en memoria del padre

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Luchando para quedarse en Gran Bretaña. Antonio Bravo, en Armley, Inglaterra, en la tumba de su padre, Manuel, que se suicidó en 2005 en un intento por evitar la deportación de Antonio.

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[Nina Bernstein] Clapham, Inglaterra. El niño tenía trece años cuando una redada de inmigrantes terminó abruptamente, de madrugada, con la lucha de su padre durante los últimos cuatro años por ser reconocido como refugiado político. En la noche de ese día en 2005, padre e hijo estaban a cientos de kilómetros de distancia, encerrados en una cárcel privada -el Yarl’s Wood Immigration Removal Center- para ser deportados en la mañana a su nativa Angola.
En lugar de eso, poco después de medianoche, el abatido padre, Manuel Bravo, 35, se ahorcó, colgándose con una sábana de una escalera. La nota que dejó decía por qué: para que su hijo huérfano se pudiera quedar en Gran Bretaña.
Efectivamente, la ley no autoriza a las autoridades de inmigración a deportar a un huérfano al que no espera nadie. Una familia británica que los Bravo conocieron en la iglesia, llevó al niño, Antonio, a casa a Armley, el barrio de clase media trabajadora de Leeds donde se habían asentado en 2001.
Antonio, ahora de diecinueve, es un aprendiz de electricista que aspira a ser ingeniero. No lejos de la tumba de su padre en la colina, comparte una casa de cien años de antigüedad, con cinco compañeros de cuarto británicos y visita regularmente a la familia que lo crió. "Quiero que mi padre se enorgullezca y no se sienta como si perdió su vida por nada", dijo.
Pero el mes que viene, Antonio vuelve a vivir de nuevo la amenaza de la deportación. Como las leyes han cambiado, en lugar de cumplir con los requisitos para ser ciudadano como esperaba, ya no puede postular. Su permiso de residencia temporal, otorgado por razones humanitarias, expira y no está claro si puede ser renovado.
La historia de Antonio es emblemática de los crecientes esfuerzos de un país por repeler la inmigración indeseada, a través de un sistema de implementación gestionado parcialmente por contratistas privados.
Como otros gobiernos del mundo occidental, Gran Bretaña ha sido presionada para que aumente las deportaciones, reduzca la inmigración y restrinja la ciudadanía. Los funcionarios se están jugando la "inmigración controlada", un modo de mantener el influjo de los inmigrantes más deseables y refugiados genuinos excluyendo forzosamente a los rechazados -en un intento de refrenar la hostilidad hacia los extranjeros que se ve crecer desde Australia y Estados Unidos, pasando por Noruega y Francia.
"Es muy importante no solamente que se implementen controles de inmigración adecuados, sino también que se vea que están siendo implementados", dijo Damian Green, ministro de Inmigración británico, en septiembre pasado después de inaugurar dos nuevos pabellones de otro centro de detención privado cerca del aeropuerto de Heathrow. "Si nos creamos confianza pública en nuestro sistema de inmigración, seguiremos siendo vulnerables ante los que quieren buscar chivos expiatorios de los problemas sociales."
Pero algunos analistas dicen que, al contrario, el boom de detenciones y deportaciones ha legitimado que se trate a los extranjeros como chivos expiatorios, inflado la ansiedad pública y las demandas de restricciones más amplias.
En los últimos diez años, los blancos públicos de represión han pasado de "refugiados políticos falsos" a "extranjeros criminales" y ahora a "inmigración insostenible", un concepto que incluye a inmigrantes perfectamente legales, observa Mary Bosworth, criminalista de la Universidad de Oxford que ha trazado la expansión de las cárceles para inmigrantes como Yarl’s Wood.
"Hay una exhibición bastante pública e inversión en hacer que estos lugares de confinamiento se vean como que están hechos para alojar a gente peligrosa", dijo Bosworth. "Coloca al gobierno en una posición en que sólo se puede poner más intransigente."
