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recrudece violencia paramilitar


Ola de asesinatos en la provincia colombiana de Córdoba. La guerra colombiana recrudece en zonas donde las mismas estructuras "paras" y los herederos de los capos asesinados o extraditados a Estados Unidos continúan la lucha por las rutas narco, los laboratorios y el dominio territorial.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. Al norte de Colombia, en un pedazo del Caribe, está San Bernardo del Viento. La gente, morocha por la inclemencia del sol, es casi toda pobre y vive en pequeñas casas de madera construidas sobre la tierra o la arena de la playa. Se vive de la pesca y a comienzos de año también del turismo. Por eso llegaron hasta allí Mateo Matamala y Margarita Gómez, hoy muestra de que la guerra colombiana, lejos de acabarse con la seguridad democrática de Uribe, recrudece en zonas como ésta, donde las mismas estructuras "paras" y los herederos de los capos asesinados o extraditados a Estados Unidos continúan la lucha por las rutas narco, los laboratorios de coca y el dominio territorial.
El 10 de enero, Mateo y Margarita fueron asesinados con una nueve milímetros cuando fotografiaban animales durante su paseo. Recibieron ocho disparos propiciados por, según sospecha la policía, una banda criminal o "bacrim". Es decir, los paramilitares que no se desmovilizaron, los que abandonaron el proceso "de paz" o los que, después de 2006 cuando empezó el regreso a la legalidad de este ejército de ultraderecha, se unieron a los ejércitos que continuaron el terror en lugares apartados como San Bernardo del Viento, distante 900 kilómetros de la capital Bogotá. Este diminuto pueblo, donde por estos días reinan el miedo y la zozobra, está en la provincia de Córdoba, tierras también ardientes donde los "paras", después de Medellín y Antioquia, tuvieron su cuna en la década de los ochenta.
Esta semana, después de que el presidente Juan Manuel Santos ofreció 250 mil dólares de recompensa por el responsable del homicidio de Mateo y Margarita, la ONU manifestó su preocupación por la que sería la nueva etapa de la violencia paramilitar en Colombia. Al delegado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, le llama la atención que esas organizaciones surgieron "después del proceso de desmovilización" de las autodefensas, como también se conoce a los "paras". Y algunas ONG, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, aseguran que "la idea de que el paramilitarismo es ‘cosa del pasado’ (...) es ya insostenible", como afirma en un comunicado de prensa de enero. Según la Codhes, las "bacrim" asesinaron a 600 personas en 2010 y a otras 45 en lo que va de 2011 en la provincia de Córdoba. A la policía la suma le da apenas 28.
Bacrim es el nombre que les dio el gobierno de Uribe que, para evitar nombrar a los paramilitares, acuñó este término a cuanta masacre y homicidio, con responsables distintos a la guerrilla, es cometida en el país. En Córdoba, apenas la primera semana de este año, fueron asesinados el profesor Esteban Tejada, el escultor y pintor Rubén Darío García, y los campesinos Jaime Luis Acosta, Vladimir Guillén, John Mercado y Carlos Alfredo Mercado. La noticia de su muerte les llegó a los familiares en la voz de otro ejército, el de Colombia, que junto con la policía hace escasa presencia en zonas como San Bernardo del Viento y llegan a apartados rincones sólo ante el anuncio de la muerte.
"A su hija y al muchacho los ultimaron", dijo un hombre a la madre de Margarita desde el celular de la joven, que, de 23 años, estaba a punto de graduarse de bióloga en una prestigiosa universidad bogotana. Su novio, compañero de estudio, de 27 años, llegó a San Bernardo para cuidar un manatí como parte de una investigación académica que le daría también su título universitario. "Mamá, te mando un beso. Mañana nos movemos y te llamo", escribió en mensaje de texto celular el 9 de enero. Amándose cada día, como le contó en vísperas de su muerte la chica a su madre, los universitarios fueron acribillados. En el camino, lleno de polvo y sangre, quedaron las ojotas negras y blancas de la pareja, una cámara de video, una mochila y una computadora. ¿Por qué? Las autoridades especulan que los jóvenes fueron confundidos con espías de un bando enemigo.
