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corte estudia guantánamo


[Linda Greenhouse] La Corte Suprema se mostró ayer claramente insensible al alegato del gobierno de Bush de que las puertas de las cortes federales deben permanecer cerradas para los extranjeros detenidos en la base naval de Guantánamo en Cuba.
Este mes, en el primero de tres casos sobre el derecho al recurso de inconstitucionalidad de aquellos considerados combatientes enemigos, la mayoría de los jueces parecían opinar que el precedente de la Segunda Guerra Mundial, que constituye la piedra angular de la estrategia del gobierno, resulta ambiguo, irrelevante e incluso contrario a la posición de la administración.
Incluso la declaración de apertura del subsecretario de Justicia, Theodore B. Olson, "Los Estados Unidos están en guerra", pareció zaherir antes que convencer a los jueces escépticos.

"Supongamos que la guerra terminó", planteó el juez John Paul Stevens a Olson. "¿Podría seguir deteniendo a esa gente en Guantánamo; y tendríamos competencia?"
Olson contestó, "Creemos que no tendríamos competencia".

El juez Stevens preguntó entonces, "Entonces el hecho de la guerra es realmente irrelevante al problema legal, *no es así?"
Olson reconoció que era verdad, que la posición del gobierno no depende de la continuación del conflicto militar en Afganistán. "Pero es incluso más contundente y convincente" en ese contexto, declaró.

Además del juez Stevens, los jueces Ruth Bader Ginsburg, David H. Souter, Stephen G. Breyer y Sandra Day O´Connor tampoco fueron convencidos por los alegatos del gobierno.
Se quería saber si los detenidos en Guantánamo (alrededor de 600 hombres de varias nacionalidades capturados en Afganistán y Pakistán durante las operaciones contra los talibanes) pueden tener acceso a las cortes federales para impugnar su detención por medio del recurso de habeas corpus, la vieja ley por la que los presos en el mundo anglo-parlante pudieron durante siglos recusar la legalidad de su confinamiento.
La corte federal de apelaciones de Washington resolvió el año pasado que las cortes federales carecen de competencia para ver los recursos de habeas corpus de los detenidos de Guantánamo. Los dos casos que la Corte Suprema combinó en el alegato del martes fueron presentados en defensa de 16 detenidos, que sostienen todos que no eran combatientes y que son inocentes. Algunos de ellos fueron capturados por cazadores de recompensa.
Mientras estudian el caso de los no ciudadanos, los jueces y otros en la atiborrada sala del tribunal -algunos asistentes han hecho cola desde las 11 de la noche del lunes- tenían en mente, sin lugar a dudas, la próxima ronda de la revisión de la corte de la política del gobierno en su lucha contra el terrorismo.
Dos casos que serán vistos el próximo miércoles ponen a prueba los derechos de los ciudadanos estadounidenses Yaser Esam Hamdi y José Padilla, que llevan dos años bajo custodia militar por sospecha de colaborar con Al Qaeda pero no han sido nunca acusados formalmente ni se les ha dado la oportunidad de refutar los argumentos por los que se les denomina combatientes enemigos.
Los tres casos, que llegan a la corte dos años y medio después de los atentados del 11 de septiembre, dan a la Corte Suprema la oportunidad, largamente anticipada, de examinar no solamente el equilibrio entre las libertades civiles y la seguridad nacional sino también entre los poderes ejecutivo y judicial. Presentados como casos con jurisdicción de una corte federal, los tres ponen sobre el tapete funciones centrales del poder judicial ante una corte que se ha mostrado excesivamente celosa de sus propias prerrogativas.
John J. Gibbons, un juez federal jubilado que representa a los detenidos, enfatizó esa línea de pensamiento con sus palabras iniciales, "Lo que está en cuestión en este caso es la autoridad de las cortes federales para mantener la ley", declaró.
Su alegato no fue especialmente elocuente, pero el hecho de que lo hiciera le dio un aire de legitimidad a la causa de los detenidos. Gibbons, de 79 años, fue incorporado a la corte federal de apelaciones de Philadelphia por el presidente Richard M. Nixon. Fue su principal juez hasta que se retiró en 1990 para unirse a un importante bufete de abogados de Newark.
Gibbons pasó un año en la bahía de Guantánamo como joven oficial de la Marina. Uno de los principales problemas en el caso de Rasul contra Bush, No. 03-334, es definir el papel de los Estados Unidos en ese reducto cubano, ocupado desde 1903 bajo un contrato de usufructo perpetuo que le otorga su "completa jurisdicción y control" al tiempo que preserva la "soberanía final cubana".
Mientras que una interpretación correcta del caso fue materia de un vigoroso debate el martes, el precedente de la Corte Suprema en el centro del alegato legal -una resolución de 1950 llamada Johnson contra Eisentrager- determinaba que un combatiente enemigo mantenido fuera del territorio de los Estados Unidos no tiene derecho al recurso de habeas corpus. Así, era importante para los detenidos demostrar que la bahía de Guantánamo debería ser considerada, si no formalmente, al menos sí funcionalmente parte de los Estados Unidos.
"La base naval de Guantánamo, como puedo testificar después de un año de experiencia personal, está bajo completo control de los Estados Unidos, y lo ha estado durante un siglo", dijo Gibbons.
Sonriendo, el juez Ginsburg dijo, "No necesitamos su experiencia personal. Es lo que está en el tratado, que dice Acompleta jurisdicción, completa jurisdicción y control".
El presidente del tribunal supremo, William H. Rehnquist, objetó: "También dice que Cuba conserva su soberanía".
Gibbons replicó: "La ley cubana no ha sido aplicada nunca en esa base. De esa base no saldría una carta que llevara un sello con el retrato de Fidel Castro".

