Blogia
mQh

derechos humanos

juez garzón sobre las abuelas


El juez español Baltasar Garzón: "Un trabajo memorable".
Madrid, España. "El apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo para el Nobel de la Paz es obligado para alguien que cree que la justicia es uno de los caminos para la paz, y las Abuelas han demandado y demandan justicia frente a crímenes que atacan a la comunidad internacional", expresa desde Madrid el juez Baltasar Garzón. Horas después de ser premiado en Turquía por su defensa de los derechos humanos, el asesor del Tribunal Penal Internacional dice que "la perseverancia en la exigencia de justicia ha contribuido y contribuye a fomentar la convivencia pacífica en Argentina y en el mundo."

¿Cuándo se enteró del trabajo que hace la organización?
Conocí la organización en 1996, con ocasión de las investigaciones en el caso Argentina, conocido en España como caso Scilingo (N. de R.: por el marino condenado por genocidio por Garzón). En el marco del mismo se abrió un anexo para indagar la existencia de posibles "niños robados". Se investigó con esmero y dedicación formando, incluso, un grupo policial para ello, aunque no se cristalizó en el hallazgo de alguno de ellos.

¿Cree que su participación en el Consejo de Notables es un reconocimiento al apoyo que ha obtenido en Argentina por parte de las Abuelas y de otras organizaciones de derechos humanos?
La inclusión en el Consejo ha sido para mí un honor y sólo pretendo que esto pueda contribuir a visibilizar la importancia de esta candidatura. Me siento honrado por el apoyo que las Abuelas siempre han hecho de mi trabajo y el de tantos otros jueces que, desde la convicción de que la impunidad, no puede triunfar, trabajamos por la justicia y la reparación de las víctimas.

¿Qué papel cree que juegan organizaciones como Abuelas en la lucha por el derecho a la verdad?
Sin lugar a dudas el papel de Abuelas en la lucha contra la impunidad ha resultado esencial, junto con otros colectivos también empeñados en que no se cierre la página de la represión sin una respuesta a las atrocidades cometidas. Se trata –y esto es lo que siempre reclamaron y reclaman Abuelas– de que los victimarios respondan ante la Justicia, y que ésta, con todas las garantías que impone el Estado de derecho, diga la última palabra. La verdad judicial es necesaria para avanzar en la democracia y la reconciliación en la Argentina.

Siendo que es la tercera vez consecutiva que se impulsa la candidatura, ¿cómo evalúa las chances de que la organización obtenga el galardón?
Espero que este año el Comité reconozca la importancia de los aportes que Abuelas de Plaza de Mayo hace con su trabajo memorable en la recuperación de la identidad de más de cien personas, el impulso a los juicios y la reivindicación del rol de la sociedad civil frente a la violación masiva de los derechos humanos y en favor de la paz y la concordia entre los ciudadanos que sufren la acción de la violencia. Sólo aprendiendo de este esfuerzo podemos aspirar a no repetir la misma historia. Otorgar el premio a Abuelas no sólo es de justicia, sino que marcará el camino para generaciones venideras en la lucha contra la indiferencia y la impunidad y, por ende, en favor de la paz en el mundo.
26 de septiembre de 2010
©página
rss