Y las reglas siguen cambiando. El año pasado, Antonio aprobó la nueva "prueba de conocimiento de la cultura británica" [Britishness] -¿Qué es un gabinete en la sombra? ¿Cuándo se celebra el Día de la Madre?-, sólo para enterarse que, en su caso, no cuenta.
"Igual fue un gran concurso", dijo.

Una Familia en la Clandestinidad
Al principio, los Bravo eran una familia de cuatro: el señor Bravo, tranquilo y retraído; su ardiente esposa, Lidia; su hijo, Nelio, de tres años; y el hijo de Bravo, Antonio, de diez, cuya propia madre murió al darlo a luz en Angola. En los documentos de refugiado, Bravo se describe a sí mismo como un campesino encarcelado y maltratado por el gobierno angoleño debido a su papel en un partido pro-democracia fundado por su padre. Huyó para salvar la vida, dijo, después de que fuerzas de seguridad allanaran la granja familiar y asesinaran a sus padres y hermanas. Angola llevaba entonces veintisiete años de guerra civil.
Los Bravo pidieron asilo cuando aterrizaron en el aeropuerto de Heathrow en octubre del 2001. Imposibilitados de trabajar como la mayoría de los solicitantes de asilo en Gran Bretaña, fueron enviados a Armley a la espera de una decisión. Encontraron el apoyo en la Iglesia de Cristo de Catherine Beaumont, voluntaria en su centro de ayuda al inmigrante, y del Reverendo Alistair Kaye, entonces vicario.
Pero su solicitud se sumó a la enorme pila de trabajos retrasados conforme crecía el número de nuevos solicitantes de asilo en Gran Bretaña y llegaba al pico de 84 mil al año en 2002. La hostilidad pública también estalló con las revelaciones de que pocos de los rechazados habían dejado el país.
El centro de detención, Yarl’s Wood, se estaba recién abriendo como parte de una expansión que el gobierno y sus socios privados prometieron que triplicaría la tasa de expulsión. En lugar de eso, a los tres meses, el centro de ciento cuarenta millones de dólares fue consumido por el fuego durante protestas de los reos contra los malos tratos.
Una pesquisa de las prisiones y el defensor del pueblo concluyeron en 2004 que había sido construida de manera chapucera y puesto en operación a toda prisa para alcanzar los "inalcanzables" objetivos del gobierno laborista antes de elecciones. De los 385 reos la noche del incendio, incluyendo veintinueve niños y siete infantes, sólo cuarenta y seis tenían una fecha de deportación, reconoció el gobierno en el Parlamento.
Hacia mediados de la década, controles fronterizos más severos habían reducido en dos tercios la llegada de refugiados, del punto álgido de 2002. Pero la hostilidad pública contra los refugiados continuó aumentando, modelada por acusaciones de que muchos refugiados se estaban aprovechando de los subsidios públicos en un sistema que era lento para decidir casos e inefectivo en cuanto a las expulsiones.
Yarl’s Wood fue reconstruido. Las detenciones de refugiados rechazados aumentarán, dijo al Parlamento el secretario de Interior en 2005, "hasta el punto de que será la norma que los que fracasen sean detenidos."
La declaración se corresponde con la estrategia doble del primer ministro Tony Blair, que estaba entonces abriendo las puertas a muchos inmigrantes, incluyendo a especialistas en informática de Asia y ciudadanos de los miembros más recientes de la Unión Europea. Simultáneamente, mostró rigor hacia los refugiados rechazados, del mismo modo que los gobiernos de Bush y Obama han mostrado cifras récord de detenidos y deportaciones, al mismo tiempo que proponen, aunque sin éxito, leyes de inmigración más indulgentes.
La solicitud de Bravo fue rechazada en 2004, por una asistente social que dijo que no tenía prueba que la justificaran. Bravo no tenía abogado en la audiencia de apelación. "Estaba muy desmoralizado", dijo Antonio. "Se sentía inútil." La larga espera de la decisión llevó a conflictos en el matrimonio de su padre, agregó, y empeoró su propia y difícil relación con su madrastra.
