colombia

ex senadora investigada por espionaje

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la expresidenta del Congreso para establecer si solicitó información al DAS sobre Piedad Córdoba y la utilizó irregularmente en debates en plenarias del Senado.

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Colombia. El Alto Tribunal abrió investigación formal contra la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, porque al parecer fue informada de movimientos de la entonces senadora Piedad Córdoba sobre uno de sus viajes.
Las indagaciones contra Gutiérrez comenzaron el 17 de septiembre cuando la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia porque, al parecer, Gutiérrez había recibido información obtenida de manera ilegal sobre Piedad Córdoba.
La información que remitió la Fiscalía se basaba en las acusaciones que hizo la ex funcionaria del DAS, Martha Leal, quien confesó que le entregó información a Gutiérrez sobre los seguimientos ilegales que se le hacían a la entonces senadora Córdoba. A su vez, esta información fue usada por Gutiérrez para un debate en contra de Córdoba, por su supuesta vinculación a la ‘Farcpolítica’.
"La doctora María del Pilar (Hurtado) me pidió entregar una información a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien en ese momento era presidenta del Senado, para que ella tuviera elementos que sustentaran un debate que le iba a hacer en el Congreso (a Córdoba) (...), en virtud de lo cual estuve en el apartamento de la senadora, donde le hice entrega de la información", declaró Leal.
A la investigación también se sumó la declaración del ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares, cuando en julio del 2010, reveló ante el fiscal delegado de la Corte Suprema, Misael Fernando Rodríguez, que el contenido de lo denunciado por Gutiérrez en ese debate contra Piedad Córdoba fue proveído por el DAS.
"En marzo del 2008, Hurtado nos manifiesta que por órdenes de la Casa de Nariño se debe apoyar a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez en un debate que esta tenía pensado hacerle a la senadora Piedad Córdoba en el Congreso. Nos da instrucciones a mí y a Marta Leal para que toda la información que se tenía sobre la senadora Córdoba se la entregara a Gutiérrez a fin de que esta la utilizara en dicho debate, lo cual efectivamente se hizo. (…) Se obtuvo información sobre unos dineros girados a Piedad Córdoba por la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, por un monto cercano a 300.000 dólares y de lo cual circulaban algunos rumores en los medios de comunicación, la cual también se encontraba en la carpeta entregada a la senadora Gutiérrez. Dicha información relacionada con el tema Monómeros, por instrucciones de la directora, se filtró en el mes de agosto del 2008 a los medios de comunicación colombianos, si mal no recuerdo a ’El Espectador’ (...)".
En su momento Gutiérrez dijo que pidió al DAS registros de las salidas del país de la exsenadora Córdoba para establecer un control sobre sus faltas a las plenarias y las comisiones, y exponer los datos en un debate que preparaba sobre dichas inasistencias.
18 de enero de 2011
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la masacre de chengue

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Hace 10 años los ’paras’ acabaron con Chengue. En la madrugada del 17 de enero de 2001, varios paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Pelufo alias ’Cadena’ irrumpieron al correguimiento de Chengue en San Onofre, Sucre, y asesinaron a 27 personas. Diez años después el crimen y sus cómplices están sin juzgar.

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Colombia. Eran las 3 de la madrugada del 17 de enero de 2001 cuando los pobladores de Chengue escucharon un tropel. Ochenta miembros de las Auc entraron esa noche al pequeño caserío encumbrado en los Montes de María, Sucre. Pateando puertas sacaron a los hombres de las casas y los concentraron en la plaza. Margarita Romero, en ese entonces de 15 años, sintió el alboroto y se asomó al patio. De inmediato comprendió que los paras habían venido a cumplir con la promesa que tantas veces se escuchó como rumor: venían a acabar con el pueblo.
Aterrada, se sentó a esperar su turno. Minutos después dos hombres entraron a su casa y se la llevaron hasta la plaza. Allí, había 23 hombres de Chengue tendidos en el piso, boca abajo. Eran los esposos, hermanos, padres de más de 50 mujeres, reunidas frente a ellos. Uno a uno los iban llamando, los hacían caminar hacia una calle detrás de la plaza, supuestamente para verificar su nombre en un computador. Pero el silencio de la noche delataba lo que estaba ocurriendo. "Apenas se escuchaba el machete", dice Margarita. Todos pasaron por el cadalso. Los mataron con ’la mona’, un garrote hecho para partir piedras. Un golpe seco bastaba. No hubo disparos.
Cuando el alba despuntaba, los paramilitares casi habían terminado su labor. Encerraron a las mujeres y le prendieron fuego a cuanto pudieron. En total 25 casas. "Inclusive la de don Evelio López que era la más linda, con una lamparita afuera. A él le mataron un hijo que era retrasado mental", dice otra de las mujeres.
Los paramilitares se fueron sin problema y recorriendo la carretera de Macayepo, Chinulito, hasta la finca El Palmar de San Onofre, desde donde se planeó este horrendo crimen. Ese día murió Chengue.

