querella contra presidente
Se querellan en Chile contra presidente Lagos e Insulza por denegación de justicia.
Un grupo de exonerados políticos y víctimas de torturas presentó una querella en la Corte de Apelaciones de Santiago por denegación de justicia contra el presidente Ricardo Lagos y el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, actual Secretario General de la OEA.
El escrito es patrocinado por los abogados Julia Urquieta, Hugo Gutiérrez y Eduardo Contreras, quienes detallaron que la acusación contra las autoridades responde al supuesto encubrimiento del delito de tortura, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa e incumplimiento del deber legal de denunciar delitos a la justicia por parte de funcionarios públicos.
Según se informó, el libelo se basa en el dictamen de una ley que prohíbe durante 50 años, dar a conocer los nombres de las víctimas y victimarios de violaciones a los derechos humanos.
Los querellantes sostienen que fueron víctimas de la tortura ejercida en el marco de la política de "terrorismo de Estado" implementada por el régimen militar encabezada por Augusto Pinochet, consignada en el propio informe de la Comisión Nacional de Presión Política y Tortura, por tanto éstos reclaman verdad y justicia y reparación integral.
De esta forma se solicitó al tribunal de alzada la designación de un ministro para que se aboque a la investigación de los mencionados delitos.
2 de julio de 2005
©tercera
Un grupo de exonerados políticos y víctimas de torturas presentó una querella en la Corte de Apelaciones de Santiago por denegación de justicia contra el presidente Ricardo Lagos y el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, actual Secretario General de la OEA.El escrito es patrocinado por los abogados Julia Urquieta, Hugo Gutiérrez y Eduardo Contreras, quienes detallaron que la acusación contra las autoridades responde al supuesto encubrimiento del delito de tortura, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa e incumplimiento del deber legal de denunciar delitos a la justicia por parte de funcionarios públicos.
Según se informó, el libelo se basa en el dictamen de una ley que prohíbe durante 50 años, dar a conocer los nombres de las víctimas y victimarios de violaciones a los derechos humanos.
Los querellantes sostienen que fueron víctimas de la tortura ejercida en el marco de la política de "terrorismo de Estado" implementada por el régimen militar encabezada por Augusto Pinochet, consignada en el propio informe de la Comisión Nacional de Presión Política y Tortura, por tanto éstos reclaman verdad y justicia y reparación integral.
De esta forma se solicitó al tribunal de alzada la designación de un ministro para que se aboque a la investigación de los mencionados delitos.
2 de julio de 2005
©tercera
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