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más desplazados en córdoba

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72 familias fueron desplazadas en Córdoba. Los habitantes de tres veredas del municipio de Tierralta tuvieron que dejar sus tierras después de un nuevo enfrentamiento, al parecer, entre las bandas criminales -como se llama a ahora a las bandas paramilitares..

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Colombia. En Córdoba,  el conflicto no para. A los 600 asesinatos ocurridos en 2010, a los 45 que van en 2011, esta vez se suma un desplazamiento forzado de 72 familias en el municipio de Tierralta.
Según el diario El Meridiano, los hechos ocurrieron el miércoles 19 de enero de 2011 cuando a las 2:30 p.m. campesinos de las veredas Nuevos Aires, Venezuela y Tres Puertas dejaron sus tierras por miedo a perder sus vidas tras un enfrentamiento, al parecer,  entre bandas criminales.
Las víctimas le contaron a ese diario que el enfrentamiento comenzó en la Hacienda El Cairo y que escucharon las balas a 500 metros de distancia. Cuando les dieron que podían resultar heridos, cerca de 220 personas, 110 de ellas niños, abandonaron sus tierras y caminaron entre 6 y 8 kilómetros para buscar refugio en Tierralta.
El temor es tal, según el relato de los campesinos, que las familias no acudieron a la Policía ni al Gobierno Local  "porque pensamos que podía ser peor y corrían peligro nuestras vías", le dijo un testigo a El Meridiano.
Por medio de un comunicado, el defensor del pueblo Vólmar Pérez dijo que el desplazamiento fue producto de una intensificación de los enfrentamientos entre las ’Águilas Negras’ y la banda ’Los Paisas’, y que el Ministerio Público ya gestionó la atención humanitaria de emergencia para las víctimas.
"Este nuevo desplazamiento en Córdoba es el primero del 2011 que ha  registrado la Defensoría del Pueblo y lo estimamos preocupante por el número  de personas que han resultado desplazadas por los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan el corredor estratégico que comunica a Tierralta con Planeta Rica, Montelíbano y Tierradentro por el control del tráfico de estupefacientes en esta zona de Córdoba", dijo el Defensor.
Según la Defensoría, por medio del Sistema de Alertas Tempranas ya solicitó a las autoridades concentrar su atención en los corregimientos de Águila Batata, Crucito, Zaiza, Palmira, San Felipe de Cadillo, El Caramelo, Santa Marta, Nueva Granada, Santa Fe Ralito, Bonito Viento, Mantagordal y Severinera, donde las comunidades de forma constante están expuestas a amenazas, homicidios,  masacres, desapariciones, reclutamientos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Durante los tres últimos años, en Córdoba han sido asesinados cinco líderes que reclamaban sus tierras, arrebatas por grupos paramilitares: Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados Forzados de Cotorra, fue asesinado en enero de 2007; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de  Vivienda en Montería, asesinada en enero de 2007; Azael Hernández Bedoya, líder de familias guardabosques de Tierralta, asesinado en junio de 2008; Ana Isabel Gómez, líder de población desplazada, asesinada en abril de 2009, y Guillermo Antonio Ramos Rosso, líder desplazado del proceso de reclamación de tierras, asesinado el 28 de julio de 2009.
21 de enero de 2011
20 de enero de 2011
©el meridiano
©verdad abierta

a juicio josé maría conde romero

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La Corte llama a juicio a José María Conde Romero. El ex representante de Sucre del partido Colombia Democrática es investigado por sus presuntos vínculos con los paramilitares del bloque Montes de María. Mario Uribe, fundador del partido, también está siendo investigado.

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Colombia. Siete meses después de haber sido capturado, la Corte Suprema llamó a juicio al ex congresista José María Conde Romero por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Conde Romero llegó al Congreso en reemplazo de Eric Julio Morris, elegido a la Cámara de Representantes para el período 2006-2010 y condenado por la Corte a seis años de prisión por sus vínculos con los paramilitares. Conde, del partido Colombia Democrática, fue capturado en junio de 2009 después de que la Fiscalía obtuvo varias declaraciones de ex ‘paras’ que lo vinculaban con el grupo ilegal.
Entre los testimonios que tiene la Fiscalía están el del ex paramilitar Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, que dijo en audiencia que Conde Romero tuvo vínculos con paramilitares que delinquieron en Sucre y Bolívar, conocido como el Bloque Montes de María.
Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirry’, uno de los testigos clave de la ‘parapolítica’, también señaló que que Conde se reunió con los jefes paramilitares que de Sucre y que hizo alianzas con ellos para beneficiarse políticamente.
Como Conde Romero, varios ex integrantes del partido Colombia Democrática han sido investigados y otros condenados por ‘parapolítica’. El ex senador Álvaro García, de Sucre, fue condenado a 40 años de prisión; el ex representante Eric Morris, de Sucre, a 6 años de prisión; el ex senador Ricardo Elcure Chacón, de Norte de Santander, a 6 años de prisión, y el ex senador Miguel de la Espriella, de Córdoba, a 45 meses. En la actualidad es investigado el fundador del partido y primo del ex presidente Álvaro Uribe, Mario Uribe, ex senador de Antioquia.
21 de enero de 2011
20 de enero de 2011
©verdad abierta

reabren causa de william montes

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Corte Suprema reasume el caso de William Montes por parapolítica. El político conservador había sido absuelto por un juez de Bogotá.

