colombia

procesarían a ex congresista pérez

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Corte Suprema decidirá suerte de ex congresista César Pérez por masacre de Segovia. La Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la etapa de recolección de pruebas en el caso que adelanta contra el ex congresista César Pérez por la masacre de Segovia. Ahora el Alto Tribunal deberá decidir si lo llama a juicio o no.

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Colombia. La Sala Penal de Corte Suprema de Justicia cerró la etapa instructiva del caso contra el ex representante antioqueño César Pérez García, procesado por los hechos ocurridos en Segovia el 11 de noviembre de 1988 en los que paramilitares asesinaron a 43 personas de ese municipio.
Concluida esta fase, y tras haber negado los recursos que insistían en ampliar los plazos para la práctica de pruebas, el Alto Tribunal pasará a definir si precluye la actual investigación contra el ex congresista o si profiere resolución de acusación, con lo cual se daría paso a etapa de juicio.
El pasado 22 de julio de 2010, El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) capturó en Medellín al diputado César Pérez García.
La orden de captura fue emitida por la Corte Suprema de Justicia como parte de la reapertura del caso hecha en mayo de ese año, pues consideró que allí se había cometido un delito de lesa humanidad y decidió vincular a las investigaciones al diputado y ex congresista antioqueño. A Pérez García se le investiga por los presuntos delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.
A Pérez García lo incriminan paramilitares como Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir", quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato. De acuerdo a versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García presuntamente incitó a los paramilitares para que cometieran ese crimen: "él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre", dijo ’Vladimir’ a los investigadores que ahora procesan a Pérez.
Inicialmente, el cacique liberal fue procesado y capturado el 8 de agosto de 1995, pero los cargos en su contra fueron retirados por asuntos técnicos. El proceso cesó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando un juez lo absolvió de los cargos.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, aseguró que esta incursión sangrienta de paramilitares debe ser considerada como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, pues a su juicio contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para recuperar el poder político que le arrebató la UP. En las elecciones de 1992 el Partido Liberal recuperó su poder regional en el Nordeste antioqueño.
Pérez García, abogado de profesión y oriundo del municipio de Remedios, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido Concejal y Diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. Es fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. En sus actividades en el sector privado se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.
Además, su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como presidente de la Asamblea en 1998.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©prensa rural

destituyen a hugo aguilar

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Hugo Aguilar destituido e inhabilitado por nexos con paramilitares. El coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, porque según la Procuraduría tuvo nexos con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá.

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Colombia. La Procuraduría inhabilitó por 20 años al coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos, después de considerar que existen pruebas de que se alió con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá para ser elegido Gobernador de Santander para el período 2004-2007.
Según el Ministerio Público, Aguilar Naranjo contó con el apoyo del Bloque Central Bolívar (BCB), a cargo de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’, así como de las Autodefensas de Puerto Boyacá, de Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’, para obtener los 301.288 votos que lo llevaron a la Gobernación.
La Procuraduría consideró que Aguilar Naranjo hizo un pacto con ‘Ernesto Báez’, ex jefe político del BCB, y que se vio reflejado en el nombramiento de Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación Departamental.
Al ganar las elecciones, en consideración del Ministerio Público, Aguilar le prometió a ‘Báez’ un puesto en su gabinete. Uno de los testimonios que pesan en contra del ex Gobernador fue precisamente el de Patiño Noreña: "A mí Iván Roberto, alias ’Ernesto Báez’, me dijo: "A nosotros nos van a dar una Secretaría, yo voy a pedir la de Educación para que usted vaya allá", le dijo el Secretario de Educación a la Fiscalía.
La decisión de la Procuraduría se conoce ocho meses después de abrirle pliego de cargos al ex Gobernador. En mayo de 2010, el Ministerio Público señaló que Aguilar Naranjo y otros dos políticos santandereanos promovieron a los paramilitares y por eso habían accedido a cargos públicos. En la investigación, los señalaron también de haber tenido vínculos con Jairo Ignacio Orozco González alias ‘Jairo Tarazá’, jefe político del BCB en Santander, con Álvaro Sepúlveda Quintero alias ‘César’, segundo de alias ‘Botalón’, así como con Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm).
Desde 2004, Aguilar además había sido llamado a indagatoria por la Corte por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y cohecho impropio, después de que varios paramilitares lo salpicaran. Según Juan Fernando Morales Ballesteros y Orlando Murillo Morales, ex paramilitares del BCB, el ex Gobernador asistió a varias reuniones con los jefes paramilitares de ese bloque, entre ellos, alias ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’. Por esta misma razón, en la actualidad el ex senador Luis Alberto Gil Quintero y el ex representante Alfonso Riaño son investigados por ‘parapolítica’ por la Corte Suprema.
"El sancionado(Hugo Aguilar) intervino (sic) desde su posición como primer mandatario del departamento de Santander en el desarrollo del proyecto paramilitar, toda vez que al ser impulsada su candidatura por el comandante Iván Roberto Duque, entre otros, dejó incondicionalmente su investidura a disposición de las autodefensas", señaló la Procuraduría.

