Un estudio del grupo de Memoria Histórica de la Univalle reconstruye cómo fue la llegada de los paramilitares a este departamento y la manera en la que la institucionalidad y la sociedad vallecaucana se hicieron de la vista gorda ante esta amenaza.
Colombia. El 31 de julio de 1999, un numeroso grupo de paramilitares se tomó el corregimiento de La Moralia, ubicado en el municipio de Tuluá. En esa fecha se celebraban las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, cuando los paramilitares bloquearon las vías de acceso y reunieron a los presentes.
Alias ’El Flaco’, un exguerrillero que fue capturado por los paramilitares en su recorrido hacia La Moralia, señaló a Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia, como supuestos auxiliadores de las Farc, por lo que fueron asesinados y se convirtieron en las primeras víctimas de las Autodefensas en el Valle del Cauca.
Además, y como carta de presentación, los paramilitares pintaron grafitis alusivos a las Auc y la lucha antisubversiva.
Doce años después del primer crimen cometido por el Bloque Calima en el Valle del Cauca, el Grupo de Memoria Histórica de la Universidad del Valle, realizó el documento llamado ’De la negación a la vergüenza’, que es un estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de las Auc a este departamento.
Este viernes 29 de junio la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presentará este estudio en el Salón Gobernadores de la sede de la Gobernación del Valle a las dos de la tarde.
Los Antecedentes
El informe de este estudio del Grupo de Memoria Histórica de Univalle registra cuáles fueron las situaciones de orden público, económicas y políticas que precedieron la llegada de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a la región.
Como antecedentes del arribo de los primeros hombres de las Accu al Valle del Cauca se encuentran el inicio del proceso de paz con las Farc y la instalación de la zona de despeje en San Vicente del Caguán, en el cercano departamento de Caquetá.
Tras esas acciones, el poder de las Farc se empezó a incrementar y, según el documento, ese grupo guerrillero aumentaron su accionar en el Valle del Cauca. "El frente Sexto, al mando de Pablo Catatumbo, controlaba en la práctica todo el corredor montañoso de la Cordillera Central, entre Buga y Sevilla, mientras el frente 30 ejercía cada vez más su poder hacia el Pacífico, en el Puerto de Buenaventura y en el sistema montañoso de los Farallones (Sic)".
Así mismo, en la región también existían otros dos grupos guerrilleros: el Movimiento Jaime Bateman Cayón -una disidencia del M19- y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El primero estaba ubicado en los municipios de Buga, Tuluá y Bugalagrande, "la misma zona en la que harían su ingreso los paramilitares de las Auc", mientras que el segundo estaba en la región de los Farallones, un sistema montañoso estratégico entre Cali y Buenaventura.
La investigación reseña que "para las fuerzas regulares del Ejército y la Policía, la entrada en vigencia de la Zona de Distensión limitaba su capacidad de acción y de reacción", con lo que se dio pie al incremento de poder de los grupos guerrilleros.
Pese a que los aspectos políticos y económicos de la región en 1999 no eran muy alentadores, la lucha contra el narcotráfico invitaba al optimismo. Para ese año los grandes capos del departamento habían muerto o sido capturados, y prueba de ellos era que el Cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela prácticamente estaba desaparecido.
Sin embargo, como lo ha demostrado la historia de la lucha contra el narcotráfico, después de la desaparición de un grupo surgen unos más pequeños para captar su poder.
Para ese entonces las autoridades pasaron a denominarlos micro carteles y entre ellos se encontraba el Cartel del Norte del Valle.
Ese grupo narcotraficante fue uno de los auspiciadores iniciales de los paramilitares en el departamento y "era liderado por las mismas figuras que años antes habían protagonizado una oscura y dantesca página de la historia Colombiana: La Masacre de Trujillo, en la que ejércitos a sueldo del narcotráfico, en alianza con miembros de las fuerzas militares y de Policía del Estado, asesinaron, torturaron y desaparecieron cerca de 350 personas, entre los años de 1988 y 1994 (Sic)".
Finalmente, uno de los hechos que ha sido considerado como uno de los detonantes para el arribo de las tropas paramilitares desde Urabá al Valle del Cauca fue el secuestro masivo que realizó el Eln el 31 de mayo de 1999 en la Iglesia La María de Cali.
Al respecto, el documento señala que "dos meses más tarde, con la conmoción aún intacta, y en medio de este complejo escenario de factores de violencia, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia hace su primera incursión militar en el centro del Departamento (Sic)".
¿Crímenes Previos al de La Moralia?
