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el final del juicio a mario uribe


Durante el último día de audiencia el ex senador antioqueño rechazó las declaraciones de Salvatore Mancuso que lo vinculan con grupos paramilitares de Córdoba y negó la existencia de pactos con las AUC con fines electorales.
Colombia. En el último día de juicio ante la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Mario Uribe se dio a la tarea de comparar las diferentes declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la justicia para demostrar la "fragilidad" del testimonio de Mancuso que lo relaciona con grupos paramilitares.
El ex senador es investigado desde el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte lo llamó a indagatoria después de que alias ‘Gomelo’, ‘Pantera’, Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’ y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso lo señalaron de haber hecho pactos con los paramilitares.
Durante la audiencia, y a través de una presentación multimedia, el ex congresista comparó las declaraciones dadas por Mancuso (desde 2007 hasta hoy) ante Justicia y Paz, las entrevistas realizadas a noticieros colombianos, las grabaciones extraídas de su Ipod y las declaraciones dadas desde su extradición a Estados Unidos.
A partir de su presentación el ex senador concluyó que las aseveraciones del ex jefe paramilitar no demuestran "certezas" respecto a la fecha, modo y lugar en que se llevaron las presuntas reuniones entre Mario Uribe, Eleonora Pineda y Mancuso. "Mancuso es un prepotente… lo que hizo fue alardear… es un incontinente verbal… no sabe lo que dice" afirmó Uribe.
El ex congresista aceptó la celebración de una reunión con Mancuso en 2002 por intermedio de la ex representante Eleonora Pineda, condenada por ‘parapolítica’, pero explicó que la reunión se llevó a cabo con posterioridad a las elecciones a Congreso y que en esta se habló únicamente de un posible proceso de negociación con las AUC.
"Nada tenía que ver la reunión con Mancuso con mis resultados electorales… los 30 minutos de mi reunión con Mancuso son los 30 minutos más tristes de mi vida" puntualizó el ex congresista.
El ex senador agregó que nunca supo de los nexos de Eleonora Pineda con los paramilitares y que a Salvatore Mancuso sólo lo conoció durante la reunión en 2002 y nunca más lo volvió a ver. "Como congresista nunca tramité un proyecto a favor de los paramilitares".
Finalizada la etapa probatoria, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir en las próximas semanas si condena o absuelve al ex senador por sus nexos con el paramilitarismo en Córdoba.

El Proceso contra Mario Uribe Escobar
La investigación en contra de Mario Uribe comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria. En este alto tribunal valoraron los testimonios aportados por varios ex paramilitares, quienes lo señalaron de haber usado sus relaciones con la Auc para comprar tierras baratas en Córdoba y de hacer acuerdos políticos para alcanzar una curul en el Senado de la República en las elecciones del 2002.
El proceso arrancó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia escuchó los testimonios del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, quien declaró desde Quebec, Canadá, donde se encuentra exiliado, que Uribe Escobar se reunió dos veces con varios paramilitares, la primera vez a finales de 1998 en Sahagún, Córdoba, y al año siguiente en Caucasia, Antioquia. Según este testigo, en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio para tener el control en esas regiones.
Si bien Uribe Escobar rebatió esos señalamientos alegando que no tenía tierras a su nombre en esas regiones del país, su situación se complicaría el 15 de mayo de 2007 cuando compareció en Medellín ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el ex comandante de las Auc Salvatore Mancuso.
El ex jefe paramilitar declaró que el entonces candidato al Senado lo buscó para que le ayudara a conseguir votos en zonas de influencia de las Auc en Córdoba y Sucre, donde Mancuso era ampliamente conocido. De acuerdo con este ex comandante, en dos encuentros estuvo la ex Representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo.
La versión fue corroborada el 23 de agosto de ese año por Mancuso ante funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí explicó que le había pedido a Eleonora Pineda que le presentara a Mario Uribe, con quien la congresista había hecho una coalición política. Según dijo, ese encuentro tenía como punto central hablar "del tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación".
En esa ocasión Mancuso explicó que la reunión duró entre 45 minutos y una hora, pero admitió que era la primera vez que se reunía con él y que no recordaba si ese encuentro fue antes o después de marzo de 2002, fecha de las elecciones de ese año. Luego hizo referencia a una segunda reunión, sobre la que no entregó mayores detalles, salvo que nunca le solicitó a las personas que vivían en las zonas bajo su influencia que votaran por Mario Uribe, y aclaró que sus candidatos eran Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. Según él, la ex Representante organizó el apoyo del político antioqueño.
En declaraciones a la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre de 2007, Pineda hizo referencia a una de las reuniones entre Mancuso y Uribe Escobar, pero advirtió que se realizó después de las elecciones de marzo de 2002. Según dijo, ella le comentó al senador Uribe que unos amigos del municipio de Tierralta, Córdoba, lo querían conocer y sólo en el camino hacia una zona conocida como El 15, le contó que el encuentro sería con Salvatore Mancuso.
Los tres testimonios sirvieron de base para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer de ello, Uribe Escobar y sus abogados se trasladaron de inmediato a la Embajada de Costa Rica, donde solicitó asilo político, pues consideraba que había una injusta persecución en su contra. No obstante, el gobierno del país centroamericano le negó la petición, por lo que se vio obligado a entregarse a las autoridades y acabó recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
4 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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mancuso acusado de 290 asesinatos


Imputarán 290 crímenes a Mancuso y a miembros del Bloque Catatumbo. Ante un magistrado de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso y otros 33 ex paramilitares reconocerán varios de los crímenes que cometieron en Norte de Santander.
Colombia. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y 33 de sus subalternos reconocerán ante un magistrado de Justicia y Paz 290 crímenes de los miles que cometieron en Cúcuta y la región del Catatumbo, entre 1998 y 2005, cuando delinquieron en Norte de Santander.
Según la Fiscalía, esta jornada de imputación de cargos se realizará hasta el viernes 4 de febrero de 2011 en el Tribunal de Barranquilla, con conexión por videoconferencia a una cárcel de Virginia, Estados Unidos, donde Mancuso se encuentra preso desde mayo de 2008 cuando fue extraditado.
