EL PRESIDENTE TAMBIÉN TIENE PODERES DE TIEMPOS DE GUERRA - todd s. purdum
Washington, EU. En medio del conflicto, y de una avalancha de nuevos acontecimientos en torno a la guerra de Iraq, continúan las demandas en los tribunales estadounidenses de que se permita que los combatientes enemigos tengan derechos procesales desde que se declaró el fin de la guerra. The New York Times comenta las últimas resoluciones.En el otoño de 2001 el presidente Bush justificó su decisión de tratar a algunos de los sospechosos de actos de terrorismo capturados como "combatientes enemigos" sin acceso a abogados, tribunales y otros derechos legales establecidos durante largo tiempo con la argumentación de que no podía dejar que los enemigos de Estados Unidos "usaran los foros de la libertad para destruir la libertad misma".
El lunes por la mañana, la Corte Suprema hizo suyo un buen trozo de esa lógica, y ofreció un enérgico recordatorio de que en Estados Unidos, incluso en tiempos de guerra, ningún prisionero está por debajo del respeto de la ley y ningún presidente por encima de ella.
Fue el juez Robert H. Jackson el primero en observar este mes hace 52 años, en otro verano electoral de tiempos de guerra, que un presidente no es comandante en jefe del país, sino sólo de las fuerzas armadas. El juez Jackson escribió en su opinión concordante anulando la expropiación ordenada por Harry S. Truman de la industria del acero norteamericana durante la Guerra de Corea, y el juez David H. Souter citó esas palabras aprobatoriamente en su dictamen del lunes.
El efecto de la actual resolución de la corte en los casos relacionados fue levantar una clásica barrera institucional y política a las iniciativas de Bush para impedir que algunos ciudadanos y extranjeros designados como los "combatientes enemigos" más peligrosos vean alguna vez una corte. Es precisamente el derecho a un juicio semejante, sostuvo la corte, lo que constituye la separación constitucional de lod poderes y por extensión de la doctrina de gobierno estadounidense.
Bush tratará ahora de extraer una autorización constitucional explícita para tratar a esos sospechosos de terrorismo, pero eso no debería ser una tarea insuperable para este presidente. Pero tendrá que hacerlo en un momento en que encuentra oposición en muchos frentes, incluyendo la transferencia de soberanía en un Iraq todavía peligroso, cuestiones sobre las instrucciones de su administración sobre el interrogatorio de prisioneros de guerra y encuestas que muestran un descenso del apoyo público para su manejo de la guerra contra el terrorismo y perspectivas inciertas sobre su re-elección.
"Es una clara demostración de que nuestro mecanismo de equilibrio de poderes, de separación de poderes, continúa siendo un freno efectivo de cualquiera de los poderes", dijo el historiador Robert Dallek. "Después de todo, este no es un tribunal de izquierdas, ni dominado por jueces que están a la izquierda del centro. Pero en última instancia el tribunal tiene un grado único de independencia del ejecutivo y del legislativo, lo que incluso en tiempos de grandes dificultades no se entrega ligeramente".
El juez Clarence Thomas disintió de la mayoría en el caso de Yaser Esam Hamdi, un ciudadano norteamericano capturado en Afganistán y retenido desde entonces la mayor parte del tiempo sin acceso al mundo exterior. "Los Fundadores establecieron que el presidente tiene la responsabilidad primaria -junto con el poder necesario- para proteger la seguridad nacional y dirigir las relaciones internacionales del país", escribió el juez Thomas. "Lo hicieron así principalmente porque las ventajas estructurales de un ejecutivo unitario son esenciales en estos terrenos".
La Casa Blanca optó por enfatizar los párrafos en la opinión mayoritaria en el caso de Hamdi, y otro que implicaba a detenidos extranjeros en Bahía Guantánamo, que apoyaban la autoridad del presidente para detener a "combatientes enemigos" sin juicio.
"La más solemne obligación del presidente es defender al pueblo estadounidense, y nos complace que la Corte Suprema haya confirmado la autoridad del presidente para detener a combatientes enemigos, incluyendo a ciudadanos, mientras duren las hostilidades", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan. "El gobierno se ha comprometido en hacer un proceso que responda a las preocupaciones de la corte y permita al presidente continuar ejerciendo su responsabilidad constitucional como comandante en jefe para proteger al país en tiempos de guerra".
En una declaración, Mark Corallo, portavoz del departamento de Justicia, dijo que el departamento estaba complacido de que la corte "sostuviera la autoridad del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas para detener a combatientes enemigos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses". La declaración agrega que la corte "también sostuvo que los individuos detenidos por Estados Unidos como combatientes enemigos tengan algunos derechos procesales para impugnar su detención. Pero la corte reconoció que esos procedimientos deben reflejar el contexto único de la detención de los combatientes enemigos y la necesidad del ejecutivo de continuar la guerra".
Gran parte de la reacción estalló a lo largo de líneas partidarias previsibles. El senador John Kerry, de Massachussets, el candidato presidencial demócrata, elogió la resolución diciendo: "He dicho todo el tiempo con respecto a los detenidos que es vital respetar la Constitución de Estados Unidos, proteger las libertades cívicas y derechos civiles, incluso cuando protegemos a nuestro país. He propuesto muchas maneras de hacerlo, incluyendo un control judicial y diferentes tipos de estructuras de control".
En contraste, el senador John Cornyn, un republicano de Texas, y presidente del subcomité del Comité Judicial sobre la Constitución, los Derechos Civiles y de Propiedad, calificó las resoluciones "algo decepcionantes", y agregó: "Me preocupan las nuevas limitaciones impuestas por la Corte Suprema al presidente como comandante en jefe. Espero que no sean esposas".
Algunos historiadores no se asombraron de las decisiones de la corte. Alonzo Hamby, un estudioso de la presidencia de la Universidad de Ohio, observó irónicamente que "hubo una época en que no se pensaba que los presidentes tuvieran necesariamente que prestar atención a las decisiones de la Corte Suprema".
En los años de 1830, cuando la Corte Suprema declaró ilegal el desalojo forzoso de las tribus indias de sus tierras por parte del gobierno estadounidense, el presidente Andrew Jackson rechazó para la posteridad el dictamen del presidente del tribunal supremo diciendo: "John Marshall tomó una decisión. Dejemos ahora que la implemente".
Hamby dijo: "Pero en el mundo en el que vivimos hoy es literalmente imposible para un presidente ignorar una resolución de la Corte Suprema, sin importar lo equivocada o peligrosa que él crea que sea".
28 de junio de 2004
©new york times ©traducción mQh
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