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Colombia. En agosto de 2008 William Montes había sido absuelto por el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá por sus presuntos vínculos con Salvatore Mancuso en su campaña al Congreso en 2002.
La determinación había sido apelada por la Fiscalía General de la Nación y estaba en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
Como los casos de Mario Uribe, Luis Humberto Gómez Gallo o Álvaro Araújo Noguera, que habían sido absueltos o cuyas investigaciones fueron clausuradas, la Corte consideró que Montes fue juzgado por hechos que tienen relación a su cargo de senador, y por eso va a reasumir el caso.
La Sala Penal de la Corte acudió a la jurisprudencia del 15 de septiembre de 2009, cuando decidió retomar la competencia para juzgar a los ex congresistas que, habiendo renunciado a su fuero parlamentario, fueron investigados por la Fiscalía.

El Caso Montes
Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
El ex congresista reconoció haber asistido a una reunión con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, en la casa de la también ex senadora Eleonora Pineda en 2003, para tratar temas concernientes a la elección del gobernador de Bolívar ese año
De acuerdo con las versiones del ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’, el ex senador Montes presuntamente se plegó a las órdenes de los intereses paramilitares al firmar el acuerdo bajo su condición de Senador en forma voluntaria.
Los testimonios de varios paramilitares desmovilizados señalan al ex senador con grupos de autodefensa. Es el caso de  Alexi Mancilla García quien aseguró: "Yo mencioné al Señor William Montes como uno de los que le dimos apoyo político en su campaña al Senado".
Montes fue senador por el Partido Conservador y fue presidente de la Comisión Quinta. Dijo que firmó el ‘Pacto de Ralito’ por las constantes presiones que las Auc ejercían sobre él y su familia y que en 2001, cuando se realizó la reunión con los ‘paras’ en Ralito, la ausencia del Estado era total en varias zonas de la Costa Atlántica.
Montes fue concejal de Carmen de Bolívar, diputado en la Asamblea Departamental de Bolívar y ha repetido tres períodos en el Congreso de la República: como representante a la Cámara entre 1994 y 1998; como senador entre 1998 y 2002 y nuevamente como senador entre 2006 y 2010.
21 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©verdad abierta

sor teresa gómez álvarez, prófuga

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Los pecados terrenales de Sor Teresa Gómez Álvarez. La mujer, cercana a los hermanos Castaño, no sólo tiene a cuestas el asesinato de Yolanda Izquierdo en Montería. También ha estado involucrada en despojo de tierras y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Hizo parte de las ACCU desde sus inicios y hoy se desconoce su paradero.