El bloque Catatumbo fue uno de los más sanguinarios del país. Según datos del Colectivo Luis Carlos Pérez, en menos de 10 años este grupo paramilitar asesinó a por los menos 11.200 personas y desplazó a 19.000 familias en noroccidente del país.
Según lo han relatado varios desmovilizados a Justicia y Paz, entre ellos Mancuso, el bloque nació a finales de la década de 1990 cuando los hermanos Castaño ordenaron atacar al comando central del Eln y quedarse con el negocio de los cultivos ilícitos de la zona. Para llegar e instalarse en el Catatumbo, los paramilitares contaron con el apoyo de algunos integrantes de las fuerzas militares y cometieron varias masacres, entre ellas, la de La Gabarra.
Mancuso ha confesado en varias versiones, por línea de mando, ser responsable de varios casos de reclutamiento de menos de edad y de abuso sexual. También contó que para esconder los asesinatos, muchas de las víctimas fueron incineradas en hornos artesanales y que otras fueron arrojadas al río Táchira, en Venezuela.
La imputación de cargos es la segunda etapa del proceso de Justicia y Paz, antes de un magistrado emita la sentencia.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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alias nano, asesino paramilitar


Hace unos días la policía presentó la captura de alias ’Nano’ como un cabecilla de los ’Paisas’, pero en realidad tenían en sus manos a un peligroso ex jefe del Bloque Mineros de las Auc en Antioquia. Alias ’Nano’ era un jefe de las Auc, según pruebas de la Fiscalía y de varias víctimas de los paramilitares.
Colombia. Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias ‘Nano’, ‘don Delio’ ó ‘23’, no es un paramilitar raso como fue presentado durante la desmovilización del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) el 20 de enero de 2006, ni un líder político de esa facción paramilitar como se identificó ante los fiscales días antes de la ceremonia de dejación de armas realizada en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.
Jaramillo Arroyave, capturado al amanecer del pasado lunes 30 de enero en el restaurante Hatoviejo de la Avenida Las Palmas, en Medellín, fue un jefe paramilitar responsable de la financiación del Bloque Mineros a través del narcotráfico por más de quince años, que además comandó el Frente Anorí e hizo parte del grupo de miembros negociadores de las Auc durante las conversaciones de esa organización paramilitar con el Gobierno nacional, según investigaciones de las autoridades.
Su captura se logró gracias al trabajo de dos fiscales, uno de la Fiscalía Especializada de Medellín y otro de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Ambos recopilaron informes judiciales realizados hace varios años, así como testimonios de jefes, mandos medios y combatientes rasos de diferentes facciones de las Auc. Al cruzar la información, precisaron la identidad de alias ‘Nano’ y sus funciones en la organización paramilitar.
Un informe de policía judicial fechado el 25 de agosto de 2009 señala que "Jaramillo Arroyave era un hombre de mucha importancia para el comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo". Según este documento, sus actividades del narcotráfico le permitieron "ser una persona cercana a la Casa Castaño y posteriormente a través de sus máximos comandantes Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, al Bloque Central Bolívar".
De acuerdo con los informes y testimonios compilados durante varios meses, tanto Jaramillo Arroyave como Yepes Galeano habían constituido un fortín del narcotráfico y del paramilitarismo en el corregimiento Liberia, conocido también como El Charcón, del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. Allí tuvieron un cristalizadero de base de coca, una armería, en la cual construían y reparaban armas para diversas facciones de las AUC, y su base de operaciones.
"Cuando permanecían en el corregimiento habitaban una casa con muchas comodidades ubicada en la parte alta del caserío, la cual era denominada La Mayoría. En ocasiones hacían uso de un helicóptero perteneciente a la estructura paramilitar donde movilizaban la nómina para el pago de la organización ilegal, armas y drogas ilícitas", indica un informe de policía judicial.
Para proteger las operaciones, contaban con un pequeño ejército ilegal de por lo menos 200 hombres, armados, distribuidos en varias bases ubicadas en los cerros alrededor del corregimiento, protegidas por campos minados. En la zona urbana del corregimiento permanecían entre 30 y 40 hombres.
Las pesquisas también incluyeron a su esposa, Marta Ubenis Yepes Galeano, alias ‘Marta Millón’, con quien compartía actividades delictivas. La mujer también fue arrestada horas más tarde por los agentes de la Policía Nacional en un sector residencial de la capital antioqueña.
‘Nano’ se desmovilizó como combatiente raso por recomendación del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y no como jefe de frente. No obstante, su influencia en las AUC lo llevó a integrar el grupo negociador de la organización paramilitar durante los diálogos con el Gobierno nacional durante el año 2003 llevados a cabo en Santa Fe de Ralito, departamento de Córdoba.
De su presencia en el grupo negociador hay constancia documental. Se trata de un acta firmada el 14 de octubre de 2003, en la que se dan instrucciones internas para participar en los diálogos con los voceros del Gobierno nacional. Junto a la firma de alias ‘Nano’, aparecen los nombres de Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz (Diego Fernando Murillo Bejarano), Ramiro Vanoy, Hernán Hernández (Ever Veloza), Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo), Diego Vecino (Edwar Cobos Téllez), Alemán (Fredy Rendón Berrío), Paisano, Águila, Ramón Mojana (Éder Pedraza), Gabriel Zapata, Ricardo (Rodrigo Zapata Sierra), Memín (Luis Arnulfo Tuberquia) y Perra Loca (Héctor Javier Restrepo Santamaría).
Hasta el momento, las autoridades han podido constatar que parte de su grupo paramilitar no se desmovilizó con el Bloque Mineros y al parecer se articuló a la banda de Los Paisas, que delinque en diversas regiones del país, entre ellas el Bajo Cauca antioqueño y un amplio sector del Nordeste antioqueño.