onu condena masacre de flotilla


En un duro informe, acusa al gobierno israelí y exige el fin del bloqueo de Gaza. El informe dictamina que el asalto "violó de forma flagrante las leyes de derechos humanos y humanitarios" y que la conducta "irracional" de Israel no encuentra justificación. Lieberman respondió que el texto es "tendencioso".
[Lucas Farioli] Ankara, Turquía. Según ha determinado este miércoles el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el ataque del 31 de mayo en contra de la flotilla humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, existen "claras pruebas que apuntalarían las medidas legales contra Israel".
Según los investigadores, el ataque que la marina israelí efectuó en aguas internacionales contra una flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza (incidente que se saldó con nueve muertos de nacionalidad turca y una crisis sin precedentes entre Turquía e Israel) fue "desproporcionado" y se "utilizó la fuerza de forma sorprendente e innecesaria".
Asimismo, el informe dictamina que el asalto "violó de forma flagrante las leyes de derechos humanos y humanitarios", añadiendo que la conducta de "total irracionalidad por parte de Israel no encuentra justificación sobre las bases de seguridad y defensa" y que la actitud de las fuerzas armadas israelíes incluyeron "cotas inadmisibles de brutalidad".
La comisión también ha destacado que el 31 de mayo de 2010, día del ataque, existía en los territorios ocupados de Gaza "una crisis humanitaria" y que "el peso de las pruebas presentadas por diversas fuentes impecables es tan abrumador que hace imposible tener otra opinión al respecto". Acerca de esta cuestión, el informe sentencia que "el bloqueo es totalmente ilegal" y urge a Israel a "suprimirlo de inmediato".
Según los tres expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 147 de la Convención de Ginebra, en el incidente marítimo son claramente imputables: "Asesinato premeditado, tortura, trato inhumano e intención de heridas graves". Los expertos recaban en el hecho de que esto es sólo una fracción de lo que podría haber pasado puesto que "no ha habido tiempo para reunir una lista completa de los abusos perpetrados por los soldados israelíes".
El informe lo firman Karl T. Hudson-Phillips (de Trinidad y Tobago y anterior juez del Tribunal Criminal Internacional en La Haya), Sir Desmond de Silva (juez miembro del Queen’s Council en el Reino Unido y fiscal jefe del Tribunal por los Crímenes de Guerra de Sierra Leona) y Mary Shanthi Dairiam (de Malasia, antiguo miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación a las Mujeres).
Los expertos han destacado que para poder imputar a los responsables de estas infracciones se necesita irremediablemente la colaboración del gobierno israelí, "que no es dado a cooperar con las instituciones internacionales a la hora de esclarecer abusos sistemáticos cometidos por su personal militar".
Las durísimas conclusiones del informe salen a la luz el día que, según fuentes anónimas citadas por el diario Hürriyet, Murat Karayilan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, organización considerada terrorista por Turquía, EE.UU. y la UE), alentara a las autoridades israelíes a cortar vínculos con Turquía.
"El traspaso de armamento de última generación (en referencia a los aviones no tripulados Heron que Israel vendió a Turquía) es una contribución de Israel a nuestra erradicación como pueblo. Nuestros enemigos son también los enemigos de Israel", dijo Karayilan, en referencia a la mejora de las relaciones entre Turquía, Irán y Siria.
Aunque sin pruebas concretas, ya han sido varios los medios turcos que a través de sus columnistas sugieren que el Mossad y oficiales israelíes fuera de servicio podrían estar asistiendo a la guerrilla separatista kurda. Esta interpretación también ha sido confirmada por un oficial de las fuerzas armadas turcas destinado en las zonas de conflicto y que opina desde el anonimato.
Conspiraciones aparte y a pesar de que Turquía e Israel continúan cooperando en materia militar y comercial, lo cierto es que el informe de la ONU representa un baldazo de agua fría para el Ejecutivo que lidera Benjamin Netanyahu, muy desacreditado a nivel internacional. Esto posiblemente contribuya al deterioro de las ya dañadas relaciones entre las dos potencias regionales. Ante estas circunstancias, según apuntan algunos medios locales, el PKK no ha desperdiciado la ocasión para intentar sacar la máxima rentabilidad política.
Desde el consulado israelí de Estambul y en la embajada en Ankara rechazaron realizar declaraciones al respecto para este medio. Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores, cartera bajo el mando del durísimo político Avigdor Lieberman, tacharon el informe de las Naciones Unidas de "tendencioso y parcial", asegurando que "Israel, como nación democrática de plenos derechos, ha aceptado tomar parte en el marco de la investigación" que también realiza la Secretaría General de la ONU.
Por su parte, Huseyin Oruc, activista de la organización humanitaria turca IHH Insani Yardi Vakfi (organización desde donde partió la iniciativa "flotilla de la libertad"), testigo presencial del abordaje israelí en el Mavi Marmara, declaró al conocer el contenido del informe: "Creemos que es un informe importante y quizás lo más verosímil de todo lo que se ha dicho en las Naciones Unidas sobre el incidente. El informe es justo, ecuánime y ha descrito muy bien la situación que tuvo lugar en aquel día. Es un paso muy importante porque por primera vez las Naciones Unidas condenan de forma explícita la brutalidad israelí y el asesinato de nuestros compañeros".
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
©página 12
rss