La ‘Caída’ de Aguilar y de Convergencia
Nacido en Suaita, Santander, Hugo Aguilar Naranjo cobró protagonismo el 2 de diciembre de 1993, cuando las cámaras de televisión lo enfocaron exhibiendo el cadáver de Pablo Escobar sobre el techo de una casa en Medellín. Aguilar, entonces mayor de la Policía e integrante del Bloque de Búsqueda, se jactaba de haberle dado el tiro de gracia al jefe del Cartel de Medellín.
Con esa popularidad y estando en retiro como coronel, Aguilar conoció a Luis Alberto Gil Castillo, un maestro del Sindicato de Educadores que había militado en el Eme, y lo apoyó en la creación del movimiento Convergencia Ciudadana. Después de que Gil llegó dos veces a la Asamblea de Santander y de que su esposa Doris lo sucedió en la duma, el movimiento acordó apostarle a las elecciones de Congreso de 2002 y a las regionales de 2003.
Siendo Santander una región liberal, Convergencia derrotó a los rojos en ambas elecciones. Gil llegó al Senado en 2002 junto a los representantes José Manuel Herrera Cely y Jaime Durán Barrera, y en 2003 Hugo Aguilar lo hizo en la Gobernación, derrotando con 301.288 votos a su contrincante, el liberal Luis Francisco Bohórquez, que obtuvo 274.135 votos.
La popularidad de Convergencia iba en aumento. En 2006 Gil repitió curul en el Senado y consigo llevó a Alfonso Riaño, José Manuel Herrera Cely y Édgar Alfonso Gómez Román a la Cámara. En 2007, querían repetir en la Gobernación pero Didier Tavera, ex Secretario de Gobierno y candidato de Hugo Aguilar, no pudo superar a Horacio Serpa.
A partir de 2007 la fama de Aguilar y Convergencia se vino al piso. Al ex gobernador empezaron a airearle presuntos malos manejos administrativos relacionados con la adjudicación irregular de contratos en la industria Licorera de Santander y en la apuesta del chance; la construcción de una ostentosa mansión en un lugar exclusivo de la ciudad y de una hacienda similar a su proyecto insignia: el Parque Nacional Chicamocha (Panachi). También lo señalaron de presuntos pagos de nóminas paralelas entre amigos y familiares de políticos que apoyaron su campaña. Todas, denuncias que no prosperaron.
En medio de esas denuncias, él y varios de sus amigos terminaron enredados en medio del escándalo de la ‘parapolítica’. Tres de sus principales congresistas, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera Cely, terminaron en La Picota mientras se les investiga por presuntos nexos con los paramilitares. Debido a esta mala imagen, a finales de 2009 Convergencia decidió cambiar de nombre y logo, y para ello se fusionó con otros partidos cuestionados como Colombia Democrática, Colombia Viva, Alianza Democrática Nacional y Apertura Liberal, llamándose Partido de Integración Nacional, PIN.
En las elecciones para Congreso de 2010, los caciques de Convergencia quisieron heredarles los votos a sus familiares. Gil, ya preso, postuló a su esposa Doris Vega al Senado y a Didier Alberto Tavera, ex Secretario de Gobierno, a la Cámara. Su esposa se quemó pero su pupilo es actual representante. En cambio, Aguilar ganó los dos escaños: su hijo Nerthink Mauricio Aguilar, sin haber sido edil, llegó al Senado junto a su fórmula Hólger Díaz, que fue secretario de Desarrollo Social y Gobernador encargado de Santander durante la administración de Aguilar Naranjo.
Con estos dos escaños asegurados en el Congreso, Hugo Aguilar le dijo a Caracol Radio en enero de 2011 que esperaba postular su nombre a la Gobernación de Santander paras las elecciones de octubre. En la entrevista, dijo que ya no lo haría por el PIN sino que se reuniría con el ex presidente Álvaro Uribe para pedirle el aval del partido de la ‘U’.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©verdad abierta

crímenes de alias pirata

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La violencia que dejó ’Pirata’ a su paso por los Llanos. ‘Pirata’ reconocerá más de 200 crímenes, entre asesinatos, desapariciones, robos y desplazamiento en Meta, Cundinamarca y Casanare.

