uruguayos dicen no a la impunidad
Uruguay reabre capítulos oscuros de su historia reciente.
Montevideo, Uruguay. Uruguay, que hace más de 15 años decidió no juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) para mantener la paz y conservar la recién recuperada democracia, hoy está afín a que se investigue y se haga justicia, dijeron analistas a la AFP.
"Los uruguayos están muy movilizados y muy angustiados por el pasado" y actualmente "nada indica que (el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) se pueda cerrar", dijo el politólogo Adolfo Garcé.
Los uruguayos se vieron conmocionados por un duro debate televisado entre los hijos del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1986) y del legislador Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires.
El debate se produjo en momentos en que el ex dictador está penalmente acusado de ‘coautoría de homicidio' por el asesinato en Buenos Aires en mayo de 1976 de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Pedro Bordaberry acusó al senador Rafael Michelini de "mentir" en el juzgado al responsabilizar a su padre por los asesinatos, y presentó la grabación de una conversación privada entre ambos, en la que el senador le dice: "No creo que tu viejo emprendiera acción contra papá".
De su lado, Michelini acusó a Pedro Bordaberry de recurrir a "los mecanismos de la dictadura" por haber grabado clandestinamente la conversación que sostuvieron.
"La repercusión impresionante del debate refleja la avidez social por discutir esto", además de que "el drama humano (de la pelea de dos hijos defendiendo a sus padres) le incorporó algo de morbo", dijo Ignacio Zuaznábar, analista de la empresa de opinión pública Equipos.
"Hay un estado de opinión distinto al de 1989", indicó en referencia al año que los uruguayos aprobaron en referéndum la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque habilitó a investigar.
"Diría que hoy una mayoría absoluta de la población está de acuerdo con investigar y juzgar" aquellos hechos, señaló.
Por su lado, Garcé explicó que tras la votación de la Ley de Caducidad, "el tema de los derechos humanos prácticamente desapareció de la agenda, cada tanto alguien decía que no se estaba cumpliendo con el artículo 4 (que habilita investigar), pero hasta 1999, cuando el poeta argentino Juan Gelman reclamó a su nieta, el tema no estaba en la agenda".
La nieta de Gelman, Macarena (hija de María Claudia García, detenida en Argentina con 17 años y trasladada a Uruguay en agosto de 1976, donde dio a luz a la niña antes de desaparecer), fue ubicada en Montevideo poco después de que asumiera el presidente Jorge Batlle (2000-2005).
Garcé destacó que "el tema fue cobrando cada vez más relevancia" cuando Batlle instaló la Comisión para la Paz, que investigó el destino de los desaparecidos y concluyó que la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país, 26 de los cuales se constató que fueron asesinados.
Luego vino el gobierno de izquierda del Frente Amplio, que había hecho del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos una de sus banderas y la promesa del presidente Tabaré Vázquez de investigar el destino de los desaparecidos en el marco de la Ley de Caducidad.
"Mucha gente tomó noción de la gravedad de lo ocurrido durante la dictadura cuando aparecieron los primeros restos de desaparecidos" a fines de noviembre de 2005, dijo Garcé, luego de que el gobierno ordenara excavaciones para buscar los restos, en base a informes proporcionados por las propias fuerzas armadas.
Pero sólo se hallaron los restos de dos desaparecidos, por lo que el gobierno empezó a "amenazar con excluir algún caso de la Ley de Caducidad cuando los militares no estaban cooperando a encontrar a los desaparecidos", dijo Garcé.
"En algunos momentos (el gobierno) ha manejado la Ley de Caducidad como un chantaje, como una presión, para conseguir información", agregó, pues la norma habilita al poder ejecutivo a determinar qué casos están amparados por la misma.
Actualmente hay ocho militares retirados procesados por la desaparición en 1976 en Buenos Aires de Adalberto Soba, que fue excluida de la Ley de Caducidad.
Lo que hace el gobierno es "ir manejando si excluye o no los casos de la ley" con la intención "de buscar más información que justicia", aunque está claro "que quiere algunos militares y civiles presos", afirmó Garcé.
