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justificando el crimen de un ciudadano


El memorándum legal del gobierno sobre el asesinato de Anwar al-Awlaki es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Editorial NYT.
Aparentemente el gobierno de Obama pasó meses sopesando las implicaciones jurídicas de un atentado contra Anwar al-Awliki, el ciudadano estadounidense que fue asesinado en Yemen el mes pasado después de ser acusado de ser un operativo terrorista. El gobierno preparó un detallado y cauto memorando para justificar la decisión, un refrescante cambio de la implacable estrategia jurídica del gobierno de Bush, que racionalizó la tortura, reclamó poderes presidenciales sin límites, y descarriló la lucha del país contra los terroristas.
Pero el memorando, tal como informa Charlie Savage en el The Times, es una base insuficiente para la transcendental decisión del gobierno de asesinar a uno de sus propios ciudadanos, independientemente de lo peligroso que se creyera que era. Por una cosa, el gobierno se ha negado a hacer público o incluso a reconocer su existencia. Fue descrito a Savage por funcionarios anónimos y el gobierno no comentará ni siquiera sus protocolos más básicos para elegir a blancos de asesinato.
La decisión de asesinar a Awlaki fue tomada enteramente en la rama ejecutiva. El memorando no fue compartido con el Congreso ni ningún juez independiente ni comisión de jueces emitió juicio alguno. El gobierno ignoró los derechos de Awlaki a un debido proceso.
El presidente Obama dijo que Awlaki, un clérigo musulmán radical, había tomado "la dirección en la planificación de campañas para asesinar a estadounidenses inocentes." El gobierno dijo que había inspirado varios atentados terroristas, incluyendo el intento fallido de atentar contra un avión de pasajeros con destino a Detroit el 25 de diciembre de 2009. Funcionarios dijeron que el papel de Awlaki iba más allá de la inspiración y tenía un papel operacional en los atentados, aunque no entregaron pruebas de ello. Si la Casa Blanca entregara evidencias que tiene para respaldar estas acusaciones, tendría más posibilidades de justificar la muerte del clérigo.
El memorando, redactado por dos abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, decía que Awlaki podía ser asesinado porque había tomado parte en la guerra entre Estados Unidos y al Qaeda y representaba una amenaza importante para los estadounidenses, pero no llega a analizar la calidad de las evidencias. Dijo que unirse a una fuerza enemiga lo había privado de su derecho a un debido proceso, mencionando varios fallos de la Corte Suprema que ponen la protección de vidas inocentes por encima del riesgo de posible muerte del sospechoso.
Awlaki no tenía derecho a todas las garantías -un juicio público en ausencia habría sido una pérdida de tiempo e impráctico-, pero como ciudadano estadounidense tenía derecho a algunas. El memorando decía que Awlaki debía ser capturado, si posible, con vida, un importante principio incluso si el gobierno no creyera que podía enviar comandos a Yemen para capturarlo.
El debido proceso significa más que un análisis de riesgo militar. Se requieren instrucciones públicas y claras sobre cómo acatar la ley federal y el derecho internacional al aprobar asesinatos selectivos, especialmente de estadounidenses. Y significa llevar la decisión más allá del Ejecutivo. Hemos argumentado que se necesita una revisión judicial, quizás un tribunal a puertas cerradas similar a las Cortes de Vigilancia de Espionaje Extranjero (Foreign Intelligence Surveillance Court) antes que alguien, especialmente un ciudadano, sea colocado en una lista negra.
El gobierno de Obama parece saber que las operaciones antiterroristas no escapan al imperio de la ley. Su causa sería mucho más fuerte si lo dijera, y en voz alta.
14 de octubre de 2011
11 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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