Hoy, la policía acusa a la banda Los Urabeños del crimen que conmociona a la sociedad colombiana, y está tras la pista de Roberto Vargas, alias Gavilán, quien fuera sicario de Salvatore Mancuso, hoy está encarcelado en Estados Unidos. Otro capo, alias Don Mario, continuó la organización desde la cárcel con nombres como Los Rastrojos o Los Paisas, con quienes Los Urabeños disputan el dominio por la cocaína que sale del país en lujosas lanchas hacia Panamá.
23 de enero de 2011
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en la mira por reclamar tierras


El robo de una memoria USB con información confidencial sobre 2.000 víctimas ilustra la amenaza que enfrentan los que piden que se les devuelvan las tierras que les arrebataron.
[Hernando Salazar] Colombia. a Policía Nacional anunció que reforzará la seguridad de los líderes y las organizaciones que reclaman tierras que les fueron arrebatadas por los grupos armados ilegales, especialmente por los paramilitares, a raíz de las amenazas que hay en su contra.
El anuncio de más seguridad lo hizo el director de la policía, general Óscar Naranjo, horas después de que se conoció el asalto a la sede de una organización no gubernamental, de la cual fue robada una memoria USB con información confidencial sobre unas 2.000 víctimas.
Los hechos ocurrieron en Apartadó, Antioquia, donde miles de hectáreas fueron despojadas por la fuerza a pequeños campesinos en los últimos 20 años.
Pero organizaciones de víctimas, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), son escépticas frente a los anuncios de más seguridad y exigen que el Gobierno acabe con los grupos paramilitares que siguen operando en varias zonas del país.
"De nada sirve que el gobierno vuelva a anunciar más seguridad para quienes reclaman las tierras, si los grupos que amenazan y matan siguen operando", declaró a BBC Mundo Jorge Rojas, director de Codhes.
 
Despojadas
Según Codhes, hay unas 370.000 familias de campesinos minifundistas que fueron víctimas del despojo de sus tierras.
Aunque no hay un dato preciso, se estima que en Colombia fueron despojadas entre 2 y 6,5 millones de hectáreas por parte de los grupos armados ilegales, tierras que en su mayoría estaban dedicadas a la producción de alimentos, en zonas estratégicas.
El robo de la información de las víctimas se produce cuando está a mitad de camino en el Congreso un proyecto de ley que busca facilitar los mecanismos para devolverles a sus propietarios al menos dos millones de hectáreas, como lo ha prometido el presidente Juan Manuel Santos.
"Es una altísima prioridad para las autoridades capturar a los autores del hurto de la USB con información de víctimas del paramilitarismo en Urabá", declaró el general Naranjo.
 
"A Fondo"
 Según el oficial, la Policía no sólo quiere recuperar la información robada, "sino iniciar un proceso de protección de las personas que puedan ser agredidas por esas mafias que no quieren permitir el proceso de restitución de tierras".
Su declaración se produjo poco después de que el vicepresidente Angelino Garzón pidió a la policía y a la Fiscalía "actuar a fondo para investigar quiénes están detrás de este robo y cuáles son los móviles".
El número de líderes asesinados de los movimientos que reclaman sus tierras llegó a 44 la semana anterior, cuando se confirmó la muerte de tres campesinos desplazados quienes habían sido desaparecidos a finales del año anterior. Los hechos ocurrieron en el departamento del Tolima.
Jorge Rojas, el director de Codhes, declaró a BBC Mundo que "la pregunta es si el gobierno va a tener la capacidad de controlar a los grupos paramilitares".
"Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en estos momentos", concluyó Rojas.
22 de enero de 2011
21 de enero de 2011
©semana
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procesan por secuestro a ex das


Un fiscal de derechos humanos procesó este viernes al antiguo subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez, detenido por el secuestro a manos de paramilitares de la entonces senadora Piedad Córdoba.
[Colombia] Narváez fue llamado a que rinda indagatoria dentro de la investigación de este caso por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General, informaron a la prensa portavoces de la entidad judicial.
Varios testimonios de paramilitares que tuvieron alguna relación o conocimiento de los hechos implicaron al ex subdirector de la central de inteligencia con el secuestro de la opositora Córdoba.
