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narváez y los crímenes de los paras


José Miguel Narváez fue acusado por el asesinato del periodista Jaime Garzón, pero no ha sido la única sindicación que pesa sobre el exsubdirector del DAS quien tiene un largo historial con paramilitares.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario decidió llamar a juicio a Narváez como autor intelectual del asesinato del periodista Jaime Garzón en agosto de 1999. Para el organismo de investigador, Narváez influyó para que el jefe  paramilitar Carlos Castaño ordenara el crimen.
Éste no es el único caso por el que el exfuncionario del organismo de inteligencia es investigado y su historial está ligado a varias sindicaciones con paramilitares.
Los testimonios de por lo menos cinco ex jefes paramilitares señalan que Narváez fue quien influyó en que Carlos Castaño ordenara el asesinato de Garzón. Pero los señalamientos en su contra van mucho más allá del homicidio del humorista.
Desde el 19 de octubre de 2009, Narváez fue vinculado al asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994. Por esta razón, en junio de 2010 la Fiscalía ordenó su detención sin beneficio de excarcelación por lo que desde entonces permanece preso en una cárcel de Facatativá, Cundinamarca.
Según versiones libres de varios ex paramilitares, el exsubdirector del DAS también está relacionado con el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, cometido el 21 de mayo de 1999 y quien sería liberada por Carlos Castaño días después.
Narváez es un exempresario, oficial de la reserva del Ejército, que durante varios años trabajó como asesor del Ministerio de Defensa en temas de inteligencia. Fue catedrático de la Escuela Superior de Guerra y subdirector del DAS durante unos pocos meses en la era de Noguera. En diferentes épocas ha sido asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegán), cargo que ocupó hasta hace poco antes de ser arrestado. En las Fuerzas Militares siempre ha estado relacionado con los sectores más cuestionados, como el general Rito Alejo del Río.
Narváez trabajó como subdirector del DAS del 1 de junio de 2005 al 25 de octubre del mismo año hasta que fue declarado insubsistente. Antes de desempeñar ese cargo, Narváez había trabajado como asesor externo del Ministerio de Defensa durante la administración de Martha Lucía Ramírez y posteriormente como asesor externo del DAS hasta 2004.

Salpicado por Paramilitares
Uno de los primeros en mencionar a este polémico exfuncionario fue el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, a cargo de Bloque Catatumbo, quien dijo en una versión libre que Narváez fue instructor, ideólogo y un hombre que pudo influir en los paramilitares para ejecutar muchas de sus acciones. "Se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas. Estuvo en algunas escuelas de formación de cuadros de mando y tuvo la oportunidad de adoctrinar ideológicamente a esos hombres", dijo Mancuso.
Mancuso aseguró que lo conoció en 1996 en un campamento de Carlos Castaño y desde entonces se encontraron en varias reuniones convocadas por diferentes jefes paramilitares. El extraditado paramilitar dijo que ex funcionario del DAS se presentó a las Auc como profesor de la Escuela Superior de Guerra, y como tal, les dio instrucción militar en más de una oportunidad.
"Él disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar dónde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ong que, según él, eran propiedad de la guerrilla. Después le dije a Carlos: ’ese señor es un gran terrorista’", contó el exjefe paramilitar desde una cárcel en Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008.
"Me sorprendió cuando lo vi de segundo de Noguera (Jorge Noguera) en el DAS", dijo a diferentes medios de comunicación el también exjefe paramilitar Freddy Rendón, alias el ’Alemán’, refiriéndose a Narváez. ‘El Alemán’ delinquió en el Urabá antioqueño y chocoano a cargo del Bloque Élmer Cárdenas.
Testimonios similares a los de estos dos ex paramilitares también han rendido ante las autoridades Diego Fernando Murillo alias ’Don Berna’, Iván Roberto Duque alias ’Ernesto Báez’ y Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’. Son estas versiones, entre otras pruebas, las que tienen tras las rejas al exfuncionario del organismo de inteligencia.
Como hecho especial, el ex jefe paramilitar habló sobre una oportunidad en la que Carlos Castaño le pidió a Narváez que lo "ayudara" con un comandante del Ejército en Urabá que  estaba propinando fuertes golpes a las estructuras paramilitares en esa zona del país.
En otra versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, alias ‘El Mono Mancuso’, aseguró que, entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada "¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?" a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.
El contenido de las cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.
Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: "Cree que todos son guerrilleros", le dijo.
A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: "Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos", aseguró.
El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo’ y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.
En junio de 2008, alias ’El Iguano’ también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolívar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.
El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas "Veintiuno" y "Quince" de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. "El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", dijo.

Narváez y el Juicio contra Jorge Noguera
A raíz de todas estas sindicaciones el ex subdirector del DAS ha tratado de defenderse y en varias procesos, como el que se adelanta contra Jorge Noguera, ha señalado que el fue quien hizo varias denuncias de infiltración del paramilitarismo en los organismos de seguridad del Estado.
Sobre su desempeño en el DAS, ha negado cualquier vínculo con grupos paramilitares, así como nexos con el ex jefe de informática del DAS y ficha clave de los paramilitares en el organismo, Rafael García. Narváez aseguró que durante su administración en el DAS se adelantaron más de 17 operaciones en contra de grupos paramilitares.
Narváez reconoció en una audiencia la existencia del denominado ‘G-3’, grupo de análisis de inteligencia al interior del DAS que monitoreaba actividades de ONG en el país, pero negó su participación en las actividades de este grupo o como creador del mismo, afirmaciones hechas por el coordinador de ese grupo, Fernando Ovalle.
Narváez está preso por el delito de concierto para delinquir en el caso de las ‘chuzadas’ del DAS desde el 3 de agosto de 2009, bajo custodia del Ejército Nacional en Facatativá. Su caso está asignado al juzgado Sexto Especializado de Bogotá y se encuentra en etapa de interposición de recursos de nulidad.
Contra Narváez se adelantan también investigaciones en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por el asesinato de Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas, iniciadas con base en los testimonios de alias ‘El Iguano’ y ‘Don Berna’ respectivamente.
En la audiencia del juicio contra el exdirector del DAS Jorge Noguera, celebrada en mayo de 2010, Narváez habló sobre algunas irregularidades cometidas al interior del DAS que nunca fueron investigadas por la justicia. Entre ellas, la creación de una agencia de inteligencia anexa al DAS que robaba información y expedientes para paramilitares y narcotraficantes, y que además cometía asesinatos.
Según dijo el ex funcionario, el 11 de febrero de este año solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera con el propósito de establecer "la verdad de lo ocurrido" con relación al DAS".
Aseguró que algunos hechos e irregularidades fueron denunciados por él cuando trabajaba como subdirector del DAS y que nunca fueron investigados por la Fiscalía. La mayoría de estos hechos se relacionan con la supuesta infiltración de paramilitares en el DAS.