A pesar de que se considera al 31 de julio de 1999 como la fecha del primer crimen de los paramilitares en el Valle del Cauca por su incursión en el corregimiento de La Moralia, el estudio del Grupo de Memoria Histórica de Univalle considera que previo a esa acción ocurrieron tres crímenes atribuibles a las Auc en diferentes regiones del departamento.
La investigación registra documentos, publicaciones de prensa y declaraciones de funcionarios de la época respecto a "denuncias sobre la presencia paramilitar en varios municipios del Valle, desde Jamundí, en el sur del Departamento, hasta Obando, en el norte, acompañadas de desapariciones, asesinatos selectivos, panfletos y extorsiones, venían presentándose ante las Personerías municipales y ante la Defensoría Regional del Pueblo, como mínimo, desde mediados del mes de junio de 1999 (Sic)".
Uno de los casos que según la publicación podría ser atribuido a los paramilitares del Bloque Calima, previa incursión a La Moralia, es el asesinato de jóvenes en la vereda Platanares de San Pedro, ocurrido antes del 26 de junio. De acuerdo con la reseña de un diario local, "la acción había sido llevada a cabo por un grupo de encapuchados que llegaron hasta la finca en la que laboraban los jóvenes, los tomaron por la fuerza y después los ejecutaron".
Antes del 31 de julio fueron publicados en diferentes municipios panfletos alusivos a las Autodefensas y su lucha antisubversiva. "El pasado fin de semana se conoció en Cali el primer comunicado de ese grupo, al cual las autoridades no dieron credibilidad. Sin embargo, ayer circularon otros panfletos en Jamundí y en el Norte del Valle. Los panfletos advierten que los habitantes que auxilien a la guerrilla tienen tres opciones: abstenerse de colaborar con ella, aislarse de la subversión o abandonar la región mientras persista el conflicto", es el aparte de uno de los artículos -publicado el 27 de julio de 1999- del periódico El País de Cali citados en el informe.
Otro caso que según el estudio podría corresponder a acciones de los paramilitares previo al 31 de julio, fue la masacre de cuatro personas de una misma familia en el municipio de Dagua, cuando un "comando de hombres fuertemente armados que, con lista en mano, irrumpieron en la vereda La Virgen, del corregimiento El Palomar y se llevaron a sus víctimas por la fuerza". De acuerdo con la reseña a una publicación del periódico El País del 29 de julio, los testigos del hecho señalaron que los responsables eran grupos de autodefensa, pero las autoridades determinaron que la masacre fue de las Farc.
El Papel de la Fuerza Pública
Tras ejemplificar varios casos con publicaciones de prensa escrita y declaraciones de comandantes del Ejército y la Policía regional, la publicación sostiene la tesis de que inicialmente "los máximos representantes de los cuerpos armados del Estado (Policía y Ejército) y quienes orientan con sus palabras el accionar y el espíritu del resto de sus subordinados, asumieron la política oficial de negación y subestimación de los numerosos y gravísimos indicios de actividad delincuencial de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Valle".
Como ejemplo, la investigación señala que en el municipio de Jamundí, uno de los más afectados a mediados de 1999 por los panfletos y las amenazas de los paramilitares, el entonces comandante de la Estación de Policía, el capitán Gustavo Ramírez, desestimó la veracidad de esa información y cuando las amenazas se convirtieron en una masacre, se abstuvo de reconocerla.
Así mismo, la publicación registra una declaración publicada por el periódico El País del entonces comandante de la Policía del Valle, el coronel Marino Escobar, quien afirmó el 27 de julio que "los autores de estos panfletos son los mismos grupos guerrilleros que buscan alarmar a la ciudadanía".
También cuestiona el hecho de que las autoridades no hicieran investigaciones y tomara decisiones al respecto por desechar estos indicios al no darles "mucha credibilidad".
Otro hecho que llamó la atención de los investigadores sobre el papel que asumió la fuerza pública durante la incursión inicial de los paramilitares al Valle del Cauca estuvo relacionado con su reacción tras los primeros desplazamientos masivos por los enfrentamientos entre las Auc y la subversión.
"(…) La avalancha de desplazados que empezaba a bajar desde la montaña, a raíz de los enfrentamientos entre miembros de las AUC y el Frente VI de las FARC, no eran suficiente evidencia para las autoridades militares de que un ejército paramilitar estuviera operando en la zona. Bajo la curiosa hipótesis de que la guerrilla combatía consigo misma para despistar a las autoridades, los máximos jefes de la Tercera Brigada se afanaban en desacreditar las versiones de la prensa y los campesinos desplazados, aunque, paradójicamente, anunciaban investigaciones (Sic)", señala el informe, antes de reseñar una entrevista del periódico El País al entonces general Jaime Humberto Cortez Parada, Comandante de la Tercera División, y al entonces Coronel Julio Acosta Garay, Jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada.