Pese a que existen informes judiciales que datan del año 2003 en los cuales se le asocia con grupos paramilitares y actividades de narcotráfico, Jaramillo Arroyave recibió el 16 de enero de 2006 el certificado judicial del DAS N. 13219247, en el que consta que no tiene antecedentes judiciales. Ese mismo día, durante una versión libre rendida ante varios fiscales dijo que ingresó al Bloque Mineros en el año 2000 y, según él, "estaba en la parte político-social" de la organización, "trabajando con la comunidad para su desarrollo".
Sobre su esposa, los informes judiciales indican que viajaba constantemente con Jaramillo Arroyave al corregimiento Liberia, y una vez allí se vestía de camuflado americano. En el casco urbano era propietaria de varios negocios, entre bares, depósitos de materiales y almacenes agrícolas. Las autoridades también han establecido que fue concejal de Tarazá entre 2001-2003, cuando resultó elegida en representación del Partido Liberal Colombiano.
De la importancia de alias ‘Nano’ en la estructura del Bloque Mineros han dado testimonio jefes paramilitares como Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, por varios años cercano de Vicente Castaño, quien se autodenomina el "Canciller de las Auc". Este ex paramilitar se conoce por haber conseguido la cita en la Casa de Nariño para que se reunieran voceros del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y emisarios del ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en abril del 2008.
También han hecho referencia a alias ‘Nano’ los paramilitares Alfredo Jiménez Castañeda, alias ‘Gordo Pepe’, quien se encuentra en Estados Unidos, y Daniel Alejando Serna, alias ‘Kener’, un reconocido sicario que conformó varias estructuras paramilitares como instructor militar.
Asimismo, por lo menos ocho desmovilizados rasos de las Auc han hecho referencia de Jaramillo Arroyave. Varios de ellos lo identifican como "el patrón", "el jefe de El Charcón", "el dueño del Frente". Además, uno de ellos denunció la existencia de fosas comunes en el corregimiento donde estarían los restos de por lo menos tres combatientes que fueron asesinados por no cumplir sus órdenes.
Otro de los desmovilizados relató a la Fiscalía que en Liberia había un cristalizadero y explicó cómo, en alguna ocasión, transportó base de coca hasta el lugar: "Cada uno llevábamos de a siete kilos por combatiente, en esa ocasión íbamos dos contraguerrillas, o sea sesenta hombres. En El Charcón (Liberia) la transformaban en cocaína".
Al momento de la captura, realizada por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Sijin, Jaramillo Arroyave se encontraba con Anderson Vanoy, hijo de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, ex comandante del Bloque Mineros y en su momento jefe de alias ‘Nano’.
De acuerdo con versiones recogidas entre los investigadores judiciales que conocieron del caso, el ex paramilitar y narcotraficante se había encontrado por casualidad con el hijo de alias ‘Cuco Vanoy’ y le recriminó porque su papá lo había incriminado en una audiencia de versión libre rendida desde Estados Unidos en diciembre del año pasado.
En esa ocasión, el ex jefe paramilitar aseguró que no respondería por los crímenes del Frente Anorí de las Auc porque ese grupo tenía un comandante, conocido como alias ‘Nano’. Este detalle exaltó a Jaramillo Arroyave, quien lanzó improperios contra el hijo de Vanoy Murillo en uno de los baños del restaurante Hatoviejo.
Una vez se hicieron presentes los investigadores de la Sijin para hacer cumplir una orden de captura librada contra alias ‘Nano’ por un fiscal especializado de Medellín, los ánimos se caldearon y antes de ser retenido lanzó amenazas contra los fiscales y agentes judiciales que lo investigaban desde hacía varios años.
Las amenazas contra el hijo de alias ‘Cuco Vanoy’ fueron dadas a conocer por el ex jefe paramilitar horas después de la captura de alias ‘Nano’, en desarrollo de una imputación de cargos que le viene haciendo desde la semana pasada la Fiscal 15 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
En la audiencia, Vanoy Murillo dijo que estaba dispuesto a seguir colaborando con la justicia desde una cárcel de Miami, donde está recluido desde mayo de 2008, cuando fue extraditado por orden del Gobierno nacional, para aclarar la verdad de lo ocurrido durante su permanencia en Bloque Mineros, pero que había personas que querían obstruir el proceso, en una clara alusión a alias ‘Nano’.
Tras la captura de este ex paramilitar y narcotraficante, la Fiscalía Especializada de Medellín tendrá la oportunidad de aclarar su papel en las Auc y exponer ante un juez las investigaciones que se le adelantan por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, entre otros.
3 de febrero de 2011
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ramos investigado por parapolítica


El alto tribunal abrió una investigación preliminar contra Luis Alfredo Ramos Botero, por presuntos vínculos con los paramilitares.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, después de que Juan Carlos Sierra alias ‘El Tuso’ le dijera a un fiscal de Justicia y Paz que el político antioqueño había tenido vínculos con los paramilitares de la región.
Ramos Botero es el actual Gobernador de Antioquia, y antes de ganar las elecciones en 2007 fue senador para el período 2002-2006, presidente de esa corporación entre 2002 y 2003, alcalde de Medellín entre 1992 y 1993, y representante a la Cámara desde 1982 hasta 1990. En declaraciones a Caracol Radio, el Gobernador dijo que hasta que no ser notificado por el alto tribunal y conocer las razones por las cual fue vinculado no dará declaraciones.
Según El Espectador, alias ‘El Tuso’ dijo que para las elecciones de 2002 Ramos Botero contó con el apoyo de las autodefensas para ganar una curul por el movimiento Alas Equipo Colombia. El diario también hizo alusión a un estudio social de la Corporación Arco Iris, según el cual la colectividad de la cual hizo parte Ramos pudo haber sido receptora del apoyo paramilitar, si se tienen en cuenta las votaciones atípicas que obtuvo en el Urabá antioqueño. Para esa época, en la región delinquía el bloque Élmer Cárdenas a cargo de Freddy Rendón alias ‘El Alemán’.