La antigua congresista fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 en Medellín por orden del desaparecido Carlos Castaño, quien era el comandante máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien pretendía matar a Córdoba.
Una campaña de presión nacional e internacional en favor de Córdoba llevó a Castaño, asesinado por rivales en 2004, a poner en libertad sana y salva a la senadora, el 4 de junio de1999.
Sin embargo, las amenazas obligaron a la militante del partido Liberal a exiliarse en Canadá, de donde regresó varios meses más tarde.
La presunta implicación de Narváez con este caso fue revelada por los ex jefes paramilitares Hebert Veloza, alias HH; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna (extraditado a Estados Unidos) y Freddy Rendón, "El Alemán" en testimonios judiciales.
Según ellos, Narváez tenía nexos con las Auc y entregó a Carlos Castaño informes de reuniones y audios de comunicaciones intervenidas entre Córdoba y el ex guerrillero Francisco Galán, quien era en ese entonces portavoz del Ejército de Liberación Nacional (Eln), desde la cárcel cercana a Medellín en la que estaba recluido.
Las charlas giraban en torno a la posibilidad de un proceso de paz del Gobierno con esa guerrilla, la segunda del país, después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Narváez fue subdirector del DAS de 2002 a 2006, durante gran parte de la gestión de Jorge Noguera como director del organismo, que depende de la Presidencia de la República y cargo para el que él fue designado por el ahora expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010).
Como Narváez y varios ex funcionarios más del DAS, Noguera está detenido en Bogotá por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo procesó y llamó a juicio por presuntos vínculos con paramilitares.
Mientras, Narváez y otros seis ex funcionarios del DAS son enjuiciados por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, falsedad en documento por destrucción y abuso de autoridad.
Los cargos están relacionados con las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos puesta en marcha por el DAS en coincidencia con los dos gobiernos de Uribe.
En su caso, Narváez es considerado como el creador de un grupo de detectives para espiar a los objetivos mencionados.
Además, varios ex jefes paramilitares detenidos lo han relacionado como antiguo asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 ‘paras’.
22 de enero de 2011
21 de enero de 2011
©terra
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interrogan por secuestro a ex das


A indagatoria ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por secuestro de Piedad Córdoba, en Medellín en 1999.
Colombia. Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos acaba de vincular mediante indagatoria a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, a la investigación por el plagio de la ex senadora Piedad Córdoba ocurrido el 21 de mayo de 1999 en Medellín.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la ex parlamentaria fue llevada a un campamento de las autodefensas donde se encontraba Castaño Gil, quien le entregó un comunicado dirigido al gobierno de ese entonces, en el que reclamaba un eventual ingreso a los procesos de paz, informó Caracol Radio.
Narváez fue mencionado en versión libre por Iván Laverde Zapata, alias El ’Iguano’, quien dijo que el ex funcionario le llevó al extinto jefe de las autodefensas grabaciones en las que Córdoba hablaba con el entonces detenido jefe del ELN Francisco Galán, razón por la que habría sido secuestrada.
22 de enero de 2011
21 de enero de 2011
©el heraldo
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paramilitar reconoce asesinatos


‘Juancho Prada’ reconoce crímenes de políticos. El ex jefe paramilitar del sur de Cesar aceptó su responsabilidad en los asesinatos del ex alcalde de Aguachica Luis Fernando Rincón y de tres concejales de ese municipio.
Colombia. Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, ex jefe del Bloque Héctor Julio Peynado de las Auc, confesó en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz los crímenes de dirigentes políticos de Aguachica, Cesar.
 En la diligencia en Barranquilla, el desmovilizado contó cómo acabó con las alianzas políticas entre liberales, conservadores, el grupo Alas y Convergencia Ciudadana, que se habían unido alrededor de la Consulta Nacional por la Paz, un plebiscito en Aguachica contra la guerra de la guerrilla y de los ‘paras’.
Es así como las autodefensas asesinaron a los concejales José Mario Saldaña Flórez, el 24 de noviembre de 1999; César Paso Torres, el primero de septiembre de 2000; Edinson Duarte Ramos, el 25 de enero de 2004 y el ex alcalde Luis Fernando Rincón, el 15 de abril de 2000.
