EL DEDO DE LA JUSTICIA INSISTE EN APUNTAR A PINOCHET
Queda todavía mucho por descubrir sobre el repentino enriquecimiento del general Pinochet en los años noventa. La familia, que negó inicialmente tener esas cuentas, termina confesando que son ahorros personales.
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Santiago, Chile. A sus 88 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet volvió esta semana al banquillo de los acusados tras el descubrimiento de millonarias cuentas secretas que mantuvo en Estados Unidos, en una denuncia que estalló como una bomba de tiempo en Chile. La sombra de un "lavado de dinero" para ocultar presuntos actos de corrupción durante su régimen persigue ahora al general Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, con una secuela de más de 3.000 muertos y desaparecidos.
Su posible "enriquecimiento ilícito" quedó al descubierto después que una comisión del Senado estadounidense reveló sus cuentas en el Riggs Bank de Washington, con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares.
Pinochet reaccionó "confundido" cuando la onda expansiva de la revelación llegó hasta su elegante residencia del barrio La Dehesa, al este de Santiago, donde permanece bajo el cuidado de sus médicos y retirado de la vida pública.
En este lugar, el ex dictador enfrenta solo la denuncia, sin la compañía de sus antiguos aliados políticos que lo aplaudieron cuando se hallaba en la cima del poder y entregó una declaración jurada de sus bienes en una notaría de Santiago, el 12 de septiembre de 1975.
"Cuando tenga que irme llegaré hasta la notaría y retiraré mi sobre con mis haberes. Nada más", dijo entonces, en tono enérgico. "Incluso a lo mejor me voy con menos de lo que tenía cuando asumí este cargo", agregó, tras consignar en el documento la posesión de una casa y un automóvil.
Los senadores estadounidenses descubrieron que Pinochet realizó sus depósitos entre 1994 -cuatro años después de entregar el poder y cuando aún conservaba el mando del Ejército- y 2002, año en que la Corte Suprema falló que sufría de una demencia moderada y lo liberó de un primer proceso por asesinatos y secuestro.
El juez Juan Guzmán Tapia, que tuvo en sus manos ese proceso y sigue investigando crímenes atribuidos a su régimen, ordenó el jueves un catastro de los bienes de Pinochet en Chile, que abogados de organizaciones humanitarias intentan embargar.
Un informe de la consultora privada Dicom, al que tuvo acceso la AFP, consigna que Pinochet posee en Chile 11 bienes inmuebles por un valor estimado en 1,3 millones de dólares.
Dos departamentos en Viña del Mar, una residencia en la norteña cuidad de Iquique, un extenso terreno con casa en la zona montañosa de El Melocotón, al sudeste de Santiago, además de su residencia en La Dehesa, conforman ese patrimonio.
En una investigación paralela a la de Guzmán Tapia, el magistrado Sergio Muñoz deberá determinar el origen de los fondos que Pinochet mantuvo en Washington, tras una denuncia que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que asesora al Gobierno, y la querella que plantearon los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza.
Inicialmente el hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, negó la denuncia, pero en los días siguientes admitió la autenticidad de los depósitos y aseguró que "este dinero es de donaciones y de sus ahorros personales".
"Los hechos en este minuto se presentan como lavado de dinero y de dinero ilícito" que podría provenir de actos de corrupción, advirtió en cambio la presidenta del CDE, Clara Szczaranski.
Si Pinochet demuestra que recibió donaciones privadas se generaría un problema de "evasión tributaria", por ingresos no declarados, pero si ese dinero provino de los recursos del Estado, existiría "fraude al Fisco", afirmaron los abogados Hertz e Insunza.
El presidente Ricardo Lagos, que el lunes se reunió en Washington con el presidente George W. Bush, aseguró ante la prensa norteamericana que en Chile "nadie está por encima de la ley".
Las indagaciones sobre su patrimonio se suman a la investigación que llevan adelante los tribunales chilenos por la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la Operación Cóndor', que aplicaron las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores.
En una primera etapa del proceso, el ex dictador fue privado de su fuero el pasado 28 de mayo, después que los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago estimaron que "tuvo conocimiento" de la operación secreta y que estuvo en condiciones de impedir los crímenes.
Pero esa decisión espera la palabra definitiva de la Corte Suprema, la misma que el 1 de julio de 2002 lo liberó por sus signos de demencia.
26 de julio de 2004
©mipunto
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