menores no serán ejecutados
En una resolución por 5-4 votos, los jueces invocaron normas globales.
Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema abolió ayer la pena de muerte para homicidas menores de edad, una práctica que tenía a Estados Unidos en conflicto con casi todo el resto del mundo.
Una mayoría de 5 a 4 votos estableció que las "normas corrientes de decencia" de la sociedad había alcanzado un consenso en que la mayoría de los menores son menos responsables por sus crímenes que los adultos, así que ejecutar a los delincuentes que cometieron delitos capitales antes de los 18 años es inconstitucionalmente un castigo "cruel e inusual" prohibido por la Octava Enmienda.
"La edad de 18 años es el punto en el que la sociedad traza, para muchos propósitos, la línea que separa la infancia de la adultez", escribió el juez Anthony Kennedy para la mayoría. "Es, concluimos, la edad en que debe suspenderse la posibilidad de aplicar la pena de la muerte".
En 1988 la corte prohibió la pena de muerte para menores de 16, pero se negó al año siguiente a eliminar la pena capital para delincuentes juveniles u homicidas retardados mentalmente. En 2002, señalando su nueva disposición de astillar la pena de muerte, la corte prohibió la ejecución de los retardados mentales. Ayer, extendió también la prohibición a jóvenes de más edad.
La decisión invalidó leyes en 19 estados, la mayoría en el Sur y el Oeste, pero incluyendo Nueva Hampshire, que permitía condenar a la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años. Sin embargo, en la década pasada sólo tres estados han llevado a cabo esas sentencias: Tejas, Virginia y Oklahoma, que el 3 de abril de 2003 ejecutó al último homicida de 17 años, Scot Allen Hain.
La resolución de la corte cambió la pena de muerte por prisión perpetua para 72 homicidas jóvenes en todo el país, de acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, y puso fin a los planes del procurador de presentar nuevos cargos contra el más conocido de los homicidas juveniles, Lee Boyd Malvo, con la esperanza de obtener la decisión de ejecutarlo.
Malvo ha sido condenados dos veces a prisión perpetua sin libertad condicional por su implicación en los 10 asesinatos de francotirador que aterrorizaron el área de Washington en 2002, cuando tenía 17. Los fiscales habían planeado un tercer juicio contra Malvo por otra de las letales balaceras.
La resolución también es extraordinaria porque la mayoría invocó precedentes al alcanzar la decisión sobre lo que permite la Constitución de Estados Unidos, un rumbo en el alegato jurídico en fuerte oposición a los conservadores. Kennedy, el voto fundamental en el caso, observó que desde 1990, sólo siete otros países -incluyendo Irán, Arabia Saudí y China- han ejecutado a delincuentes juveniles, y desde entonces todos han abandonado la práctica.
Kennedy también observó que todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y Somalia, han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que incluye una disposición que prohíbe la pena de muerte de los delincuentes menores de edad. Somalia no tiene gobierno.
"Es justo decir que Estados Unidos está ahora solo en un mundo que ha rechazado la pena de muerte para los jóvenes", escribió Kennedy, alegando que era "adecuado reconocer el peso abrumador de la opinión internacional" contra la posición americana.
Entre los partidos presentando escritos a favor del fin de la pena de muerte para los delincuentes juveniles había antiguos diplomáticos norteamericanos que dijeron que la práctica dañaba la posición y autoridad moral de Estados Unidos en sus relaciones con otros países; 48 países, incluyendo a la Unión Europea; y laureados con el Premio Nobel, incluyendo a Jimmy Carter y la Asociación de Abogados de Inglaterra y Gales.
En el caso de 2002 sobre los homicidas mentalmente retardados y la nueva decisión, la mayoría de la corte sostuvo su resolución de 1989 de confirmar las ejecuciones de delincuentes juveniles más adultos por haber sido deliberadas correctamente en su época.
La corte dijo que la significación de lo que es un castigo cruel e inusual bajo la Octava Enmienda ha cambiado junto con la sociedad. Desde 1989, dijo la corte, la sociedad alcanzó un nuevo consenso de que los retardados mentales y delincuentes juveniles más adultos eran como los dementes y los niños pequeños -menos culpables de sus acciones, y por eso tienen derecho a ser protegidos de la pena última.
