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Basta ya. Los gobernantes de facto de Honduras ya han dejado en claro lo que querían cuando depusieron al presidente Manuel Zelaya en el golpe cívico-militar de junio pasado: que el presidente había quebrantado la ley al tratar de reformar la Constitución para continuar gobernando. Lo que es más, con el paso del tiempo, el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti se ha asegurado de que si Zelaya volviese al poder para cumplir con los meses que le quedan de mandato, tampoco podría hacer esas reformas.
Así que ¿qué es lo que se gana con seguir rechazando la exigencia de la comunidad internacional de que Zelaya vuelva a su cargo bajo condiciones controladas -con poderes limitados- antes de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre? Nada. Al contrario, si la crisis constitucional no se supera antes de las elecciones, Micheletti corre el riesgo de empujar a su empobrecido país hacia un periodo prolongado de inestabilidad y mayor deterioro económico.
Desde el principio Micheletti y los suyos han argumentado que la destitución de Zelaya era legal, y han pagado casi medio millón de dólares a expertos en relaciones públicas para que defiendan su posición. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no se han dejado convencer; dicen que como quiera que sea que haya empezado el derrocamiento, desde el momento en que los militares sacaron a Zelaya de la cama y lo expulsaron del país, es un golpe de estado que tiene que ser anulado. Primero el presidente costarricense, Óscar Arias, y luego la OEA, han tratado de iniciar negociaciones con ese fin.
Pero de momento todo ha sido en vano.
Republicanos norteamericanos que se ponen al retorno de Zelaya han dado al campo de Micheletti falsas esperanzas de que pueden resistir sin pagar las consecuencias. Volviendo clandestinamente a Honduras para buscar refugio en la embajada brasileña y llamando a sus partidarios a manifestarse en las calles, Zelaya no se ha hecho ningún gran servicio a sí mismo, a ojos de las preocupadas elites del país que rechazan sus medidas de izquierda.
Entretanto Micheletti tuvo una pataleta televisada esta semana frente a los diplomáticos de la OEA que no veían las cosas como él.
Es difícil saber cuánto de la obstinación de Micheletti es el reflejo de un impulso machista por ganar y cuánto temor genuino de que si Zelaya vuelve al poder encuentre la manera de quedarse. Eso es improbable. Una garantía, dicen funcionarios estadounidenses, es un artículo de la Constitución que entrega el control de las fuerzas armadas al Consejo Supremo Electoral un mes antes de las elecciones. Por eso Zelaya no podría utilizar al ejército. Otra garantía es que ninguno de los candidatos presidenciales es aliado de Zelaya, de modo que no podría gobernar a distancia después de dejar el cargo en enero.
Funcionarios estadounidenses y de la OEA deben hacer todo lo posible para convencer al campo de Micheletti de que debe ceder y permitir el retorno de Zelaya. Y deben convencer a Zelaya de que no se tolerará ningún intento de perpetuarse en el poder.

9 de octubre de 2009
©los angeles times
©traducción mQh