En su investigación, el grupo de Memoria Histórica de Univalle cita a partes de dos informes de la Ong internacional Human Rigths Watch que "ofrecen un contexto en el que la posibilidad de una estrategia coordinada entre un sector del Ejército en el centro del Departamento y el grupo de paramilitares que entraba a operar en la región", fuera la causa de la negación de la presencia paramilitar.
Uno de ellos, extractado de una investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris, indica que "los informes de Human Rights Watch, por su parte, mencionan pruebas en contra de la Tercera Brigada, a la cual pertenece este batallón (Palacé), la vinculan con la formación del frente Calima de las autodefensas. Se denunció que algunos militares utilizaban sus vacaciones para trabajar con los paramilitares, que existía comunicación por radio y celular entre militares y paramilitares, y que un informante de los paras, apodado Tatabro, frecuentaba el Batallón Palacé de Buga, entre otras imputaciones".
Otro informe de la Ong internacional cuestionó el papel del Gobierno Nacional frente a los presuntos nexos de militares con paramilitares. "Durante su misión a Valle en enero de 2001, Human Rights Watch recibió más información que vinculaba a la III Brigada con la formación y el despliegue del Frente Calima. Además, lejos de tomar acciones decisivas para cortar estos lazos, castigar a los oficiales responsables y arrestar a los líderes paramilitares, el Gobierno colombiano ha hecho muy poco por enfrentarse a este grave problema".
El Papel de las Autoridades Civiles
Tras documentar cómo fueron los meses previos al ingreso de los paramilitares al Valle del Cauca y cómo fue su accionar en los meses de julio y agosto, el Grupo de Memoria Histórica de Univalle considera que "con la excepción del Defensor del Pueblo, Hernando Toro, todas las autoridades del Departamento, desde el Gobernador hasta los personeros parecían cautelosas de contrariar la versión dominante de la Policía y el Ejército", con relación a que en la región no existían grupos de las Autodefensas.
El documento evidencia un rol activo de los medios de comunicación locales en denunciar las amenazas, los panfletos y las acciones de los grupos paramilitares entre finales de julio y principios de agosto. Los investigadores consideran que después de la publicación de una serie de panfletos durante el fin de semana del 23 de julio y los asesinatos en La Moralia, "se hizo más constante la presión de los medios de comunicación sobre las autoridades para que ofrecieran respuesta sobre las denuncias".
Pese al aumento de desplazados que buscaban refugio en los cascos urbanos de Buga y Tuluá en los primeros días de agosto, el informe reseña que las autoridades civiles y militares del departamento, tras una cumbre de seguridad, decidieron seguir negando que las Autodefensas Unidas de Colombia estuvieran operando en territorio vallecaucano.
Luego de contradecir sus declaraciones de días anteriores, el entonces Gobernador encargado del Valle del Cauca, Juan Fernando Bonilla Otoya, reconoció el 6 de agosto que "todo indica que lo que pasó arriba de Tuluá fue una incursión de paramilitares. Infortunadamente para nosotros esta es una tercera fuerza en conflicto, lo que muestra que la guerra se nos metió ya al Valle del Cauca".
El Papel de Narcotráfico
El documento de Memoria Historia contextualiza que el arribo de los paramilitares se dio en medio de una guerra tras la reestructuración del narcotráfico debido a la muerte de los capos Hélmer ‘Pacho’ Herrera -del Cartel de Cali- y Orlando Henao, alias ’el hombre del Overol’- del Cartel del Norte del Valle-. Dicha guerra, dejó alrededor de cien muertos para finales de 1999.
Los investigadores controvierten las supuestas explicaciones que dio en diferentes escenarios el extraditado jefe paramilitar Éver Veloza, alias ’HH’, sobre el arribo de los paramilitares al Valle del Cauca. Según las declaraciones reseñadas en el documento, el exjefe paramilitar atribuyó esencialmente el ingreso de las Auc a la región a empresarios con familiares secuestrados y dejó de lado a los narcotraficantes.
Uno de las declaraciones que controvierte es que ’HH’ mencionó que las autodefensas recurrieron a los capos del norte de Valle cuando "los "empresarios" (una generalización deliberada que el exjefe paramilitar empieza a utilizar en el 2008) -según él, los reales artífices de la llegada paramilitar al Valle- cesaron de aportar a la causa de la Autodefensa. Una cuestión de necesidad logística y no de convicción ideológica (Sic)".
Una hipótesis que plantea la investigación sobre la llegada de las Auc al Valle del Cauca es que los narcotraficantes patrocinaron su ingreso y por eso no enfrentaron a un "potencial competidor en su territorio".