Alias ‘El Tuso’, que fue extraditado en mayo de 2008 junto a otros 13 paramilitares, cobró protagonismo a finales de 2010 cuando prendió su ‘ventilador’. Desde Virginia, en Estados Unidos, le dijo a un fiscal de Justicia y Paz que varios dirigentes de antioqueños estuvieron involucrados con la ‘Oficina de Envigado’, la red de sicarios creada en la década de 1980 por Pablo Escobar. En su versión, mencionó a políticos, militares y policías de la región que, según dijo, permitieron que la ‘Oficina’ se convirtiera en una red más compleja de narcotraficantes, bandas armadas y paramilitares que delinquió a sus anchas en el área metropolitana de Medellín.
Otras declaraciones que salpicaron a Luis Alfredo Ramos datan de 2007, año en que el político había postulado su nombre a la Gobernación de Antioquia. Para ese entonces, José Raúl Mira Vélez, escolta de los jefes paramilitares, le dijo a la Corte Suprema que Ramos se había reunido con él, con otro paramilitar y con un general a principios de 2010 en un centro de Medellín. En esa reunión, dijo el testigo, Ramos y el general le habían propuesto organizar y darles entrenamiento militar a los paramilitares de la capital antioqueña. Pese a la polémica, las denuncias de Mira Vélez no prosperaron y Ramos fue elegido gobernador.
Luego, siendo Mario Iguarán Arana fiscal general, el organismo investigador cerró la investigación que llevaba en contra de Ramos al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo con los paramilitares. "Ramos tuvo una actuación pública y no hizo pactos ni componendas con grupos irregulares", dijo el entonces Fiscal.
Para que la Corte abra una investigación formal contra el Gobernador, primero tendrá que decretar una serie de pruebas para determinar los supuestos vínculos de Ramos con las autodefensas.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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investigarán a gobernador ramos


Corte Suprema de Justicia abre investigación preliminar al gobernador Luis A. Ramos. La decisión se tomó en la Sala Penal. El gobernador de Antioquia aseguró que no ha sido notificado de la decisión del alto tribunal.Lo acusan de tener nexos con paramilitares.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar al actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por supuestos nexos con grupos paramilitares.
Ramos, quien asumió la Gobernación en el 2008, informó que no ha sido notificado pero prestará la colaboración que sea necesaria. Informó que hará un pronunciamiento oficial cuando conozca las razones por las cuales deberá presentarse ante la justicia.
Al mismo tiempo, la sala penal de la Corte dio a conocer la captura del excongresista de Santander José Aristides Andrade, al parecer, implicado en un homicidio.
En el 2008 Luis Alfredo Ramos había sido salpicado por parapolítica y por esta razón la Sala Penal de la Corte compulsó copias para que la Fiscalía investigara las declaraciones de un testigo que aseguraba que el hoy gobernador había sostenido encuentros con miembros de este grupo ilegal.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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cómo hizo la gata su fortuna


Enilce López, ’la Gata’, la poderosa empresaria del chance de la Costa, y en Sucre y Bolívar, fue condenada a nueve años de prisión por aliarse con paramilitares, pero por estar enferma pagará la condena en su domicilio. Perfil.
Colombia. La última vez que Enilce López Romero apareció en público fue en septiembre de 2008, cuando comenzó el juicio por presunto lavado de activos contra ella y su hermano Arquímedes Romero, por unos negocios con el municipio de Montecristo, Bolívar. Por este caso, la polémica empresaria del chance había sido detenida el 12 de febrero de 2006 en su casa en Magangué en un operativo de madrugada con gran despliegue de fuerza pública.
Ese día López Romero o ’la Gata’, como es conocida en el mundo del chance, fue trasladada en una ambulancia desde la Clínica de la Asunción en Barranquilla hasta Cartagena para comparecer en la etapa pública del juicio. La bajaron en camilla con una sonda, no era ni sombra de la mujer arrogante detenida 30 meses antes que reclamaba el respeto de sus derechos y denunciaba una persecución en su contra.
Desde entonces nadie la ha vuelto a ver públicamente. La orden de detención carcelaria fue cambiada por domiciliaria, pues su estado de salud era delicado. Personas allegadas a su familia dicen que hoy pesa menos de 40 kilos, y que durante el tiempo que estuvo presa en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá (entre 2006 y 2007, antes de ser trasladada a la cárcel de Santa Marta y después  a una clínica en Barranquilla por problemas de salud), la envenenaron. Otros testimonios dicen que la depresión la llevó a no comer más y su organismo se debilitó, ante lo que la alimentaban con una sonda y permanecía todo el tiempo dormida.
Aunque había sido absuelta por el caso de lavado de activos, la fiscalía, con base en otra denuncia, por el homicidio del vigilante del peaje de El Carmen de Bolívar, Amaury Fabián Ochoa Torres, el 12 de junio de 2000, por miembros del Bloque Héroes de los Montes de María al mando de alias ’Amaury’, le dictaron una nueva medida de aseguramiento.
Esta semana, el Juzgado Séptimo Especializado del Circuito Judicial de Bogotá, la condenó a nueve años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, por sus nexos con los grupos paramilitares que operaban en Bolívar y Sucre, sobre los cuales, según aseguró el juez, la empresaria ejerció influencia.

Quién Es La Gata
A mediados de los noventa, López  Romero era una desconocida que recorría Bolívar y Sucre presentando a su sobrina Wendy Vanessa López Romero, como concursante a Niña Colombia. En las apariciones públicas, la niña, elegantemente vestida y con una corona sobre su cabeza, entregaba aguinaldos a niños pobres. A fuerza de la promoción que hiciera su tía, que la presentaba como su hija, fue elegida como Niña Colombia.
Enilce López Romero, nació en la vereda El Naranjo, de Sucre (Sucre), en La Mojana, y  amasó una fortuna en el negocio de apuestas permanentes conocido como el chance. Su negocio arrancó en Magangué con el nombre de Apuestas El Gato, por un gatico que merodeaba por el local donde tenía una heladería, una venta de discos y de apuestas. El negocio se extendió rápidamente por las sábanas de Sucre y Bolívar, en especial en la región de Los Montes de María, Sincelejo y Magangué.
