diputado levanta estado de sitio
6 de octubre de 2009
Honduras. La dictadura hondureña dio ayer un paso atrás. A 24 horas de la llegada de la misión de cancilleres de la OEA a Tegucigalpa, el gobierno de facto anunció ayer el levantamiento del estado de sitio. Concesión o táctica, la medida, reclamada el día anterior por el presidente constitucional Manuel Zelaya como condición previa para dialogar, pareció sintonizar con el clima de negociaciones que se vive en la capital del país centroamericano. La llegada de tres congresistas republicanos de origen cubano-estadounidense en apoyo a la dictadura marcó la ocasión. "Yo quiero darle la noticia al mundo entero y qué más grato que estando presente esta ilustre dama para decirles que hemos derogado en Consejo de Ministros el decreto, todo el decreto, completamente", anunció ayer el dictador Roberto Micheletti escoltado por la representante del estado de Florida Ileana Ros-Lehtinen, símbolo del ala dura de su partido que llegó a Honduras junto a sus colegas Lincoln y Mario Díaz Balart. "El país está volviendo a la tranquilidad", justificó el legislador que usurpó la presidencia el 28 de junio pasado.
Gracias al decreto, emitido hace una semana, las libertades constitucionales fundamentales habían sido anuladas. Amparada en ese marco, la dictadura no sólo impidió por completo cualquier tipo de manifestación callejera de la resistencia democrática, sino que además clausuró Radio Globo y Canal 36, únicos dos medios nacionales afines a Zelaya que seguían transmitiendo en el país.
El anuncio, sin embargo, no estuvo solo en las novedades del día. Ayer, por primera vez en los cien días que lleva la dictadura centroamericana, Micheletti admitió la posibilidad de una restitución de Zelaya en su cargo de presidente. De inmediato lo matizó, se atajó diciendo que no era una decisión que él podía tomar e incluso dio a entender que ello tendría lugar tras los comicios del 29 de noviembre, asegurándose de ese modo que Zelaya volviese al poder por un período de tiempo en extremo corto y con un presidente electo como garante de la transición. Hasta ayer, no obstante, la restitución del mandatario legítimo, al menos públicamente, no se admitía siquiera como punto de discusión.
"Hay una razón para sentarse a dialogar, que es la patria primero; la restitución es una aspiración del señor Zelaya que habría que escucharla ya con mejores planteamientos, con planteamientos legales. De todos modos, esa decisión tendría que tomarla la Corte Suprema, ya que el señor Zelaya tiene asuntos legales pendientes", arguyó Micheletti. Y aclaró: "Si se dieran las elecciones en el país, transparentes, y elegimos al nuevo presidente, de ahí para allá se puede hablar de cualquier escenario, de cualquier solución".
En ese marco de tiempo de descuento previo a la instalación de una mesa negociadora, y con la alusión a una vuelta al cargo tras los comicios, Zelaya volvió a la carga y le exigió a Micheletti que firme su restitución cuanto antes. "Se debe suscribir de manera inmediata el Acta de San José en el marco jurídico nacional e internacional con los otros poderes del Estado, con los cancilleres de la OEA como testigos de honor", afirmó el mandatario derrocado a través de un comunicado.
Más aún, Zelaya afirmó que para lograr la firma de los acuerdos no saldrá de su refugio. La sede diplomática brasileña, según el hondureño, es el escenario ideal para sellar su vuelta. "La embajada proporciona el marco de seguridad nacional e internacional para la suscripción de estos acuerdos por ambas partes, donde se va a garantizar la transparencia y el respeto a la integridad física, los derechos constitucionales y la vida del presidente", señaló a través de un comunicado.
A tono con las negociaciones que se desarrollan por lo bajo, la eventual restitución de Zelaya no fue ayer lo único que se le escuchó decir al dictador Micheletti. Don Roberto, como se lo llama en su país, afirmó ayer, impávido, que se propone sancionar a quienes sacaron a Zelaya del país a punta de fusil. "Definitivamente es una decisión que tomaron algunos sectores y van a ser castigados de conformidad con la ley", señaló. A su lado, la congresista norteamericana Ros-Lehtinen avalaba el contrasentido.
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1 comentario
claudio lisperguer -
Pero la situación exige castigos severos (como juicios por crímenes contra la humanidad, penas de prisión a firme e inhabilitación perpetua para cargos públicos) y no componendas, para evitar que el ejemplo de la insolencia fascista se extienda entre generales y políticos de extrema derecha en AL.