Varela, Miguel Arroyave y el DAS
Narváez habló también sobre dos reuniones que tuvo en 2005 con un ex funcionario del DAS, llamado Carlos Moreno Roa, quien fue declarado insubsistente por Noguera ese mismo año, y quien presuntamente tenía información sobre la infiltración de paramilitares en el DAS.
En esas reuniones, grabadas por Narváez, el ex funcionario le dijo que había asesinado gente por orden del entonces jefe de inteligencia del DAS, Enrique Ariza. Se refirió también a expedientes del DAS que había sido robados del organismo y que vinculaban al narcotraficante Wilber Varela alias ‘Jabón’ con funcionarios de la fuerza pública. Estos expedientes, según el relato, fueron entregados a Varela.
El ex funcionario habló de otras irregularidades que vinculaban a Ariza con los paramilitares, entre ellas, sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC y con su ex comandante Miguel Arroyave a quien supuestamente le vendió información de inteligencia por 150 millones de pesos.
Tras estas reuniones, Narváez aseguró que hizo las respectivas denuncias ante el entonces fiscal general, Mario Iguarán, pero hasta hoy, cinco años después de esas presuntas denuncias, "nada ha pasado".

‘Macaco’ y el DAS
Narváez habló sobre una grabación que le fue entregada en 2005 por una agente del DAS, Sonia Rodríguez Briceño, en la que dos agentes de inteligencia del DAS conversaban sobre un supuesto plan de los paramilitares comandados por alias ‘Macaco’ para crear una agencia de inteligencia paralela al DAS que sería coordinada por Enrique Ariza, en ese momento, Director de Inteligencia del organismo.
La grabación, según Narváez, incluía un plan para atentar contra él y contra un general de la Policía que eran considerados un obstáculo para la creación de esa agencia.
Según Narváez, con esta grabación se dirigió a la oficina de Jorge Noguera y tras explicarle la situación, ordenaron una investigación interna sobre estos hechos. Narváez asegura que hasta hoy no se ha dado ningún resultado sobre estas grabaciones. "Mi deseo es saber qué pasó con las denuncias que hice porque parece como si se estuviera ocultando la investigación" señaló Narváez.
21 de junio de 2011
©verdad abierta

el gatillero del bloque central bolívar


’Pelo de loca’ fue reclutado por los paramilitares cuando tenía 16 años, cuando se voló de un centro para niños. La Fiscalía lo acusa de asesinato, secuestro y concierto para delinquir.
Colombia. Jhon Jairo Abaunza Cuadros alias ‘Pelo de loca’ fue uno de los 142 menores de edad del Bloque Central Bolívar (Bcb) Sur Bolívar que ingresó a ese grupo paramilitar siendo un adolescente. Durante tres años delinquió como patrullero en las comunas de Barrancabermeja, asesinando a personas señaladas de abusar de las mujeres, colaborar con la guerrilla o vender gasolina ilegal.
Ante una magistrada de Justicia y Paz, la Fiscalía 41 con sede en Bucaramanga le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y secuestro simple. Alias ‘Pelo de loca’ rindió versiones libres en junio, agosto y septiembre de 2010, y los siete crímenes que confesó durante esas audiencias le fueron imputados.
El exparamilitar fue reclutado por las autodefensas en enero de 2001 cuando tenía 16 años y cursaba primero de bachillerato. Según le contó a Justicia y Paz, lo hizo por medio de alias ‘Rayo’ y se entrenó en La Cruz Negra, la base de entrenamiento de San José de Los Chorros, ubicada en el municipio del Playón. En versión libre, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias ‘Piraña’ contó que él creó esa escuela junto a Norto Rafael Pérez alias ‘Capurro’, donde había pista de obstáculos y telaraña, y los paramilitares recibían clases sobre tipo de armas y formación ‘política’.
Según la Fiscalía, alias ‘Pelo de loca’ recibió allí instrucción ideológica por parte de Jairo Ignacio Orozco González alias ‘Tarazá’, el exjefe político del Bcb para Santander. Siendo un adolescente, el exparamilitar ingresó al Frente Wálter Sánchez, uno de los once grupos paramilitares que creó el Bcb para delinquir en el sur de Bolívar y en puntos estratégicos de Santander.
El Frente Wálter Sánchez fue creado por Hernán Darío Marulanda alias ‘Felipe Candado’ el 11 de noviembre de 1999, tras la muerte de Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac. ‘Felipe Candado’ le propuso al reducto  de hombres de las Ausac que había quedado en Santander que se incorporara a ese nuevo grupo de autodefensas para incursionar Bucaramanga. Así el Frente Wálter Sánchez delinquió en la capital santandereana y con asentamiento principal en el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Rionegro), entre julio de 2001 y marzo de 2002, cuando el grupo fue absorbido por un nuevo frente conocido como el Fidel Castaño.
"Por ser menor de edad, alias ‘Piraña’ y ‘Tarazá’ entregaron a alias ‘Pelo de loca’ a la policía de San Rafael de Lebrija. De allí lo llevaron a Bogotá a un instituto pero se fugó. Siendo mayor de edad, ingresó de nuevo a los paramilitares", contó la Fiscalía de Justicia y Paz.