En el otoño de 2004, la familia se separó. Llevándose a Nelio, la señora Bravo volvió a Angola a encargarse de sus familiares enfermos. Fue arrestada y volvió a huir, esta vez a Namibia. El señor Bravo trató frenéticamente de contactarse con ellos, dijo Kaye, el vicario, y no vivió lo suficiente como para enterarse de que ella había llegado a Portugal, donde había recibido asilo político y desapareció de la vista.
En la madrugada del 14 de septiembre de 2005, ocho agentes irrumpieron en la pequeña casa de los Bravo. "No puedo sacármelo de la cabeza", dijo Antonio. "Echaron abajo la puerta, alumbrando con linternas. Nos esposaron a ambos. Me sentí como un criminal, y no he hecho nada".
Más tarde, en un informe sobre el caso Bravo, el defensor del pueblo para prisiones cuestionó la necesidad de semejante "robusto ejercicio del poder estatal" después de tantos años sin hacer nada, calificándolo de "francamente cruel." Pero el allanamiento transcurrió de acuerdo a las normas, concluyó, y había sido planeado hasta en detalles, como dar los cinco peces mascota de Antonio a un vecino. Tampoco violaron ningún protocolo los subcontratistas que pusieron a padre e hijo en una furgoneta con rejas.

La Máquina de Detención
Los Bravo habían entrado en el mundo de la implementación por encargo de las leyes de inmigración. En efecto, estaban bajo la custodia de la compañía anglo-danesa conocida ahora como G4S.
Sus guardias los llevaron, pasando frente a casas de ladrillos y los campos abiertos de Bedfordshire, hacia el centro de detención Yarl’s Wood que, elaborado por la compañía en 2001, está protegido por alambre de púas.
Contratistas son los que ahora gestionan siete de los once centros de detención de inmigrantes de Gran Bretaña, en los que, desde 2001, la capacidad ha aumentado en un 75 por ciento. Lo que todavía atormenta a Antonio es el momento en que los guardias del transporte de G4S descubrieron un tendedero totalmente nuevo en el bolso de su padre. Requisaron la cuerda de Bravo, que estaba en tratamiento por depresión, pero nunca alertaron a Yarl’s Wood. G4S se negó a comentar sobre sus operaciones, sea en general o con respecto al caso Bravo.
Una enfermera en Yarl’s Wood, empleada por otro subcontratista, confiscó los antidepresivos de Bravo y no preguntó si tenía inclinaciones suicidas -por miedo, dijo, de poner la idea en su cabeza. Las indagaciones oficiales concluyeron que estos lapsos no hacían ninguna diferencia.
Padre e hijo fueron escoltados a través de ocho puertas cerradas con condado hasta sus celdas, donde Antonio esperó a que Bravo hiciera sus llamadas de último minuto.
Una era al vicario, que no había podido comunicarse con funcionarios de gobierno. "Estaba intentándolo", dijo Kaye. "Estaba aterrorizado de tener que volver allá."
Cuando Bravo volvió a su celda, dijo Antonio, le trajo malas noticias: su deportación estaba fijada a las diez y media de la mañana. "Dijo: ‘Pase lo que pase, se fuerte y valiente. Estoy orgulloso de ti.’"
Antonio estaba durmiendo cuando las cámaras de seguridad filmaron el suicidio de su padre. El informe del defensor del pueblo de 2006 se queja de que durante horas nadie aceptó responsabilidad por despertar al niño para decirle que su padre estaba muerto, y más tarde nadie le explicó que no sería deportado solo.
"Lloré cuando llegó Catherine", recordó Antonio la llegada de Beaumont. "Vino y me dijo: ‘Te queremos y queremos que vengas a vivir con nosotros.‘"
Los miembros del personal se negaron a dejarlo marcharse, por su propio bien.
"Estás preparado para enviar a alguien de vuelta a su posible encarcelamiento y daños en Angola", observó Beaumont, ex enfermera y madre de dos hijos, "y al día siguiente no lo puedes enviar de vuelta a Leeds porque no has evaluado a esa gente."
