deportaciones por charter
[Autonoom Centrum] Amsterdam, Holanda. El gobierno holandés continúa contratando vuelos de chárter para trasladar a los solicitantes de asilo rechazados. A comienzos de año, la actual administración de centro-extrema derecha decretó la deportación de 26 mil refugiados residentes en el país desde 1998, procedentes en su mayoría de países como Iraq, Irán y la antigua Yugoslavia. Según fuentes, el gobierno busca implicar en las deportaciones más activamente al ejército. Se discute la posibilidad de utilizar aviones militares. A pesar del hecho de que desde 2003 el gobierno holandés no ha dicho nada sobre las deportaciones por vuelos chárter, estos continúan regularmente. Así, el 24 de marzo partió desde el aeropuerto de Rótterdam, hacia Nigeria y Camerún, un chárter con 32 ilegales y refugiados rechazados/inmigrantes. Se trataba de 15 nigerianos y 17 camerunenses (de los cuales, uno de Bélgica).
En marzo partieron desde Bélgica dos aviones militares con refugiados e inmigrantes holandeses' en el marco del acuerdo del Benelux. Bélgica, Holanda y Luxemburgo acordaron en enero de 2004 colaborar en las deportaciones. En noviembre de 2003 el Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo político para la utilización de vuelos de chárter comunitarios (vuelos contratados por dos o más países miembros de la Unión Europea).
La Comisión Europea ha propuesto a los 25 países miembros destinar 30 millones de euros para los cháaters de deportados para 2005 y 2006. En marzo de 2004, el parlamento europeo rechazó no obstante el proyecto de charters comunitarios, porque "por llenar los aviones se descuida el tratamiento individualizado de los casos". A pesar de este rechazo, los charters ocurren en el marco del acuerdo del Benelux, como un proyecto piloto.
El 9 de marzo partió un avión de la fuerza aérea belga desde el aeropuerto militar de Melsbroek, Bruselas, hacia Kosovo y Albania. Iban a bordo de este "vuelo vigilado" (así lo llaman en Bélgica) 36 refugiados albaneses rechazados de Bélgica, 3 de Holanda y 1 de Luxemburgo, y casi 100 escoltas de esos tres países. El profesor E. Vermeersch, de Gent, que redacta a petición del ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica un nuevo manual de las modalidades de expulsión, viajaba también en el avión.
La Comisión Vermeersch fue instalada después de la muerte de Sémira Adamu, para estudiar las prácticas de expulsión. Sémira murió asfixiada en septiembre de 1998 durante su deportación, cuando los guardias civiles le pusieron un cojín en la cara. Vermeersch llamó la deportación de refugiados "un espectáculo dramático y doloroso", con "una muy fuerte resistencia de un tercio de los refugiados".
Los escoltas usaron esposas y ataduras de brazos y piernas. A algunos se les subió en andas al avión. A un refugiado se le puso un "casco", de los usados por los boxeadores para evitar daños cerebrales. Como no había un manual de instrucciones, los problemas no anticipados eran "resueltos espontánea y directamente", dijo Vermeersch.
Mencionó como diferencia entre las instrucciones holandesas y belgas, que en Bélgica está prohibido atar al refugiado a las patas del asiento del avión (para prevenir accidentes), mientras que en Holanda sí está permitido. "Las asociaciones de pilotos, como la Asociación Belga de Pilotos, piden al gobierno no amarrar a los pasajeros durante el despegue o aterrizaje. Los pilotos de línea se niegan a menudo a despegar si hay alguien esposado en el avión. Con un avión militar es diferente. La ventaja' de los pilotos del ejército, es que no preguntan nada ni hacen objeciones".
Para Bélgica, fue la primera expulsión después de que la policía federal se negara a participar en expulsiones como protesta por la condena, el 12 de diciembre de 2003, de los cuatro ex guardias civiles a un año de prisión condicional en el caso de Sémira Adamu. El sindicato de policías rechazó la responsabilidad individual de los agentes de policía, e insistió en que los agentes habían cumplido bien con su misión.
Un segundo caso de expulsión Benelux con un avión militar belga tuvo lugar el 18 de marzo de 2004. Cincuenta ilegales e inmigrantes rechazados de Bélgida y Holanda (16 turcos y 34 rumanos) fueron deportados a Bukarest y Ankara. Cinco rumanos fueron expulsados de Holanda por ocho escoltas de la policía militar.
Los vuelos militares belgas fueron suspendidos el 9 de mayo. El ministro de Defensa, Flahaut, propuso suspender el uso de aviones militares para la expulsión de extranjeros ilegales o rechazados, por problemas de capacidad, durante las próximas semanas. Los dos vuelos semanales que estaban programados, fueron suspendidos. En círculos sindicales militares dijeron que el ministro de Defensa no quería continuar las deportaciones por temor al daño electoral.
No es sabido si Holanda, en el marco de los acuerdos del Benelux, utilizará aviones militares para las deportaciones. En 2003, la fuerza aérea holandesa firmó un convenio con el servicio de Inmigración y Naturalización. La contribución de la fuerza aérea (un KDC-10, un F-60 y un F-50 y el uso de aeropuertos militares) sería necesaria debido a que se espera un aumento de las deportaciones.
La militarización de las deportaciones holandesas ha comenzado ahora con los aviones belgas.
En 2003 Holanda realizó 18 vuelos chárter de deportados, expulsando en total 868 refugiados e inmigrantes (del total de 11.400 expulsiones forzosas de 2003). Es menos que el año pasado, cuando se contrataron 25 vuelos charters con 1.404 inmigrantes deportados (de un total de 12.000 expulsiones forzosas en 2002).
Una crítica extendida de los charters es que en estas expulsiones no es posible el control democrático y hay un mayor riesgo de violación de los derechos del individuo. Los charters escapan completamente al control del mundo exterior. No hay controles independientes en un chárter. Se teme que los escoltas de la policía militar utilicen más medios de presión y violencia. A un refugiado que grita, se le tacha rápidamente de "agresión verbal". En los casos de expulsiones de grupos, el riesgo de represión es mayor. Las deportaciones masivas, incluyendo los charters, llaman la negativa atención de las autoridades de los países destinatarios. Se trata de retornados forzasos, los que precisamente habían huido del país por razones políticas y/o económicas. Pueden ser considerados por las autoridades como disidentes y opositores, y como un factor desestabilizador, y su seguridad no está garantizada. Los vuelos charters requieren derechos de aterrizaje especiales. A la llegada al país de origen, el grupo es entregado a las autoridades de inmigración y, como grupo, sigue siendo reconocible' y trazable', lo que también es válido cuando llegan por avión militar.©autonoom centrum
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20 mei 2004
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