En el Puerto Petrolero
A su regreso a los paramilitares, alias ‘Pelo de loca’ ingresó al Frente Fidel Castaño que delinquía en Barrancabermeja desde octubre de 2000 y varios de sus sectores colindantes como el corregimiento El Centro y la zona rural. En marzo de 2002 este frente ya se había expandido a Bucaramanga y su área metropolitana, después de absorber al Frente Wálter Sánchez.
Alias ‘Pelo de loca’ ingresó en 2003 cuando ‘Piraña’ era el jefe de ese frente. Bajo sus órdenes y con la complicidad de José Orlando Estrada Rendón alias ‘Paisa’ o ‘Copito Jhonson’, alias ‘Mario’, alias ‘Mono Ezequiel’ y ‘Ñeque’ aceptó haber asesinado a siete personas en Barrancabermeja.
 En la audiencia de imputación, reconoció que el 11 de noviembre de 2003 asesinó a un señor en la Comuna 7, por señalamientos de alias ‘Paisa’. "Eran las siete de la noche y el señor venía del trabajo en su cicla. Le dijeron que ‘Mono Ezequiel’ lo necesitaba y en el sector de La Independencia lo retuvieron y luego le propinaron varias heridas con arma blanca. Alias ‘El Paisa’ lo acusaba de organizar reuniones con la guerrilla", narró la Fiscal.
Un mes después, el 14 de diciembre de 2003, alias ‘Pelo de Loca’ participó en el asesinato de otro señor, ocurrido en un bailadero del barrio Villarelis. "La víctima fue sacada del barrio y retenida en una plazoleta. A las ocho de la noche, después de torturarlo, lo asesinaron tras propinarle varios disparos", leyó la Fiscalía ante el Tribunal de Justicia y Paz.
El 8 de enero de 2004, el exparamilitar participó en el intento de asesinato de un señor, señalado de ser ‘pimpinero’ o comercializar gasolina de forma ilegal. Veinte días después, el 27 de enero de 2004, alias ‘Pelo de loca’ junto a alias ‘Paisa’ asesinó a otro señor señalado de colaborar con la guerrilla. "La víctima estaba retenida en el barrio La Paz y lo asesinaron entre ‘Neque’ y ‘Pelo de loca’ después de provocarle heridas con arma blanca y de fuego", dijo la Fiscalía.
Antes de ser capturado en noviembre de 2005, el exparamilitar también delinquió en el Frente Juan Carlos Hernández del Bcb, cuyo jefe fue alias ‘Piraña’ y tuvo presencia en el Bajo Simacota, El Guamo y San Juan Bosco. ‘Pelo de loca’ cometió otros tres crímenes por los cuales ya fue condenado en la justicia ordinaria. Según aceptó ante los despachos judiciales, dos de sus víctimas fueron dos señores señalados de haber abusado o acosado sexualmente a las mujeres.
Ante la magistrada de Justicia y Paz, el exparamilitar reconoció una imputación parcial de cargos mientras aclara si algunos de los crímenes confesados los cometió siendo menor de edad. El proceso continuará en el Tribunal del Palacio de Justicia de Bucaramanga cuando llegue a las siguientes etapas de formulación y legalización de cargos. Alias ‘Pelo de loca’ está preso en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Esta es de las primeras audiencias de imputación en Bucaramanga, después del nombramiento de una magistrada con funciones de Justicia y Paz. A su cargo, estarán las audiencias de los crímenes cometidos por paramilitares del Bloque Central Bolívar, las Autodefensas del Sur del Cesar conocidas como Frente Héctor Julio Peinado, y los paramilitares del Bloque Catatumbo.
21 de junio de 2011
20 de junio de 2011
©verdad abierta

los crímenes de alias rancho


El exparamilitar de las Autodefensas del Sur del Cesar reconoció 49 crímenes, durante la primera jornada de imputación de cargos realizada en Bucaramanga.
Colombia. Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ fue ‘gatillero’ de sus jefes paramilitares Armando Madriaga alias ‘María Bonita, Jairo Martínez alias ‘Pacho Paraco’ y Mario Castro alias ‘Mario’ en Aguachica, César. Buscaba a sus víctimas en casas, billares, tiendas y bodegas, les disparaba en la cabeza y luego emprendía la huida junto a sus cómplices alias ‘Rubiano’, ‘Jerson’ y ‘Niño Escobar’.
Durante la más reciente jornada de imputación de cargos ante una magistrada de Justicia y Paz en Bucaramanga, alias ‘Rancho’ aceptó 49 crímenes, entre ellos, asesinatos, secuestros y torturas, documentados por la Fiscalía 34 de Justicia y Paz. Esta unidad investiga los delitos cometidos por las Autodefensas del Sur del Cesar, conocidas como Frente Héctor Julio Peinado Becerra.
El exparamilitar que comenzó siendo el ranchero o encargado de la alimentación de la tropa, se convirtió en un sicario que asesinó a más de 200 personas entre 1995 y 2000, señalándolas de ser colaboradoras de la guerrilla, delincuentes comunes y expendedores de drogas ilícitas.

Disparé y Disparé
Alias ‘Rancho’ parecía francotirador. En versiones libres, confesó que casi al instante en que disparaba, las víctimas morían por la precisión de las balas y la sevicia con que lo hacía. El 30 de enero de 1997, por ejemplo, asesinó a un señor que era señalado de ser un presunto auxiliador de la guerrilla. "Participamos ‘Niño Escobar’ y yo. Yo disparé. Recuerdo que el señor estaba sentando en una mecedora y cuando entré a su casa, lo maté. Ahí quedó el cuerpo", dijo el exparamililitar.
El 30 de agosto de ese mismo año asesinó de forma similar a un presidente de Junta de Acción Comunal, señalado de ser colaborador de la guerrilla. "Ese día el señor estaba sentado entre dos señoras. Cuando vio que yo iba a sacar el arma, empezó a correr. Disparé casi todo el proveedor hasta pegarle entre 13 y 14 tiros. Después le pegué otro tiro en la cabeza y emprendimos la huida en moto", contó alias ‘Rancho’ en versión libre.
El 11 de enero de 1998, también en Aguachica, asesinó de la misma forma a un hombre, señalado por alias ‘Pacho Paraco’ y ‘Mario Castro’. "Ellos llegaron en una camioneta y se llevaron a ‘Niño Escobar’ para mostrarle la víctima. Luego me recogieron a mí para que yo lo matara porque la víctima vio a ‘Niño’. Fui hasta la bodega donde estaba el señor sentado sobre un bulto y le pegué entre 8 y 9 disparos", contó el exparamilitar.
Cuando delinquió en Ocaña, también fue sicario. El 25 de noviembre asesinó a un señor, señalado por alias ‘Pacho Paraco’ de vender alucinógenos a la salida de los colegios. "Íbamos en un carro y parece que el señor era amigo de ‘Pacho Paraco’ porque lo saludó. Luego ‘Pacho’ me dice que lo mate. Entonces yo me acerqué, saqué la pistola y le pegué un tiro por la cabeza por la parte de atrás. El señor cayó al sueño y luego le pegué otros dos tiros en la cabeza", dijo el exparamilitar.
En otros casos en que no disparó directamente, fue cómplice de los asesinatos cometidos por alias ‘Jerson’. "El señor estaba en la entrada del barrio Idema y lo llevamos a una finca para matarlo. El día en que estuvo retenido, ‘Jerson’ lo torturó, lo hacía tomar agua para que dijera la verdad. El señor era señalado de ser un guerrillero que venía del sur de Bolívar, pero yo no supe si eso era verdad. ‘Jerson’ fue el que le disparó", dijo. Este crimen ocurrió el 20 de julio de 1997.
Durante las versiones libres, alias ‘Rancho’ le dijo a la Fiscalía que los asesinatos que cometió obedecieron a órdenes de sus jefes paramilitares. El exparamilitar aceptó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas, uso de uniformes, homicidio en persona protegida, secuestro, tortura y desplazamiento.
Alias ‘Rancho’ ya confesó otros 170 crímenes que le serán imputados en una audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz en Bucaramanga.
21 de junio de 2011
17 de junio de 2011
©verdad abierta