La Justicia y la Impunidad
El 19 de octubre de 2009, un juzgado de Sincelejo condenó a la Nación por su omisión en el crimen y ordenó que pagar 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las 27 víctimas de la masacre de Chengue.
En su fallo el juez declaró que la Policía y la Infantería de Marina no hicieron nada para proteger a los habitantes de Chengue. Los pobladores llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paramilitares de los Héroes de los Montes de María del Bloque Norte de las AUC de cometer una masacre.
El juez de Sincelejo también confirmó que algunos miembros de las fuerzas armadas colaboraron con los ‘paras’, al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. La sentencia además le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.
Recientemente, ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias ’Juancho Dique’ reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
El ex paramilitar fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en la masacre de 28 campesinos del corregimiento Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de Fuerza Pública en Chenque y sus alrededores.
Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.

La Procuraduría
El paramilitar Elkin Valdiris les contó a las autoridades que la noche anterior a la masacre el grupo de asesinos, encabezados por un sujeto conocido con el alias de ‘Juancho’, se había topado con una patrulla policial en San Onofre. Cuando la Fiscalía investigó este suceso encontró que en efecto unos agentes le habían reportado al teniente Jaime Humberto Gutiérrez Muñoz, comandante del puesto de Policía en esa población, que tres camiones repletos de hombres armados y vestidos de camuflado, que se dirigían hacia el sur de San Onofre, casi los arrollan a las 7:30 de la noche del 16 de enero.
Desde el momento en que le informaron de este incidente el teniente Gutiérrez declaró que había hecho una serie de llamadas a sus superiores, siguiendo el conducto regular, para que las autoridades competentes llevaran a cabo la acción que fuera pertinente. Así quedó consignado en los expedientes judiciales. En éstos además constan testimonios que aseguran que la cadena de llamadas entre los oficiales de la Policía y los de la Armada alcanzó su cúspide cuando el teniente coronel Miguel Angel Yunis, del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 3, habló de la situación con el general Quiñones, comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina.
Según un documento de la Armada, sus oficiales consideraron que los datos que recibieron de la Policía eran incompletos, generales y con muchos vacíos. Pese a ello trataron de confirmarlos y alertaron a las unidades que tenían en la zona, que estaban dispuestas para prevenir el anunciado ataque de las AUC, e hicieron retenes sobre la vía entre San Onofre y Tolú Viejo.
Sin embargo, la investigación de la Procuraduría sobre la masacre da cuenta de que en la mañana en que los paramilitares cometieron el crimen, un suboficial de la Armada se reunió con el paramilitar Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, jefe del bloque Montes de María. El encuentro ocurrió en la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de "un fajo de billetes".
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron haber visto tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo.
En los libros de comando de la Policía de Sucre consta que antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los vehículos con paramilitares.
Después, él les ordenó a sus subalternos verificar la información, a pesar de que "desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria", según lo considera la Procuraduría. "Se tornaba irrelevante e inocua una labor de análisis y verificación de los datos", señala ese ente de control.
Por eso, a la compañía Dragón, que se encontraba cerca de Chengue, a unos ocho kilómetros, nunca le dijeron nada sobre los tres camiones que viajaban por la vía hacia ese corregimiento.
La Procuraduría consideró en su momento, que desde cuando le avisaron al coronel Quiñónez de la presencia de los paramilitares, hasta la hora de la masacre (4:45 de la mañana, aproximadamente), tuvo suficiente tiempo para que sus tropas reaccionaran. Además, "tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa".
Para el ente de control, los militares sólo reaccionaron después de haberse cometido la masacre. Por eso, ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
En 2005, el entonces representante Gustavo Petro hizo un debate sobre el paramilitarismo en Sucre. En su intervención, dijo que no entendía por qué la Procuraduría había sido tan drástica con los militares y no con los policías. Para él, éstos fueron quienes realmente permitieron el tránsito de los hombres que masacraron a los campesinos de Chengue.
Según dice, hay evidencias de que en los libros de la Policía de Sucre fueron borradas las horas en que vieron los camiones con hombres armados y vestidos de camuflado. "Eso ocurrió a las 7 y media de la noche, y no a las 11, como dicen", manifestó Petro.
Con base en testimonios, el entonces representantes denunció que "hasta hubo intercambio de gritos entre los uniformados y los hombres de los camiones". Pero "sólo vinieron a comunicarle la presencia de los paramilitares a los oficiales de la Armada a las 11, cuando ya ellos estaban en Chengue. Allí esperaron para atacar al amanecer". Luego, aseveró que "no hay sanciones contra los policías y sí contra los militares, que fueron los únicos que se movieron esa noche".
18 de enero de 2011
17 de enero de 2011
©verdad abierta