‘Juancho Prada’ también dijo que otros concejales como Miguel Malo Quiroz, Fredy Dita, Robinson Rocha Bandera, Emiro Mejía Florian y Rosalba Acosta Muñoz fueron obligados a abandonar la población.
El ex jefe ‘para’ también dijo que sus hombres ayudaron a los Castaño a entrar a Norte de Santander con el Bloque Catatumbo.
21 de enero de 2011
©verdad abierta
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investigan a víctor carranza


Abren investigación preliminar contra Víctor Carranza. El zar de las esmeraldas fue citado a versión libre por un fiscal de la Unidad Antiterrorismo por sus presuntos nexos con paramilitares del Meta.
Colombia. La Fiscalía 27 de la Unidad Antiterrorismo citó a versión libre a Víctor Carranza después de que varios ex paramilitares le dijeron a la Fiscalía Quinta de Justicia y Paz que el zar de las esmeraldas conformó el grupo ilegal conocido  como ‘Los Carranceros’ o Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, al mando de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.
Luego de escuchar a Carranza, la Fiscalía decidirá si abre una investigación formal en su contra por concierto para delinquir agravado.
En versiones libres de agosto  de 2010 ante la Fiscalía Quinta de Justicia y Paz, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’ y Dumar de Jesús Guerrero, alias ’Carecuchillo’ dijeron que cuando llegaron al Meta en 1997, Carranza presuntamente apoyó a los paramilitares que cometieron las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, donde 80 personas fueron asesinadas.
’El Cura’, quien era el segundo jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en los Llanos, señaló que en una reunión en ’La 15’, una finca en Urabá, los Castaño les explicaron cómo se iba a desarrollar el operativo.
En el encuentro, según ‘El Cura’, "se coordinó la llegada con Los Buitrago. Ahí estuvo ’Martín Llanos’ y nos dijo que tenía que coordinar con Víctor Carranza. En el Meta nos dijo que el contacto era con ’Guillermo Torres’ (José Baldomero Linares, ex jefe de las Autodefensas de Meta y Vichada)".
En esa diligencia judicial ’El Cura’ precisó que: "Vicente nos dijo que ’Guillermo Torres’ era gente de Víctor Carranza" y reiteró: "Hasta donde yo sé los ‘Carrancerros’ eran manejados por ‘Guillermo Torres’, pero el que lo financiaba era Víctor Carranza. Eso fue lo que nos dijo Vicente Castaño".

El Avión de Carranza
Los dos desmovilizados también dijeron que el 4 agosto de 1997, unas semanas después de la masacre de Mapiripán, se enfrentaron con las Farc en La Cooperativa, una inspección de Mapiripán.
Tras el combate, donde murieron 18 guerrilleros y 12 ’paras’ de los ’Buitrago’, una avioneta blanca llamada ’La Rebeca’ aterrizó sobre una pista improvisada en una carretera de La Cooperativa para recoger varios heridos de las autodefensas y llevarlos a Monterrey, Casanare.
Según ’El Cura’, el avión presuntamente pertenecía a Víctor Carranza. "Decían que era de Víctor Carranza, los muchachos de ’Los Buitrago’ me dijeron que la avioneta era de él, era una avioneta blanca, con una hélice", señaló el desmovilizado. Los ’paras’ después terminaron en hospitales de la región, varios de ellos en una casa rosada en Puerto López, Meta, donde, según ’El Cura’, la Convivir de ese municipio se ocupó de ellos.
Daniel Rendón Herrera, alias ’Don Mario’, también recordó la existencia de una avioneta apodada ’La Rebeca’. Cuando los ‘Urabeños’ llegaron al Meta, ‘Don Mario’, trabajaba en un laboratorio de cocaína en el Meta, bajo la protección de Héctor Buitrago y de sus hijos.
En la versión libre contó que varias veces una avioneta bautizada ‘La Rebeca’ aterrizó en la región para traer base de coca que él luego transformaría en cocaína. "Llegó ’La Rebeca’", contó que le decían cuando se posaba la pequeña aeronave. Según ‘Don Mario’, el avión venía de los ‘Carrancerros’ y afirmó que "el señor Víctor Carranza fue dueño del grupo hasta que tuvo problemas judiciales. Después le dejó 50 fusiles a ‘Guillermo Torres’. Fue Vicente Castaño que me dijo".