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Colombia. Después de la última versión libre del ex jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, ante el despacho 5 de Justicia y Paz, no cabe duda que el paso del Bloque Centauros en los Llanos volvió la muerte banal.
En dos sesiones de versión libre, ‘Pirata’, quien fue jefe militar del grupo ilegal, se tiene que responsabilizar por más de 200 crímenes violentos, una larga lista de asesinatos, desapariciones, masacres y desplazamientos que sus hombres cometieron en Meta, Cundinamarca y Casanare.
Entre las víctimas hay campesinos, concejales, tenderos, presuntos guerrilleros, ganaderos, desempleados, líderes locales, amas de casa y también muchos ex paramilitares.
Uno de los casos que ‘Pirata’ aceptó es el asesinato de María Lucero Henao, líder de la vereda Puerto Esperanza de El Castillo, Meta y la de su hijo Yamid Daniel de sólo 16 años. La orden vino directamente de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, el jefe del Bloque Centauros, pues en repetidas ocasiones María Lucero envió cartas a la Vicepresidencia reclamando presencia institucional y denunciando el control de los ‘paras’ en su pueblo, donde habían instalado una base.
La ayuda del gobierno nunca llegó, pero los ‘paras’ se enteraron de las quejas. El 6 de febrero de 2004 varios hombres armados la sacaron de la casa. Su hijo se puso a gritar, la abrazó y no quiso soltarla, así que se lo llevaron con ella y los mataron cerca de la casa.
La familia de María Lucero Henao era una de las pocas que se quedó en el caserío a pesar de la presencia de los ‘paras’.  La mujer, como presidente de la Junta de Acción Comunal, era la única autoridad, le tocaba hacer levantamiento de cadáveres de  algunos vecinos, hablar con los ‘paras’ para que respetaran los pobladores y tratar de tocar las puertas de embajadas, Onu y Defensoría del Pueblo.
En marzo de 2008 otro de sus hijos, José Wilfredo, denunció que los paramilitares lo tenían amenazado y que había un precio sobre su cabeza.
El Castillo fue uno de los municipios más golpeados por la violencia paramilitar. Desde los años ochenta, cientos de políticos fueron asesinados o amenazados. Uno de ellos fue José Alirio Bernal, presidente del concejo municipal por el movimiento Convergencia Ciudadana, cuyo asesinato también fue aceptado por ‘Pirata’.
Según lo documentó la Fiscalía, el 30 de mayo de 2004, Javier Domingo Romero, alias ‘Rufo’, entró al mini súper mercado de Bernal y le disparó nueve veces, antes de huir a pie sin mayor problema.
La muerte en los Llanos no sólo golpeó al político o al que denunciaba a los ‘paras’. También asesinaron gente sólo por tener miedo, por contestarles o por sostenerles la mirada. El campesino Antonio Mauricio Méndez Jiménez de Medina, Cundinamarca, estaba pasando cerca de dos paramilitares, que no lo dejaron pasar porque más allá habían puesto un retén. El señor se asustó, pidió explicaciones y los ‘paras’ lo golpearon. Trató de salir corriendo, pero lo cogieron y lo asesinaron en un potrero.
‘Pirata’ también aceptó varios casos de paramilitares o de auxiliadores que fueron asesinados por las mismas autodefensas. Uno de ellos, que era informante, no quiso asesinar a alguien y desertó. Cuando lo volvieron a encontrar, lo llevaron a una finca en Santa Cecilia, una vereda de Paratebueno, Cundinamarca, y lo mataron.
‘Pirata’ además se hizo responsable por la masacre de Caño Jabón, donde el 4 de mayo de 1998 las autodefensas asesinaron a por lo menos 20 campesinos. Según dijo el ex jefe ‘para’ en una versión del año pasado, la orden  de tomarse esta población provino de Vicente Castaño a través de alias ‘Raúl’, y para ello reunieron a 150 paramilitares en Cachama, Meta, y los transportaron en varias volquetas, carros y camionetas hasta Caño Jabón.
‘Pirata’, quien mandaba sobre los Llanos desde hacía una década, contó que en el recorrido las autodefensas asesinaron a por lo menos seis campesinos, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya en Caño Jabón, su grupo secuestró a varias personas, las llevó a la bomba de gasolina donde las acribilló y luego le prendieron fuego al combustible almacenado.
Mientras tanto otro grupo, entre los que estaba Dúmar de Jesús Guerrero, alias ‘Carecuchillo’, ocupó el puerto fluvial y dispararon indiscriminadamente sobre los pobladores que estaban huyendo de la arremetida. Las autodefensas también dinamitaron una avioneta, destruyeron el puerto y la pista del aeropuerto, para estar seguros de que nadie pudiera salir de ahí. ??Después de cuatro horas de muerte, los ‘paras’ abandonaron el pueblo. Aún no se sabe a cuantos asesinaron.
‘Carecuchillo’ dijo en versión que fue un promedio de 27 muertos; ‘Pirata’ señaló que podían ser 31. En registros de la época, se habló de 18.  ‘Ratón’ había dicho que las autodefensas cometieron estos hechos señalando a Caño Jabón de ser un pueblo guerrillero.
El dominio de Caño Jabón era estratégico para controlar la salida de la pasta de coca, y lo que estaba en disputa era quién controlaba ese corredor.
La versión libre de Manuel de Jesús Pirabán continuará hasta el primero de febrero.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©verdad abierta

condenan a la gata a 9 años

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Un jueza de Bogotá sentenció a la empreseria del chance Enilse López por sus nexos con los paramilitares en Sucre y Bolívar. No pudieron probar su participación en el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres, pero sí sus nexos.