Desde finales de los ochenta se comenzaban a escuchar historias sobre ella. En Magangué se hablaba con temor y reverencia porque se movía con habilidad en negocios propios de hombres a orillas de este puerto bolivarense, que vivía una difícil época de inseguridad por el secuestro y la extorsión que ejercía la guerrilla desde Los Montes de María.
Se casó con el oficial retirado de la policía Héctor Julio Alfonso Pastrana con el que tuvo tres hijos: Juan Carlos, Jorge Luis y Héctor Julio Alfonso López, éste último actual senador de la república.
En Magangué comenzó el negocio del chance de la mano de su compadre Jesús María Villalobos Luna, alias ‘El Perro’, conocido en Cartagena porque manejaba las apuestas desde el mercado público de la ciudad. Pero López cogió vuelo rápidamente.
El negocio de apuestas El Gato creció tan rápido, que en Magangué y Bolívar comenzó el mito de que Gilberto Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, había sido amigo y socio de La Gata y en su desesperada huida antes de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de dólares; algo que ella ha negado en varias entrevistas.
En Magangué y Cartagena, cuando la capturaron, la gente de los barrios pobres y centenares de vendedores de chance y gentes del mercado, marcharon y protestaron durante varios días por su captura.
Una vez legalizado el negocio del chance sus ventas superaban a las loterías departamentales, manejadas entonces por los partidos políticos tradicionales como feudos. Las loterías públicas, en manos de representantes de liberales y conservadores, se arruinaron, a tal punto que  la lotería de Sucre, La Sabanera,  ha sido liquidada dos veces en menos de cinco años, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Libertador en el Magdalena, desaparecieron  agobiadas por sus deudas y pasivos laborales.
Tras varias décadas de ilegalidad, a finales de 1990, el Congreso de la República aprobó una ley que obligaba a entregar el negocio del chance a través de licitación pública, previos estudios de mercado para determinar el volumen de ventas, gastos y saber qué utilidades dejaba para fijarle a las empresas concesionarias del chance un impuesto fijo para otorgarles los contratos por cinco años.
Fue así como en 1999, en todos los departamentos comenzaron a aglutinarse las distintas empresas que vendían apuestas. En Atlántico, el departamento de mayor volumen de ventas, existían en ese año 28 casas de apuestas permanentes. Cada una tenía autorización para sacar talonarios y la fuerza de ventas la daba el mayor número de promotores. Meses antes de que se definieran los términos de la licitación, las distintas casas de apuestas se declararon la guerra vendiendo por debajo del precio aprobado, prometiendo mayores premios a los apostadores y comisiones más altas a los vendedores.
La promotora de esta competencia desleal, dijeron en ese entonces los apostadores en el Atlántico, fue López Romero, que en ese entonces sólo tenía negocio en Bolívar y Sucre.  Pero ante la legalización del negocio y con su poderío económico, entró en Barranquilla pisando fuerte.
El paso siguiente fue presionar a una unión y conformar una unión temporal, en la que entraron veinticinco casas de apuestas que hoy tienen un total de 70 socios. La Unión Temporal Uniapuestas ganó la licitación durante la gobernación de Rodolfo Espinosa Meola, oriundo de Magangué, paisano de doña Enilce.
En Bolívar, la convocatoria a una licitación también fue traumática, porque ella había hecho un pacto con su compadre Jesús María Villalobos, ’El Perro’, el vendedor de apuestas más viejo de la costa, para repartirse el mercado: ella de los Montes de María hacia el sur y él hacía el norte hasta Cartagena. Pero La Gata no estaba conforme y quería más, quería el control total. Y se metió en los terrenos de ’El Perro’ financiando campañas políticas para después cobrar el favor.

Política y Paramilitarismo
Aunque a finales de los 90, ’la Gata’ tenía influencia política en varios municipios, fue en el comienzo de este siglo cuando su nombre cobró fuerza financiando la campaña del  liberal Luis Daniel Vargas en 2000 y la de Libardo Simancas en 2003. El compromiso era que le otorgaran la licitación del chance a su empresa Unicat. No sin antes pelear con ’El Perro’.
Después de denuncias y disputas, se repartieron el negocio entre los dos, Unicat e Inverapuestas. En Sucre no tuvo opositores y desde hace nueve años Aposucre y en Magdalena Aposmar, ambas de López Romero, tienen la concesión de las apuestas.
Es decir, que en cuatro departamentos sus empresas, unas en sociedad y otras como única socia, tienen el control de uno de los negocios más lucrativos del país.
Su poder económico llegó a ser tal que se convirtió en un factor político que financiaba candidatos a corporaciones públicas, alcaldías y gobernación. Pero los políticos volteándosele cuando decidió postular a su hijo Jorge Luis a la alcaldía de Magangué en 2003 y a Héctor Julio Alfonso López a la Cámara de representantes en 2006, obteniendo la mayor votación de la región y eligiendo dos representantes a la Cámara.
El paso por la alcaldía de su hijo Héctor Julio fue desafortunado, el mal gobierno y la corrupción, le valió varias investigaciones disciplinarias y penales e incluso llegó a tener orden de captura pero no estuvo preso. Los procesos fueron precluídos.
Pero el dolor de cabeza comenzó en el año 2006, cuando anunció la postulación de su hijo Héctor Julio con el aval del Partido Conservador, que presidía entonces el exministro Carlos Holguín Sardi, quien lo apoyó al principio, pero le retiró el aval faltando un mes. Finalmente, horas antes del cierre de las inscripciones de candidaturas, Apertura Democrática le dio el aval y se convirtió en el fenómeno de las elecciones de marzo del 2006.
Un mes antes de las elecciones de ese año, ’la Gata’ fue detenida por una investigación de lavados de activos que se le inició a ella, a su hermano Arquímedes y al entonces alcalde de Montecristo. Los dos hermanos fueron absueltos pero el político fue condenado.  