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Colombia. La vida delictiva de Sor Teresa Gómez Álvarez, mujer de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, está ligada a la tierra. Desde comienzos de la década del noventa, en Córdoba; luego en el Urabá Chocano, a comienzos del 2000, y, finalmente, como responsable intelectual del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, sus acciones no han perdido el eje que liga el proyecto de expansión contrainsurgente con la expropiación ilegal de predios rurales.
Nacida en el municipio de Amalfi, Antioquia, de donde eran oriundos los hermanos Castaño Gil, se casó con Manuel Gil, hermano medio de estos jefes paramilitares y es suegra de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Según investigadores de organismos de seguridad, ella se vinculó a comienzos de los noventa con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a través de los proyectos sociales que esta organización armada ilegal impulsó en Córdoba.
El papel de Gómez Álvarez en esta región del país se centró en sacar adelante, como representante legal, la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental creada en 1991 a través de la cual los jefes paramilitares donaron miles de hectáreas de tierras para adelantar una particular "reforma agraria" con labriegos afectados por las guerrillas de las FARC y el EPL.
Uno de los miembros de la junta directiva de Funpazcor fue Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, quien comandó el Bloque Metro de las ACCU. En una entrevista publicada por el antropólogo Aldo Civico, dejó constancia del significado de ese trabajo: "un gran proyecto de trabajo social que fue reconocido en su momento a nivel nacional e internacional". Según este jefe paramilitar, "personas del gobierno nacional y del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) también lo visitaban continuamente y asesoraban dichos proyectos".
Las autoridades tuvieron referencia de Funpazcor y de Sor Teresa Gómez Álvarez luego de un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero ubicado en el centro de Medellín, conocido como Padilla. Allí, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía detectó el centro de operaciones financieras de las ACCU y desde donde se coordinaban todos los asuntos económicos de esta organización ilegal.
Tras un dispendioso análisis de los documentos físicos y electrónicos encontrados en el lugar, se comenzaron a identificar cientos de personas que giraban y recibían cheques, entre ellas estaba Gómez Álvarez y su fundación, lo que llevó a las autoridades a realizar el 24 de mayo de 2001 la Operación Monserrate, que consistió en el allanamiento de la sede de la organización no gubernamental en la ciudad de Montería.
En el procedimiento judicial se logró la incautación de documentos sobre la fundación y la captura de Tarquino Morales Díaz, miembro de la junta directiva, y el supuesto conductor Antonio Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir. En el lugar no se encontró Gómez Álvarez, quien desde ese momento se convirtió en prófuga de la justicia.
No obstante, las pesquisas judiciales no avanzaron con eficiencia, y Funpazcor no sólo fue útil para consolidar una base social al servicio del paramilitarismo, sino que se convirtió en una fachada para la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.
Por estas últimas razones, la fundación y su representante legal fueron relacionadas con actividades del narcotráfico e incluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Lo paradójico de la historia criminal de Gómez Álvarez ligada a la tierra es que mientras las autoridades la buscaban en Montería, ella estaba creando en Mutatá, Antioquia, la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), con el objetivo de participar del proyecto de cultivo de palma africana impulsado ilegalmente por Vicente Castaño en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, a través del despojo y titulación fraudulenta de predios.
Asoprobeba se registró ante la Cámara de Comercio de Urabá el 2 de julio de 2001 como una entidad sin ánimo de lucro y definió que su objeto social como "la defensa gremial del campesino productor de la comunidad asociada". Al iniciar el proyecto agrupó a 164 familias, para el 2009 ascendía a 250.
Las tierras del proyecto, que hacen parte de la larga lista de predios despojados de manera irregular a los pobladores de los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, fueron adquiridas por Gómez Álvarez a Hugo Fenel Bernal Molano, según consta en la escritura número 220, registrada en la Notaría Única de Carepa, Antioquia, el 6 de marzo de de 2002. Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Caño Manso, cuenca del Curvaradó, y transado por 100 millones de pesos.
Esta compraventa tuvo dos particularidades: según directivas de Asoprobeba, su proyecto productivo tuvo el respaldo de Uniban y de algunas entidades del Estado, y la compra fue avalada por el antiguo Incora, que supuestamente habría subsidiado el 70% de la inversión; además, Bernal Molano, al momento de la venta, estaba siendo buscado por la justicia norteamericana para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas. Fue capturado el 2 de marzo de 2007 en una finca en Tierralta, Córdoba, y extraditado en julio de 2008.
A través de Asoprobeba, Gómez Álvarez suscribió diversos contratos de comodatos, varios de ellos incluso bajo amenazas de muerte, con campesinos en territorios colectivos para adelantar allí el proyecto productivo de siembra de palma africana, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso de la apropiación ilegal de predios por parte de una veintena de empresarios apoyados por fuerzas paramilitares del Urabá Chocano y antioqueño.
Uno de los testigos de este despojo de predios que ha referenciado a Gómez Álvarez es el labriego Enrique Manuel Petro Hernández, quien el 12 de abril de 2007, le indicó a la Fiscalía que años atrás había sido presionado por esta mujer y el empresario Jaime Sierra Moreno para ceder los derechos de una finca de 150 hectáreas, ubicada en la comunidad de Caño Claro, y cuyas tierras fueron sembradas de palma sin su autorización.
Una vez denunció el hecho, Petro Hernández recibió presiones e intimidaciones y perdió parte de su finca: "me dejaron el territorio sin trabajarlo, pero lleno de palma, sin árboles y toda la tierra canalizada, con muchas carreteras pasadas por el medio de mi finca sin mi permiso, ya por lo menos todo mi trabajo que hice en los 40 años, lo perdí, tenía 110 vacas, hoy no las tengo, tenía 9 bestias, hoy no las tengo, tenia 20 marranos, 5 hectáreas de plátano, yuca, arroz, hoy no las tengo, mi esposa tenía más de cien gallinas, mis hijos trabajaban y hoy no tienen donde trabajar, todo por causa de las empresas y los paramilitares".
Las investigaciones de la Fiscalía no cesaban contra Gómez Álvarez. Durante un proceso de extinción de dominio realizado en mayo del 2008 contra 74 bienes del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, los funcionarios judiciales establecieron que buena parte de esas propiedades, varias de ellas representadas en tierras y en sociedades comerciales, estaban a nombre de esta mujer.
A su prontuario criminal también se anexó el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder campesina de Córdoba, baleada por sicarios en la puerta de su casa el  31 de enero de 2007, momentos después de haberle solicitado protección a un juez de Montería porque las amenazas en su contra se habían incrementado.
Esta líder campesina, de 43 años de edad y madre de cinco hijos, fue despojada de una finca en Valencia, Córdoba, a comienzos de la década del noventa por el paramilitar Fidel Castaño, quien haría con esas tierras y muchas más un proyecto de "reforma agraria" que lideraría Sor Teresa Gómez Álvarez a través de Funpazcor.
Armada de valor, Yolanda Izquierdo se registró como víctima de despojo de tierras ante la Unidad de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 para adelantar los procesos penales contra los paramilitares desmovilizados, y decidió además representar a unas 800 familias en las versiones libres para reclamar verdad, justicia y reparación integral. Centró su atención en los predios que les fueron arrebatados y reclamó por su devolución durante varias versiones libres de Salvatore Mancuso en Medellín.
Fueron varias las llamadas que recibió esta líder en las que una voz siempre le decía "Cállate mija, no sigas con eso de la reparación que te vamos a quebrar". Y como persistió en su reclamo y no tuvo la suficiente protección por parte de las autoridades, fue asesinada. En el ataque armado, su esposo fue herido.
La justicia logró determinar que detrás de ese crimen estuvo Sor Teresa Gómez Álvarez, quien en días pasados fue condenada a 40 años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir.
Hoy se desconoce el paradero de esta mujer, que ha trasegado en el paramilitarismo desde la creación de las ACCU. Si bien aparece como desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas, ha logrado burlar a las autoridades y aparece en diversas regiones del norte del país liderando procesos sociales. Nadie se explica cómo ha pasado desapercibida en notarias y oficinas estatales hasta donde ha llegado a firmar escrituras y registros asociativos. Lo cierto es que ahora la buscan las autoridades, esta vez con una condena en la mano, para hacerla efectiva; no obstante, la historia revela una capacidad de ocultamiento que ninguna fuerza estatal ha logrado desentrañar.
20 de enero de 2011
©verdad abierta

