DESACUERDOS SOBRE DERECHOS LEGALES DE DETENIDOS EN GUANTÁNAMO - neil a. lewis
La guerra en Iraq hace olvidar la suerte de los detenidos en Guantánamo. El gobierno norteamericano se niega a acatar las resoluciones de la Corte Suprema. Desesperada situación de la ley en Estados Unidos.
Bahía de Guantánamo, Cuba. Desde el momento en que el gobierno de Bush decidió usar la base naval aquí como una colonia penal para acusados de terrorismo, sus personeros decidieron mantener fuera del alcance de los tribunales norteamericanos todo lo que pasara en él.
Pero una resolución de la Corte Suprema en junio interrumpió esos planes cuando los jueces determinaron que los prisioneros de Guantánamo debían tener acceso a algunos derechos, especialmente la posibilidad de que sus alegatos de que habían sido encarcelados injustamente fueron vistos por un juez federal. Pero lo que los jueces quisieron decir sobre lo lejos que podía llegar el gobierno para detener a los prisioneros en Guantánamo ha provocado un fuerte debate que ahora se representará en tribunales ordinarios.
Los abogados de muchos de los detenidos, incluyendo los que son nombrados en la resolución de la Corte Suprema, dicen que el gobierno de Bush ignora intencionalmente el mandato y comete desacato.
Mencionan el rechazo del gobierno a reconocer que los detenidos deben tener acceso libre a abogados para presentar sus casos ante jueces federales. Más ampliamente, argumentan que el gobierno está tratando de alegar asuntos que ya perdió en la Corte Suprema, especialmente que los detenidos tienen derechos plenos a impugnar sus detenciones ante tribunales ordinarios.
El ministerio de Justicia respondió a las demandas de los abogados de los detenidos con un lenguaje notablemente similar al que usó hace casi dos años en un caso que ya perdió.
"La idea de que la Constitución de Estados Unidos permite un proceso debido y otros derechos a enemigos extranjeros detenidos fuera del país y confinados fuera de territorio soberano norteamericano es contrario a la ley y a la historia", se afirma en un escrito reciente del gobierno, haciéndose eco de un escrito presentado en el primer caso ante la Corte Suprema.
Thomas Wilner, un abogado de varios detenidos que estuvieron involucrados en la demanda original, dijo en su escrito que la moción del gobierno era "simplemente escandalosa".
"Es una violación directa de las leyes federales y simplemente repite los mismos argumentos hechos anteriormente y rechazados por la Corte Suprema", dijo Wilner.
Comparó la conducta del gobierno con la "resistencia masiva" pedida por algunos sureños en respuesta la histórica resolución de la corte prohibiendo la segregación en el caso de Brown versus la Junta de Educación.
Un alto funcionario del ministerio de Justicia dijo en respuesta: "Es fácil para nuestros adversarios decir: Cielos, cuando la Corte Suprema dijo que se debía aplicar el habeas corpus, eso debe significar que hay derechos en juego, que los detenidos están protegidos por la Constitución'". Pero el funcionario, que habló a condición de mantener el anonimato debido a que el litigio está en curso, dijo que la resolución de la corte de que los prisioneros pueden impugnar en demandas llamadas habeas corpus dejan abierta la cuestión para los tribunales ordinarios.
La corte, en una votación de 6 contra 3, determinó en junio que las personas detenidas en Guantánamo como combatientes enemigos ilegales "tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos ante la autoridad de las cortes federales" para impugnar sus detenciones.
El ministerio de Justicia dijo en su escrito que la "corte declina expresamente tratar si y qué otros procedimientos' serían apropiados después de remitirlos a tribunales inferiores" como prueba de que los jueces dejaron abierta la cuestión de si el gobierno estaba obligado a proporcionar más derechos a los prisioneros. Pero la sentencia completa de la opinión principal* dice: "Si y qué procedimientos son necesarios después de que los demandados consideren los méritos de las demandas de los peticionarios son asuntos que no necesitamos tratar ahora".
El profesor Anthony G. Amsterdam de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York dijo que creía que la resistencia del gobierno a reconocer los derechos de los detenidos, incluyendo el derecho a tener un abogado para presentar sus casos era casi contrario a la ética.