Los directivos del Partido Conservador en Bolívar, Dayro Bustillo y Fernando Tafur, inconformes con la decisión de Holguín, se fueron con el hijo de La Gata, que logró en un mes de campaña sacar la mayor votación entre todos los partidos, derrotando al liberalismo, al partido de la U y a Cambio Radical.
López Ganó porque tenía su propia fuerza: los empleados del chance.

Los Paras y ’la Gata’
Los antecedentes de la familia de Enilse López con grupos paramilitares comenzaron cuando en marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  
Botero creó la Convivir ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, de ‘La Gata’. Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas, crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.
Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.  
Al tiempo que López incursionaba en política, en unas ocasiones apoyando candidatos al Senado, a la Cámara, alcaldías y gobernaciones, en 2000, Bolívar y Sucre ya eran controlados por los grupos paramilitares.
A comienzos de 1997 Carlos Castaño ordenó a Salvatore Mancuso conformar un grupo para enfrentar a la guerrilla en la subregión de Los Montes de María, en donde el Frente 37 de las Farc delinquía sin que nadie se los impidiera. Los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Córdoba y Zambrano en Bolívar, y Ovejas, San Onofre, Tolu Viejo, Tolú y Coveñas, estaban en la ruina, muchos de sus pobladores secuestrados, extorsionados y arruinados y una gran cantidad de poblaciones aisladas.
Un grupo entró a Los Montes de María encabezado por Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’, un hombre de confianza de Mancuso y por el Golfo de Morrosquillo, Tolú, San Onofre ingresaron Cadena y Juancho Dique. En la región de Magangué ya se había conformado otro grupo encabezado por el ganadero antioqueño Joaquín Botero, quien había constituido una convivir con el oficial retirado de la policía Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de Enilce López.
Cuando desaparecieron las Convivir, esa misma estructura se transformó en un grupo armado irregular que patrullaba la zona, controlaba una ruta del narcotráfico con droga proveniente de La Gabarra y el sur del Cesar, y también se dedicaban al hurto de gasolina chuzando el tubo de Ecopetrol. Las autodefensas comandadas por Castaño y Mancuso establecieron una alianza con el grupo de Magangué y fortalecieron la estructura con comandante con conocido con el alias de ‘Amaury’.
Durante más de tres años, entre 1997 y 2000, hubo centenares de muertos.
Los grupos paramilitares entraban a los pueblos de noche o en las madrugadas, buscando auxiliadores da la guerrilla se los llevaban y después aparecían muertos o simplemente desaparecían en las aguas del Magdalena. A finales de 1997 alias ‘El Chuzo’, fue capturado y en su remplazo fue enviado Sergio Manuel Ávila, conocido con el alias de 120, ¿el Gordo’ o ‘Caracortada’,  quien se desempeñaba como capataz de varias fincas que Mancuso tenía en el municipio de El Guamo. Muchos desaparecidos, confesó ‘120’ ante Justicia y paz, fueron arrojados al río.
En el 2000 fue enviado como comandante del grupo Héroes de los Montes de María Eduar Cobo Tellez, alias Diego Vecino, quedando como comandante militar alias ‘Cadena’ y a Juancho Dique lo enviaron a la zona norte del departamento de Bolívar, cubriendo los municipios de Maríalabaja, Arjona, Turbaco, Turbana, los municipios ubicados a orillas del Canal del Dique, donde se constituyó un frente incluida Cartagena.
Los dos grupos, el encabezado por 120 y el de Cadena y Juancho Dique, se apoderaron del territorio, llegando a controlar con su poder militar 18 municipios de Bolívar y todos los municipios de Sucre en el Golfo de Morrosquillo y en la región de las sabanas. Ese control militar territorial, lo ejercían cobrando impuesto a los ganaderos, a los negocios y apoderándose de las finanzas territoriales.
En el informe de ‘Memoria Histórica sobre la masacre de El Salado’, una de las hipótesis sobre este crimen dice que las autodefensas incursionaron a ese corregimiento de Carmen de Bolívar en febrero del año 2000, fue para recuperar 400 reses que la guerrilla había robado en una de las fincas de López, de acuerdo con versiones de varios desmovilizados.
Otro aspecto que se ha investigado en la región tiene que ver con la reunión que se realizó en agosto de 2003, en Barranco de Loba, Bolívar, con el jefe paramilitar de esa zona Ernesto Báez, a la que asistieron exalcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldes, exconcejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al Despeje y Asocipaz, quienes acordaron con el jefe paramilitar votar a para la gobernación de Bolívar por Alfonso López Cossio.
A esa reunión fueron 800 personas, y fue toda una fiesta. Algunos asistentes le contaron a VerdadAbierta.com que los organizadores sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.
El propósito era el de notificar a los asistentes que de parte de los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Los descalificados debían desaparecer.
Esto fue contado por Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’ y Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’, quienes vieron que Enilce López habló con Mancuso. ’Geño’ en su versión, dijo que él personalmente, escoltó la entrega de los dineros a todos los candidatos a concejos y líderes en los pueblos para que votaran por el candidato de La Gata, quien finalmente resultó ganador y su administración, desde el comienzo hasta el final, estuvo controlada por recomendados de La Gata.  Cuando ocurrió el cambio de candidato, el gobernador Luis Daniel Vargas dio unas declaraciones a los medios diciendo que el gobierno nacional debería intervenir y suspender las elecciones, pues los paramilitares estaban interviniendo en política.

La Maldición de la Política
Pero para Enilce López y sus hijos, ingresar a la política se convirtió en su mayor desgracia y en una tragedia familiar. Su vida comenzó a declinar desde febrero de 2006, cuando en medio de un fuerte operativo coordinado desde Bogotá por la Fiscalía y el CTI, llegaron en la madrugada a su casa en Magangué y se la llevaron detenida a ella y a su hermano Arquímedes, por presunto lavado. La trasladaron a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Estando en el penal, una reclusa se le acercó con el fin de brindarle protección y atención. Era su sombra. Esta mujer se encargaba de suministrarle alimentos y cumplir con todos sus caprichos. Pero sus allegados aseguran que la envenenó con una sustancia que le afectó el hígado y los riñones.
