PROMESA DE LLEVAR JUSTICIA A MÉXICO SE TRANSFORMA EN NADA - ginger thompson & tim weiner
El presidente Fox prefirió un procurador a una comisión de la verdad para procesar a antiguos jefes de estado sospechosos de crímenes contra la humanidad, en el caso del acusado ex presidente Luis Echeverría. New York Times publicaba este artículo el 26 de julio.
Ciudad de México, México. ¿Cómo hará México cuentas con su pasado?
Otros países lo ha hechos. Estados Unidos presenciaron cómo la comisión del 11 de septiembre iluminó los momentos más oscuros de la historia estadounidense reciente, arrojando luz sobre documentos secretos, interrogando a espías, incluso entrevistando al presidente.
En países tan diferentes como Guatemala y Sudáfrica, cuyos gobiernos pasados encarcelaron, torturaron y mataron a su propia gente en nombre de la seguridad nacional formaron sus propias comisiones de la verdad' para exhumar los hechos y exponerlos. Pero en nombre de la reconciliación nacional, esos países dejan de lado el procesamiento de los responsables de esos crímenes.
En América Latina, donde durante la guerra fría se cometieron de manera sistemática torturas, desapariciones y asesinatos de opositores sospechosos desde México a Chile, al sur, pocos países han presentado cargos formales contra los antiguos jefes de estado por sospechas de crímenes contra la humanidad.
Así, la acusación presentada el viernes contra el antiguo presidente Luis Echeverría, que gobernó México entre 1970 y 1976, fue un acontecimiento significativo. El procurador especial Ignacio Carrillo Prieto acusó al antiguo presidente, a dos de sus antiguos secretarios y tres generales del ejército de genocidio por la masacre de al menos 25 estudiantes en una manifestación en 1971.
Durante siete décadas consecutivas, los presidentes mexicanos han gobernado este país como si fueran reyes. Cada uno de ellos eligió a su sucesor. La tradición autoritaria garantizó un poder casi total al Partido Revolucionario Institucional PRI, y la impunidad para sus viejos estadistas. Las huellas digitales de los presidentes eran borradas de los abusos cometidos durante su período en el poder.
La elección del presidente Vicente Fox hace cuatro años derribó al PRI. Fox, un hombre de negocios conservador, prometió romper con los abusos del pasado recurriendo a la justicia. Rechazó los llamados de formar una comisión de la verdad, diciendo que la Constitución Mexicana no lo permitía y argumentando que tales comisiones no garantizaban el castigo.
Sus promesas de justicia se han transformado en nada. La antigua jefe de derechos humanos de Fox, Marie Claire Acosta, se preguntaba en una entrevista si acaso estaban predestinadas a fracasar.
En lugar de crear una comisión de la verdad independiente, Fox confió el asunto al corrupto y desvencijado sistema judicial del país.
El presidente nombró un procurador especial para investigar los crímenes. Pero el despacho del procurador opera bajo la cadena de mando del procurador general Rafael Macedo de la Concha, un antiguo general del ejército que ha defendido las actuaciones militares de la acusación de abusos. Antes que obligar a la institución a abrirse por sí sola al escrutinio, organizaciones de derechos humanos dicen que ha actuado como su cancerbero.
El año pasado, un informe de Human Rights Watch advertía que Fox había dado a su procurador especial poca apoyo político, moral y financiero contra los obstáculos levantados por los militares y el procurador general. Los militares ignoran sistemáticamente las peticiones de documentos y entrevistas. El segundo procurador más poderoso de México, José Luis Santiago Vasconcelos, criticaron la misión del procurador especial y apoyaron los llamados de los militares a una amnistía.
La evidencia pública sugiere fuertemente que Echeverría sabía que un escuadrón de la muerte adiestrado por ejército llamado los Halcones atacó el 10 de junio de 1971 a unos estudiantes en una manifestación, y mataron al menos a 25 de ellos, golpeándolos hasta la muerte con cachiporras y cadenas.