Otro argumento que utilizan es el siguiente extracto de una investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris: "Según la Oficina de Gestión de Paz, ante la gran expansión de la guerrilla, el Cartel del Norte del Valle, en particular el narcotraficante Diego Montoya, habría financiado la llegada de las autodefensas para atacar a la guerrilla, en especial en la zona central. Sin embargo, no se permitió que ingresaran en el norte del departamento, en donde los grupos armados al servicio de estos narcotraficantes tendrían ya un suficiente control territorial y no era notoria la presencia de la guerrilla. Desde la llegada de las autodefensas, es claro que su presencia en ciertas zonas obedece a intereses del narcotráfico".
Así mismo, en el documento se presentan varios ejemplos y situaciones que demostrarían que los paramilitares recibieron desde su llegada al departamento el apoyo de los capos de la región, y no fueron un salvavidas cuando los empresarios dejaron de contribuir a la causa antisubversiva.
El Papel de los Empresarios
El último capítulo del documento está basado en las publicaciones que diferentes medios nacionales y locales han publicado sobre las declaraciones de ’HH’ sobre terceras personas desde 2008 hasta la fecha.
Dichas declaraciones fueron dadas antes fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en las versiones libres y ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante los juicios que ha realizado por parapolítica.
Entre las personas mencionadas se encuentran ganaderos, industriales, políticos y comerciantes de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
30 de julio de 2011
29 de julio de 2011
©verdad abierta
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. En la última semana, dos hombres de confianza de Álvaro Uribe, ex presidente colombiano, fueron enviados a la cárcel. Ambos, así como el mandatario mismo, están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en grosos actos de corrupción. Se trata de su secretario presidencial, el abogado Bernardo Moreno; y de quien fuera su candidato para reemplazarlo en la presidencia, Andrés Felipe Arias, también conocido como Uribito. Los últimos días, a punto de encarar los procesos judiciales en su contra, éstos la pasaron entre clubes, tribunales, cárceles y pasillos, intentando convencer de su inocencia. "Obstruyendo la Justicia", concluyeron un par de jueces que decidieron detener a los dos altos ejecutivos incluso antes de que se los juzgue, lo que ha sido motivo de controversia nacional los últimos días.
Colombia. Solo hasta el lunes se conocerá el sitio de reclusión del alto exfuncionario de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, quien deberá ir a la cárcel mientras se adelanta el juicio en su contra por el caso de las ‘chuzadas’ del DAS, según determinó este sábado por la juez del Tribunal Superior de Bogotá, Marlene Orjuela, por considerar que puede obstruir a la justicia en el referido proceso.
Colombia. La Fiscalía de Justicia y Paz citó a 42 exparamilitares del Bloque Calima para que confiesen cómo fueron los hechos en los que murieron 12 personas tras la incursión que realizaron el 18 de diciembre de 2000 en la zona rural de Tuluá.
Colombia. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, alias ’el Mono’ Mancuso, por el asesinato de seis personas en el corregimiento Pijiguay, jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre).
Colombia. Dos nuevas condenas por parapolítica emitió la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los ex representantes a la cámara por el Chocó, Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez, a quienes el Alto Tribunal halló culpables de concertar con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ para mantenerse en el Congreso.
Colombia. El secretario General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que a esta entidad llegó la denuncia por la llamada operación Génesis, en la que paramilitares y miembros del ejército realizaron un operativo conjunto supuestamente contra el frente 57 de las Farc.
Colombia. En Recetor un menor enseña las fotos de sus padres desaparecidos, Yadira Carreño y Javier Martínez. Cuando eso yo tenía 6 años. Iba con mi papá a pie —habla un niño de 13— y llegamos a un alto desde donde se ve la escuela. Ahí estaban los señores esos y cogieron a mi papá y al otro señor que también lo habían mandado llamar. Los amarraron de las manos y nos llevaron hasta la escuela (…) Nos metieron en una pieza donde había un señor acostado, con las manos atrás y con una bota (metida) en la boca. El señor echaba sangre. A mi papá lo sacaron de ahí por la tardecita… ?"Al otro día reclamé que dónde estaba mi papá y me dijeron que él después venía. Entonces comencé a llorar y una señora me metió de cabeza a un tanque de agua. Ella era del grupo porque estaba uniformada. Le pidieron el favor a un señor que me trajera (al pueblo). Yo le pregunté al señor que qué eran los tiros que habían sonado (anoche) y me dijo que habían matado una vaca. Llegué donde mi mamá. Ella no estaba tranquila, y al otro día fue a hablar con el jefe de los señores. Yo no sabía nada de los paramilitares. Ahora sé que son actores armados de la violencia que matan a la gente sin ninguna piedad".