"Es simplemente asombroso que se estén comportando como si esos casos no hubiesen sido ya vistos por la Corte Suprema y que esos alegatos no hubiesen sido oídos y rechazados por la corte", dijo el profesor Amsterdam. "Yo no creo que un abogado respetable haga algo semejante y trate lo que es claramente una resolución a favor de que esta gente tiene derecho a presentarse a tribunales como si no existiera".
Dijo que el gobierno aparentemente esperaba aplazar el día en que tendría que explicar caso por caso las razones que se tuvo para encarcelar a esas personas.
El profesor Douglas W. Kmiec de la Facultad de Leyes de la Universidad de Pepperdine dijo que creía que la resolución de la Corte Suprema en junio fue "escrita de una manera deliberadamente incompleta afirmando que [los prisioneros] tenían derecho a una revisión de habeas corpus pero dejando la naturaleza de esa revisión a cargo tribunales distritales". El profesor Kmiec dijo que creía que el gobierno estaba actuando "dentro de sus atribuciones y no está obligado a hacer nada más allá de lo que ya ha hecho".
Un funcionario de alto rango del ministerio de Justicia que pidió no ser identificado dijo que el gobierno entendía que mientras "pensemos que no hay un derecho constitucional a una defensa, entendemos que es una especie de derecho funcional" en la ley federal que cubre las recusaciones del habeas corpus.
El gobierno ha accedido a que los abogados visiten a los detenidos para ayudarles a presentar demandas de habeas corpus pero bajo estrictas condiciones de seguridad que prohíben discutir algunos aspectos de los casos con sus defendidos. Los abogados de la defensa han rechazado esas restricciones.
El gobierno ha alegado también que un nuevo procedimiento legal que aplicó en Guantánamo después de la resolución de la Corte Suprema, los tribunales de revisión de la condición de combatiente, satisfaría las demandas de los jueces de que los detenidos reciban vistas individualizadas. Con ese procedimiento los detenidos pueden impugnar su detención, pero no tienen derecho a abogados ni a ver las evidencias contra ellos. De momento, casi la mitad de los 500 detenidos en la base han tenido esas vistas, y un detenido fue enviado a casa después de que se determinara que no era un combatiente ilegal.
31 de octubre de 2004
17 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Bahía de Guantánamo, Cuba. Desde el momento en que el gobierno de Bush decidió usar la base naval aquí como una colonia penal para acusados de terrorismo, sus personeros decidieron mantener fuera del alcance de los tribunales norteamericanos todo lo que pasara en él.Pero una resolución de la Corte Suprema en junio interrumpió esos planes cuando los jueces determinaron que los prisioneros de Guantánamo debían tener acceso a algunos derechos, especialmente la posibilidad de que sus alegatos de que habían sido encarcelados injustamente fueron vistos por un juez federal. Pero lo que los jueces quisieron decir sobre lo lejos que podía llegar el gobierno para detener a los prisioneros en Guantánamo ha provocado un fuerte debate que ahora se representará en tribunales ordinarios.
Los abogados de muchos de los detenidos, incluyendo los que son nombrados en la resolución de la Corte Suprema, dicen que el gobierno de Bush ignora intencionalmente el mandato y comete desacato.
Mencionan el rechazo del gobierno a reconocer que los detenidos deben tener acceso libre a abogados para presentar sus casos ante jueces federales. Más ampliamente, argumentan que el gobierno está tratando de alegar asuntos que ya perdió en la Corte Suprema, especialmente que los detenidos tienen derechos plenos a impugnar sus detenciones ante tribunales ordinarios.
El ministerio de Justicia respondió a las demandas de los abogados de los detenidos con un lenguaje notablemente similar al que usó hace casi dos años en un caso que ya perdió.
"La idea de que la Constitución de Estados Unidos permite un proceso debido y otros derechos a enemigos extranjeros detenidos fuera del país y confinados fuera de territorio soberano norteamericano es contrario a la ley y a la historia", se afirma en un escrito reciente del gobierno, haciéndose eco de un escrito presentado en el primer caso ante la Corte Suprema.
Thomas Wilner, un abogado de varios detenidos que estuvieron involucrados en la demanda original, dijo en su escrito que la moción del gobierno era "simplemente escandalosa".