El Operativo con ’Guillermo Torres’
’Carecuchillo’, quién estuvo prófugo casi tres meses este año, y ’El Cura’ también recordaron un operativo conjunto con ’Guillermo Torres’ en octubre de 1997 en La Picota, un caserío en la región de Puerto Gaitán, Meta.
’El Cura’ precisó que San Martín era una zona de influencia de los ’Carranceros’. "En la zona ’Cepillo’ (otro ex jefe paramilitar) me dice que íbamos a hacer una operación con la gente de Víctor Carranza", le dijo a la Fiscalía el desmovilizado.
Después de la masacre de cinco campesinos, los ‘paras’ se replegaron a la finca Brasil, en Puerto Gaitán, donde recibieron entrenamiento militar y político de instructores de Urabá. La finca Brasil, señaló ’El Cura’, pertenecía a Víctor Carranza: "Se decía que era de Víctor, hay una pista abandonada y una laguna, era una casa grande, de material, con una corralera en donde hicimos los entrenamientos".
José Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo 400’, uno de los ’paras’ enviados por los Castaño a Puerto Gaitán para hacer la instrucción, aseguró en una versión libre de octubre de 2009 que había escuchado que la finca Brasil era de Víctor Carranza. Contó que había una casa de material y una pista de aterrizaje abandona en la que se hicieron los ejercicios físico.

Los Roces con la Justicia de Carranza
Víctor Carranza nació en 1935 en Guateque, Boyacá. Es el principal comerciante de esmeraldas en el país.
En 1993 la Fiscalía lo investigó por presunto enriquecimiento ilícito y conformación de grupos paramilitares. A finales de 1997 un fiscal de Barranquilla le dictó orden de captura por el presunto delito de conformación de grupos de  justicia privada en el Cesar. En 1998 fue detenido, pero salió de la cárcel en 2001. Tres años después el Tribunal de Bogotá lo absolvió de todo cargo.
Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, aseguró que Carranza se reunió en varias oportunidades con Carlos Castaño y que, hacia 2001, a través del esmeraldero Yesid Nieto, asesinado tiempo después, se determinó la creación de un bloque en Boyacá, que ayudaron a financiar los comerciantes de esmeraldas. El zar de las esmeraldas desmintió las acusaciones.
El hermano de ’El Alemán’, Daniel Rendón, alias ’Don Mario’, declaró por su parte que Carranza estuvo detrás de la guerra entre Miguel Arroyave y Héctor Buitrago, dos ex jefes paramilitares que se enfrentaron entre 2003 y 2004 por el dominio del sur del Casanare.
En marzo de 2010 y en julio de 2009 Víctor Carranza se salvó de dos atentados que le hicieron sobre la carretera entre Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta. Según las autoridades, las pistas indican que el desaparecido Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’ y Daniel ’El Loco’ Barrera pueden estar detrás de estos atentados.
21 de enero de 2011
©verdad abierta
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jorge 40 debe devolver tierras robadas


Corte Suprema ordena devolver tierras robadas por ‘Jorge 40’ en Magdalena. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios en Chivolo, en el centro de Magdalena, que estaban en manos de testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Colombia. El Alto Tribunal le dio 30 días al Incoder para revocar los títulos de predios que fueron entregados por el Instituto a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, por abandono y devolvérselos a los campesinos despojados por los paramilitares.
Los magistrados consideraron que había una falsa motivación en las razones  invocadas por el Incoder para reasignar los predios entre 2002 y 2003. La Corte ordenó compulsar copias a un fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
También resaltó que el Incoder y la Fiscalía 22 de la Unidad de Antiterrorismo "no están cumpliendo cabalmente sus deberes", pues a pesar de las pruebas aportadas por Justicia y Paz y la confesión de ‘Jorge 40’ de haber robado estas tierras, no emprendieron ninguna acción para devolvérsela a sus dueños e investigar a los testaferros del jefe ‘para’.