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Boogotá, Colombia. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a nueve años de prisión a Enilse López, alias ‘La Gata’, empresaria del chance en Sucre y Bolívar, por concierto para delinquir agravado.
Según la conclusión de la jueza: "No existe duda alguna de la militancia de Enilse de Rosario López Romero, alias La Gata, en el grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia para los años 2000 y siguientes, y se ha podido demostrar su trato cercano con los jefes máximos de la agrupación paramilitar, colaborando con sus pretensiones ilícitas".
‘La Gata’ fue juzgada por el asesinato el 12 de junio de 2000 del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres, en un peaje entre Carmen de Bolívar, Bolívar, y Ovejas, Sucre. Según el ex paramilitar Luis Fernando Caro, alias ‘Magencio’, Ochoa fue abaleado por varios hombres armados por ser un presunto colaborador de la guerrilla.
Aunque la justicia no logró demostrar relaciones entre ‘La Gata’ y el asesinato, sí estimó que habían suficientes pruebas de los nexos entre la empresaria y las Auc. ‘Magnencio’ por su parte fue condenado a 21 años de prisión por el homicidio.
‘La Gata’ fue capturada en febrero de 2006, pero hoy está amparada por la figura de la reclusión hospitalaria en Barranquilla por enfermedad grave, beneficio que fue aceptado en la sentencia.
‘La Gata’ también ha sido mencionada por el ex paramilitar Jairo Antonio Castillo Peralta, alias ’Pitirri’.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©verdad abierta

qué son las bacrim

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Álvaro Villarraga, coordinador del área de desmovilización, desarme y reintegración de la CNRR, responsable del más reciente informe sobre bandas criminales, habló con Semana.com sobre el desafío que éstas representan para el país.

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[Sally Palomino] Colombia. ¿En dónde están? ¿Quiénes las integran? ¿Son efectivas las medidas del gobierno para enfrentarlas? Son algunas de las preguntas que en los últimos días el país se hace frente a las llamadas Bacrim. Y las respuestas son tantas, como opuestas.
Las autoridades insisten en decir que los esfuerzos por dar con las cabezas de estos grupos es grande y que la mejor muestra de su lucha es, hasta ahora, haber logrado acabar con la carrera delictiva de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
 Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, señalan que hechos tan trágicos como el asesinato de los jóvenes universitarios Mateo Matamala y Margarita Gómez, ocurrido el lunes 10 de enero en Bocas de Tinajones, San Bernardo del Viento, Córdoba, pone en evidencia lo que desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo: la fuerte presencia de grupos, conformados en su mayoría por desmovilizados, que están azotando a varias regiones del país, disputándose corredores del narcotráfico.
Álvaro Villarraga, coordinador del área de desmovilización, desarme y reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), estuvo a cargo de un reciente informe - el segundo - que publica ese organismo y que hace una radiografía del accionar de esas bandas.
La retoma de las armas por parte de algunos exintegrantes de las AUC, que no se desmovilizaron o que incluso haciéndolo decidieron retornar a la ilegalidad, deja en claro, según Villarraga, que hay rezagos del paramilitarismo que el gobierno de Juan Manuel Santos debe saber enfrentar. ¿Cómo? Según Villarraga, la mejor forma de hacerlo es empezar a reconocer el fenómeno real que son estas bandas: "son mucho más que grupos delincuenciales", afirma.
Semana.com: En 2008, la CNRR reveló un informe en el que advertía sobre el surgimiento de nuevas bandas y consecuencia de rearmes con diferentes raíces.

¿Cuáles eran?
Álvaro Villarraga: Se veía que habían surgido nuevas bandas como resultado de que algunos bloques o frentes de las AUC se habían quedado al margen del proceso, como disidencias de la desmovilización. También habían surgido nuevos grupos tales como redes delincuenciales con participación de algunos desmovilizados, y además se había dado el fenómeno de retomar las armas por parte de anteriores sectores paramilitares. Aunque esto último no era generalizado.
 
¿De cuántas miembros de estas bandas estábamos hablando en ese momento?
De casi 4 mil personas.

Aunque era claro el surgimiento de estos grupos, ¿no se evidenciaba la magnitud que tomarían?
Era más un interrogante. La cuestión era: están surgiendo, pero ¿se van a consolidar? ¿Son un coletazo delincuencial? ¿Es una nueva generación paramilitar?

