injusticia en españa
9 de abril de 2010
El delito en España no es la identificación de los restos de ciudadanos enterrados clandestinamente en fosas comunes durante la dictadura franquista, sino esas ejecuciones y desapariciones. Ediorial de The New York Times.
El más conocido juez instructor de España, Baltasar Garzón, está siendo procesado en un caso motivado políticamente que los tribunales no debieron haber aceptado.
El juez Garzón está acusado de ignorar una ley de amnistía de 1977 por haber decidido investigar la desaparición de más de cien mil personas durante la guerra civil española en los años treinta y la década de represión franquista que la siguió. Los cargos fueron presentados por dos organizaciones de extrema derecha que temen una investigación abierta de la época de Franco. Desgraciadamente, uno de los colegas de Garzón aceptó la querella y presentó esta semana cargos formales.
Como resultado, Garzón será suspendido de sus tareas mientras dure el juicio. Si se lo condena, podría ser inhabilitado por hasta veinte años, poniendo en realidad fin a la carrera que dedicó a perseguir a terroristas y dictadores. Eso satisfará a sus enemigos políticos, pero convertirá a la justicia [española] en una farsa.
Los verdaderos crímenes en este caso son las desapariciones, no la investigación de Garzón. Si, como parece probable, estos fueron crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, la amnistía española de 1977 no puede ser utilizada para absolverlos. Los presuntos perpetradores están todos muertos y Garzón detuvo su investigación hace bastante tiempo, entregando la jurisdicción a tribunales españoles locales en las zonas donde fueron exhumadas las víctimas.
Garzón es un intrépido y polémico prosecutor que ha cosechado muchos enemigos en el curso de los años. Ha procesado a terroristas vascos y de al Qaeda, a poderosos políticos españoles, a dictadores latinoamericanos y a matones de la mafia rusa.
Le atraen casos prominentes, como su intento de juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet, y a veces se extralimita. Pero su objetivo consistente ha sido negar impunidad a los poderosos y ampliar el alcance de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
Garzón debería poder reanudar ese trabajo lo más pronto posible. España necesita una rendición de cuentas honesta sobre su atormentado pasado, no perseguir a aquellos que tienen el coraje de exigirla.
©new york times mQh
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