, García Angarita se encontraba en la Fiscalía en Ibagué y al parecer será trasladado a la capital de la República.
"Fui llevado de mi casa a la Fiscalía y espero que me notifiquen de la resolución para saber qué va a pasar si me trasladan a Bogotá".
Señaló que ha recibido buen trato y relató que, "fueron dos o tres personas hasta mi casa y de una manera muy amable me preguntaron que si estaba enterado y les dije que no conocía de la orden. En ese momento estaba con unos amigos en la casa, pues siempre he estado dispuesto a la justicia".
Este medio conoció que García, su esposa e hijos tenían planeado un viaje ayer, para tomar tres días de vacaciones por lo que se encontraban prestos a partir, cuando fue requerido por las autoridades.
Al preguntársele si este fallo tendría una consecuencia política manifestó: "quiero ser responsable en esto, con mucho gusto una vez conozca todo les comentaré, pero no quiero decir cosas que no se deben, hasta que no se analice el caso con el abogado".
No dudó en sostener que esta sentencia es una injusticia, luego que el Juez Especializado lo declarara inocente.
"Esa fue una injusticia lo que se cometió y logré demostrar mi inocencia, pero infortunadamente estamos en las manos de unos viejitos que son magistrados y que ya hoy no leen los procesos por el cargo que tienen.
"Creo que los magistrados nunca estudiaron mi proceso, lo conocen los auxiliares de la justicia. Creo que ellos (magistrados de la Corte) lo conocen cuando echan la firma", denunció.

La Sentencia
El Nuevo Día de Ibagué tuvo acceso a la sentencia definitiva de la Corte Suprema y esta condena a García Angarita le confiere una pena de 90 meses de prisión y multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.
Adicionalmente, la Sala Penal de la Corte declara que no hay lugar a condena por el pago de daños y perjuicios y que no son procedentes la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria.
Ahora bien, se compulsaron copias de las piezas procesales para investigar por separado la presunta participación del ex congresista, en la muerte del señor José Antonio Bernate, alias ‘Tuco’ y en los homicidios perpetrados en abril del año 2001, en la vereda de El Neme, jurisdicción de Valle de San Juan, conocidos como ‘La Masacre del Neme’.
Por último, los magistrados determinaron compulsar copia de las piezas procesales para investigar la presunta comisión del delito de falso testimonio en que pudieron haber incurrido los ex paramilitares Ricaurte Soria Ortiz, Ceferino Feria Rodríguez, Carlos Orlando Lasso Urbano, Esnover Madrigal Arias, Enoch Gualteros Bocanegra, Jhon Jairo Silva Rincón y Jhon Fredy Rubio Sierra.

Perfil de Gonzalo García
El ex congresista Gonzalo García Angarita es profesional en Administración Pública, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap. Es hijo de Herminsul García, ya fallecido y Angelina Angarita.
García contrajo nupcias con Olga Lucía Castillo y es padre de tres hijos. García Angarita reconoció que su matrimonio lo celebró en la hacienda La Morena de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
El ex legislador condenado tiene 39 años de edad y nació en el municipio del Valle de San Juan, del que ha sido Alcalde en dos oportunidades.
En la última administración que ejerció, fue reconocido por el Gobierno nacional como el mejor Alcalde del Departamento en el año 2001, por desempeño fiscal.
García Angarita, quien ha controlado el poder en Valle de San Juan durante los últimos 12 años, pertenece al grupo político que sigue la orientación del ex presidente del Senado de la República, Luis Humberto Gómez Gallo, quien también está siendo investigado por la Corte Suprema.
Gonzalo es considerado uno de los ‘consentidos’ de su jefe político, quien lo llevó de la mano por el Departamento para lograr la primera votación de su partido con 17 mil 199 votos en las elecciones de marzo de 2006, cuando presentó su nombre por primera vez a la Cámara de Representantes.
En ese proceso, en el Valle de San Juan, la lista del Partido Conservador alcanzó mil 761 votos, que corresponden al 71.85 por ciento del total de votos, mientras que en San Luis, obtuvo dos mil 408 votos que representaron al 58.98 por ciento de total de sufragios.
De los 17 mil 199 votos con los que logró la credencial de Representante, García obtuvo cinco mil dos en Ibagué; mil 649 en Valle de San Juan y mil 646 en San Luis; estos últimos reconocidos municipios de influencia paramilitar.