En 2010 se conoció un nuevo informe, ¿qué nuevas cosas se encontraron frente al de 2008?
En el primero no había mucho detalle sobre las regiones, ni sobre las bandas. Aunque se evidenciaba la fuerte presencia de las Águilas Negras, Nevados, Nueva Generación y un poco de los Rastrojos, y se advertía sobre el tema de inseguridad que podían desencadenar y cómo podrían terminar menoscabando los logros de la reintegración.
 En cambio en el segundo se abarcó una temática más amplia, y aunque se evidenciaron buenos resultados en el desarrollo de política pública, se vio cómo del conjunto de los desmovilizados hay un margen (cerca de 7 mil) que nunca se presentaron a la Alta Consejería para la Reintegración y sobre los que se desconoce su paradero. Además, algunos se marginaron del programa y otros reincidieron, justamente en estos grupos.

¿Hay una cifra sobre el número de personas que podría estar vinculado a estos grupos?
Se habla de por lo menos 6 mil efectivos vinculados a más o menos seis estructuras principales. Sin embargo, es una situación muy cambiante. Estos grupos se caracterizan porque se transforman, se fusionan y se sustituyen con gran facilidad.
En el informe se decía además que por lo menos el 17 por ciento de esos cerca de 6 mil serían exintegrantes de las AUC. Y aunque es una minoría, no puede tenerse ninguna consideración benigna. Por el contrario, porque es de ahí de donde salen los líderes, los jefes, los que reclutan, los que le dan continuidad a formas de dominio territorial armado. Y en ese sentido, la situación es preocupante.

¿Qué tanto?
De alguna manera hay una retoma de iniciativa por una franja de exintegrantes de las AUC, que no se desmovilizó o que haciéndolo ha retornado a la ilegalidad y a las armas. Por eso decimos que hay rezagos del paramilitarismo que se deben afrontar.

El gobierno ha bautizado a estas nuevas bandas como Bacrim, un concepto con el que muchos no están de acuerdo, incluida la CNRR. ¿Por qué?
El término es infortunado. Ojalá este Gobierno acogiera las recomendaciones de la CNRR en el sentido de que decir bandas criminales es inexacto, demasiado vago y no corresponde al verdadero fenómeno.
No se trata de solo un asunto de delincuencia común. Hay presentes rezagos del paramilitarismo porque tienen estructuras militares, dominio territorial y, lo que es peor, aún subsisten algunos vínculos con sectores estatales, fuerza pública y, en menor proporción, hay redes con aliados políticos.

Así las cosas, ¿cómo se ve el panorama de cara a las elecciones regionales que se avecinan?
Aunque ya no es una situación generalizada ni de un nivel tan grande como en el pasado, donde hubo departamentos controlados por el paramilitarismo, el fenómeno persiste. Sin duda, hay áreas en las que se podrán dar circunstancias de arbitrariedad y de presión a los electores, intimidación que no va a permitir el derecho al sufragio.

¿Cuáles?
Principalmente en la Costa Norte, Chocó, Bajo Cauca, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño y Medellín. Además en la Sierra Nevada de Santa Marta, Alta Guajira, Sur de Bolívar, zonas claves en el tema del narcotráfico.

En el segundo informe se habla de las grandes diferencias entre lo que eran las AUC y estas nuevas bandas. ¿Cuáles son?
Pueden ser las mismas raíces, pero se están dando en nuevas circunstancias. Ya no existe una federación coordinada, una vertebración marcada, existen expresiones de eso, pero más parcializadas, debilitadas.

¿Qué pasa con la presencia de estas bandas en las ciudades?
También están. Hay un elemento de presencia urbana nuevo y expresiones de eso se ven en ciudades como Cúcuta, todas las de la Costa Caribe, Montería, Urabá, Bajo Cauca y Medellín, en donde la situación se ha consolidado luego de que ‘Don Berna’ saliera y quedaran redes fracturadas.

Hace unos días se conoció un nuevo anuncio del obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, en el que miembros de estas bandas le habrían manifestado su deseo por entregarse al gobierno...
Es positivo. No se deben cerrar esos canales. Si se quieren someter a la justicia, bienvenidos. Eso sí, habría que recomendar al Gobierno revisar cuáles salidas jurídicas se les podría dar y el tipo de tratamiento que recibirían, porque su entrega no se daría en el mismo sentido de un proceso de paz, es más un sometimiento a la justicia.

¿Cuál es el gran reto al que se enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos en la lucha contra estas bandas?
Aún está a tiempo de revisar políticas, de revisar circunstancias, de redefinir líneas de actuación. El presidente Juan Manuel Santos tiene una visión más realista sobre el conflicto. El vicepresidente Angelino Garzón está haciendo un trabajo muy fuerte en derechos humanos, ha hecho un llamado muy franco a las autoridades por no ser tolerantes frente a la presencia de estos grupos.
Para hacer frente a estos grupos es importante que se empiece por reconocer los avances que hubo en materia de seguridad en la anterior administración, pero también las limitaciones. Hay que reformular líneas de actuación. La lucha no puede ser solo una competencia de la Policía, se necesita que sea también del Ejército.
Además, es necesaria una política más eficaz frente al narcotráfico, que está muy vinculado a estas bandas. Mientras siga la base material, así se acabe con estos grupos, se reproducirá el fenómeno.
Las Bacrim van mucho más allá. Está claro que no son simples bandas delincuenciales.
31 de enero de 2011
18 de enero de 2011
©semana

cómo cayó cuchillo

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SEMANA revela el registro fotográfico y detalles desconocidos de la operación en la que cayó Pedro Oliverio Guerrero, un narcoparamilitar responsable de cerca de 3.000 asesinatos en el oriente del país.