don mario condenado a 17 años

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El ex jefe paramilitar fue sentenciado por el homicidio del abogado José Absalom Achury Flórez Al momento de su asesinato, el abogado defendía a Yesid Arteta, un comandante de las FARC..

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Colombia. Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fue condenado a 17 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, Meta, después de aceptar su responsabilidad en el asesinato el 16 de mayo de 2003 del abogado José Absalom Achury Flórez en Granada, Meta.
Paramilitares del Bloque Centauros secuestraron a Achury en un establecimiento público. Su cadáver fue hallado 11 días después en un automóvil, en avanzado estado de descomposición, en Macanal, una vereda de San Juan de Arama, Meta. Cuando fue asesinado, Achury defendía al jefe de las Farc Yesid Arteta.
Por el crimen ya aceptaron su responsabilidad los ex paramilitares Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, Benjamín Parra Cárdenas, alias ‘Conny’, Luis Arlex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’, Ramiro Alberto Hernández, alias ‘Policía’ y José Fredy Sosa Montealegre, alias ‘Cachete’.
‘Don Mario’ fue hallado responsable de homicidio agravado, secuestro simple y concierto para delinquir.
18 de enero de 2011
17 de enero de 2011
©verdad abierta

la muerte de pedro guerrero

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Guerrero, que era también jefe de un grupo paramilitar de extrema derecha, fue herido mortalmente en Navidad cuando unidades policiales de élite atacaron su remoto campamento en Colombia.