narváez a juicio por asesinato


José Miguel Narváez, a juicio por homicidio de Jaime Garzón. Según la posición del fiscal a cargo del caso, Narváez habría instigado al exjefe paramilitar Carlos Castaño para que se ejecutara el asesinato el 13 de agosto de 1999.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía profirió este lunes resolución de acusación en contra del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez por encontrarlo presuntamente responsable del asesinato del periodista Jaime Garzón.
Según la posición del fiscal a cargo del caso, Narváez Martínez habría instigado al exjefe paramilitar Carlos Castaño para que se ejecutara el asesinato.
Narváez permanece recluido en Facatativá (Cundinamarca) desde finales de junio del 2010 por este caso, y también por el homicidio del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, padre del congresista Iván Cepeda.
Este proceso pasará ahora a la etapa de juzgamiento por jueces especializados de Bogotá.
Tras el asesinato de Garzón, su defensa logró demostrar que durante la etapa de investigación hubo múltiples irregularidades orquestadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad.
20 de junio de 2011
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batalla por la autopista medellín-bogotá


La batalla entre paras y guerrilla por la Autopista Medellín - Bogotá. Durante varios años, en un amplio tramo de la Autopista Medellín – Bogotá en el Oriente antioqueño, se registraron enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros. En esa guerra la población civil llevó la peor parte.
Colombia. La autopista Medellín – Bogotá, desde el Carmen de Viboral hasta Puerto Triunfo, fue una zona de guerra del Frente paramilitar José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), responsable de decenas de crímenes contra la población civil en su confrontación con las guerrillas de las Farc y el Eln.
Homicidios, descuartizamientos, degollamientos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos hacen parte de los crímenes perpetrados por este frente de las Acmm, comandando por Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘MacGuiver’, quien estuvo al frente de esta estructura paramilitar entre los años 2000 y 2006.
Durante la tercera semana de versión libre ante un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, tanto alias ‘MacGuiver’ como los patrulleros Carlos Arturo Giraldo Valencia, Rodrigo Alonso Quintero, Oscar Albeiro Tabares Valencia y John Jairo Bonilla Quinchía, confesaron alrededor de 100 hechos cometidos durante los años en los que el Frente José Luis Zuluaga luchó por el poder en la autopista Medellín – Bogotá.
Si bien no todos los asesinatos de los paramilitares tuvieron motivaciones políticas o militares, en el caso del dominio de la Autopista muchos fueron perpetrados con el ánimo de tener el control sobre esta importante vía, que conecta a Medellín con una vasta zona del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio, en su ruta hacia Bogotá.
Para 2000, los corregimientos aledaños a esta carretera habían sido tomados en repetidas ocasiones por los frentes 9 y 47 de las Farc, y Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave del Eln. Su presencia obedecía a razones económicas y estratégicas: de un lado, el Oriente antioqueño generaba en sus hidroeléctricas la tercera parte de la energía que consumía el país y cualquier atentado al sistema de distribución afectaba buena parte del país; de otro, estaba cerca al Valle de Aburrá, lo que facilitaba no sólo su cadena de abastecimiento y logística, sino la obtención de recursos por la vía de la extorsión y el secuestro.
De acuerdo con estadísticas de la época, esta vía era considerada como la tercera en importancia en la red vial nacional y de acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), por ella transitaban entre 12.000 y 18.000 vehículos; además, los transportadores de carga movilizan 9.000 toneladas de productos.
El Frente José Luis Zuluaga para ese entonces, había incluido en sus filas a exmilitantes de ambas guerrillas que servían como informantes de las actividades de los diferentes frentes y de sus "supuestos" colaboradores.
Si bien los postulados declararon no matar a nadie que no estuvieran seguros de que pertenecieran o ayudaran a la guerrilla, la mayoría de los familiares de las víctimas controvirtieron estas afirmaciones asegurando que los asesinados y desaparecidos no sólo eran campesinos honestos ajenos al conflicto, sino que muchas veces fue el deseo de implantar el terror en la Autopista lo que llevó a los paramilitares a afectar de esa manera a la población civil.
Es el caso, por ejemplo, de Rigoberto Ruiz Aristizábal, un campesino que vivía con su esposa en la vereda la Línea, del municipio de San Luis, y quien fue asesinado el 11 de diciembre de 2001.
De acuerdo con el exparamilitar Rodrigo Alonso Quintero, alias ‘Parcero’, mientras realizaban un patrullaje por la Autopista, uno de sus comandantes, quien había sido exguerrillero del Eln, señaló al campesino como "un colaborador de la guerrilla". Siguiendo sus órdenes, lo sacaron de la casa y se lo llevaron a un lugar llamado El Cruce, cerca al río Romerón. Allí, alias ‘Parcero’ le disparó dejando el cuerpo tirado sobre el puente.
Familiares de Ruiz Aristizábal presentes en la versión libre fueron enfáticos al aclarar que la víctima "no era ningún miliciano de la guerrilla, él sólo era un arriero que trabajaba para sostener a su esposa y a sus dos hijos. Su esposa estaba embarazada cuando se lo llevaron y lo único que le dejaron fue un volante en el que decía que tenía 24 horas para irse de la casa".
Esa misma noche, habitantes del corredor de la autopista entre los ríos Samaná y Calderas, que cruza por las veredas El Cruce, el Alto de San Luis, la Habana, Aragones, Tebaida, el Valle del Sol, el Silencio y Calderas, recibieron la orden de evacuar la zona bajo amenaza de muerte. Este fue el primer desplazamiento masivo ordenado por alias ‘MacGuiver’ con el fin de tener un vasto territorio abandonado para poder enfrentar a los grupos guerrilleros y realizar sus actividades criminales.
Según registros de aquellos años, los paramilitares obligaron a más de 8 mil campesinos a dejar sus parcelas y desplazarse a los cascos urbanos de Santuario, Cocorná, San Luis, El Carmen de Viboral y San Francisco y a permanecer en ellos por más de tres meses, generando una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Pese a que los familiares de las víctimas insistieron en aclarar de distintas maneras que sus familiares no pertenecían a grupos insurgentes, los exparamilitares insistieron en sus relatos que las personas asesinadas hacían parte de las guerrillas de las Farc y el Eln.
Una de las contradicciones entre unos y otros quedó evidenciada en el caso de Rodrigo de Jesús Hoyos, quien fue señalado y asesinado por ser "miliciano" del Eln. Frente a esa acusación, un hermano de la víctima aseguró que Rodrigo de Jesús tenía problemas mentales, una demencia senil que le impedida realizar actividades tan cotidianas como salir de la casa solo o cocinar.
Ni siquiera John Jairo Bonilla Quinchía, alias ‘Guerrero’, supo contestar cuando le preguntaron por qué lo había matado, pues la orden que había recibido de parte de su comandante era asesinar a Javier Mazo Hoyos, primo de Rodrigo de Jesús. Lo que quedó claro en la versión libre es que este homicidio fue un "error" de los paramilitares.
Bajo el argumento de que todo el que fuera colaborador de la guerrilla era objeto militar, los exparamilitares confesaron que seguían órdenes de sus jefes, de quienes dicen desconocer su paradero, y otros están muertos.
En esta nueva jornada ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, representantes de víctimas refutaron la versión entregada por Oscar Albeiro Tabares Valencia, alias ‘Marcos’, referente a la desaparición de tres menores de edad y su tío Alirio Quintero Gómez.
Según el exparamilitar, tanto el tío como los jóvenes eran "informantes de la guerrilla". Pero el abogado Oscar Correa, de la Corporación Jurídica Libertad y quien representa a las víctimas, argumentó que para la fecha de la desaparición el mayor de los niños tenía 12 años, "por tanto, era difícil creer que pudieran pertenecer a un grupo armado".
Desde el 12 de octubre de 2002 no se supo nada más sobre este grupo familiar. El 16 de junio de 2011 los familiares tuvieron información sobre la fosa en la que, luego de ser torturados, asesinados y desmembrados, fueron enterrados. No obstante, aún no se han realizado las labores de exhumación por parte de la Fiscalía General de la Nación para hallar sus restos.
Durante seis años el Frente José Luis Zuluaga comandado por Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘MacGuiver’, implantó el terror contra todo aquel que, según ellos, "tuviera la mínima cercanía con los grupos guerrilleros", que, en sus propias palabras, "pasaban por la autopista, quemaban buses, hacían pescas milagrosas, secuestraban y mataban".
Sin embargo, como lo narró una de las víctimas en Medellín presente en la sala donde se transmitió la versión conjunta de estos exparamilitares, era casi imposible que en medio de un conflicto donde operan muchos grupos armados al margen de la ley no se tuviera contacto con al menos uno de ellos.
Ejemplo de ello es el caso de Alfonso de Jesús Quiceno Aristizábal, un expendedor de carne del municipio de San Luis. Según alias ‘MacGuiver’, "todos los carniceros debían aportar un kilo de carne semanal para los paramilitares".
Como todas las personas que tenían un negocio, Quiceno Aristizábal se vio forzado a venderle carne tanto a los paramilitares como a los guerrilleros. Sin embargo, los paramilitares siempre le pedían más. Finalmente, el Frente José Luis Zuluaga acumuló una deuda de casi 600 mil pesos. Cuando Alfonso quiso cobrar el dinero, fue señalado como "cómplice de la guerrilla" y una semana después apareció muerto.
En un intento por justificar las muertes, alias ‘Macguiver’ aseveró que cerca de 100 exparamilitares que integraban su estructura armada habían pertenecido a las Farc y al Eln, y operado en el Oriente antioqueño, circunstancia que, según él, "les permitió identificar sus víctimas".
En este duro ejercicio de contrastación de las versiones y ante el deseo de perdón expresado por los exparamilitares versionados algunos familiares de las víctimas le dejaron esa tarea a Dios; otros han sido capaces de perdonar, pero no de olvidar.
Aún faltan por confesar 119 crímenes reportados por los mismos paramilitares en una lista que día a día se confronta con las versiones de los familiares. Esta diligencia colectiva continuará en la semana del 20 al 24 de junio en Bogotá, con transmisión a Medellín.
20 de junio de 2011
©verdad abierta