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Colombia. Una treintena de los hombres mejor entrenados de la Policía recibieron una llamada en vísperas de Navidad. El alto mando les ordenaba concentrarse de inmediato en el aeropuerto de Catam. Eran las seis de la tarde del pasado 24 de diciembre, y allí los aguardaban tres helicópteros. Solo cuando estuvieron en el aire fueron informados de que se trataba de la Operación Diamante. Y que iban, una vez más, tras Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’.
Este era el criminal más poderoso del oriente del país, heredero del Bloque Centauros de las Autodefensas, a cuyo jefe, Miguel Arroyave, hizo matar en 2005. El Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), grupo armado que se constituyó después de la desmovilización de los paramilitares y que de anticomunista no tenía sino el nombre, controlaba el negocio de la cocaína en una amplia región del Meta, de Guaviare y del Vichada, aliado, entre otros, con las Farc. El gobierno le atribuía cerca de 3.000 asesinatos. Miembros del grupo que realizó la operación le contaron a SEMANA cómo dieron, por fin, con él.
Pero en esta ocasión las cosas eran distintas. Tras dos años de operativos infructuosos, ahora se contaba con una fuente "certificada" que estaba en el terreno y que reportó incluso qué camisa lucía esa noche el temido narcoparamilitar. El comando de asalto fue desembarcado en la base militar de Apiay, en Villavicencio. Los hombres, del grupo élite Jungla, fueron conducidos a un salón privado, sin que se les permitiera hacer llamadas o entrar en contacto con personal de la guarnición. Las prevenciones no eran para menos. En todas las ocasiones anteriores -más de una docena- en las que se intentó cercar a Cuchillo, este era informado y se escabullía. Sobraban los indicios de que tenía infiltrada a la fuerza pública.
Al filo de la medianoche, un alto mando ingresó al salón para dar las instrucciones tácticas. Había certeza de que Cuchillo estaría reunido celebrando la Navidad en una casa enclavada en un claro, cerca de Mapiripán, donde termina el llano del Meta y empieza la manigua del norte del Guaviare. Además de sus lugartenientes, estarían con él mujeres y niños, por lo cual no se podía bombardear. Él y su grupo estaban bebiendo desde las once la mañana y debían estar perdidamente borrachos al momento del asalto.
Luego de asignar misiones y códigos de comunicación, los comandos Jungla se embarcaron en tres helicópteros Black Hawk, mientras otro más participaba en labores técnicas. Volando mucho más alto, con equipos de alta tecnología, un avión de inteligencia coordinó la operación.
A las 12:15 de la noche, las tres naves se aproximaron al blanco, desde tres frentes. Recurrieron al llamado ’vuelo rasante’ para evitar ser detectados antes de tiempo. Cuando el anillo de seguridad de Cuchillo advirtió la situación, abrió fuego con dos ametralladoras M-60 y una decena de fusiles. Desde las naves hubo una nutrida respuesta. Entre tanto, deslizándose por sogas, los comandos descendieron y empezaron a avanzar según la orientación radial que recibían desde el avión, que a miles de pies de altura observaba cada movimiento a través de cámaras térmicas y visores de precisión.
En el intercambio de fuego, dos policías murieron. La gente de Cuchillo resistió hasta que su jefe salió de la casa y se adentró, entre tumbos y al parecer cargado por uno de sus guardaespaldas, en la maleza. Luego de esto, algunos se rindieron y otros huyeron del lugar. En la zona, iluminada con una planta eléctrica, la Policía halló un centenar de personas entre hombres borrachos y armados, prostitutas y niños. Afuera había varios quioscos, donde estaban estacionadas cuatro camionetas -una blindada- y siete cuatrimotos.
Una vez controlado el lugar, patrullas del Ejército aseguraron la zona con un anillo más extenso. En la casa de donde huyó Cuchillo se instaló un puesto de mando. Desde allí, los generales César Augusto Pinzón y Carlos Mena, junto al director de Inteligencia de la Policía, coordinaron todo para hacer un barrido exhaustivo hasta hallar "vivo o muerto" a Cuchillo.
Se requirieron dos días y unos trescientos hombres para cubrir un amplio radio de la zona. Y nada. Desde el puesto de mando captaron frecuencias de radio en las que se oían llamadas urgentes que revelaban revuelo por la pérdida del "patrón" y pedían buscar enfermeras para cuando apareciera.
El 28, cuatro días después de la operación, se ordenó hacer la misma labor minuciosa, pero ahora por el caño Siare, un riachuelo de cierta profundidad que recorre la zona envuelto entre matas de monte. Los policías se ingeniaron dos pequeñas balsas con canecas y tablas que encontraron en los quioscos de la casa e iniciaron en estas el barrido del caño.
Hacia las 4:30 de la tarde advirtieron un olor putrefacto y más adelante vieron un cadáver que flotaba estancado en la maleza, hinchado como un globo. De inmediato dieron aviso al puesto de mando. Desde allí preguntaron: "¿Tiene una camisa naranja de rayas?". "Sí". "¿Tiene manillas tricolor y un reloj Rolex en la muñeca izquierda?". "Sí". "¿Un cuchillo al cinto?". "Sí". "¿El cabello rapado y cadenas de oro en el cuello?". "Sí". "Sáquenlo, es él".
Esa fue otra labor compleja. El cadáver llevaba más de dos días en descomposición. Los Jungla suponían que había muerto ahogado y que, una vez se hinchó, salió a flote, por lo que no lo hallaron en las primeras inspecciones de la zona. Lo ataron con cuerdas y lo sacaron del caño; luego, lo transportaron en una hamaca improvisada. En el puesto de mando se hizo otra verificación ocular y se concluyó que había un 99 por ciento de certeza de que era Cuchillo. "El asesino de asesinos", como lo llamó el presidente Santos, finalmente había caído.
24 de enero de 2011
22 de enero de 2011
©semana