"Es una violación directa de las leyes federales y simplemente repite los mismos argumentos hechos anteriormente y rechazados por la Corte Suprema", dijo Wilner.
Comparó la conducta del gobierno con la "resistencia masiva" pedida por algunos sureños en respuesta la histórica resolución de la corte prohibiendo la segregación en el caso de Brown versus la Junta de Educación.
Un alto funcionario del ministerio de Justicia dijo en respuesta: "Es fácil para nuestros adversarios decir: Cielos, cuando la Corte Suprema dijo que se debía aplicar el habeas corpus, eso debe significar que hay derechos en juego, que los detenidos están protegidos por la Constitución'". Pero el funcionario, que habló a condición de mantener el anonimato debido a que el litigio está en curso, dijo que la resolución de la corte de que los prisioneros pueden impugnar en demandas llamadas habeas corpus dejan abierta la cuestión para los tribunales ordinarios.
La corte, en una votación de 6 contra 3, determinó en junio que las personas detenidas en Guantánamo como combatientes enemigos ilegales "tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos ante la autoridad de las cortes federales" para impugnar sus detenciones.
El ministerio de Justicia dijo en su escrito que la "corte declina expresamente tratar si y qué otros procedimientos' serían apropiados después de remitirlos a tribunales inferiores" como prueba de que los jueces dejaron abierta la cuestión de si el gobierno estaba obligado a proporcionar más derechos a los prisioneros. Pero la sentencia completa de la opinión principal* dice: "Si y qué procedimientos son necesarios después de que los demandados consideren los méritos de las demandas de los peticionarios son asuntos que no necesitamos tratar ahora".
El profesor Anthony G. Amsterdam de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York dijo que creía que la resistencia del gobierno a reconocer los derechos de los detenidos, incluyendo el derecho a tener un abogado para presentar sus casos era casi contrario a la ética.
"Es simplemente asombroso que se estén comportando como si esos casos no hubiesen sido ya vistos por la Corte Suprema y que esos alegatos no hubiesen sido oídos y rechazados por la corte", dijo el profesor Amsterdam. "Yo no creo que un abogado respetable haga algo semejante y trate lo que es claramente una resolución a favor de que esta gente tiene derecho a presentarse a tribunales como si no existiera".
Dijo que el gobierno aparentemente esperaba aplazar el día en que tendría que explicar caso por caso las razones que se tuvo para encarcelar a esas personas.
El profesor Douglas W. Kmiec de la Facultad de Leyes de la Universidad de Pepperdine dijo que creía que la resolución de la Corte Suprema en junio fue "escrita de una manera deliberadamente incompleta afirmando que [los prisioneros] tenían derecho a una revisión de habeas corpus pero dejando la naturaleza de esa revisión a cargo tribunales distritales". El profesor Kmiec dijo que creía que el gobierno estaba actuando "dentro de sus atribuciones y no está obligado a hacer nada más allá de lo que ya ha hecho".
Un funcionario de alto rango del ministerio de Justicia que pidió no ser identificado dijo que el gobierno entendía que mientras "pensemos que no hay un derecho constitucional a una defensa, entendemos que es una especie de derecho funcional" en la ley federal que cubre las recusaciones del habeas corpus.
El gobierno ha accedido a que los abogados visiten a los detenidos para ayudarles a presentar demandas de habeas corpus pero bajo estrictas condiciones de seguridad que prohíben discutir algunos aspectos de los casos con sus defendidos. Los abogados de la defensa han rechazado esas restricciones.
El gobierno ha alegado también que un nuevo procedimiento legal que aplicó en Guantánamo después de la resolución de la Corte Suprema, los tribunales de revisión de la condición de combatiente, satisfaría las demandas de los jueces de que los detenidos reciban vistas individualizadas. Con ese procedimiento los detenidos pueden impugnar su detención, pero no tienen derecho a abogados ni a ver las evidencias contra ellos. De momento, casi la mitad de los 500 detenidos en la base han tenido esas vistas, y un detenido fue enviado a casa después de que se determinara que no era un combatiente ilegal.
31 de octubre de 2004
17 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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