recapturan a mayor fugado

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El comandante del Ejército Nacional, general Alejandro Navas, confirmó que Maldonado, condenado por homicidio, fue recapturado luego de que se reportara su fuga de la base militar de Tolemaida.

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Colombia. Rápidamente concluyó la novela en que se convirtió la fuga de la base de Tolemaida del mayor César Alonso Maldonado Vidales, quien tiene una pena de 27 años por homicidio, en hechos relacionados con un atentado en contra el dirigente político Wilson Borja.
Y es que este martes, todas las autoridades se sorprendieron cuando Maldonado extrañamente desapareció tras la decisión de hacer un traslado de internos recluidos en la base de militar con destino a La Picota. Incluso, el mismo Ejército confirmó la fuga.
Sin embargo, cuando el escándalo crecía -ya le había costado la cabeza a dos oficiales y a un suboficial- el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, informó que el mayor Maldonado fue recapturado cerca a la base de Tolemaida.
"Por fortuna hemos recuperado el honor de la fuerza", dijo el alto oficial en rueda de prensa en el Comando General de las Fuerzas Militares.
Los mayores César Augusto Ramos Botía y Luis Carlos Burbano López, así como el sargento Luis Carlos Ramírez, son los tres uniformados destituidos, hasta ahora, por este hecho.
El mismo general Navas anunció que se tomarán medidas drásticas en ese centro carcelario castrense y advirtió que continuarán las investigaciones.
En cuanto al mayor, el comandante del Ejército aseguró que será entregado a funcionarios del Inpec para que sea trasladado a un centro carcelario, probablemente en Bogotá.
Sobre las críticas que ha despertado este hecho en torno a la seguridad de las cárceles en bases militares, el general Navas insistió que el de Tolemaida es un centro de reclusión que tiene las medidas de seguridad para albergar detenidos y defendió el fuero especial con el que cuentan los integrantes de las Fuerzas Militares, aunque no descartó una mirada al tema del fuero con otras autoridades.
"Ellos en un momento dado combatieron a los delincuentes. Ese es un fuero que estamos registrando con el Inpec", dijo.
El comandante del Ejército fue enfático al decir que la institución está tomando las medidas pertinentes para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
La desaparición del mayor Maldonado se conoció luego de la determinación del Ministerio del Interior de cambiar de sitio de reclusión a varios internos, tras hacerse pública una serie de irregularidades presentadas en la base militar de Tolemaida, donde estaba recluido Juan Carlos Rodríguez Agudelo, ‘alias Zeus’, quien estaría "haciendo y deshaciendo en las instalaciones de la base", según una investigación del diario El Espectador.
El director del Inpec, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado al pabellón de alta seguridad de La Picota de Rodríguez y de otros cuatro uniformados, entre ellos Maldonado.
Según un comunicado del Ministerio del Interior, el propósito era reubicar a los reclusos condenados con sentencias superiores a 25 años que se encontraban en establecimientos o pabellones que no correspondían a su perfil de seguridad.
Pero, como lo supo el país, el mayor Maldonado no estaba en su celda del centro penitenciario de la base militar de Tolemaida.
 
El Caso de Wilson Borja
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra Wilson Borja, en el que se le condenó a 27 años y nueve meses de prisión a Maldonado. La acción criminal ocurrió el 15 de diciembre de 2000 y fue ordenada por Carlos Castaño.
El hecho se produjo a las 6:15 de la mañana cuando Borja, entonces sindicalista, salía de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Iba acompañado de sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos. Los sicarios soltaron una ráfaga contra su víctima.
Los escoltas reaccionaron. Uno de los sicarios disparó contra María del Pilar Bolaños (una vendedora de tintos) por temor a que lo identificara. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores. Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos. El carro recibió 57 tiros.
En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio, Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. "A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares", concluyó un informe de la organización Human Rights Watch.
De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado argumentando que había vencido el plazo para tenerlo detenido.
Sin embargo, la presión internacional cayó sobre lo ocurrido. Esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez y lo llevaron a un calabozo en el Batallón Militar No.13, en Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues, normalmente, el lugar de cautiverio de los militares es en la base de Tolemaida.
En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.
De inmediato, el presidente Álvaro Uribe dijo que "he dado instrucciones al señor General Carlos Alberto Ospina, Comandante de las Fuerzas y hoy Ministro encargado de Defensa, que sean removidos todos aquellos integrantes de la Fuerza Pública que tenían alguna responsabilidad con el cuidado de esta persona que estaba presa, sin perjuicio a que se adelanten las investigaciones del caso".
En efecto, el día después de la fuga, el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Pero, de manera sorprendente, los dos militares de más alto grado que habían destituido, aparecieron en nuevos cargos.
El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.
El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.
Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está "contagiada de izquierda". Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que llevaba el caso de Borja) de "ser guerrilleros" y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.
Entonces, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía habían aparecido unos afiches anónimos y a color. En ellos "se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado", dijo en su momento esa ONG.
También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional "ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados".
El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado por la Policía Nacional en Cúcuta la mañana del martes 15 de julio de 2008.
19 de enero de 2011
18 de enero de 2011
©semana