Funcionarios del departamento de estado estadounidense en México piensan que Echeverría apoyaba a los Halcones como una fuerza contra el movimiento estudiantil y "puede haber autorizado la intervención del grupo" para atacar a los manifestantes. Sus informes desclasificados han sido publicados en la red por el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo sin fines de lucro de Washington (www.nsarchive.org), y ampliamente publicados en México.
El caso presentado contra Echeverría y sus colegas es voluminoso -9.382 páginas de evidencias y testimonios- pero vulnerable a la presión política de los militares y del PRI, todavía el partido político más grande del país.
El sábado un juez federal rechazó la acusación de genocidio. Funcionarios del despacho del procurador especial dijeron que el juez no consideró la evidencia, sino que decidió simplemente que el delito había prescrito después de 30 años.
Luis Rubio, columnista del diario Reforma, dijo que Fox nunca dejó en claro sus intenciones hacia el PRI o el pasado, al tiempo que desataba "fuerzas incontroladas y semi-autónomas para vérselas con las dos, que podía terminar con destruir el pequeño proceso democrático puesto en marcha con su elección. O peor".
En una entrevista el domingo, el procurador especial dijo que no era su primer tropiezo, y que su lucha continuaba. En los próximos dos días recurrirá el caso, dijo.
Presentó con éxito una apelación el año pasado, y obtuvo la detención de Miguel Nazar Haro, el antiguo jefe de una fuerza de la policía secreta durante los años setenta y ochenta. Nazar Haro fue acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, un líder de izquierdas que fue secuestrado por fuerzas de la seguridad del estado en 1975. Se lo cree muerto, pero su cuerpo no ha sido encontrado.
Quizás es interesado, pero Carrillo Prieto tenía razón cuando dijo que Fox hizo bien en preferir su despacho a una comisión de verdad.
"Con una comisión de la verdad los gobiernos hacen pactos con el Demonio", dijo. "Nuestro despacho busca maneras de meter al Demonio en la cárcel".
26 de julio de 2004
6 de agosto de 2004
©traducción mQh
©newyorktimes
Ciudad de México, México. ¿Cómo hará México cuentas con su pasado?Otros países lo ha hechos. Estados Unidos presenciaron cómo la comisión del 11 de septiembre iluminó los momentos más oscuros de la historia estadounidense reciente, arrojando luz sobre documentos secretos, interrogando a espías, incluso entrevistando al presidente.
En países tan diferentes como Guatemala y Sudáfrica, cuyos gobiernos pasados encarcelaron, torturaron y mataron a su propia gente en nombre de la seguridad nacional formaron sus propias comisiones de la verdad' para exhumar los hechos y exponerlos. Pero en nombre de la reconciliación nacional, esos países dejan de lado el procesamiento de los responsables de esos crímenes.
En América Latina, donde durante la guerra fría se cometieron de manera sistemática torturas, desapariciones y asesinatos de opositores sospechosos desde México a Chile, al sur, pocos países han presentado cargos formales contra los antiguos jefes de estado por sospechas de crímenes contra la humanidad.
Así, la acusación presentada el viernes contra el antiguo presidente Luis Echeverría, que gobernó México entre 1970 y 1976, fue un acontecimiento significativo. El procurador especial Ignacio Carrillo Prieto acusó al antiguo presidente, a dos de sus antiguos secretarios y tres generales del ejército de genocidio por la masacre de al menos 25 estudiantes en una manifestación en 1971.
Durante siete décadas consecutivas, los presidentes mexicanos han gobernado este país como si fueran reyes. Cada uno de ellos eligió a su sucesor. La tradición autoritaria garantizó un poder casi total al Partido Revolucionario Institucional PRI, y la impunidad para sus viejos estadistas. Las huellas digitales de los presidentes eran borradas de los abusos cometidos durante su período en el poder.