informe condena violencia judía


Israel tacha de ’tendencioso’ el informe de ONU sobre el asalto a la flotilla. Expertos determinaron que el Estado israelí cometió una "grave violación de derechos humanos". Brutal e injustificada agresión.
Naciones Unidas. Israel considera "parcial" el informe difundido por la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el asalto el pasado 31 de mayo pasado a una flotilla cargada con ayuda humanitaria para la franja de Gaza.
"El informe publicado es tendencioso y parcial, al igual que lo es el organismo que lo ha elaborado", se indica en un comunicado difundido por el Ministerio israelí de Exteriores.
El asalto del Ejército israelí a la flotilla humanitaria, que tenía por misión tratar de romper el bloqueo de Gaza, y que se saldó con la muerte de nueve activistas turcos, fue "desproporcionado" y de una "increíble e innecesaria violencia", según afirma el informe elaborado por esa misión de la ONU.
Recibido con beneplácito en Turquía, país de donde procedían la mayor parte de los activistas a bordo de las embarcaciones, el texto asevera que "el ataque conllevó un nivel inaceptable de brutalidad, una conducta que no puede ser justificada sobre bases de seguridad u otras".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores refiere que, "como es de esperar de un país democrático, Israel ha investigado -y sigue haciéndolo- los sucesos en torno a la flotilla que iba a Gaza. El panel investigador del Ejército israelí, encabezado por el general Giora Eiland, ha finalizado su trabajo. El Comité Turkel, que incluye a dos observadores internacionales continúa su labor".
Afirma que "en una decisión sin precedentes, Israel ha aceptado tomar parte en el panel de investigación fijado por la Secretaría General de la ONU, que también investiga lo sucedido".
El documento israelí añade que el abordaje militar a la flotilla es un suceso que ha sido "amplia y suficientemente investigado" y en este sentido, "todo tratamiento que se haga de la cuestión es superfluo e improductivo".
23 de septiembre de 2010
©el tiempo
rss

europa arremete contra francia


Francia rechazó el reproche de la UE por las expulsiones de gitanos. El gobierno del presidente francés Nicolas Sarkozy calificó de "inaceptables" e "irreverentes" las duras críticas formuladas ayer por la Comisión Europea a las deportaciones de gitanos.
París, Francia. Viviane Reding, responsable de Justicia y Derechos Fundamentales de la UE, había tildado de "vergonzosa" la actitud de Francia y alegó que "no le quedará otra salida sino lanzar un procedimiento de infracción", tras comparar las expulsiones con las deportaciones de la Segunda Guerra Mundial.
La respuesta de París a las críticas de la comisaria de Justicia europea, Viviane Reding, comenzó con una airada reacción del funcionario número uno para los asuntos de Europa, seguida por declaraciones más conciliadoras de la oficina de Sarkozy, que dijo preferir una discusión calma a una "controversia estéril".
En conferencia de prensa en Bruselas, Reding dijo ayer que las expulsiones de gitanos de Francia son una "vergüenza" y que recomendará a la Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) que inicie un procedimiento legal contra París por aplicación discriminatoria de las leyes de libertad de movimiento del bloque.
"Esto no se trata de avivar la controversia, ni con la Comisión ni con el Parlamento europeo. Sin embargo, algunas declaraciones simplemente no son aceptables", dijo un vocero de la Presidencia francesa que habló en condición de anonimato, en línea con la política de comunicación de la oficina de Sarkozy.
"Es momento de un diálogo calmo para lidiar con el centro de la cuestión. Hay un deseo de lidiar con las cosas desde el fondo más bien que embarcarse en una controversia estéril", agregó el portavoz, citado por la agencia de noticias DPA.
Más temprano, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, se mostró mucho más combativo y crítico sobre los dichos de Reding. "Esta clase de desliz en el que incurrió es irreverente. Ya es suficiente de su parte, mi paciencia tiene su límite, esa no es manera de hablar a un gran Estado", dijo Lellouche a la radio RTL.
Reding dijo que la situación le recordaba a las deportaciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de judíos, gitanos y otros denominados "indeseables" fueron expulsados de Francia y enviados a campos de concentración nazis por el gobierno colaboracionista con Berlín establecido en Francia en la ciudad de Vichy.
"Como ministro francés, como ciudadano francés, como hijo de alguien que peleó en las fuerzas francesas contra los nazis, no puedo dejar que la señora Reding diga que Francia en 2010 es la Francia de Vichy", señaló Lellouche.
Francia expulsó este año a más de 8000 gitanos a sus países de origen, sobre todo Rumania, y desmanteló más de 100 campamentos ilegales. París dice que todo forma parte de una política contra la inmigración ilegal y no una acción deliberada contra los gitanos.
15 de septiembre de 2010
©página 12
rss