25 de diciembre de 2009
15 de diciembre de 2009
©verdad abierta
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testaferros del capo castaño


Testaferros de Castaño son dueños de 200 predios en Urabá. Entre los testaferros del ex jefe paramilitar se encuentran su viuda y su hija. Ellas no solo tendrán que explicarle a la Justicia cómo adquirieron esos bienes, sino que también tendrán que devolverlos. El empresario Jaime de Jesús López también deberá entregar 3 haciendas. Informe de El Tiempo.
Colombia. En julio de 1996, de una camioneta 4x4 salió volando una tula con 11 millones de pesos en billetes viejos y húmedos.
Ese fue el pago total que recibió el dueño de cinco de las mejores haciendas de Turbo, (Antioquia) por sus predios ’Las Margaritas’, ’El Consejo’, ’Puertorriqueño’, ’Nueva Ilusión’ y ’Los Claveles’: casi 200 hectáreas de tierra fértil.
Cuatro años después, sus cinco fincas resultaron fusionadas con una hacienda de mayor tamaño (409,9 hectáreas) que hoy figura a nombre de Kenia Gómez Toro y de Rosa María Castaño, esposa e hija del asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
Para esa época, Kenia Gómez no tenía ni la edad (19 años) ni el capital suficiente para convertirse en la gran terrateniente del Urabá que es ahora. Y su hija, apenas cumplía los 12 meses. Por eso, no solo tendrán que explicarle a la justicia cómo adquirieron esos bienes sino que, además, deberán devolverlos.
Igual trámite tendrá que cumplir el empresario Jaime de Jesús López Echeverry quien adquirió (en el 2002) tres haciendas ubicadas en Carepa a un finquero que había sido asesinado en 1997 y que aparece firmando las escrituras.
Y Jorge Eljach Zúñiga, auxiliar contable de una reputada empresa bananera de Chigorodó, deberá aclarar cómo fue que le transfirió a terceros las fincas ’Nuevo Paraíso y ’No hay como Dios’, usando un poder que -según los dueños- es falso.
Eljach también aparece en un expediente de la Fiscalía 33 de Derechos Humanos de Medellín como presunto responsable de desplazamiento forzado, estafa y costreñimiento a 133 propietarios de 130 fincas con más de mil hectáreas. Pero, según le dijo a EL TIEMPO, actuó de buena fe y es un simple comisionistas e intermediario de personas prestantes cuyos nombres no revela.

Hampa y Amenazas
Lo concreto es que en ese mismo expediente aparece Benjamín Alvarado Bracamonte, el flamante dueño de otro paquete de predios en la vereda Tulapas de Turbo, quien tiene dos órdenes de captura a cuestas, como presunto cabecilla de la banda criminal ’Los Traquetos’. Y también está el hijastro del paramilitar Carlos Ardila, alias ’Correa’, otro terrateniente que salió de la nada.
Sobre todos estos casos, las autoridades tienen evidencia y denuncias de que hubo enajenaciones mediante falsificación de documentos o presión armada a sus dueños.
"Me dijeron que en ocho días tenía que vender o vender. Se quedaron con todo, hasta con 200 reses", dice uno de los finqueros quien pidió la reserva de su nombre porque los victimarios (los paramilitares) siguen actuando en la zona, ahora como bandas criminales.

La Restitución
Para intentar recuperar esas tierras y regresárselas a su dueños originales, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Antioquia, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín han venido acopiando información y pruebas del despojo a la fuerza en oficinas de instrumentos públicos, notarías y fiscalías del país.
Y el siguiente paso será el de solicitar de manera oficial, en enero próximo, la restitución de un primer paquete de propiedades.
Ese grupo de expedientes afecta directamente a 95 familias de campesinos y ganaderos que poseían cerca de 3 mil hectáreas y que las perdieron a sangre y fuego a manos de los narcoparamilitares de la zona.
Según datos de esa comisión, Antioquia es el departamento que más desplazados registra, con cerca de 106 mil 463 familias que equivalen a 473.838 personas.
Uno de los cerebros de ese desplazamiento y de estas oscuras transacciones es Jesús Ignacio Roldán, ’Monoleche’, lugarteniente de los hermanos Castaño, asesino de Carlos Castaño y hoy desmovilizado de las Auc. Pero con él actuaron Freddy Rendón, ’el Alemán’; su hermano Daniel Rendón, alias ’don Mario’; Raúl Hasbún, alias ’Pedro Bonito’; y Evert Veloza, ’H.H.’.
De prosperar la anulación de títulos, como se espera, el reto del Gobierno será garantizar el retorno y la seguridad de los verdaderos dueños.

En Enero Pedirán Anular Títulos
En dos semanas, la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia (CRRB) hará una petición histórica al Tribunal de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín: que cancele de inmediato un paquete de 19 títulos de predios de más de dos mil hectáreas en Urabá, hoy en poder de presuntos testaferros de narcos y ’paras’. A través de esa Comisión -coordinada por Jaime Panesso, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)- también se solicitará que se ordene un proceso legal para que esos bienes, que fueron adquiridos mediante presión y amenazas, les sean restituidos y entregados a sus verdaderos propietarios.
Para ellos, la CRRB ya tiene el censo completo y la ubicación de las víctimas cuyos nombres se protegen. El Tribunal responderá a la solicitud del la CRRB a principios de marzo próximo.

24 de diciembre de 2009
©verdad abierta 
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