Añadió que el Incoder y la Fiscalía tienen que actuar pues"no resulta admisible que servidores públicos de cualquier orden obstruyan el cumplimiento de los fines de la Ley 975 (de Justicia y Paz)".
El caso ya había sido presentado en julio de 2010 ante un magistrado de Justicia y Paz en Barranquilla, que se abstuvo de tomar la decisión de restituir las tierras. La Corte dijo que "el juez tiene el deber constitucional y legal de imponerle coactivamente a los morosos el cumplimiento de sus obligaciones, porque de lo contrario (…) Justicia y Paz no podrá alcanzar sus metas".
Lo que abre las puertas para que los Tribunales de Justicia y Paz puedan ordenarle al Incoder, u a otras instituciones del Estado, anular decisiones administrativas y así devolverles las tierras a los campesinos.

Historia del Despojo
En 1997, ’Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Les revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
Escudados por las armas de  ‘40’, llegaron Augusto ’Tuto’ Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias ’Don Armando’, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ’Doña Sonia’ o ’La Sombrerona’ y Ómar Montero Martínez alias ’Codazzi’ intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
"Los campesinos eran señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de ’Jorge 40’", dice uno de los campesinos despojados entrevistados por VerdadAbierta.com.
El 15 de julio del 1997, ’Jorge 40’ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivol, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferros de ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
21 de enero de 2011
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cruzada por la tierra


El plan de choque del gobierno para devolverles las tierras a los desplazados se ha enfrentado a un monstruo de mil cabezas: políticos corruptos, intereses mafiosos, sicarios a sueldo y funcionarios vendidos. Y esto apenas comienza. Por María Teresa Ronderos.
Colombia. En octubre pasado, el gobierno anunció un plan de choque de restitución de tierras que se extendería hasta abril de 2011. Las frases firmes y las múltiples ceremonias de entrega de tierras, desde Arauca y Meta hasta Cesar y Putumayo, han demostrado que hay voluntad política.
Los más de tres millones de despojados tienen mayores esperanzas de recuperar lo suyo; los usurpadores han quedado notificados de que la cosa va en serio. Más cuando, detrás del plan urgente, viene cocinándose no solo la ley de víctimas y su revolucionario capítulo de restitución de tierras, sino una maratón para recibir la nueva norma con las instituciones adecuadas para ponerla a marchar.
Ha sido tal la expectativa que ha despertado el sacudón agrario que hasta el propio Alfonso Cano, jefe de las Farc, dijo en un mensaje de comienzo de año divulgado esta semana que la guerrilla seguirá atenta su desarrollo y dio a entender que, de llevarse a buen puerto, sería la base de la reconciliación nacional.
La cuesta que hay que conquistar sin embargo es empinada, pues el desorden agrario acumulado en años de desidia, corrupción y violencia rural es monumental. El plan, que se cimentó en gran parte en procesos que ya venían empujando otros, como el Proyecto de Tierras de Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se propuso restituir o formalizar la propiedad de 312.000 hectáreas para beneficiar a 130.000 familias. Es una meta relativamente modesta si se tiene en cuenta que por el parámetro más conservador son unos 3,7 millones de hectáreas las que han sido despojadas, abandonadas o están en riesgo de serlo.
No obstante, hoy, a medio tiempo del plan, la mayor parte de las 121.000 hectáreas entregadas a 38.000 familias son baldíos, mientras las restituciones propiamente dichas han tenido que ir más lento para sustentarlas en sólidas bases legales, según las cuentas del propio Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que lleva la batuta de esta ambiciosa tarea, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura.
En diciembre pasado, por ejemplo, querían celebrar la entrega de 172 predios a campesinos dueños de tierras que les usurparon los paramilitares entre Chivolo, San Ángel y Pivijay, en Magdalena, para levantar el campamento central de ’Jorge 40’ y beneficiar a sus amigotes. Este violento despojo dejó más de 17 muertos y un desplazamiento forzado que llevó a las familias a la miseria.
Restituir esas tierras tendría una gran fuerza simbólica para todo el país. Pero el camino ha sido culebrero. Tuvo que salir el director del Incoder del Magdalena, con varias denuncias encima, y superar las trabas de otros funcionarios de esta y otras entidades, fichas del ajedrez mafioso que se ha jugado con las tierras en ese departamento por muchos años. Ha habido que desatar un nudo de testaferros cumpliendo los requisitos procesales, resolviendo incidentes y recursos, y los optimistas plazos iniciales se alargaron.