dijeron no al racismo


Más de 130 protestas contra la política de seguridad de Sarkozy. Todos los sindicatos de Francia, el Partido Socialista, los verdes, la extrema izquierda, Amnistía Internacional, Attac, Emmaus, los grupos de defensa de los inmigrados y decenas de asociaciones se sumaron a las manifestaciones.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Una inmensa bandera francesa desplegada en la estatua de la Place de la Republique, con una mancha en el medio donde podía leerse "sarkozysmo", presidió las más de 100 manifestaciones que se llevaron a cabo en toda Francia contra la política de seguridad del presidente Nicolas Sarkozy. Hacía muchos años que no se veía una movilización tan nutrida en defensa de quienes han sido objeto de un ensañamiento particular por parte del Ejecutivo: los extranjeros y en particular los gitanos, cuyas deportaciones y cierre de campamentos fueron condenadas por las Naciones Unidas. Con París a la cabeza y unas 50 mil personas en la calle (12.000 según la policía), más de 130 ciudades del país respondieron al llamado de la Liga de Derechos Humanos. La LDH convocó a manifestar bajo el eslogan "frente a la xenofobia y la política de la demolición, libertad, igualdad, fraternidad". Todos los sindicatos de Francia, el Partido Socialista, los verdes, la extrema izquierda, Amnistía Internacional, Attac, Emmaus, los grupos de defensa de los inmigrados y decenas de asociaciones se sumaron a las marchas contra una política que ha llegado incluso a dividir a la misma derecha.
Una orquesta de jazz gitano abrió la manifestación parisina que se inició en la Place de la Republique. Miles de personas desfilaron por las calles de la capital francesa con pancartas y al son de la canción de Manu Chao, ‘Clandestino’. "El mundo debe saber que en este país hay gente que no pierde ni la razón, ni la humanidad, ni la dignidad, ni la memoria", decía a Página/12 una encolerizado sindicalista de la CGT. Al lado de él, Elizabeth, una contadora de 50 años que llevaba una pancarta que decía "Somos todos extranjeros", explicó a Página/12 que "la seguridad de una democracia no puede justificar que se viole el derecho, que se designen como chivos expiatorios a los extranjeros, que se nieguen los valores que hicieron de Francia lo que es. Con Sarkozy estamos volviendo a la Edad Media, estamos entrando en el túnel de la xenofobia oficial". Los carteles que poblaron las calles tenían mensajes del mismo tono: "No a la represión", "basta de xenofobia". En este contexto, la Liga de Derechos Humanos denunció el hecho de que "en pocos días las más altas autoridades del Estado pasaron de la explotación de los prejuicios sobre los gitanos a la relación entre inmigración y delincuencia".
Hace poco más de un mes, en la localidad de Grenoble, Nicolas Sarkozy abrió la caja de Pandora con un agresivo discurso contra los extranjeros. Allí, entre otras cosas, anunció que se le retiraría la nacionalidad a los extranjeros naturalizados que cometieran ciertos delitos contra las fuerzas del orden. Antes, a raíz de una serie de disturbios que se produjeron entre gitanos y policías en la localidad de Saint-Aignan, el Ejecutivo había preparado un cóctel represivo destinado a los gitanos: desmantelamiento de sus campamentos y deportaciones de gitanos hacia Rumania y Bulgaria fueron las principales medidas anunciadas por el ministro de Interior, Brice Hortefeux. La ONU, Amnistía Internacional y varios organismos europeos las condenaron. Jean Pierre Dubois, presidente de la LDH, explicó en una columna publicada por el portal Mediapart (el que sacó el escándalo L’Oréal) que "cuando los términos del debate político convierten a los extranjeros y a aquellos a los que se asimila en responsables de nuestros miedos, cuando el pretexto del orden público no es más que la coartada de un orden injusto, es entonces el espíritu y la letra de los principios que fundan la República y la democracia los que están en peligro". La derecha no lo entiende en esos términos. El partido gubernamental UMP y los ministros de Interior e Inmigración e Identidad Nacional desacreditaron las manifestaciones. Eric Ciotti, secretario nacional de la UMP encargado de la seguridad, deploró la "indulgencia culpable con aquellos que pisotean las leyes de la república". Brice Hortefeux, titular de la cartera de Interior, declaró que "con el pretexto de querer defender los derechos humanos, la manifestación no hace más que aceptar el laxismo, demostrar el angelismo y rehusar todo realismo".
El discurso oficial está esbozando dos Francias: una, víctima de la incomprensión del mundo y de las instituciones internacionales y cercada por la delincuencia y las turbulencias de los extranjeros; y otra aún apegada a los valores históricos de una nación igualitaria que promovió en toda la tierra la aceptación del otro y la solidaridad. La manifestación de ayer fue la primera del otoño naciente. Contrariamente a otras marchas, esta reunió gente de horizontes muy diversos: grupúsculos de izquierda, gente de derecha, anarquistas, asociaciones militantes por los derechos cívicos, sindicalistas, personalidades como la esposa del difunto presidente socialista François Mitterrand, Danielle Mitterrand, cantantes como Jane Birkin, familias enteras con niños en los hombros, inmigrantes sin papeles, jóvenes bachilleres y personas sin más filiación que la indignación que les provocó la meditada puesta en escena de la deportación de los gitanos. Un grupo de gitanos de la localidad de Choisy-Le-Roy, cuyo campamento fue desmontado el pasado 12 de agosto, encabezó la caminata en la capital francesa. Una de las hijas de los gitanos llevaba un cartel que decía "nos decían que eran nuestros amigos". Alrededor de ellos, miles de jóvenes se acercaban a alentarlos. Casi todos llevaban una pegatina que exigía lo que el Ejecutivo francés está perdiendo cada semana que pasa: "Respeto".
5 de septiembre de 2010
©página 12
rss