amenazas en medellín


No paran las amenazas a líderes en Medellín. Más de 50 líderes comunitarios en Medellín se encuentran amenazados, pero podrían ser más porque muchos prefieren no denunciar sus casos por temor.
Colombia. Tanto en Medellín como en algunos municipios del Valle de Aburrá, el trabajo comunitario se convirtió en una actividad altamente riesgosa. El reciente asesinato de Ana Fabricia Córdoba, ocurrido el pasado 7 de junio, así parece demostrarlo. Lo grave, según lo manifestaron líderes consultados por la Agencia de Prensa IPC, es que sus reiteradas denuncias siguen sin ser escuchadas y temen que crímenes como el de Córdoba vuelvan a repetirse.
Al respecto, los registros de la Personería de Medellín indican que en lo que va corrido del año, unos 50 dirigentes barriales han recibido intimidaciones por causas relacionadas con sus actividades. Sin embargo, la problemática podría ser aún mayor dado que muchos dirigentes barriales prefieren no denunciar antes las autoridades, bien por temor a represalias de los grupos armados ilegales o por desconfianza hacia la Fuerza Pública.
Ana Patricia Aristizábal, personera delegada para los Derechos Humanos, reconoce que la situación actual para el movimiento comunitario de Medellín no es fácil. "Sí hay una presión muy fuerte contra algunos líderes. No es una situación generalizada, pero sí se observa que hay serias dificultades en algunos barrios para ellos", declaró.
La Agencia de Prensa IPC quiso constatar qué tan delicado es el panorama para los líderes sociales y comunitarios de la ciudad. En sus indagaciones esta Agencia pudo establecer que luego del crimen de Ana Fabricia se recrudecieron las intimidaciones contra líderes de la comuna 3 que acompañaron por varios años el trabajo de la líder desaparecida.
De igual forma, integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas manifestaron que por lo menos 10 de sus integrantes, todos habitantes de municipios del Valle de Aburrá, han sido amenazados por parte de grupos armados ilegales en el último año.
Voceros de la Corporación Itagüí Nueva Gente declararon que luego de la movilización que tuvo lugar este miércoles 8 de junio en las calles de este municipio, en señal de protesta por el alza del impuesto predial, unos hombres motorizados abordaron a una familiar de Carlos Andrés Cardona, promotor de la marcha, para decirle "a Carlos que se quede callado por su bien".
"Vamos a tomar la decisión de, por el momento, replantear el tema de las movilizaciones, porque supone un riesgo bastante alto para nosotros, un riesgo que nosotros no estamos en capacidad de afrontar. Hay un ambiente tenso, muy caldeado y muy preocupante", señaló Jonathan Clavijo, presidente de la Corporación.