Magdalena no es el único lugar donde aún hay problemas. En el Cesar, en los predios de Mechoacán y El Prado, en la Jagua de Ibirico, según documentó el portal VerdadAbierta.com, fue con visto bueno de funcionarios del Incoder, hoy tras la rejas, que se les caducó la propiedad a casi 200 familias campesinas adjudicatarias de la reforma agraria, luego de que los paramilitares las sacaron corriendo. Mataron a 18 personas y desaparecieron a muchas otras, entre ellas, a los tres hijos y al marido de Margot Durán. Luego, con complicidad de un notario, el Instituto les adjudicó las tierras a nuevos dueños, entre ellos, a los parientes de alias ’39’, el segundo al mando de ’Jorge 40’, a la alcaldesa de La Jagua y a otros políticos locales, quienes, raudos y veloces y siempre con la venia del Incoder, les vendieron esas tierras a las multinacionales carboneras Drummond y Prodeco por miles de millones de pesos. Como en gran parte de esas fincas hoy se explota la mina de El Descanso, los campesinos, que viven en humildes chozas de barrios de invasión en Valledupar y Cartagena, ya no tienen tierra que recuperar. El nuevo Incoder está buscando otros predios para restituirlos.
También fue una abogada del Incoder de la regional de Barrancabermeja la que, sin mayor explicación, les quitó los títulos que unas 125 familias de El Garzal, en Simití, Bolívar, habían conseguido después de años de luchas contra una familia cómplice de los paramilitares del Bloque Central Bolívar. Hoy el pleito sigue, los campesinos son acosados por unos matones a sueldo y el Incoder aún no ha tomado cartas en el asunto.
Y en Córdoba, según le dijeron a SEMANA, hay temor entre muchos campesinos que están tratando de recuperar la posesión de predios baldíos de los que se apropiaron en la Ciénaga de Martinica poderosos personajes de la región, y cuentan que cada vez que salen de las oficinas del Instituto, anónimos les advierten que desistan del trámite, como si alguien desde adentro les informara que habían ido. Ellos fueron desplazados por sicarios que asesinaron a sus voceros y quemaron sus casas a fines de los ochenta, y desde entonces se les ha ido la vida y el escaso dinero en trámites para recuperar su tierra. "Ya será para los nietos", dice una viejecita menuda. A uno de ellos le asesinaron un hijo y un nieto en julio pasado, y la líder de su asociación tuvo que ser protegida por la justicia por amenazas graves contra su vida.
El gerente regional del Incoder, Orlando Dangond, que con el cambio de gobierno comenzó a escucharlos, sostiene que en ocho meses ha logrado destrabar este proceso, que llevaba 28 años engavetado, y ya casi lo termina. Podrá recuperar dos predios, parte de El Diluvio y Marruecos, para adjudicarlos a las 91 familias que vienen reclamando unas 2.800 hectáreas.
Los cómplices del paramilitarismo o las fichas de los políticos-hacendados que han resistido la reforma agraria desde los tiempos de Lleras Restrepo también han acechado desde las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
Así, por ejemplo, la Ciénaga Grande del Sinú, que ocupaba 38.000 hectáreas de baldíos según resolución del Incora de 1982, hoy se ha reducido a la tercera parte porque grandes finqueros se quedaron con los baldíos, desecaron la ciénaga y causaron un gravísimo daño ecológico y social. Ahora se descubrió que las oficinas de Registro de los municipios de la Ciénaga crearon folios de matrícula falsos, paralelos, para que no figurara que estas eran oficialmente tierras estatales y se pudieran transar en el mercado. Entre los damnificados están 200 familias de la finca Trementina que tenían derecho de usufructo de esos baldíos, pero han sido desalojadas a palo varias veces por la Policía en cumplimiento de una orden judicial que le reconoció propiedad a una señora, que en realidad es una heredera de un usurpador de tierras del Estado.