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[Chris Kraul] Bogotá, Colombia. Poniendo fin a una cacería que duró años, tropas colombianas encontraron el cuerpo de Pedro ´el Cuchillo´ Guerrero, uno de los más importantes líderes paramilitares de extrema derecha y narcotraficante, dijo el miércoles el presidente Juan Manuel Santos.
Guerrero, cuyo apodo refiere al arma que utilizaba para aterrorizar a los campesinos de los que sospechaba que colaboraban con las guerrillas de izquierda, fue herido de muerte en un tiroteo la mañana de Navidad cuando 120 comandos transportados por helicóptero, de la fuerza especial de la policía antinarcóticos Junglas, atacó su campamento cerca del remoto pueblo de Mapiripán, en el estado de Meta.
Dos agentes de la policía y un guardaespaldas de Guerrero murieron en el enfrentamiento, en el que sus fuerzas respondieron con ametralladoras de grueso calibre. Fueron capturados siete miembros del círculo íntimo de Guerrero, incluyendo a Harold Humberto Rojas Pineros, o ´el Loco Harold´, lugarteniente de Guerrero.
En marzo, el ministerio de Hacienda de Estados Unidos señaló a Guerrero como uno de los narcotraficantes más poderosos por la influencia que ejercía en los estados orientales. Allá dirigía un ejército ilegal conocido por sus iniciales en español, ERPAC, que protegía las plantaciones de coca y los corredores para su exportación. La policía colombiana había ofrecido 2.5 millones de dólares de recompensa por informaciones que condujesen a su captura.
La carrera criminal de Guerrero se remonta a sus días como el joven lugarteniente del infame barón de la droga de Medellín, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Emergió más tarde como uno de los capos de los Centauros, una de las milicias paramilitares formadas en los años noventa ostensiblemente como una fuerza de autodefensa contra las guerrillas. Muchos de esos grupos se convirtieron en importantes actores del tráfico de drogas.
El director regional andino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Jay Bergman, dijo que la operación de la policía nacional colombiana era la "culminación de meses de trabajo de inteligencia… [Guerrero] era un blanco difícil y un  elusivo fugitivo que empleaba una amplia y formidable banda criminal armada con amplias operaciones de contraespionaje". ´El Cuchillo´ tenía un lado elegante, y era también conocido por poseer un AK-47 enchapado en oro y un Rolex y por cuidar meticulosamente sus uñas arregladas".
En una rueda de prensa en la sede de la policía nacional, Santos dijo que Guerrero era responsable de tres mil asesinatos. Se incluyen entre estos las 49 víctimas de la infame masacre de Mapiripán en 1997, en la que tropas paramilitares utilizaron sierras y machetes para asesinar a campesinos de los que sospechaban que simpatizaban con la guerrilla, durante una carnicería que duró cinco días.
Se dice que los crímenes de Mapiripán fueron cometidos con conocimiento del ejército colombiano y más tarde un general fue sentenciado a cuarenta años de cárcel por ignorar las denuncias de violencia.
Intentos anteriores de capturar a Guerrero se vieron frustrados por sus notorias buenas relaciones en la policía colombiana, que lo alertaban de allanamientos inminentes, de acuerdo a un oficial de ejército que declaró como testigo ante un fiscal especial este año.
Santos llamó a Guerrero un "asesino de asesinos" y elogió a la policía por su captura. "Se había creado una suerte de leyenda, de que nadie sería capaz de capturarle", dijo el presidente en la sede de la policía.
Guerrero optó por no desmovilizarse en el marco del programa de desmovilización del ex presidente Álvaro Uribe, que logró que treinta mil miembros de las milicias de extrema derecha y la mayoría de los líderes paramilitares depusieran sus armas.
Casi por omisión, Guerrero tomó el control de gran parte del territorio en el este de Colombia, donde se cultiva la lucrativa coca y se procesa y comercializa la cocaína. La región es una importante fuente de drogas que son embarcadas hacia el otro lado de la frontera de Venezuela y hacia los mercados en Estados Unidos y Europa.
Guerrero formó el ERPAC, o el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia, y se alió con el narcotraficante Daniel Barrera, que continúa prófugo. El dúo se dedicaba al tráfico de drogas como una suerte de "operación de franquicia", dijo la investigadora Priscilla Zúñiga.
"Es una gran manera de terminar el año", dijo Santos.
16 de enero de 2011
29 de diciembre de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh

fiscalía pide condena por desaparición

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Piden condenar al general (r.) Iván Ramírez por la desaparición de Irma Franco. En cuanto a la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la Fiscalía aseguró que no existen evidencias que prueben la responsabilidad del oficial.

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Colombia. La Fiscalía General de la Nación pidió condenar al general (r.) Iván Ramírez Quíntero por la desaparición de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda.
Así mismo, el organismo aseguró que no tiene evidencias de la responsabilidad del general retirado en la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y tres visitantes que se encontraban allí el día del Holocausto.
"La Fiscalía considera que existe certeza en cuanto se refiere a la responsabilidad de los procesados el general en retiro Iván Ramirez Quíntero, el coronel en retiro Fernando Blanco Gómez y el sargento en retiro Gustavo Arévalo Moreno, respecto a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 Irma Franco", aseguró el ente acusador.
En los últimos minutos terminaron los alegatos de la Fiscalía dentro del jucio que se le adelanta al general en retiro Iván Ramírez Quíntero.
15 de enero de 2011
14 de enero de 2011
©semana

yidis se echó para atrás sobre los paras

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Yidis se echó para atrás sobre Gil y los ’paras’. La ex congresista le dijo a la Corte que ella no vio a Luis Alberto Gil reunido con el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’, pero que dos paramilitares le contaron que él sí lo hizo.