procesan a juan carlos martínez

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Comenzó juicio contra Juan Carlos Martínez. El ex senador de Convergencia Ciudadana es juzgado por presuntos vínculos con los paramilitares del Bloque Calima y narcotraficantes del Valle del Cauca.

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Colombia. Martínez Sinisterra fue diputado del Valle en 1998 y llegó al Senado en 2002 con 58.723. En 2006 repitió curul con 62.077 votos por Convergencia Ciudadana, movimiento que tiene a varios de sus integrantes tras las rejas investigados por ‘parapolítica’.
En abril de 2009 el ex congresista fue capturado por el CTI, un año después de la Corte Suprema le abrió una investigación en su contra por sus presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes de su región.
En diciembre de 2009 la Corte lo llamó a juicio, al considerar que existen testigos suficientes que lo vinculan con paramilitares y narcotraficantes del occidente del país.

Las Acusaciones
Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el ex jefe paramilitar José Éver Veloza alias ‘H.H.’, les dijo a las autoridades que Martínez Sinisterra había recibido apoyo del Bloque Calima en su campaña para las elecciones al Congreso en 2006.
Otra declaración que pesa en su contra es la del paramilitar Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, que como jefe de finanzas del Bloque Calima y lugarteniente de ‘H.H’, dijo que Martínez Sinisterra tuvo vínculos con los paramilitares.
La Corte además cuenta con otros testimonios que relacionan al ex senador con narcotraficantes del cartel del Pacífico, entre ellos, Olmes Durán Ibargüen alias de ‘El Doctor’, y Weceslao Caicedo, alias ‘W’.

La Defensa
Según le dijo la defensa a El Espectador, durante el comienzo del juicio el ex congresista desvirtuará las acusaciones por las que se le investiga y dará a conocer las posibles presiones que han recibido algunos desmovilizados para que declaren en su contra.
Entre ellas, la del desmovilizado Holbert Martínez, quien presentó una denuncia penal por la presión que al parecer recibió de alias ‘Ratón’, un primo de Hebert Veloza  alias ‘H.H.’, para que declare en contra de Martínez Sinisterra.
Juicios como éste comienzan con una intervención en la que el ex congresista cuenta su trayectoria política y se defiende de las distintas acusaciones. Durante la primera jornada, la defensa le pidió a la Corte que le otorgue a Martínez Sinisterra el beneficio de detención domiciliaria, explicando que la esposa del ex congresista tiene problemas de salud y por esta razón no puede cuidar a sus hijos.
Durante las siguientes sesiones, la Fiscalía y la defensa llamarán a sus testigos en lo que se conoce como la etapa de práctica de pruebas testimoniales.
18 de enero de 2011
©verdad abierta

retractaciones en caso gómez gallo

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Nueva retractación en el caso de Gómez Gallo. ‘Arturo’, desmovilizado del Bloque Tolima,  dijo en el juicio que se adelanta en la Corte Suprema que confundió al ex senador con otro político cuando señaló que Gómez Gallo tenía vínculos con los ‘paras’.

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Colombia. Durante una nueva audiencia en el juicio que se adelanta a Luis Humberto Gómez Gallo en la Corte Suprema de Justicia, Humberto Mendoza Castillo, alias ‘Arturo’, quien era el segundo al mando del Bloque Tolima después de alias ‘Elías’, dijo que no hubo apoyo ni financiero ni político de los paramilitares a la campaña de Luis Humberto Gómez Gallo, ex presidente conservador del Congreso.
El político es juzgado por presuntos nexos con las autodefensas, después de que varios desmovilizados aseguraron que Gómez Gallo se reunió tres veces con paramilitares del Tolima, recibió dinero del extraditado Eduardo Victoria alias ‘El Socio’, de haber desviado dineros públicos cuando fue alcalde del Valle de San Juan para financiar a las Auc, así como de haber solicitado la muerte en 2001 de Pompilio de Jesús Avendaño, representante a la Cámara.
Sobre las supuestas reuniones entre Gómez Gallo y miembros de las autodefensas, ‘Arturo’ señaló: "No es cierto, porque todo lo que se hacía en la zona yo lo controlaba". ‘Arturo’ no se desmovilizó y fue capturado en julio de 2007.
‘Arturo’ se retractó así de las declaraciones que le dio a la Corte, cuando afirmó que el ex senador Gómez Gallo se reunió con ‘El Socio’. El ex ‘para’ dijo que se equivocó, pues el jefe del Bloque Tolima, alias ‘Elías’, le dijo a él, que ‘El Socio’ se reunió con Guillermo Alfonso Jaramillo, ex gobernador del Tolima y no con Gómez Gallo y que los confundió.
"No le dije mentiras a la justicia, sólo que confundí al ex senador Luis Humberto Gómez con un ex Gobernador del Tolima. Esta vez estoy diciendo la verdad, pues estoy en calidad de postulado dentro de la Ley de Justicia y Paz, en la declaración anterior estaba confundido, me equivoqué", señaló ’Arturo’.
John Freddy Rubio Sierra, alias ’Mono Miguel’, también aseguró que nunca vio a Gómez Gallo en compañía de paramilitares.
"Si el señor hubiera estado vinculado, yo hubiera sido uno de los primeros en decirlo", dijo el ex paramilitar. Aclaró que sólo conoció el caso de Gómez Gallo después de su desmovilización por los medios de comunicación. "Lo he visto dos veces: el mes pasado que vine a esta diligencia y el día de hoy", dijo.