la última de los castaño

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Por décadas, Sor Teresa Gómez ha logrado evitar que la justicia la castigue por su papel en el proyecto paramilitar de su clan familiar. Ahora, se la busca para que pague por la muerte de Yolanda Izquierdo, que reclamaba tierras arrebatadas por los Castaño.

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Colombia. La historia de la fugitiva Sor Teresa Gómez Álvarez está manchada de sangre y tierra. Sangre, como la de Yolanda Izquierdo, asesinada en 2007, crimen por el que la semana pasada Gómez Álvarez fue condenada a 40 años de prisión. Y tierra, como los cientos de hectáreas que han pasado por sus manos como la más leal de los testaferros de los hermanos Castaño Gil: Fidel, Carlos y Vicente, los padres de la barbarie paramilitar.
Por ser esposa de Manuel Gil, hermano medio de los Castaño, y, como ellos, ser oriunda de Amalfi, Antioquia, Sor Teresa se ganó desde joven la confianza de Fidel, el mayor de ese clan familiar. Su particular nombre obedece a la devoción religiosa de sus padres. De baja estatura, aspecto y trato humilde y piel quemada por el sol, comenzó a hacerse visible a finales de los años ochenta, cuando llegó a Córdoba, en una época en que los Castaño ya lideraban el grupo criminal Los Pepes, famoso por su enfrentamiento con Pablo Escobar.
Enfundada en sus botas de caucho, ropa de trabajo y con un poncho al hombro, Sor Teresa fue la cara ’social’ de la sangrienta lucha de Fidel. Estuvo al frente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcord), una organización que se hizo cargo de una simulada entrega de tierras que Castaño hizo en 1990, con la que facilitaba la desmovilización de los guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de sus propios hombres. Esta singular reforma agraria beneficiaba a 2.500 familias, que recibían unas 12.000 hectáreas de varias de las haciendas con las que los Castaño comenzaron a construir su señorío al margen izquierdo del río Sinú, entre Montería y el municipio de Valencia.
La región fue testigo de las singulares campañas que hacía Sor Teresa por el civismo y la protección de animales en vías de extinción. "Protege este árbol; si no lo haces, recibirás tu castigo", decían unos avisos que mandó instalar en la zona de Villa Libertad, un poblado que conserva hasta hoy una placa de agradecimiento a Fidel Castaño por la construcción de su colegio. El mismo que tenía que asear quien no cumpliera con la ordenanza de Sor Teresa.
Fue su época de oro. Era la encargada de recoger plata entre los ganaderos para comprar combustible y contratar maquinaria para reparar las vías. La trataban con deferencia en la Montería de entonces, en donde era frecuente verla tomando café al frente de la estación de Policía, donde funcionaban las oficinas de Funpazcord. Pero esto cambió de golpe. Una tarde de octubre de 1996, un carrito de helados cargado de dinamita, abandonado en la puerta de la Fundación, le recordó a Sor Teresa que ella en realidad era una fachada de una organización criminal en guerra.
De hecho, un par de años después, en un famoso allanamiento en Medellín contra las nacientes Autodefensas, encontraron en un parqueadero cientos de documentos que darían cuenta de cómo la Fundación era un engranaje clave para el lavado de dinero de los Castaño. Aun así, nunca hubo una acción de la justicia en su contra.
Tras la muerte de Fidel, a mediados de los años noventa, quedó Carlos, quien no solo heredó su espíritu guerrero, sino el voto de confianza que había en Sor Teresa. En 2002, presagiando lo peor, escribió un documento que se conocería como su testamento, en el que decía cómo repartir algunos de sus bienes. Sor Teresa fue una de las garantes de la última voluntad de Carlos Castaño, que se haría efectiva en 2003, cuando fue asesinado por sus compañeros. Paradójicamente, Jesús Ignacio Roldán, alias ’Monoleche’, yerno de Sor Teresa, reconoció ser quien lo mató.
Suegra y yerno quedaron bajo la égida de Vicente, el último de los hermanos Castaño, quien también confiaba en ella. Sor Teresa reapareció esta vez en Urabá, donde Vicente desarrollaba su ambicioso proyecto de siembra de palma despojando y asesinando a los nativos y colonos legítimos propietarios de esas tierras. En 2003, a través de otra asociación (Asoprobeba), participaron en negocios que luego serían denunciados como irregulares en el emblemático caso de tierras colectivas de Curvaradó y Jiguamiandó. El nivel de confianza que despertaba Sor Teresa entre los paramilitares fue tal que aparece en inmuebles que el Estado ha incautado a otros jefes de las Autodefensas.