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Colombia. La ex congresista Yidis Medina le dijo a la Corte que ella no vio a Gil reunido con el ex jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar (Bcb), pero que dos paramilitares le aseguraron que eso sí había sucedido.
Medina fue contradictora política del ex senador Luis Alberto Gil y aseguró en agosto de 2007 que el fundador de Convergencia Ciudadana se había reunido con el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’,
El testimonio de la ex congresista, condenada por el delito de cohecho, es el décimo testigo citado por la defensa en el juicio que adelanta la Corte contra el ex senador Luis Alberto Gil Castillo y el ex representante Alfonso Riaño Castillo por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
En audiencia del 13 de enero de 2001, Medina se refirió a una reunión en la que ella dijo haber ido obligada por los paramilitares, entre 2000 y 2001, en el corregimiento San Rafael de Lebrija (Rionegro, Santander). Según Medina, en el primer piso de un edificio alias ‘Jairo Tarazá’ le hizo un juicio por un programa de empleo para  mujeres que ella coordinaba en Barrancabermeja. Medina dijo que al no encontrar motivos para juzgarla, fue llevada al segundo piso del mismo edificio.
"Yo entré y recuerdo que ‘Báez’ se paró y me pidió excusas. El lugar olía a licor, había whiskey. Cuando bajaba las escaleras me encontré con Leonel Uribe (ex secretario de Gobierno de Yondó), que me saludó. Bajando, alias ‘Jairo Tarazá’ iba adelante y alias ‘Harold’ y ‘70’ me dijeron que a esas reuniones tenían que ir los políticos santandereanos y que Gil estaba ahí. Pero yo no lo vi", contó Medina.
En su declaración, la ex congresista aclaró que sus declaraciones al diario Vanguardia Liberal en agosto de 2007 obedecieron a una confrontación política que ella tenía con Gil de Convergencia Ciudadana, cuando este movimiento le ganó las elecciones a la Gobernación de Santander a Horacio Serpa Uribe. "En el año 2007 Gil me atacó por los medios de comunicación. Y en una entrevista que yo le doy a un medio, digo: qué viene a hablar Gil si él toma whiskey con ‘Báez, recordando lo que me habían contado alias ‘Harold’ y ‘70’", dijo. Estos dos paramilitares no podrán confirmar este testimonio, porque Medina dijo que luego ambos fueron asesinados.
Sobre si ella asistió a una reunión en 2002 en Puerto Berrío (Antioquia), donde ‘Báez’ citó a los concejales del Movimiento Alternativo Regional (MAR) y a la que asistió Gil, Medina dijo que no estuvo. "Para esa época no era concejal y no pertenecí al MAR porque apoyaba a Iván Díaz Mateus", respondió. Esta reunión ya fue reconocida por Gil, aclarando que asistió por motivos de seguridad ya que era tildado de ser izquierdista.
En su testimonio, Medina dijo que en ninguna reunión vio al ex representante Riaño.
El juicio contra los dos ex congresistas santandereanos continuará del 14 al 18 de febrero de 2011. Según Ramón Ballesteros, abogado de Gil, faltan aún los testimonios de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ así como de varios ex concejales de Barrancabermeja que pertenecieron al MAR.
14 de enero de 2011
©verdad abierta

invasión en curvaradó

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Las tierras de Curvaradó, de nuevo invadidas. Violando las órdenes de la Corte Constitucional, cientos de personas ocuparon predios que los afrocolombianos habían logrado recuperar de las manos de palmicultores y de paramilitares en el Chocó.