En 2008, su deterioro físico comenzó a ser evidente cuando comenzó el juicio en Cartagena por lavado de activos, tenía la cara hinchada, estaba delgada y su voz se había apagado. Por lo que el Inpec ante una petición de la familia y de la defensa, la trasladó al Buen Pastor de Santa Marta, donde permaneció unos meses y donde era visitada regularmente por dirigentes políticos regionales buscando su apoyo para las regionales de 2007. Su estado de salud se deterioró y fue traslada a una clínica en Barranquilla y después a su casa en el barrio Golf, donde actualmente vive.
Personas que la han visto o que han escuchado a sus familiares y amigos, dicen que está muy enferma. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel se alimentaba con sondas y un grupo de especialistas le diagnosticó trastornos hepáticos y cardíacos, y una depresión severa.
Enilce López y sus hijos dijeron que la política había sido la fuente de su tragedia y su desgracia, por eso su hijo Héctor se retiró de la Cámara y Jorge Luis de la alcaldía de Magangué.
Actualmente es socia de Uniapuestas en Barranquilla y Aposmar en Santa Marta, y propietaria de Unicat en Bolívar donde comparte el negocio con Inverapuestas y es dueña de Aposucre. La historia del chance alrededor de ella está llena de historias de traición y muerte. En el año 2004, uno de los socios de Uniapuestas en Barranquilla, Renato Fabián Pardo, fue asesinado en el interior de la empresa luego de haber sido citado para una reunión de socios. Pero antes de que se apoderara del negocio en Atlántico, hubo una guerra que cobró 19 muertos en menos de tres años.
Enilce López, dice un abogado, aunque sea la socia mayoritaria, no es Uniapuestas. Sostiene que hay que separar la persona natural de la jurídica y si la popular Gata tiene cuentas pendientes con la justicia, pues la justicia se encargará de cobrársela, pero dice que no tiene por ello que pagar una empresa que ha cumplido su compromiso a pesar de la sombra que la cubre.
El negocio del chance no es de grandes y sofisticados empresarios, es de gente que hace muy poco dejó atrás una larga vida en la clandestinidad, la trampa, la ilegalidad y el crimen. Es un negocio de aproximadamente dos billones de pesos anuales en los cuatros departamentos y, que en sólo Atlántico ha pagado premios en  cinco años por trescientos mil millones de pesos a los apostadores y pagará en los próximos cinco años setenta y tres mil millones de pesos a la salud.

La Muerte en Su Familia
La Gata ha amasado una fortuna incalculable, pero en veinticinco años de ascenso y poder, también ha conocido el lado oscuro de la tragedia: su padre José López fue secuestrado y pagó por su rescate doscientos millones de pesos, pero murió veinte días después que lo devolvieron; su esposo Héctor también fue secuestrado y por él pago trescientos millones, y sus hermanos José Domingo, Exiquio y Eligio fueron asesinados.
A José Domingo las Farc le aplastaron la cabeza pasándole un carro por encima y a los otros los asesinaron a tiros y remataron con granadas. Su hermano medio hermano Arquímedes estuvo preso y ella agoniza en su casa viendo como su imperio se derrumba por haberse metido en la política.
Con su poder económico ha apoyado la elección de William Montes al senado en 2002 y de Nicolás Curi en 2005 a la alcaldía de Cartagena; a Libardo Simancas (condenado por la parapolítica), a la gobernación en 2004; a Alfonso López Cossio en 2007.  
En 2007, su hijo Héctor Julio, exalcalde de Magangué, anunció que no participarían más en política.  Pero en el 2010 su hijo Héctor Julio y Antonio Correa fueron elegidos al Senado, éste último había sido secretario de salud de Magangué cuando Jorge Luis fue alcalde.
En Cartagena se dice abiertamente que este año La Gata, a pesar de estar detenida y condenada, seguirá siendo un factor determinante en la política con candidatos financiados por ella a la gobernación del departamento y a la alcaldía de Cartagena.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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indios awá después de la masacre


Los cuerpos de las personas que murieron no han podido ser recuperados, el pueblo sigue siendo amenazado. Sus líderes dicen sentirse solos. En el 2010, 15 de ellos fueron asesinados y dos desaparecidos. Se sienten amenazados por paramilitares, ejército y guerrilla.
Colombia. Esta semana, el 4 de febrero, se cumplen dos años de la masacre de indígenas awá. "De una de las masacres", aclara Alex Guango, presidente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA.
Y es que no solo ha sido una la masacre que ha vivido este pueblo. Aunque la que más se recuerde sea la de once indígenas -entre los que había dos embarazadas-, que acusados de ser colaboradores del ejército fueron asesinados con machete y cuchillo por las Farc en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño, han ocurrido otras.
En agosto de ese mismo año fueron asesinados doce awá, entre los que había cuatro niños y tres adolescentes. Esta vez en el resguardo Gran Rosario. Dos meses después, el 27 de octubre, hombres armados mataron a otros tres indígenas de la misma comunidad en un sitio conocido como La Guayacana, también en Nariño.
El 2010 tampoco fue un año seguro para este pueblo. Alex Guango dice que 15 personas fueron asesinadas y dos desaparecidas. El 2011 empezó con amenazas y el peligro de tener que transitar por senderos minados. Terminaba enero cuando un joven, de 14 años, fue víctima de una mina. Murió.
"Estamos amenazados por los actores armados, legales e ilegales, que se mueven en la zona", asegura el líder indígena, quien además lamenta, que hoy dos años después de la masacre que visibilizó su situación, no hayan podido recuperar los cuerpos de los indígenas, que el 4 de febrero de 2009 perdieron la vida.