Desplazados: en la Mira
Sin duda quienes más están sintiendo el rigor de las amenazas son los voceros de los desplazados en los barrios periféricos de Medellín. Según integrantes de la Mesa de Población Desplazada, unos 30 integrantes de esta instancia que aglutina a las víctimas de este flagelo residentes en la ciudad han sido objeto de amenazas de muerte en los últimos dos años.
Incluso, varios de ellos volvieron a padecer nuevos desplazamientos pues tuvieron que abandonar sus barrios y, en casos más graves, hasta la ciudad y el país. Para ellos, el asesinato de Ana Fabricia Córdoba constituye la prueba fehaciente de la desatención estatal a sus denuncias. Si bien el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha señalado que la líder rechazó en varias oportunidades el esquema de protección que le puso a su disposición el Gobierno, los voceros de los desplazados tienen razones de peso para defender esta postura.   
Tal es el caso de Miguel*, integrante de la Mesa de Población Desplazada, quien también ha sido víctima de intimidaciones contra su vida. A su juicio, las rutas de atención que tiene actualmente el Ministerio del Interior no son garantía de protección para las víctimas de amenazas.
"En primer lugar, los análisis de riesgo siempre salen bajos, es decir, que no requerimos protección. En segundo lugar, las instituciones se viven "tirando la pelota": Secretaría de Gobierno dice que es la Policía, allá dicen que es el Ministerio del Interior y en Bogotá dicen que eso le toca a la Alcaldía", expresó Miguel. A esta situación se suma la desconfianza generalizada que existe entre los líderes barriales y miembros de organizaciones sociales hacia algunos miembros de la Fuerza Pública.
"A uno lo amenazan las bandas del barrio. Se pone la denuncia en Fiscalía y lo que primero que hacen es mandar un Policía a la casa para que haga la investigación y luego llegan los de las bandas a decir que uno es un ‘sapo’. Así me pasó a mí y por eso me tuve que ir del barrio. Además, yo he sido testigo de casos donde el policía sale y le dice a los combos, con nombre propio, quien fue el que puso la denuncia. Así quien se anima a pedir protección", acotó Miguel.
"Y así, con desconfianza y todo, uno acude a las autoridades y tampoco hacen nada", indicó a su vez Israel Blandón, también integrante de la Mesa, quien ya no sabe a quien acudir en busca de protección para su vida. Su historia deja en evidencia que quienes asumen la vocería de sus comunidades para reclamar la restitución de derechos deben enfrentarse a fuerza oscuras muy poderosas.
Israel y otro grupo de personas comprometidas con el trabajo comunitario decidieron recoger las banderas dejadas por Janeth Martínez y Jorge Murillo, miembros de la junta de acción comunal del barrio Nuevo Amanecer, corregimiento Altavista, quienes abandonaron la ciudad en noviembre de 2010 tras recibir sendas amenazas de muerte luego de rechazar la propuesta de un grupo armado ilegal de financiar proyectos comunitarios con dineros producto de actividades ilegales.
Murillo falleció en el departamento de Córdoba como consecuencia de una penosa enfermedad y Janeth engrosa la lista de desplazados de cualquier ciudad del occidente del país. Ambos venían reclamando ante la Administración Municipal una serie de mejoras para su barrio, habitado en un 90% por población desplazada proveniente del pacífico colombiano. Pese a su disposición y compromiso, Israel y sus compañeros se vieron obligados a abandonar Nuevo Amanecer en mayo de 2010 por cuenta de nuevas intimidaciones. En el caso de Israel, los mensajes y llamadas advirtiéndole que acabarán con su vida continúan.
 "Y ¿dónde no habré estado por dios? Secretaría de Gobierno, Acnur, Ministerio del Interior y nada. Hace como dos meses estuve en la Sijin, me hicieron unas preguntas, me dijeron que unos policías iban a ir a mi casa para hacerme el estudio de riesgo. A mí ni me gustó, pero acepté. Pero vamos para dos meses y esta es la hora en que no han ido ni me han llamado. ¿Qué más que queda por hacer?", manifestó Israel.
Frente a este panorama, queda la pregunta de si se trata de una persecución con tintes políticos contra el movimiento social y comunitario de Medellín. Israel Blandón no vacila en su respuesta: "Nosotros tenemos claro que esto es una persecución política. Nosotros hacemos un trabajo por reclamar nuestros derechos y por eso, nos hemos convertido en una piedra en el zapato".

Situación en los Barrios
En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses.
"Se trata de los presidentes de las JAC de Villa Hermosa, el de Colinas de Enciso parta baja y me informaron de dos presidentes de acciones comunales de los asentamientos de población desplazada que existen en la comuna que también tuvieron que irse de la zona", manifestó Maya, quien también ha recibido presiones por parte de los grupos armados que operan en la zona.
Y es que para los dirigentes barriales de esta comuna, aspectos como recuperar los espacios públicos tomados por los integrantes de los grupos armados ilegales, no colaborar con ellos, oponerse a la venta de estupefacientes en sus barrios o no pagar extorsiones que imponen los armados a los contratos que suscriben las juntas de acción comunal se han convertido en motivo de intimidaciones permanentes.
"Nosotros somos el puente entre la comunidad y la Administración Municipal. Somos quienes recibimos las denuncias de los habitantes de los barrios y, por ese nivel de visibilización, nos hemos convertido en objeto de señalamientos. Eso ha dificultado mucho el trabajo comunitario", declaró Maya. Lo preocupante, según el dirigente, es que no existen los suficientes niveles de confianza entre quienes adelantan trabajo comunitario y las autoridades civiles y de Policía.  
"Varios líderes han sido señalados de ser colaboradores de los grupos armados por parte de algunos miembros de la Policía. Eso es realmente triste porque los encargados de brindar la seguridad y el acompañamiento a la sociedad son los primeros en acusarnos. Tampoco hay confianza hacia la Secretaría de Gobierno porque vemos más interés en acompañar a los combos con ayudas y oportunidades para ellos que a las personas de bien", señaló Maya, quien recordó que en 2009 se registró en la comuna 8 una "muerte anunciada" como la de Ana Fabricia: la del dirigente cívico Alexander Pulgarín, quien fue asesinado el 20 de diciembre de ese año en momentos en que visitaba a su familia.
Por ahora, personas como Israel, Miguel, y Jairo Maya esperan que no se vuelva a presentar un hecho trágico como el de Ana Fabricia Córdoba para que las autoridades civiles y de Policía entiendan que los riesgos que corren sus vidas son reales e inminentes.    
[*La fuente hizo una petición expresa de omitir su identidad.]
19 de junio de 2011
13 de junio de 2011
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senador cáceres dice que es inocente