La Otra Retractación
Pedro Pablo Hernández, ex jefe de finanzas del Frente Omar Izasa de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio también se retractó de señalamientos que hizo contra Gómez Gallo.
En diciembre pasado le dijo a la Corte Suprema de Justicia que "con ninguno de los dos me reuní, ni les acepté dinero", hablando de Gómez Gallo y de Javier Ramiro Devia.
El desmovilizado, que era jefe de finanzas en Fresno y Mariquita, Tolima, le había mandado una carta al ex ministro de Defensa, hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a otras entidades del Estado, donde denunciaba presuntos vínculos entre ‘paras’ y dirigentes políticos y miembros de las autoridades de Tolima.
Entre los que Hernández salpicó estaba el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo. Señaló que nombró al ex presidente del Congreso por ignorancia y por "proteger a mi familia".

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador conservador del Tolima se entregó a finales de enero de 2010 en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por la investigación que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de manos de Eduardo Victoria alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
Sin embargo ‘El Socio’ negó desde Estados Unidos los nexos con el político tolimense. Respecto a los posibles vínculos con el ex senador Gómez Gallo, ‘El socio’ explicó que coincidió en muchos eventos públicos con el político pero que nunca habló con él, mucho menos le dio plata para la campaña al Congreso como han afirmado algunos testigos del caso. "A Gómez Gallo lo conozco de vista, de saludo…nunca lo apoyé porque no me gustan los políticos… no le di ni el voto" puntualizó Restrepo.
Gómez Gallo declaró a los medios en la bunker de la Fiscalía que sentía tristeza y negó sus vínculos con las autodefensas. En Tolima algunos dirigentes políticos entrevistados por Caracol Radio respaldaron al ex presidente del Senado y atribuyeron la captura a una persecución contra los políticos del departamento.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía precluyó la investigación que se seguía contra el ex presidente del congreso ya que encontró inconsistencias en los testimonios de los ex paramilitares.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y el extraditado Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, en el periodo 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el comandante ’Elías’ para solicitar la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
La primera reunión fue en el hotel Tocarema, de Girardot. La segunda en la finca La Chiguagua, en la vereda Tomín del municipio de San Luis (Tolima) y la tercera en un restaurante del centro de Ibagué, en la que además también participó Eduardo Restrepo, el ’Socio’.
El político conservador  también fue vinculado por el ex ‘para’ Róbinson Javier Guillombo, alias ’Esteban’, quien habló de una supuesta reunión para recibir dinero de los paras a la que asistió Eduardo Restrepo, alias el ’Socio’, un narcotraficante que fue extraditado el 11 de diciembre de 2007.
"En el interior de la organización se comentaba que Gómez Gallo era de la nómina de Eduardo Restrepo alias ’El Socio’", dijo Guillombo en su declaración a la Fiscalía.
El senador Luis Humberto Gómez Gallo fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima. Es ingeniero industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997. En 2006 Gómez Gallo fue reelegido al Senado por el Partido Conservador con 46.897 votos.
18 de enero de 2011
©verdad abierta

caras de la violencia en medellín

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Con testimonios de campesinos, médicos, políticos, adolescentes mutilados, víctimas de balas perdidas, desaparecidos, Medellín muestra la guerra que le tocó a todos. ‘Los Espejos de la Memoria’ muestra los perfiles de víctimas de la violencia en esa ciudad.

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Medellín, Colombia. Medellín ha sido una de las ciudades más golpeadas por la violencia en el país. Más 617 mil desplazados, 5.000 secuestrados, 2.846 homicidios en 2009, desaparecidos. La violencia ha apaleado a Antioquia y a su capital, Medellín, como en ninguna otra parte del país. Cifras que se vuelven rostros con el proyecto ‘Los Espejos de la Memoria’, una serie de perfiles de campesinos desplazados de pueblitos antioqueños, de madres que no pierdan la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos, de un joven que trata de vivir a pesar de haber perdido una pierna en un campo minado o de parejas que recuerdan a una hija asesinada por una bala perdida.
Esta iniciativa, del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, de la Alcaldía, muestra más de veinte testimonios, que junto a fotos, videos y objetos se pasean por los barrios de Medellín en el Túnel de la Memoria, un museo itinerante de la violencia.
Es la columna vertebral de la Casa de la Memoria, un museo que buscará preservar la memoria de los años duros de la violencia en Medellín. Ubicada en el Parque Bicentenario, en el barrio Boston de la Comuna 10, va a costar más de 17 mil millones de pesos y se prevé que sea inaugurado a finales de 2011.
VerdadAbierta.com seleccionó cinco relatos: una madre, un médico, un niño, una abuela campesina, la madre de tres víctimas, la esposa de un ex ministro, que dejan en evidencia que la guerra están a la vuelta de cualquier esquina.