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Colombia. La tranquilidad de los campesinos afrocolombianos del río Curvaradó, en el Alto Atrato chocoano, duró poco.
En 2010, la Corte Constitucional ordenó proteger sus vidas y sus tierras y la Fiscalía empezó a investigar a 24 palmicultores que presuntamente se aliaron con paramilitares para robar sus predios.
Sin embargo el 13 de diciembre, cientos de desconocidos de Urabá, Córdoba y varios municipios de Chocó invadieron las propiedades de familias que viven en la cuenca del Curvaradó desde hace más de 40 años.
Según la denuncia de los campesinos, publicada por la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, son más de 300 hectáreas afectadas en Las Camelias y Andalucía, veredas de Carmen del Darién, Chocó.
Los invasores ya levantaron ranchos, talaron árboles, limpiaron los predios y desviaron las quebradas para cultivarlos y ocuparlos, en tierras separadas por la comunidad de La Camelia como reserva forestal de la biosfera. Predios que hace sólo unos años, antes de que la justicia se los restituyera a los campesinos de Las Camelias, ya habían sido trabajados por empresas palmicultoras.
"Es la misma lógica, el mismo plan que hace unos años, para no dejar que las tierras sean restituidas", le dijo a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias. A finales de los noventa los afrodescendientes de la región fueron desplazados después de sufrir episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. Cuando regresaron, encontraron sus fincas sembradas con palma africana y con letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad sobre esas tierras.
Aunque en 2006 el Bloque Élmer Cárdenas se desmovilizó, los ‘paras’ no se han ido. Campesinos cuentan que Jaison Salinas, alias ‘El Llanta’, de las Águilas Negras, intimida y amenaza los campesinos y controla el transporte fluvial del Atrato.
Según el reporte, ‘El Llanta’ en una reunión les prometió "parcelas navideñas" a los invasores y que el Incoder iba a legalizar las tierras que ocuparon. Una de los asistentes tomó la palabra y dijo: "el que quiera tierra debe meter el culo, (…) quién ingrese recibe un mercado durante tres meses para hacer los trabajos, recibe las semillas y todos los costos para jornalear" y añadió: "la tierra es para trabajarla, allá hay mucha tierra abandonada y el que vaya a entrar para allá debe estar dispuesto".
Habitantes del Alto Atrato también le contaron a VerdadAbierta.com que una emisora local divulga que todo aquel que necesite tierras puede ir a Las Camelias que allá están parcelando y que les están pagando 180 mil pesos a los invasores por hectárea rozada, o sea limpiada de rastrojo y lista para ser cultivada.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, varios invasores afirmaron tener respaldo de miembros del Ejército y de una empresa bananera, amenazaron con ocupar a más grande escala y advirtieron que "si se metían con los cambuches, no respondían". Así, se teme que puedan ser más de 500 hectáreas que terminen en manos de los repobladores.
"La situación es crítica, empezamos el año mal, de nuevo invadidos, creemos que es una nueva estrategia de los paramilitares para burlar la orden de la Corte Constitucional", le dijo a VerdadAbierta.com un abogada bogotana que defiende los derechos de la comunidad afrocolombiana.

Los Largos Trámites para Desalojar
Cuando hay una ocupación de la propiedad privada, los afectados la denuncian en la Inspección de Policía, que hace una comisión de inspección y ordena el desalojo, un proceso que normalmente no se demora más de tres días hábiles. En Carmen del Darién un mes no ha sido suficiente para lograr el trámite.
Sólo tres días después de las primeras invasiones el consejo comunitario de Las Camelias fue a presentar la queja ante la Inspectora de Policía del Carmen del Darién, Luz del Carmen Londoño. "La funcionaria no apareció, ni el alcalde, ni el secretario de gobierno. Los agentes de Policía dijeron que sin orden de la inspectora no podían hacer nada", le contó a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias.
Los campesinos de Las Camelias siguieron solicitando una orden de desalojo las siguientes semanas, pero en la administración les contestaron que "tenían derecho a vacaciones" o que "no tenían con que pagar el transporte hasta la comunidad", que está a dos horas en lancha del Carmen del Darién.
En comunicación con VerdadAbierta.com, Carmen Londoño, la Inspectora de Policía, dijo que en diciembre la comunidad sólo presentó un informe de la situación, y no instauró una querella. Hasta el 30 de diciembre presentaron la denuncia y por la temporada navideña, la inspección sólo se pudo hacer el 7 de enero.
El acta de inspección ocular, conocida por VerdadAbierta.com, comprueba que predios de Las Camelias fueron ocupados ilegalmente. Según dice el representante de los repobladores: "creíamos que estas tierras eran baldíos, decidimos agruparnos y trabajar estas tierras". La Inspectora de Policía costató la invasión, pero dijo que todavía no iba a dar una orden de desalojo, pues según ella, los repobladores "ya se estaban yendo de Las Camelias de forma voluntaria".
Por su parte el Incoder se pronunció sobre las presuntas promesas de legalización de los predios que les están haciendo a los invasores. En un comunicado dice que la toma de los predios en el Alto Atrato es fraudulenta, y que "según información de habitantes de la zona, alrededor de 300 familias están reunidas en el consejo comunitario Las Camelias esperando la adjudicación de la "parcela navideña", lo cual es un engaño".
El Instituto aclaró que: "No se pueden adelantar procesos de adjudicación sobre terrenos que no hacen parte de su patrimonio y no ostentan la calidad de tierras baldías de la nación y menos disponer de los territorios colectivos titulados que le pertenecen a las comunidades negras. Cualquier persona que entre a estos territorios lo hará como ocupante de mala fe".