fallo correcto


Generosa jurisdicción en materia de delitos contra el derecho de gentes.
Argentina. "La jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es una regla reconocida internacionalmente y nuestra Constitución, en el artículo 118, tiene una norma muy generosa en materia de jurisdicción frente a crímenes internacionales o delitos contra el ‘derecho de gentes’", destacó Pablo Parenti, profesor de derecho penal internacional. "En este sentido, el fallo de Cámara es correcto, en tanto exige analizar fehacientemente si se dan o no los presupuestos para ejercer la jurisdicción universal en el caso de los delitos del régimen franquista", agregó. A diferencia de lo dictaminado por el fiscal Federo Delgado, el coordinador de la Unidad Especial de la Procuración General que interviene en causas por delitos durante la dictadura consideró que "realmente nada indica que España esté investigando estos hechos; por el contrario, existe un proceso para remover al juez Garzón, suspendido por pretender investigar estos delitos".
5 de septiembre de 2010
©página 12
rss

juez contra el franquismo


"En España hay mucho retraso". Carlos Slepoy, abogado impulsor del proceso.
[Diego Martínez] Argentina. El abogado argentino Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, está feliz por partida doble. La resolución de la Cámara Federal implica no sólo reconocer la competencia de la Justicia argentina para investigar delitos de lesa humanidad en España, sino también aceptar el criterio de los querellantes de extender la investigación hasta el retorno de la democracia, en 1977, con lo cual se amplía el universo de potenciales imputados que tarde o temprano perderán su impunidad.