Agregó: "Es completamente artificial decir que por esa disposición del tratado el poder ejecutivo pueda crear una zona ´sin ley´ que no es responsable ante el poder judicial en ninguna parte".
El precedente del caso de Johnson contra Eisentrager figuró también prominentemente en el alegato del señor Olson, cuya esposa, Barbara, murió en los ataques del 11 de septiembre. Sostuvo que el caso, que rechazó los recursos de habeas corpus de 21 civiles alemanes que habían sido sorprendidos espiando para Japón durante la guerra en China, estableció una regla que prohibía a las cortes federales siquiera considerar los recursos de extranjeros enemigos mantenidos bajo custodia en ultramar.
Sin embargo, los abogados de los detenidos de Guantánamo argumentan que la decisión indica que la corte sí ejerció su jurisdicción y luego rechazó los recusos en base a sus méritos, al menos parcialmente, porque los alemanes ya había sido juzgados y hallados culpables por una comisión militar. Si se acepta esa interpretación, no hay entonces un precedente vinculante de la Corte Suprema que prohíba la jurisdicción en el caso de Guantánamo para demandantes que no han sido ni acusados ni juzgados.
La juez O´Connor, cuyo voto será probablemente crucial, pareció aceptar esa interpretación. "Lo que parecía hacer era considerar los méritos y decir al final del día que esa gente no tenía derechos", dijo la juez O´Connor sobre la resolución de Eisentrager. "Tuvieron un juicio en un tribunal militar y no tenían derechos que pudieran ser otorgados", agregó.
Una resolución de la Corte Suprema que diera lugar a tratar el recurso de habeas corpus de los detenidos de Guantánamo haría surgir la pregunta -que con toda seguridad dejará que traten tribunales inferiores- sobre si estos recursos serán aceptados.
El juez Breyer sugirió que la corte podría adoptar una norma "de protección pero práctica" para evaluar los méritos de los recursos.
Al dirigirse al señor Olson, el juez Breyer dijo, "Lo que usted dice tiene la virtud de la claridad. Hay una norma clara. Fuera de los Estados Unidos no es un ciudadano. No le dejamos poner un pie en la puerta. Pero contra usted es el mismo hecho. Resulta contrario a la idea de una Constitución con tres poderes, que el ejecutivo tuviera libertad de hacer todo lo que quisiera sin control".
Continuó el juez Breyer: "Tenemos la posibilidad de ayudarle realmente con lo que le preocupa, que es la interferencia indebida de la corte; refinar el derecho fundamental a tratar todos estos problemas con el ejército, que le condujeron a empezar a exponer recordándonos esos problemas. De modo que si ésa es la opción, **por qué no decir: ´Bien, prisioneros de Guantánamo, ya metieron el pie en la puerta´, y usaremos esos derechos fundamentales para elaborar algo que sea de protección pero práctico?"
El señor Olson apenas tuvo oportunidad de responder antes de que el juez Antonin Scalia comenzara su alegato por él. Dirigiéndose a Olson, pero teniendo claramente como objetivo refutar al juez Breyer, el juez Scalia dijo, "Con esta nueva norma fundamental que vamos a dejar que impongan las cortes, no podemos citar a declarar a testigos y ver cuáles son los problemas reales, *no es así?".
Continuó: "Sólo tenemos a abogados ante nosotros, no tenemos testigos, no tenemos contra-interrogación, no tenemos un equipo de investigación. *Y deberíamos ser nosotros, se pregunta el juez Breyer, los que diseñemos este sistema reticulado para proteger a nuestro ejército de la intervención de las cortes?"
El debate fue uno de los pocos momentos dramáticos del alegato, indicando que como quiera que resuelva la corte en este caso, no es probable que la decisión sea unánime.


21 abril 2004
©the new york times ©traducción mQh
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