A Llevar del Bulto
Isabel Giraldo, campesina desplazada: "Vivíamos en el Rayo, en Tarazá, teníamos una buena vivienda, cultivábamos. Vivíamos al lado del río Rayo, cuando queríamos, pescábamos, teníamos cultivos y trabajábamos en las minas. Nuestra casa era inmensa, vivía con mi mamá, mi papá, el esposo, los hijos, la cuñada…
La decisión de venir a Medellín fue muy fácil, fuimos desplazados de allá.
La casa la invadieron los soldados del Ejército, colgaron hamacas por todo lados, nos espiaban cuando íbamos al baño. Esa noche estábamos tranquilos, oímos un tiroteo por encima del techo, ahí mismo salimos, las balas nos pasaron al lado. En campitos donde no cabíamos nos metimos. También la guerrilla botó bombas.
Empeñamos una máquina de coser, y nos fuimos como cuatro meses a Andes. Después nos vinimos a Medellín a sufrir, a llevar del bulto.
Cuando llegamos a Medellín mi marido se quedó en Andes. Mi papá y mi mamá vivían en el barrio Castilla, nos tocó de arrimados. Salimos de allá, no teníamos con qué pagar arriendo, nos fuimos a Santo Domingo, vivimos cuatro años allá, pero nos tocó irnos por la violencia.
Nos fuimos a una invasión en Altos de Oriente, en la vía a Guarne. Sembramos frisoles, maíz, alverjas, teníamos gallinas, marranera, mucha cosita, sacábamos para vender. Al final, el desalojo acabó con todo lo que teníamos.
A las seis de la mañana, cuando amanecía, había máquinas tumbando las casas, quemando todo. Llegaron a la casa, se pusieron a bolear hacha, el niño estaba traumatizado.
Ha sido traumático, en el campo en vez de comprar, hay qué vender. Acá ni empleo, ni qué comer, nos toca irnos a la minorista a recoger de la caneca la comida que ya botaron".

La Ventana
Adolfo Betancur, médico: "Soy médico cirujano, especializado en administración pública, trabajo en MetroSalud en Medellín, soy casado, tengo dos hijos. Hace más de 20 años vivimos en el Alcázar, un barrio que queda en el límite de la Comuna 12 y la Comuna 13.
Los grupos armados llegaron y nos vino a salpicar la violencia. Laura en 2002 tenía 20 años, estudiaba Contaduría Pública en la Universidad de Antioquia. En el puente festivo de octubre aprovechamos para salir al Carmen de Viboral. Laura no pudo venir, se quedó a preparar unos exámenes en la casa.
Escuché en las noticias que una patrulla de la Policía fue hostigada en la Comuna 13 y que murió un agente. El apartamento tiene una ventana pequeña, una celosía de 40 centímetros que da a la Comuna 13. Llamó Laura, todo iba bien.
A la media hora una vecina dijo que Laura fue herida con una bala, me fui esa misma mañana a Medellín. Encontramos la ventana quebrada y un impacto en una pared. La llevaron a la Unidad Intermedia de San Javier, el médico me dijo que tenía una hemorragia instantánea. Un disparo de fusil que ingresó por el tórax derecho y que atravesó el cuerpo.
Sé que la bala vino de un enfrentamiento armado, decir que era de un policía o de un miliciano o de un paramilitar, no sé. Es la cuota de dolor que no toca poner, es parte de la vida cotidiana de muchas familias en Medellín y en Colombia. Todos podemos ser víctimas".

Los Giraldo
La vereda Río Verde de Los Montes está a dos días de camino de la cabecera municipal de Sonsón y a 12 horas de Argelia. Allí vivió hasta mayo de 2004 la familia Giraldo.
Entre los animales que tenían y lo que producía la finca, les alcanzaba para alimentar a más de quince personas. Hoy los Giraldo viven en San Cristóbal, en una casa de veinte metros cuadrados.

John Giraldo: "Teníamos todo todo por allá, lo único era conseguir sal y aceite. Un día, antes de llegar a la casa, nos topamos con un gentío de las Farc, conversaron con mi papá. A los dos días bajaron y lo llamaron. Volvió y dijo que nos teníamos que ir.
Salimos a las seis de la mañana, caminamos dos horas y media. Le dije a mi hermano y dos primos,  por el calor, que nos fuéramos a bañar mientras esperábamos al resto de la familia, que andaban muy suave.
Yo iba tranquilo, cuando subí el pie, el izquierdo y me reventó. Yo caí de una y no sentía nada, un humero me tapaba todo. Me senté en el hueco que me reventó, me limpié la cara, mi pierna eran tres pedazos".

Su abuela: "Él vino quemadito, renegrido, esquirlado la espalda. Salieron a las doce del día, les tocó anochecer, al otro día madrugaron y a la una de la tarde lo entregaron a Argelia".

John Giraldo: "Yo ya iba perdiendo el sentido, una enfermera me dijo quieto Jhon que le voy a quitar el pantalón para hacerle unas cosas".