Montevideo, Uruguay. Uruguay, que hace más de 15 años decidió no juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) para mantener la paz y conservar la recién recuperada democracia, hoy está afín a que se investigue y se haga justicia, dijeron analistas a la AFP."Los uruguayos están muy movilizados y muy angustiados por el pasado" y actualmente "nada indica que (el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) se pueda cerrar", dijo el politólogo Adolfo Garcé.
Los uruguayos se vieron conmocionados por un duro debate televisado entre los hijos del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1986) y del legislador Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires.
El debate se produjo en momentos en que el ex dictador está penalmente acusado de ‘coautoría de homicidio' por el asesinato en Buenos Aires en mayo de 1976 de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Pedro Bordaberry acusó al senador Rafael Michelini de "mentir" en el juzgado al responsabilizar a su padre por los asesinatos, y presentó la grabación de una conversación privada entre ambos, en la que el senador le dice: "No creo que tu viejo emprendiera acción contra papá".
De su lado, Michelini acusó a Pedro Bordaberry de recurrir a "los mecanismos de la dictadura" por haber grabado clandestinamente la conversación que sostuvieron.
"La repercusión impresionante del debate refleja la avidez social por discutir esto", además de que "el drama humano (de la pelea de dos hijos defendiendo a sus padres) le incorporó algo de morbo", dijo Ignacio Zuaznábar, analista de la empresa de opinión pública Equipos.
"Hay un estado de opinión distinto al de 1989", indicó en referencia al año que los uruguayos aprobaron en referéndum la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque habilitó a investigar.
"Diría que hoy una mayoría absoluta de la población está de acuerdo con investigar y juzgar" aquellos hechos, señaló.
Por su lado, Garcé explicó que tras la votación de la Ley de Caducidad, "el tema de los derechos humanos prácticamente desapareció de la agenda, cada tanto alguien decía que no se estaba cumpliendo con el artículo 4 (que habilita investigar), pero hasta 1999, cuando el poeta argentino Juan Gelman reclamó a su nieta, el tema no estaba en la agenda".
La nieta de Gelman, Macarena (hija de María Claudia García, detenida en Argentina con 17 años y trasladada a Uruguay en agosto de 1976, donde dio a luz a la niña antes de desaparecer), fue ubicada en Montevideo poco después de que asumiera el presidente Jorge Batlle (2000-2005).
Garcé destacó que "el tema fue cobrando cada vez más relevancia" cuando Batlle instaló la Comisión para la Paz, que investigó el destino de los desaparecidos y concluyó que la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país, 26 de los cuales se constató que fueron asesinados.
Luego vino el gobierno de izquierda del Frente Amplio, que había hecho del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos una de sus banderas y la promesa del presidente Tabaré Vázquez de investigar el destino de los desaparecidos en el marco de la Ley de Caducidad.
"Mucha gente tomó noción de la gravedad de lo ocurrido durante la dictadura cuando aparecieron los primeros restos de desaparecidos" a fines de noviembre de 2005, dijo Garcé, luego de que el gobierno ordenara excavaciones para buscar los restos, en base a informes proporcionados por las propias fuerzas armadas.
Pero sólo se hallaron los restos de dos desaparecidos, por lo que el gobierno empezó a "amenazar con excluir algún caso de la Ley de Caducidad cuando los militares no estaban cooperando a encontrar a los desaparecidos", dijo Garcé.
"En algunos momentos (el gobierno) ha manejado la Ley de Caducidad como un chantaje, como una presión, para conseguir información", agregó, pues la norma habilita al poder ejecutivo a determinar qué casos están amparados por la misma.
Actualmente hay ocho militares retirados procesados por la desaparición en 1976 en Buenos Aires de Adalberto Soba, que fue excluida de la Ley de Caducidad.
Lo que hace el gobierno es "ir manejando si excluye o no los casos de la ley" con la intención "de buscar más información que justicia", aunque está claro "que quiere algunos militares y civiles presos", afirmó Garcé.
7 de octubre de 2006
©mi punto 
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