Senador Cáceres insiste en su inocencia. Antes los magistrados del Consejo de Estado el senador Javier Cáceres se declaró inocente frente a las sindicaciones que hay en su contra por tráfico de influencias, corrupción y parapolítica.
Colombia. En audiencia pública, el ex presidente del Senado negó haberse reunido con grupos paramilitares. Además aclaró que durante su ejercicio político trabajó contra la corrupción y que nunca ejerció influencias para favorecer el nombramiento de personas en cargos públicos.
Sobre las acusaciones que el excomandante paramilitar Úber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, el parlamentario aseguró que era una confusión que el mismo desmovilizado había aclarado posteriormente.
"’Juancho Dique’ no ha dicho que hizo acuerdos políticos conmigo", dijo Cáceres, recurriendo además a una declaración en la que el paramilitar aseguró que por presión de los magistrados auxiliares de la corte declaró en contra él.
Durante la diligencia, la Procuraduría pidió que se le mantenga la investidura del senador y lo exoneró de los de los cargos por los que se le investiga.

Los Testimonios en contra de Cáceres
A principios de julio de 2010, en el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel el desmovilizado jefe paramilitar Uber Enrique Banquéz, alias ‘Juancho Dique’, relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.
Según ‘Dique’, que fue uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares en Bolívar.
"Yo te respeto la vida de los líderes, pero te invito a hacer parte de nuestro proyecto", dijo el desmovilizado al describir el acuerdo que, dice, se suscitó entre los dos y que le generó réditos políticos  a esas personas por quienes supuestamente bogó Cáceres.
Añadió que durante el encuentro dialogaron acerca de la desmovilización y que pactaron nuevas reuniones que no se pudieron llevar a cabo por la llegada del proceso de paz con el Gobierno Nacional. El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que supuestamente definirían la adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.
"Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarle a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto", explicó el ex paramilitar.
Sobre las elecciones a Congreso de 2006, ‘Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.
"Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas", aseguró ‘Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.
Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado, fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Democrático y llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado.
Además de ‘Juancho Dique’, otros desmovilizados de estructuras paramilitares que operaron en los Montes de María y en la zona urbana de Cartagena han salpicado al senador Cáceres en sus versiones libres, entre ellos, Sergio Córdoba Ávila alias ‘101’ o ‘Caracortada’, Alexis Mancilla García alias ‘Zambrano’, Emiro Correa alias ‘Convivir’ y Eugenio José Reyes Regiño alias ‘Geño’.  Estos dos últimos aseguraron que ‘Juancho Dique’ se reunió en varia oportunidades con congresistas, candidatos a alcaldías y gobernaciones de la región en una finca ubicada en jurisdicción de Turbana, cerca de Cartagena, entre ellos, el senador Javier Cáceres.
19 de junio de 2011
14 de junio de 2011
©verdad abierta

hay que contar cómo murieron


"No basta identificar a los NN, hay que decir cómo murieron": Miguel Botella López. Este experto mundial en antropología forense recomienda integrar las instituciones para explicar lo ocurrido en Colombia con los más de 50 mil desaparecidos que el Gobierno pretende identificar.
[Juan Diego Restrepo E.] Colombia. "Los huesos hablan y mucho, y hay que saber lo que dicen", afirma Miguel Botella López, una autoridad mundial de la Antropología Forense, quien ha pasado por diversos países trabajando en procesos de exhumación de restos óseos para determinar más allá de la identidad cuales fueron las causas de muerte. Su trabajo le ha dado conocimientos suficientes para concluir que en procesos como los que vive Colombia, donde hay más de 50.000 desaparecidos, no sólo basta identificar los cuerpos, sino determinar cómo murieron.
Con más de 30 años dedicados a la Antropología Forense, Botella López es el actual  director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, en España, y recorre el mundo no sólo participando de procesos de identificación y de recuperación de evidencias de restos óseos, sino capacitando a profesionales de la medicina, la antropología, el derecho y la sociología en el tema.
Por sus manos han pasado los restos de Cristóbal Colón y su de hijo Hernando, así como los de San Juan de Dios, el Príncipe Carlos de Viana y el Rey Jaime I de Aragón, pero también los de decenas de hombres y mujeres que han sido asesinados en Ciudad Juárez, México, en los últimos años, durante las guerras de los carteles del narcotráfico.
Este antropólogo forense estuvo hace varios días en Medellín capacitando a un grupo de profesionales en diversas disciplinas y aceptó una entrevista con VerdadAbierta.com para hablar de su trabajo, sus experiencias y de su percepción de lo que se hace en Colombia con relación a la identificación de las víctimas de los grupos armados ilegales asesinadas durante los últimos 40 años.

VerdadAbierta: ¿Qué hace exactamente un antropólogo forense?
Miguel Botella López: Establecer una secuencia de los hechos que expliquen la causa de la muerte. Los huesos hablan y mucho, y hay que saber lo que dicen. Mi trabajo se remite a establecer la evidencia. Yo pretendo ver qué y cómo pasó exactamente. Yo no entro en el tema del por qué, pues eso es entrar en el terreno de la especulación. Yo no pretendo solucionar ningún caso, ni lo pienso siquiera. Lo que busco es aportar datos que sean incuestionables a la hora de juzgar y elaborar una respuesta a lo que ha sucedido.

¿A través de su trabajo ha podido determinar similitudes y diferencias en el cómo matan en el mundo?
El cómo varía por el tipo de sociedad. Me resultan muy curiosos los latinoamericanos: son enormemente sentimentales, muy afectivos y tienen canciones de amor que son lacrimosas, pero al mismo tiempo son violentos y crueles. Contrario a lo que ocurre en los Balcanes: es una sociedad muy cariñosa, pero tienen una frialdad impresionante.