La Estrategia de la Repoblación
Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93, y como tal están regidas por un Consejo comunitario. Sin embargo la llegada de repobladores y propietarios de mala fe y el desplazamiento de los habitantes originales, modificó los consejos comunitarios.
Por eso, La Corte Constitucional en varios autos ha ordenado hacer un censo completo de la población de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó para que el proceso de restitución sea transparente.
Para los campesinos del Curvaradó hay temor de que la estrategia de repoblar e invadir predios de la comunidad esté ligada al censo, que estaba previsto para mediados de 2010 pero que aún no se ha organizado. Uno de ellos le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas agroindustriales han hecho grandes inversiones en el área, muy productiva, con abundante agua y cercana a centros de exportación.
En el auto 384 de 2010 expedido en diciembre pasado, la Corte Constitucional reitera las obligaciones del Estado para proteger los campesinos. Esta población, según constató la Corte, sufre una "grave situación de riesgo, así como de amenaza"… vienen siendo sometidas a hostigamientos, señalamientos y persecución".
Desde que empezaron a reclamar sus tierras, a pesar de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de doce personas han sido asesinados, entre ellos Argenito Díaz, Benjamín Gómez, Walberto Hoyos. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta amenazas contra por lo menos tres líderes.
Como le dijo un campesino del Curvaradó a VerdadAbierta.com: "Las amenazas están ahí siempre, nos siguen persiguiendo, nos advirtieron: ‘si da un papayazo, los matamos’".
14 de enero de 2011
©verdad abierta

cae testaferro de mancuso

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Capturan presunto testaferro de Mancuso en Córdoba. El abogado Jaime José Pareja Alemán, cercano a políticos del departamento, es acusado de lavado de activos.

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Colombia. El 6 de enero pasado detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron en Montería, Córdoba, a Jaime José Pareja Alemán, señalado de estar a la cabeza de una red de testaferros de bienes de Salvatore Mancuso y otros paramilitares del San Jorge y Sinú, pertenecientes al bloque Córdoba de las Auc.
Después de una investigación de tres años, las autoridades acumularon suficientes pruebas para capturar y acusar a Pareja Alemán. Según el Das, el abogado traspasó bienes de ex ‘paras’.
Un mes antes también detuvieron a Rodrigo Manuel Brieva Caraballo, Antonio María Petro Hernández y Gonzalo Riaño Vargas, que supuestamente conformaban la misma red de testaferros.
Dentro de la operación, se ocupó el hotel Corralejas en la vía entre Tierralta y Urrá, Córdoba, avaluado en 5.000 millones de pesos, que fue entregado a la Dirección Nacional de Estupefacientes. El inmueble, según la investigación, fue primero de Mancuso y después pasó a las manos de Jairo Angarita, alias ‘Andrés’, ex jefe ‘para’ asesinado, que querían ocultarlo a las autoridades después del proceso de desmovilización.
Pareja es el padre del diputado de Córdoba, Jaime Isacc Pareja Náder y defensor de varios dirigentes políticos. Rodrigo Brieva fue concejal en Montería y formó parte de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes que acompañaron a Miguel Alfonso de la Espriella en el período 2002-2006.
13 de enero de 2011
11 de enero de 2011
©verdad abierta