De nada había servido que desde 2004 fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en la Lista Clinton, que representaba a sus asociaciones abiertamente y que escrituras y registros mercantiles estaban a su nombre. Los negocios seguían, al parecer, con fondos ganaderos locales. La justicia no la tocó. Se desmovilizó en abril de 2006 como parte del Bloque Élmer Cárdenas, y nada pasó.
Pero fue precisamente por las primeras tierras que le administró a Fidel Castaño que se selló su suerte. Tras la desmovilización paramilitar, varios líderes campesinos retomaron confianza en el Estado, rompieron su silencio de años y salieron a denunciar y a reclamar lo que era de ellos y que les fue arrebatado por los paramilitares. Una de estas líderes era Yolanda Izquierdo.
Reclamaban que la famosa reforma agraria que en su momento hizo tan populares a los Castaño fue una farsa. Que en algunos casos, o no entregaron los predios o lo hicieron con condiciones que limitaban el pleno dominio sobre las tierras, mientras dejaban el poder real para disponer de ellas en manos de Funpazcord. Fue así como esta asociación se hizo a créditos que nunca pagaron y por los que los campesinos tenían que responder. En otros casos, los campesinos fueron obligados a abandonar las tierras o se les recompraron por menos del valor real.
Los reclamos de Yolanda Izquierdo fueron silenciados a comienzos de 2007. Un sicario la asesinó en el antejardín de su casa, donde estaba con su esposo, quien quedó herido. Rápidamente, las miradas se volcaron hacia Sor Teresa, al punto que en abril de ese año se dictó orden de captura en su contra, sindicada de ser la autora intelectual del crimen. Desde entonces, está prófuga.
Quienes la conocieron aseguran que el mundo de Sor Teresa transcurre en el triángulo que se forma entre la región de Urabá, Montería y su natal Amalfi. Allí es donde presuntamente se mueve mientras la buscan las autoridades. En tres años, un tiempo corto para los ritmos de la justicia colombiana, el juez primero de Cundinamarca confirmó la sentencia condenatoria a 40 años de prisión en su contra. A los 55 años, que está próxima a cumplir, esto se traduce en una cadena perpetua.
Así como su asesinato convirtió a Yolanda Izquierdo en un símbolo de la lucha de cientos de miles de colombianos por la restitución de sus tierras, la captura y reclusión de quien habría ordenado su muerte enviaría un mensaje contundente. Después de Izquierdo, al menos una decena de líderes de las víctimas que reclaman por sus tierras han sido asesinados, muchos en Urabá, y esos crímenes están impunes. Aunque en este caso la justicia ha conseguido señalar a un responsable, no deja de ser elocuente que, con todo y condena, Sor Teresa Gómez, última integrante de un clan que tiñó de sangre el país, siga en libertad.
23 de enero de 2011
22 de enero de 2011
©semana

hallan falso positivo en el cauca

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Un indígena resultó muerto y vestido de camuflado luego de combates en Cauca.

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Colombia. El defensor del Pueblo en el Cauca, Víctor Armando Meléndez, dijo hoy a Caracol Radio que el contexto de las comunidades indígenas y campesinas de varias localidades nortecaucanas es muy delicada y de una exposición generalizada y sistemática en el conflicto armado.
Expresó que esencialmente se está velando en este momento en la investigación de un comunero muerto en desarrollo de los combates de ayer sábado en el área alto de la vereda Los Chorros.
El indígena que al parecer anteriormente se desempeñaba como autoridad nativa fue encontrado con varios impactos de arma de fuego, pero insólitamente vestido de camuflado, expresó el Defensor.
"Es muy dramático lo que sucede en esas zonas donde hay bombardeos y enfrentamientos fuertes en sitios de población civil que están permanentemente en exposición de los actores armados en una clara violación al derecho internacional humanitario" cercioró Meléndez a Caracol Radio.
[Foto viene de aquí].
23 de enero de 2011
©vanguardia