Por culpa de una mina, John Giraldo perdió su pierna.

"No me molesta para nada, yo estudio, no me aburro por eso, siempre me impide un poquito pero ya me enseñé que no me hace falta. Hay veces que siento el pie, me pongo a pensar que qué se gana uno con aburrirse".

John hace parte de las 800 víctimas de artefactos explosivos en Antioquia en 2004.

Buscando Salidas
Geovany Berrío: "Él estuvo averiguando para meterse de soldado profesional, no le llegaron los papeles. Un amigo le dijo que se fuera a trabajar con él, como escolta o algo así. Se fue confiado, vio que le iba a ir mejor en otra parte y se fue con esta gente.
Me llamaba cada mes, que le pidiéramos al Señor, porqué estaba en gran peligro. Trabajaba con un grupo paramilitar, en conjunto con el Ejército, yo no me explico cómo era eso. Estaba en el Guaviare, con el Bloque Centauros. Estaba muy aburrido. Yo le decía que se volara, dijo que no podía, porque lo tumbaban.
No me volvió a llamar. A mitad de enero de 2004, un muchacho le comentó a la hija mía que ellos mismos lo asesinaron. En este mes cumple siete años de desaparecido".

Dúber Berrío: "Nos dijeron en la Terminal de Transportes que estaban bajando los muchachos de los carros, no creo que se haya ido reclutado. Lo busqué en todas las morgues en Chinchiná, Manizales, Santa Rosa.
Estuve averiguando en la Terminal de Transportes si cogió bus. Me dijeron que había mucho retén de paramilitares. No tengo muchas esperanzas. Él se iba a trabajar lejos, pero  ese pelado siempre me estaba llamando. Estaba muy apegado a mí. Para mí que él ya no está".

Marcela Berrío: "Marcela no tenía enemigos, todo el mundo la quería. Nadie podía creer que la habían matado.
Sé que la enredaron. Salían por ahí, creo que él la cogió de informante o algo, sin darle ninguna protección. La hizo matar él, no veo de otra.
Una noche sentí la bulla.
Entraron con mi otro hijo Gustavo, encañonado. Empecé a gritar: ‘Porqué me van a matar a mi muchacho, no nos metemos con nadie’. Estaban las niñas acostadas, las hicieron levantar, con las pistolas.
Estaban preguntando era por Marcela, la empujaron, le pegaron un tiro, cayó y le vaciaron toda la pistola en la cabeza y se fueron sin decir nada.
La sangre hizo una cruz. Yo dije: ‘Dios mío, murió como Jesús Cristo, por los pecados de otros’. Fue tan horrible la muerte de ella, en la casa.
Lo llamé una vez, no tenía celular, se cortó la llamada, me dijo que estaba lejos, en el Caquetá o algo así. Jordán Acuña se llama, estoy segura de que él trabaja con el Ejército. Llamé a un número, me dijeron que no estaba en ese momento, sino que estaba en un operativo.
Nosotros tenemos tres víctimas, estamos solos, no tenemos ayuda de nadie".

Marta Inés Pérez de Echeverri
"Mamita: en todo momento siento que yo soy la causa de tus angustias, dolores y soledades; esa percepción que cada día es más de certeza hace que en todo momento, sienta lo que afecta a todos los seres que amo en mi familia".
Bitácora desde el cautiverio - Gilberto Echeverri Mejía (ex ministro de Defensa, asesinado por las Farc en cautiverio el 5 de mayo de 2003).
"Gilberto no fue a la caminata, estuvo en la misa, porque él decía que ya no  estábamos en plan de una caminata por la paz, sino para hacer cosas por la paz.
El gobernador lo llamó varias veces, porque era su comisionado de paz y por lo tanto lo necesitaba.
Ahí empezó el drama. Al otro día el gobernador le dijo que lo acompañara hasta el puente de Urrao, él lo acompañó, y ahí fue donde los tomó la guerrilla como rehenes.
Al año siguiente ya empezamos a notar en los videos y las poquitas cartas de Gilberto su estado de ánimo. Pero en ningún momento pensamos que lo iban a matar, en ningún momento.
No sabíamos del rescate. El 5 de mayo estaba en la casa. Llegaron dos amigos de Gilberto y sonó el celular, era José Roberto Arango, el asesor del presidente Uribe. Hablé con el presidente, él fue que me dio la noticia de la muerte de Gilberto.
Eso fue impactante, yo no he sentido un dolor más fuerte que ese.
El fiscal me mandó las cartas que escribió, eran más de 800 páginas, eran unos testimonios tan importantes para los antioqueños, y los colombianos, era un ejemplo para la juventud y la gente que seguía a Gilberto. Cada lectura de cada palabra era una lágrima que se derramaba, pero me dio mucha satisfacción, ver que la vida de Gilberto no pasó en vano.
Me llamaron de la alcaldía que tenían un programa de las víctimas para que escribieran el capítulo de un libro. Empecé a escribir, poner mis sentimientos en una páginas me iba descargando el alma.
Tenemos que tener optimismo, porque si no, es una derrota completa. Vivimos un matrimonio muy bien, con muchas raíces, y eso me da fuerzas para seguir adelante.
18 de enero de 2011
©verdad abierta