La elección del presidente Vicente Fox hace cuatro años derribó al PRI. Fox, un hombre de negocios conservador, prometió romper con los abusos del pasado recurriendo a la justicia. Rechazó los llamados de formar una comisión de la verdad, diciendo que la Constitución Mexicana no lo permitía y argumentando que tales comisiones no garantizaban el castigo.
Sus promesas de justicia se han transformado en nada. La antigua jefe de derechos humanos de Fox, Marie Claire Acosta, se preguntaba en una entrevista si acaso estaban predestinadas a fracasar.
En lugar de crear una comisión de la verdad independiente, Fox confió el asunto al corrupto y desvencijado sistema judicial del país.
El presidente nombró un procurador especial para investigar los crímenes. Pero el despacho del procurador opera bajo la cadena de mando del procurador general Rafael Macedo de la Concha, un antiguo general del ejército que ha defendido las actuaciones militares de la acusación de abusos. Antes que obligar a la institución a abrirse por sí sola al escrutinio, organizaciones de derechos humanos dicen que ha actuado como su cancerbero.
El año pasado, un informe de Human Rights Watch advertía que Fox había dado a su procurador especial poca apoyo político, moral y financiero contra los obstáculos levantados por los militares y el procurador general. Los militares ignoran sistemáticamente las peticiones de documentos y entrevistas. El segundo procurador más poderoso de México, José Luis Santiago Vasconcelos, criticaron la misión del procurador especial y apoyaron los llamados de los militares a una amnistía.
La evidencia pública sugiere fuertemente que Echeverría sabía que un escuadrón de la muerte adiestrado por ejército llamado los Halcones atacó el 10 de junio de 1971 a unos estudiantes en una manifestación, y mataron al menos a 25 de ellos, golpeándolos hasta la muerte con cachiporras y cadenas.
Funcionarios del departamento de estado estadounidense en México piensan que Echeverría apoyaba a los Halcones como una fuerza contra el movimiento estudiantil y "puede haber autorizado la intervención del grupo" para atacar a los manifestantes. Sus informes desclasificados han sido publicados en la red por el Archivo de Seguridad Nacional, un grupo sin fines de lucro de Washington (www.nsarchive.org), y ampliamente publicados en México.
El caso presentado contra Echeverría y sus colegas es voluminoso -9.382 páginas de evidencias y testimonios- pero vulnerable a la presión política de los militares y del PRI, todavía el partido político más grande del país.
El sábado un juez federal rechazó la acusación de genocidio. Funcionarios del despacho del procurador especial dijeron que el juez no consideró la evidencia, sino que decidió simplemente que el delito había prescrito después de 30 años.
Luis Rubio, columnista del diario Reforma, dijo que Fox nunca dejó en claro sus intenciones hacia el PRI o el pasado, al tiempo que desataba "fuerzas incontroladas y semi-autónomas para vérselas con las dos, que podía terminar con destruir el pequeño proceso democrático puesto en marcha con su elección. O peor".
En una entrevista el domingo, el procurador especial dijo que no era su primer tropiezo, y que su lucha continuaba. En los próximos dos días recurrirá el caso, dijo.
Presentó con éxito una apelación el año pasado, y obtuvo la detención de Miguel Nazar Haro, el antiguo jefe de una fuerza de la policía secreta durante los años setenta y ochenta. Nazar Haro fue acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, un líder de izquierdas que fue secuestrado por fuerzas de la seguridad del estado en 1975. Se lo cree muerto, pero su cuerpo no ha sido encontrado.
Quizás es interesado, pero Carrillo Prieto tenía razón cuando dijo que Fox hizo bien en preferir su despacho a una comisión de verdad.
"Con una comisión de la verdad los gobiernos hacen pactos con el Demonio", dijo. "Nuestro despacho busca maneras de meter al Demonio en la cárcel".
26 de julio de 2004
6 de agosto de 2004
©traducción mQh
©newyorktimes
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