¿Cómo desenrollar una historia de 20 años de fraude, donde además, como se sabe en la región, varios de los dueños de esas fincas están emparentados con paramilitares o políticos poderosos?
Las historias son de nunca acabar. Cada restitución implica sanear líos legales de años, o desalojar mafiosos que ocupan la tierra, o negociar con el banco que se quedó con las fincas porque los campesinos desplazados no pagaron sus deudas, o desminar el suelo porque la guerrilla lo dejó sembrado de explosivos. O, como en los Montes de María, deshacer compras masivas de tierras que fueron legales pero que abusaron de la situación desesperada de cientos de campesinos.
Allí el gobierno le vendió la cartera al Cisa para que la cobrara, sin importar si eran desplazados o no. Los operadores locales del Cisa les filtraron convenientemente los listados de campesinos deudores a inversionistas interesados en tierras baratas, y, con estas listas en mano, salieron de compras. Ahora el nuevo gobierno está revisando esas transacciones.
No es solo cuestión de entregar tierras saneadas y dejar allí a los campesinos a su suerte. Es necesario entregar fincas con respaldo: crédito blando, estudios técnicos de vocación de la tierra y conocimientos campesinos, apreciación del acceso y posibilidades de mercado, entre otros, según explicó a SEMANA el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina.
Y en las zonas indígenas y afrocolombianas la titulación se frenó al finalizar el siglo pasado, y revivirla ha sido un esfuerzo de varias entidades. Ya se tienen siete títulos colectivos en ciernes, dos de los cuales probablemente verán la luz en febrero. En Cocomopoca, Chocó, una zona de unas 70.000 hectáreas cerca a Quibdó, un pedido de titulación, que legalmente ha debido tomar menos de un año, se extendió por más de una década, en la cual la gente fue desplazada, le surgieron todo tipo de dueños a la tierra y hubo intrigas políticas para dividir a las comunidades desde el seno mismo de la junta directiva del Incoder nacional.
Ahora el gobierno se puso al corte y, con gran apoyo de las comunidades y de la diócesis de Quibdó, tiene casi listo el título colectivo. En Mancacamana, la tierra del legendario Palenque de San Basilio, en Bolívar, también surgió una petición de título colectivo luego de un desplazamiento masivo en 2006. Se corrigieron errores en el proceso y finalmente se acordó un primer título que cobija 1.700 hectáreas y a unas 70 familias, según dijo a SEMANA uno de los líderes comunitarios. Sería la primera titulación colectiva del Caribe, un logro que también carga un significado especial para la identidad de las comunidades afrodescendientes.
En suma, el plan de choque ha sido un aterrizaje a la dura realidad de un problema que había sido dejado a la suerte de la violencia y la corrupción por demasiados años. Y se ha hecho con pocos recursos, con entidades que aún tienen enemigos de la reforma adentro y a menor velocidad de la planeada. Pero eso, al contrario de lo que imponen los afanes políticos, puede ser un buen síntoma porque se va avanzando con paso seguro.
Para bien y para mal, este plan piloto le ha dado al país un brochazo de lo que se puede venir cuando la restitución y formalización de tierras arranque en firme con la nueva ley de víctimas. Para bien, porque aun sin ley se están logrando desenmarañar casos de décadas y demostrar que con foco y voluntad política se puede transformar ese campesino humillado, que espera horas a que lo atiendan con su fotocopia arrugada del acta que le dio la tierra, en un ciudadano con derechos, respetado y respaldado por entidades que le sirven con diligencia.
La ley da pie para ser optimistas, porque crea una unidad especial que le ayuda al campesino a recuperar su tierra, defiende sus intereses ante las salas especiales de tierras de los tribunales y revierte la carga de la prueba a su favor.
Pero el plan también ha mostrado el lado oscuro: las amenazas y muertes a los campesinos que se han animado a reclamar lo suyo, los más de veinte líderes asesinados, las presiones y los intereses que entorpecieron procesos de titulación por años, la infiltración politiquera o mafiosa de las entidades. Entonces, con la ley, la voluntad oficial tendrá que emplearse a fondo, meter el acelerador y sostener firme el timón de la legitimización agraria contra vientos políticos corruptos y mareas de violencia.
21 de enero de 2011
15 de enero de 2011
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