Como en su resolución de 2002, la corte argumentó que las normas sociales de decencia han evolucionado, citando los estados que lo han hecho. Desde 1989, todos los estados han cambiado las leyes de pena capital para los retardados mentales y delincuentes jóvenes y desde 1989 prohibido la pena de muerte en tales casos.
Por ejemplo, cinco estados que permitían la pena de muerte a menores en la época de la resolución de 1989 la han abandonado desde entonces -cuatro a través de promulgaciones legislativas y uno mediante una decisión de la corte. Ningún estado que haya previamente prohibido la pena de muerte juvenil la ha restaurado durante ese período, observó Kennedy.
Los otros cuatro jueces con Kennedy en la mayoría -Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, David Souter y John Paul Stevens- habían declarado anteriormente su oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia.
En un disentimiento formulado severamente, el juez Antonin Scalia ridiculizó la idea de que las normas de la sociedad hayan cambiado tan claramente desde la resolución de 1989. Alegó que la estrecha mayoría había usurpado el poder de las legislaturas para decidir sobre esos complicados asuntos morales.
"De este modo la corte se proclama la sola arbitradora de las normas morales de nuestro país -y en proceso de aceptar esa terrible responsabilidad que supone seguir las opiniones de tribunales y legislaturas extranjeras", escribió Scalia. "Porque no creo que la interpretación de nuestra... Constitución deba ser determinada por las opiniones subjetivas de cinco miembros de esta corte y otros extranjeros de la misma opinión, yo disiento".
A Scalia se le unió el presidente de la corte William H. Rehnquist y el juez Clarence Thomas. Todos ellos son originalistas' que creen que la interpretación de la Constitución se fijó en su significación cuando fue ratificada en 1791.
Según esa visión, la Octava Enmienda no puede interpretarse en el sentido de que prohíba la pena de muerte a menores porque ejecutar a menores por crímenes atroces era aceptable para la sociedad de la época de los fundadores.
La juez Sandra Day O'Connor, que votó en 2002 para abolir la pena de muerte a los homicidas retardados mentales pero ayer votó contra la abolición para menores, escribió un disentimiento separado. Reconoció la relevancia de los precedentes extranjeros y aceptó la opinión de que la Constitución evoluciona, pero dijo que no estaba convencida de que se hubiera alcanzado un consenso sobre este tema.
"Yo no colocaría nuestro juicio sobre la propiedad moral de la pena capital para asesinos de 17 años en lugar del juicio de las legislaturas del país", escribió O'Connor. "Más bien, yo pediría una muestra más clara de que nuestra sociedad verdaderamente rechaza esta práctica antes de leer que la Octava Enmienda lo prohíbe categóricamente".
La decisión afectó el caso de 1993 de Christopher Simmons, de Missouri. Simmons tenía 17 cuando le dijo a dos amigos que quería cometer un asesinato y que "se salvaría" porque era menor. Entró a la casa de una vecina, Shirley Crook, la amarró con cinta adhesiva y cables y la arrojó de un puente en un río, donde se ahogó.
El estado de Missouri procesó a Simmons como adulto, y fue condenado por un jurado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte.
Pero en 2003, nueve años después de la condena de Simmons, la Corte Suprema de Missouri revocó la sentencia, sosteniendo que las "cambiantes normas corrientes de decencia" de la sociedad significaban que ejecutar a delincuentes juveniles ya no era aceptable.
La estrecha mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos estuvo de acuerdo. Citando tanto experiencia parental como investigaciones neurológicas, Kennedy describió "marcadas" diferencias entre delincuentes menores y adultos, incluyendo la inmadurez de los menores, su susceptibilidad ante influencias tales como presión del grupo y el hecho de que su carácter y personalidad no están aún bien formados.
Debido a estos factores, escribió Kennedy, las dos principales justificaciones de la pena de muerte -la retribución y disuasión- no se cumplen. Los asesinos menores son menos culpables por sus acciones, y por tanto un castigo menor es una retribución justa. Y son menos capaces de tomar decisiones racionales, de modo que disminuye el valor de la disuasión de la pena de muerte.
La población en el pabellón de la muerte en Estados Unidos es de unos 3.500 condenados.
2 de marzo de 2005
3 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema abolió ayer la pena de muerte para homicidas menores de edad, una práctica que tenía a Estados Unidos en conflicto con casi todo el resto del mundo.Una mayoría de 5 a 4 votos estableció que las "normas corrientes de decencia" de la sociedad había alcanzado un consenso en que la mayoría de los menores son menos responsables por sus crímenes que los adultos, así que ejecutar a los delincuentes que cometieron delitos capitales antes de los 18 años es inconstitucionalmente un castigo "cruel e inusual" prohibido por la Octava Enmienda.
"La edad de 18 años es el punto en el que la sociedad traza, para muchos propósitos, la línea que separa la infancia de la adultez", escribió el juez Anthony Kennedy para la mayoría. "Es, concluimos, la edad en que debe suspenderse la posibilidad de aplicar la pena de la muerte".
En 1988 la corte prohibió la pena de muerte para menores de 16, pero se negó al año siguiente a eliminar la pena capital para delincuentes juveniles u homicidas retardados mentalmente. En 2002, señalando su nueva disposición de astillar la pena de muerte, la corte prohibió la ejecución de los retardados mentales. Ayer, extendió también la prohibición a jóvenes de más edad.
La decisión invalidó leyes en 19 estados, la mayoría en el Sur y el Oeste, pero incluyendo Nueva Hampshire, que permitía condenar a la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años. Sin embargo, en la década pasada sólo tres estados han llevado a cabo esas sentencias: Tejas, Virginia y Oklahoma, que el 3 de abril de 2003 ejecutó al último homicida de 17 años, Scot Allen Hain.
La resolución de la corte cambió la pena de muerte por prisión perpetua para 72 homicidas jóvenes en todo el país, de acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, y puso fin a los planes del procurador de presentar nuevos cargos contra el más conocido de los homicidas juveniles, Lee Boyd Malvo, con la esperanza de obtener la decisión de ejecutarlo.
Malvo ha sido condenados dos veces a prisión perpetua sin libertad condicional por su implicación en los 10 asesinatos de francotirador que aterrorizaron el área de Washington en 2002, cuando tenía 17. Los fiscales habían planeado un tercer juicio contra Malvo por otra de las letales balaceras.
La resolución también es extraordinaria porque la mayoría invocó precedentes al alcanzar la decisión sobre lo que permite la Constitución de Estados Unidos, un rumbo en el alegato jurídico en fuerte oposición a los conservadores. Kennedy, el voto fundamental en el caso, observó que desde 1990, sólo siete otros países -incluyendo Irán, Arabia Saudí y China- han ejecutado a delincuentes juveniles, y desde entonces todos han abandonado la práctica.
Kennedy también observó que todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y Somalia, han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que incluye una disposición que prohíbe la pena de muerte de los delincuentes menores de edad. Somalia no tiene gobierno.
"Es justo decir que Estados Unidos está ahora solo en un mundo que ha rechazado la pena de muerte para los jóvenes", escribió Kennedy, alegando que era "adecuado reconocer el peso abrumador de la opinión internacional" contra la posición americana.
Entre los partidos presentando escritos a favor del fin de la pena de muerte para los delincuentes juveniles había antiguos diplomáticos norteamericanos que dijeron que la práctica dañaba la posición y autoridad moral de Estados Unidos en sus relaciones con otros países; 48 países, incluyendo a la Unión Europea; y laureados con el Premio Nobel, incluyendo a Jimmy Carter y la Asociación de Abogados de Inglaterra y Gales.
En el caso de 2002 sobre los homicidas mentalmente retardados y la nueva decisión, la mayoría de la corte sostuvo su resolución de 1989 de confirmar las ejecuciones de delincuentes juveniles más adultos por haber sido deliberadas correctamente en su época.
La corte dijo que la significación de lo que es un castigo cruel e inusual bajo la Octava Enmienda ha cambiado junto con la sociedad. Desde 1989, dijo la corte, la sociedad alcanzó un nuevo consenso de que los retardados mentales y delincuentes juveniles más adultos eran como los dementes y los niños pequeños -menos culpables de sus acciones, y por eso tienen derecho a ser protegidos de la pena última.
Como en su resolución de 2002, la corte argumentó que las normas sociales de decencia han evolucionado, citando los estados que lo han hecho. Desde 1989, todos los estados han cambiado las leyes de pena capital para los retardados mentales y delincuentes jóvenes y desde 1989 prohibido la pena de muerte en tales casos.
Por ejemplo, cinco estados que permitían la pena de muerte a menores en la época de la resolución de 1989 la han abandonado desde entonces -cuatro a través de promulgaciones legislativas y uno mediante una decisión de la corte. Ningún estado que haya previamente prohibido la pena de muerte juvenil la ha restaurado durante ese período, observó Kennedy.
Los otros cuatro jueces con Kennedy en la mayoría -Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, David Souter y John Paul Stevens- habían declarado anteriormente su oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia.
En un disentimiento formulado severamente, el juez Antonin Scalia ridiculizó la idea de que las normas de la sociedad hayan cambiado tan claramente desde la resolución de 1989. Alegó que la estrecha mayoría había usurpado el poder de las legislaturas para decidir sobre esos complicados asuntos morales.
"De este modo la corte se proclama la sola arbitradora de las normas morales de nuestro país -y en proceso de aceptar esa terrible responsabilidad que supone seguir las opiniones de tribunales y legislaturas extranjeras", escribió Scalia. "Porque no creo que la interpretación de nuestra... Constitución deba ser determinada por las opiniones subjetivas de cinco miembros de esta corte y otros extranjeros de la misma opinión, yo disiento".
A Scalia se le unió el presidente de la corte William H. Rehnquist y el juez Clarence Thomas. Todos ellos son originalistas' que creen que la interpretación de la Constitución se fijó en su significación cuando fue ratificada en 1791.
Según esa visión, la Octava Enmienda no puede interpretarse en el sentido de que prohíba la pena de muerte a menores porque ejecutar a menores por crímenes atroces era aceptable para la sociedad de la época de los fundadores.
La juez Sandra Day O'Connor, que votó en 2002 para abolir la pena de muerte a los homicidas retardados mentales pero ayer votó contra la abolición para menores, escribió un disentimiento separado. Reconoció la relevancia de los precedentes extranjeros y aceptó la opinión de que la Constitución evoluciona, pero dijo que no estaba convencida de que se hubiera alcanzado un consenso sobre este tema.
"Yo no colocaría nuestro juicio sobre la propiedad moral de la pena capital para asesinos de 17 años en lugar del juicio de las legislaturas del país", escribió O'Connor. "Más bien, yo pediría una muestra más clara de que nuestra sociedad verdaderamente rechaza esta práctica antes de leer que la Octava Enmienda lo prohíbe categóricamente".
La decisión afectó el caso de 1993 de Christopher Simmons, de Missouri. Simmons tenía 17 cuando le dijo a dos amigos que quería cometer un asesinato y que "se salvaría" porque era menor. Entró a la casa de una vecina, Shirley Crook, la amarró con cinta adhesiva y cables y la arrojó de un puente en un río, donde se ahogó.
El estado de Missouri procesó a Simmons como adulto, y fue condenado por un jurado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte.
Pero en 2003, nueve años después de la condena de Simmons, la Corte Suprema de Missouri revocó la sentencia, sosteniendo que las "cambiantes normas corrientes de decencia" de la sociedad significaban que ejecutar a delincuentes juveniles ya no era aceptable.
La estrecha mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos estuvo de acuerdo. Citando tanto experiencia parental como investigaciones neurológicas, Kennedy describió "marcadas" diferencias entre delincuentes menores y adultos, incluyendo la inmadurez de los menores, su susceptibilidad ante influencias tales como presión del grupo y el hecho de que su carácter y personalidad no están aún bien formados.
Debido a estos factores, escribió Kennedy, las dos principales justificaciones de la pena de muerte -la retribución y disuasión- no se cumplen. Los asesinos menores son menos culpables por sus acciones, y por tanto un castigo menor es una retribución justa. Y son menos capaces de tomar decisiones racionales, de modo que disminuye el valor de la disuasión de la pena de muerte.
La población en el pabellón de la muerte en Estados Unidos es de unos 3.500 condenados.
2 de marzo de 2005
3 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
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