¿Cómo se expresan en términos de violencia esas diferencias sociales?
En los Balcanes tienen esa sistemática frialdad de apostar francotiradores anónimos en los edificios y esperar hasta elegir la presa; por ejemplo, que sea un niño, para que a la familia le duela más. Eso no ocurrirá en América Latina, aquí se dará otra cosa: un tipo con un machete que le saca las tripas a otro o como en Ciudad Juárez, que le pega 35 tiros a otro en la cara a otra persona. La violencia reviste las diferencias sociales que caracterizan a cada grupo humano.

¿Podría decirse que esas prácticas violentas son aprendidas o tal vez surjan de momentos de gran alteración y rabia?
Cuando el ser humano alcanza unas altas cotas de violencia, repite unas pautas que se vuelven normales. La muerte a machetazos en Ruanda en 1994 de Hutus contra Tutsis fue una repetición de las matanzas en Biafra 20 años antes. Si nosotros hablamos de la tragedia del Congo a finales del siglo XIX, encontramos que mataron a 15 millones de personas en 25 años. Y la catástrofe en África por los alemanes fue también de más de 12 millones de personas. Los humanos, cuando se acostumbran a la violencia, repiten unas pautas de comportamiento que son muy similares y también imitadas; además, hay un acostumbramiento que trivializa la violencia.

Una de las características de la violencia, sobre todo cuando proviene de grupos organizados, es la de dejar "marcas" en los cuerpos. ¿En su trabajo ha encontrado este tipo de aspectos?
En Ciudad Juárez hay dos carteles, uno se dicen los marranos y otro los puercos. Y hay un tercer cartel que trata de entrar a la zona. Uno de los carteles comenzó a matar a la gente disparándole a la cara, porque mucha gente lleva chaleco antibala. Para evitar que sobrevivieran la disparaban a la cara. Entonces el otro cartel empezó a hacer exactamente lo mismo, pero con una variación: a la víctima le descargan tres cargadores completos en la cara para borrarle el rostro.

En Colombia, las prácticas del descuartizamiento por parte de grupos paramilitares fueron muy usuales, ¿desde la antropología forense cómo puede explicarse esa forma de atentar contra la vida humana?
El descuartizamiento lo he visto de una manera sistemática porque está dentro de la cultura de la gente. Ellos conocen que la gente necesita algo de su familiar para llorar sobre él y la manera de hacer más daño es evitándoselo, y cuanto más lo rechaza la gente más lo hacen, para provocar mayor dolor y sufrimiento. Cuando se hace sistemático, se hace consciente para hacer más daño. Yo lo he visto en Kosovo, por ejemplo, donde se descuartizaba a los serbios y tiraban los trozos en diversas partes para que no los pudieran encontrar. También he visto descuartizamientos en África.

En nuestro país se ha conocido de instructores que formaron a muchos paramilitares en esas prácticas del descuartizamiento, ¿el que sean aprendidas, las hace más efectivas?
La disciplina militar es importante en la violencia. Cualquier violencia cuanto más se intelectualice más eficaz es. En grupos de formación militar donde las técnicas se explican y se ensayan, la eficacia es mayor.

¿Qué aportes le puede hacer la Antropología Forense a la reconstrucción de la memoria en Colombia, donde se están desenterrando cuerpos de personas asesinadas hace diez, quince, veinte años o más?
Nosotros podemos ver los mecanismos de actuación, las pautas de comportamiento que se han seguido y las similitudes entre uno y otro caso. Evidentemente lo básico es identificar al sujeto, pero más allá, lo que podemos aportar son los mecanismos de muerte que se han utilizado y deducir, por ejemplo, si los victimarios están formados previamente, sistemáticamente informados, o si no lo están y por el contrario actúan de manera improvisada. Algo que interesa a nivel judicial es si ha habido ensañamiento contra la víctima. Obviamente en estos casos el ensañamiento es sinónimo de tortura.

¿En el tema de políticas públicas dirigidas a mejores procesos de reconocimiento de cadáveres en América Latina y de las prácticas de asesinato, usted que ha observado?
Yo lo he visto en Chile, Argentina, México, Perú y obviamente aquí en Colombia: falta una directriz clara, hace falta una integración de los equipos, del conocimiento; hace falta realmente trabajar en equipo para establecer lo que ha pasado, no solo para identificar los cuerpos, sino para establecer cómo murieron. Mientras no sea un planteamiento serio sobre todos estos temas, todo será palos de ciego. Hay grupos de profesiones que debe estar unidos y no lo están. El sociólogo dice una cosa, el antropólogo social dice otra. Unos tienen información por un lado, otros por otro, y a veces muy lacrimosa de lo mal que lo han pasado las familias, de lo tristes que están, pero nada más. Aquí cada uno toca un pito, con lo cual no hay un conocimiento global de lo que ha pasado.

¿Los profesionales forenses en Colombia están a la altura del reto que les impone una realidad tan compleja como la de identificar más de 50 mil personas?
La preparación en Colombia de los investigadores forenses es de alto nivel, la experiencia es muy buena, varios de ellos han trabajado en diversas partes del mundo, lo que se requiere es mayor coordinación entre los profesionales relacionados con el tema.

¿Por qué cree que no hay unas políticas públicas concretas en ese tema y mayor articulación institucional?
Porque a los políticos no les interesa.

¿Frente a esa situación, usted que recomendaría?
Aquí la única posibilidad que hay es sentarse planificar el trabajo y lograr una mayor articulación interinstitucional e interdisciplinaria. Ahora, si aquí solo quieren identificar y callarse eso es una decisión política. Yo abogo por un trabajo en equipo. Todos juntos enriquecen la información, dispersos posiblemente no logren nada.

¿En esa perspectiva, qué papel deben desempeñar las distintas asociaciones de víctimas que actualmente hay en todo el país?
Las asociaciones de familiares de víctimas tienen una función básica importante y es la de priorizar las exhumaciones. Estas organizaciones son las que se tienen que ponerse de acuerdo en ello y darle sensatez al tema. No se puede excavar sin ningún orden, picoteando aquí y allá. Lo que debe hacerse es un trabajo de selección para priorizar la búsqueda y excavación, para ello es importante hacer mapas de ubicación de las fosas. Además, se podría establecer cuáles son más urgentes de excavar, cuáles de menos urgencia y cuáles podrían esperar un tiempo más. Todo ello requiere decisión política.
18 de junio de 2011
7 de junio de 2011
©verdad abierta