¿Cómo recibió la resolución?
Es muy importante. La resolución no sólo le ordena a la jueza iniciar la investigación, también le dice que envíe un exhorto a España a efectos de determinar si existen investigaciones y más importante aún, acepta que debe investigarse el período que propusimos, desde 1936 hasta 1977, toda la dictadura franquista, que ni siquiera consideraba el juez Garzón, que llegaba hasta 1952.

¿Cuál era el criterio de Garzón?
Planteó que sólo entre 1936 y 1952 se había acreditado la desaparición forzada de personas y el secuestro de niños. Nosotros planteamos que los delitos de lesa humanidad se prolongaron durante toda la dictadura. La aceptación implica que van a ser investigados los responsables de los distintos fenómenos represivos. Ante el planteo de que la mayor parte de los responsables están muertos, se abre un período amplísimo, con muchos responsables vivos. Paralelamente al exhorto que envíe la jueza vamos a pedir que se soliciten todas las pruebas que pedimos, empezando por la identificación de ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de los dirigentes de la Falange.

La Cámara le ordenó a la jueza preguntar si efectivamente se están investigando los crímenes del franquismo. ¿Las causas siguen paralizadas o hubo avances en alguna instancia?
Las causas están paralizadas. La prueba más evidente es que Garzón está procesado, en vías de ser inhabilitado y temporalmente suspendido por su actuación en esta causa. Cuando Garzón se inhibió envió las pruebas (que vamos a pedir que remitan a la Argentina) a cincuenta juzgados provinciales. Ninguno puso en marcha una investigación y sólo unos pocos están supervisando la identificación de fosas comunes. Todo recae en los familiares y las asociaciones para la memoria histórica, que investigan con ayuda de antropólogos forenses, incluso estuvo (Luis) Fondebrider (del Equipo Argentino de Antropología Forense). Pero no hay una causa penal en curso. Por eso queremos que en paralelo al exhorto se produzca la prueba, porque la persecución de estos crímenes no actúa de manera subsidiaria sino concurrente con las actuaciones en otros tribunales.

Cuando Garzón impulsó la investigación sobre Argentina chocó con la resistencia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. ¿Qué expectativa tiene sobre la respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero?
Por los antecedentes no podemos tener ninguna confianza en que colaboren. Sin embargo, esperamos que así sea. Lamentablemente, el gobierno español, a través del fiscal general, dio instrucciones para que los fiscales paralicen los procedimientos. De todas formas, confiamos en que el gobierno sea fiel e informe la real situación de los procesos. La sensación es que van a dar informaciones confusas para tratar de dilatar.

La Cámara destaca el derecho a conocer la verdad sobre el destino de las víctimas, planteo que en la Argentina, con leyes de impunidad vigentes, derivó en juicios por la verdad. ¿Podría darse un proceso similar si se comprobara que los imputados españoles están muertos?
El problema no es si están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No olvidemos que aún se está condenando a criminales nazis. La única alternativa es conocer la verdad histórica y en España ni siquiera existe una comisión por la verdad. El retraso es enorme, patético, teniendo en cuenta que fue uno de los mayores genocidios del siglo XX. De todas formas, el proceso se aceleró en los últimos años con las asociaciones por la memoria histórica y el trabajo de los nietos. Es un trabajo subterráneo que en el último tiempo adquirió enorme potencia, incrementada con las actuaciones de Garzón. No olvidemos que mientras el proceso estuvo abierto hubo manifestaciones en toda España y llegaron a movilizarse entre sesenta y cien mil personas reclamando investigar los crímenes del franquismo.

La causa vuelve a manos de la jueza que para querellantes y camaristas dictó una resolución infundada. ¿Puede afectar ese decisión al impulso de la causa?
Esperemos que no. La jueza interpretó que como no había impulso del fiscal no podía llevar adelante el procedimiento, pero también dijo que no entraba a considerar las argumentaciones del fiscal. Superado ese obstáculo pensamos que actuará a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa.
5 de septiembre de 2010
©página 12
rss

investigar crímenes del franquismo


La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.
[Diego Martínez] Argentina. Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.
El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino "a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto". El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.
Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría "carece de fundamentación y sustento" y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por "no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente" para rechazar la apertura de la investigación.
Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.
La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.
"Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa", se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. "El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia."
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
©página 12
rss