Antes de permitírsele que se uniera a los Beaumonts, Antonio pasó cinco días con ancianos desconocidos que lo acosaban ofreciéndole té. "Fue entonces que hice la transición de africano a británico", dijo. "Una taza de té cada medio minuto."

Asimilado y Rechazado
En el otoño pasado, después del trabajo una noche lluviosa, Antonio llevó a un visitante a la casa donde había pasado su infancia. El perro estaba loco de entusiasmo. En la sala de estar, ante una chimenea ardiente, la señora Beaumont recordó burlonamente momentos históricos de su asimilación: alimentar a las palomas durante una excursión de un día a Londres, subir una empinada colina en unas vacaciones en bicicleta con la familia en Devon, enfurruñándose después por la crema del té.
"Yo creo que tú pensabas en ese momento que no deberías nunca haber venido a vivir con la familia."
Kaye, que considera a Antonio "un chico maravilloso", insinúa los tramos más difíciles ahora ocultos por un seco humor. "Ellos son los que tuvieron que lidiar con la adolescencia, la pena y los tiempos difíciles", dijo.
Pese a los esfuerzos de abogados londinenses, la solicitud de asilo de Antonio fue rechazada en 2006 debido a que las autoridades ya habían rechazado la solicitud de asilo político de su padre. Pero recibió una subvención de protección humanitaria de cinco años, que en la época podía conducir a la ciudadanía.
Su inglés adoptó los ritmos de Yorkshire; olvidó el portugués. Cuando su subsidio en la casa de acogida terminó a sus dieciocho, se estaba haciendo camino como aprendiz de electricista, a gusto como el único negro del equipo, ahorrando para los costes de ciudadanía y universidad.
"Mi padre me dijo que fuera fuerte y me educara", dijo Antonio. "Y para mí, conseguir un pasaporte es lo más importante."
Pero mientras Antonio trataba de convertirse en británico, la preocupación británica por la inmigración estaba creciendo. Un estudio del Instituto sobre Políticas de Inmigración, de Washington, basándose en dos años de investigación de la opinión pública, muestra que incluso antes de la crisis económica, casi siete de cada diez británicos pensaban que en el país había demasiados inmigrantes.
En la recesión, las opiniones se endurecieron sobre una percibida competencia desleal para servicios públicos y empleos, y temores de que Gran Bretaña sea "inundada" por extranjeros. Mientras que el diez por ciento de la población británica nació en el extranjero -menos que en Francia o Alemania-, la mayoría pensaba que la cifra era de veinticinco por ciento. Una respuesta política fue la puesta a punto de una ley de ciudadanía que rompía los lazos entre residencia temporal y asentamiento. Los diez años de Antonio en Gran Bretaña, estropeados por nueve meses en situación ilegal como niño, ya no son suficientes para solicitar una estadía indefinida. No tiene familiares ingleses ni habilidades excepcionales ni otras posibilidades de naturalización.
Su permiso de residencia expira el 18 de septiembre. En su categoría -protección humanitaria- debe esperar hasta 28 días antes de esa fecha para solicitar una extensión y de algún modo demostrar que su necesidad de protección no ha cambiado.
Entretanto, la coalición de gobierno conservadora-liberal demócrata ha jurado reducir a la mitad la inmigración neta, de veinte mil personas al año hoy. Debido a que no puede impedir las llegadas desde otros países de la Unión Europea, presiona con más intensidad para rechazar a los no-europeos.
Para Antonio, hay un aspecto personal: Nelio, 13, volvió a Gran Bretaña con su pasaporte portugués, o de la Unión Europea. La ex madrastra de Antonio, que se había vuelto a casar, había enviado a Nelio a vivir con amigos portugueses cerca de Manchester. Había vuelto a Angola, ahora un país en paz que es ajeno a Antonio.
"Mi familia es inglesa", dice, refiriéndose a los Beaumont. "Gran Bretaña, esa es mi cultura."
29 de agosto de 2011
20 de agosto de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer