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El abogado socialista Juan Bustos es considerado uno de los parlamentarios con mejor formación jurídica en el Congreso. Sin embargo, ayer debió retirar de la Cámara Baja su controvertido proyecto de anulación del decreto ley de amnistía de 1978, al detectar que el texto podría ser declarado inconstitucional debido a que la carta magna establece en su artículo 65 que las legislaciones de amnistías o indultos generales deben ser ingresadas sólo a través del Senado.
"Hay una interpretación muy amplia de la Constitución, en el sentido de que todo lo que sea sobre amnistía entra por el Senado, entonces por esa interpretación amplia que se ha hecho, para evitarnos problemas e impedir que la derecha pudiese plantear algún recurso de inconstitucionalidad, preferimos evitar esos problemas y presentarlo por el Senado", explicó Bustos.
Siguiendo una antigua doctrina divisoria entre cámara del pueblo y cámara aristocrática o de nobleza, los proyectos que se refieren a cargas ciudadanas, como tributos, presupuestos públicos y reclutamiento, deben ser presentados a través de la Cámara de Diputados, mientras los de amnistía e indultos generales -que eran atribuciones reales- tienen que originarse en el Senado.
De acuerdo con Bustos, según aseguró en la mañana, estaba todo listo para que cinco senadores de la Concertación ingresaran ayer mismo la iniciativa; entre ellos mencionó al también socialista Juan Pablo Letelier. A pesar de su optimismo, no hubo pronunciamiento formal de respaldo a la "ley Bustos", sino más bien una reacción de prudencia. El portavoz de esta línea más moderada fue el senador socialista Camilo Escalona. "Siempre he valorado la opinión de Juan Bustos como la más destacada en el ámbito jurídico, y si concordamos efectivamente en que éste es un camino útil, lo vamos a seguir, pero lo tenemos que primero considerar".
Escalona asumió en la práctica la defensa de la posición dominante en La Moneda, que apunta a no intervenir desde un punto de vista legal en la amnistía, para evitar de paso una eventual crisis con las FFAA, y dejar que actúen los tribunales, que han puesto en entredicho la aplicación del decreto ley del ’78. "Los juristas tienen opiniones distintas respecto de los mecanismos. Hasta ahora eso se había resuelto por la vía de los hechos, la Corte Suprema espero que siga aplicando lo que es la legislación que se estableció los últimos años, en que prevalecen los tratados internacionales y los compromisos contraídos por Chile sobre la ley interna, y en consecuencia la ley de amnistía se encuentra supeditada a ello", explicó.
En la línea de favorecer primero el análisis y la evaluación, que es la vía preferida por la administración Bachelet, Escalona agregó que "si respecto de esta jurisprudencia surgen nuevas y mejores alternativas jurídicas, yo estoy dispuesto a apoyarlas, pero primero las tengo que estudiar".

Derecha
Aunque diputados de derecha jóvenes habían sugerido una relativa disposición a abordar la cuestión, los jefes partidarios ayer fueron tajantes: el presidente de la UDI, Jovino Novoa, rechazó la sola posibilidad de que el Senado discuta la derogación de la amnistía. "No sólo votaremos en contra, sino que iremos al Tribunal Constitucional para hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar un daño", puntualizó.
"El día en que nosotros permitamos que las mayorías políticas comiencen a hacer justicia en los tribunales, ése es el día en que se acabó el Estado de Derecho en Chile", aseveró. Según Novoa, la iniciativa "no tiene ningún alcance jurídico", porque la ley "ya operó", y por tanto los legisladores oficialistas buscan sólo una ventaja "política" que genera "un clima de división" en el país. Novoa dijo que confía en que primará "el sentido común" de reconocer que es "inconveniente generar este debate" y aseguró que el Ejecutivo "no mira con buenos ojos este proyecto".
En esta misma línea -tras la reunión quincenal de las mesas de las tiendas opositoras-, el presidente de RN, Sergio Diez, consideró que "es inconstitucional la derogación de la ley de amnistía porque crea responsabilidades penales por ley".
A su turno, el jefe de la bancada senatorial DC, Hosaín Sabag, dijo que el proyecto fue "tocado" en la reunión que en la noche del martes sostuvo la Presidenta con los senadores de la Concertación en Cerro Castillo, pero advirtió que "nunca se tomó ningún acuerdo para nada". Agregó que la Mandataria no se pronunció al respecto: "Ella no dio ninguna opinión indicativa sobre esta materia". El parlamentario recordó que se trata de una moción que debe ser analizada en el seno del comité ministerial político.

Incidentes En la Recusación
La reactualización del debate sobre la amnistía se ha producido luego que el ministro de fuero Víctor Montiglio la decretara para tres militares (R) relacionados con el "episodio Arica" en el proceso Caravana de la Muerte. La oposición de los organismos y activistas de DDHH a la resolución de Montiglio se plasmó ayer en la recusación del juez planteada por la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos. El recurso fue patrocinado por el abogado Hiram Villagra y busca inhabilitar al magistrado, debido a una presunta parcialidad manifestada en sus decisiones. Durante la formalización de la recusación se produjeron violentos incidentes con miembros de la asamblea, que iniciaron una manifestación en los tribunales, siendo dispersados y expulsados del edificio por Gendarmería.
La presidente de la AFDD, Lorena Pizarro, señaló que es "inaceptable" que Montiglio haya invocado la amnistía, que fue dictada por el régimen militar "con el claro propósito de autoperdonarse y obtener impunidad para sus crímenes".

20 de abril de 2006
©la nación