"No hemos podido cumplir con los rituales de despedida. A los familiares de quienes murieron los han sometido a pruebas para lograr su identificación, pero esta es la hora y no hay resultados. Han dicho que ya tienen identificados a tres, pero nosotros necesitamos que nos devuelvan los cuerpos de todos", asegura Juan Edgardo Pai, líder de UNIPA, quien reconoce que en este momento ni siquiera sabe con exactitud en dónde podrían estar los cuerpos. "Creo que en Tumaco", dice.
En Tumaco o en Cali, donde dice Alex Guango también pueden estar algunos de los cuerpos, lo cierto es que ya no le podrán dar la despedida, como el pueblo awá acostumbra a hacerlo. Es una ceremonia que se hace a un año de que la persona muera.
"Durante los primeros doce meses después de que fallece se guarda luto. No se baila, no se toma licor. Pero una vez se cumple el tiempo, el día del primer aniversario se realiza un evento donde se pone al muerto en una mesa, cubierto con una sábana, rodeado de sus objetos personales más preciados y comida", cuenta el presidente de UNIPA.
Por eso, la idea de despedirse como es costumbre y de la forma como sienten que sus muertos podrán descansar en paz, ya no podrá hacerse. "No vimos voluntad del gobierno en ayudarnos a recuperar los cuerpos. Estamos solos", dice el líder indígena, quien asegura además que pese a los llamados que en repetidas ocasiones han hecho en busca de protección, poco atención han recibido. "Así como en un principio, en el caso particular de la masacre del 4 de febrero de 2009, pusieron en tela de juicio nuestras versiones, ahora vemos que sucede lo mismo", dice.
Para Pai, el otro líder, la amenaza es latente. "La situación es grave para los más de 20 resguardos que conforman nuestro pueblo", sostiene.
Pero, ¿cuál es la principal amenaza? "FARC, ejército, paramilitares. Todos por igual han sido una amenaza para nuestro pueblo, por eso nos sentimos así, solos. Estamos olvidados por el gobierno", dice Pai.
La situación no es fácil. Territorios minados, ser acusados de un lado de ser colaboradores del ejército y del otro de serlo, pero de la guerrilla, ponen en riesgo a este pueblo, que según sus líderes a pesar de "que se han sostenido reuniones, foros y audiencias con diferentes instancias en las que hemos manifestado nuestras inquietudes, no hemos encontrado respuesta, a veces parece que no se tiene en cuenta el Auto 004/09, en el queda claro que el conflicto armado amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país".
Por eso hoy, dos años después de la masacre de los awá, el pueblo se siente solo, sus indígenas desprotegidos, además cuestionan cómo han sido tratados por el gobierno.
"Lo que tiene que ver con la Ley de víctimas y restitución de tierras no ha sido muy claro para todos", dice. Y es que aunque el gobierno y la Mesa de Concertación Nacional de los Pueblos Indígenas acordaron incluir en el proyecto de ley de víctimas un parágrafo para que el presidente sea quien decrete la ley de reparación y restitución de las minorías étnicas, para algunos líderes no es suficiente.
"Son cosas que quedan en el papel", dice Pai, mientras Alex Guango reitera: "no estamos de ningún lado. No somos aliados ni del ejército ni de la guerrilla. Somos un pueblo que ha mantenido la imparcialidad. Lo único que queremos es proteger nuestro territorio, la vida de nuestras familias, poder estar en paz en nuestras tierras".
Cerca de 40 mil indígenas, de tres organizaciones, conforman el pueblo awá. Muchos han ido emigrando hacia Ecuador. Aún no está clara la cifra, pero sí la razón. "El conflicto armado nos está sacando", dice Guango, quien a sus 21 años ha tenido que asumir el liderazgo de la Unidad Indígena del Pueblo Awá y para quien lo más importante es lograr que el gobierno garantice la protección colectiva de sus derechos, a través del Plan de Salvaguarda, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de enero de 2009 para la protección de 34 pueblos indígenas afectados o en riesgo de desplazamiento forzado.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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exsenador martínez a barranquilla


Avanza el traslado del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra a la cárcel El Bosque de Barranquilla, decisión tomada por el Inpec tras conocer sus actos de indisciplina en La Picota.
Colombia. Ante las denuncias sobre los "relajos" protagonizados por el exsenador Juan Carlos Martínez en el centro penitenciario de La Picota, se determinó su traslado a la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde estará recluido hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su situación jurídica.
El exsenador se encuentra en estos momentos en la pista de la Base Antinarcóticos y en cuanto se disipe la nieblina viajará en un avión hacia Barraquilla. El operativo comenzó hacia las 5:30 de la mañana.
Su traslado fue ordenado por el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien explicó este miércoles que la decisión se tomó con base en los actos de indisciplina protagonizados por el exsenador en la cárcel La Picota.
Luego, la Corte Suprema de Justicia aceptó la petición del general Ricaurte y se determinó trasladar al exsenador a una cárcel de máxima seguridad.
"La decisión se toma con base en los actos de indisciplina causados el sábado pasado cuando se celebraba un cumpleaños al interior del centro carcelario de La Picota", explicó el general.
Pero esta no es la única decisión generada por este escándalo. El martes, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció el traslado de la directora de La Picota, Himelda López, quien según el ministro tendrá presentar explicaciones sobre los excesos registrados en el penal.
El INPEC, por su parte, anunció que se endurecerán algunas medidas dentro del pabellón de la ’parapolítica’ en cuanto a los horarios de visitas y el número de personas que pueden ser recibidas. El Instituto señaló que de ahora en adelante serán los días viernes, sábado, domingo y lunes, y que las visitas serán de solo tres personas. Antes eran cinco y el único día en que no se podía recibir visita era el jueves.
Cabe recordar que este martes el INPEC comenzó la investigación por fiestas que se han celebrado en dicho pabellón y entre los eventos se destaca la celebración del cumpleaños del exsenador Martínez.
"Se han seguido presentando circunstancias desafortunadas. Anuncio que en el día de hoy se van a hacer algunos traslados empezando por la directora de La Picota. No se van a permitir más desórdenes. No es la primera vez que esto ocurre", aseguró el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
3 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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