EN COMPAÑÍA DEL ENEMIGO - jon jeter
En Argentina la amnistía para sospechosos de la guerra sucia' atormenta a las víctimas. El atroz caso del capitán Astiz subraya la necesidad de terminar con las leyes que protegen a los asesinos y la urgencia del restablecimiento de la pena de muerte para violadores de derechos humanos.
Buenos Aires, Argentina. Al demonio le gustaba bailar.
De vez en cuando, de acuerdo a informes de prensa, alguien lo veía en una discoteca o en un bar, y comenzaba a abuchearlo. En menos que canta un gallo, toda una multitud se unía al abucheo, gritándole "asesino, asesino" hasta que Alfredo Astiz no tenía otra opción que escapar del lugar.
Quizás no haya ningún argentino vilipendiado por sus compatriotas como Astiz, el capitán de la armada rubio y de ojos azules que estuvo implicado en el secuestro y asesinato de mujeres, niños y monjas durante la horrenda traición que significó la guerra sucia' de Argentina, una purga de siete años en la que se calcula que la junta militar que se hizo con el poder en 1976 asesinó a unas 30.000 disidentes políticos.
Nuevos informes e informaciones proporcionadas por activistas de derechos humanos completaron el retrato de Astiz diciendo que no se arrepentía de sus actos durante la guerra sucia. Astiz, que a menudo es acosado por la gente en la calle, no pudo ser consultado y los abogados que representan a los militares acusados no respondieron a las peticiones de una entrevista.
Las mujeres lo escupen. Los hombres lo persiguen con palancas. Hace algunos años, cuando esperaba un autobús en la ciudad patagónica de Bariloche, según describió el bien documentado caso la prensa argentina, un hombre se acercó caminando tranquilamente hacia él y le preguntó en tono amistoso:
"¿Es usted Astiz?"
"Sí, soy yo", respondió Astiz.
El hombre le dio dos puñetazos en la cara y le pegó una patada en la ingle antes de que Astiz pudiera huir. Desde entonces, en el aniversario de la paliza, la gente de la ciudad celebra una fiesta exactamente en el mismo lugar donde ocurrió la paliza para conmemorar la humillación de Astiz.
"Es nuestro Judas", dijo Hebe Bonafini, [la controvertida] presidente de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de derechos humanos. Dos hijos de Bonafini desaparecieron hace 26 años. "En Argentina vemos a nuestros torturadores todos los días. El demonio vive en la casa de al lado".
Astiz es uno de las docenas de oficiales militares que han sido acusados -y en algunos casos condenados- por violaciones de los derechos humanos que permanecen sin embargo en libertad protegidos por una poco popular amnistía y leyes de extradición de impiden su procesamiento en Argentina y en el extranjero. Los restos de miles de sus víctimas, presumiblemente muertas, no han sido recuperados nunca.
Veinte años después de que la dictadura militar abriera paso a la democracia, los sobrevivientes de la guerra sucia describen un trauma surrealista y persistente, en el que los deudos ven a sus parientes desaparecidos en las calles sólo para descubrir, al acercarse, que se trata de una ilusión; sus secuestradores y asesinos, por otro lado, continúan atormentándolos, dejándose ver en público casi todos los días.
"Nunca tendrás paz cuando vives al lado de tus torturadores, cuando te encuentras con el asesino de tu hija en el autobús", dijo Ana María Careaga, cuya madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada y presumiblemente asesinada por Astiz en 1977.
Sin soluciones legales, los argentinos se han impuesto la tarea de castigar ellos mismos a los asesinos, organizando en la década pasada más de 100 escraches -protestas con acoso realizadas por grupos de derechos humanos- en las que cientos de personas van a las casas y lugares de trabajo de los antiguos comandantes militares para denunciarlos ruidosamente.
Detenido brevemente por la junta militar cuando era un estudiante universitario, el presidente Néstor Kirchner ha propuesto al poder judicial que reconsidere la clemencia que muestra hacia los soldados. El mes pasado revocó una orden que impedía la extradición de oficiales militares y ordenó la detención de 46 oficiales militares -incluyendo a Astiz- que han sido acusados o condenados en tribunales extranjeros por los asesinatos de nacionales franceses, españoles, israelíes y otros durante la guerra sucia. Esa decisión deja en manos de la Corte Suprema argentina la determinación de extraditar o no a los oficiales militares caso por caso.
[Las autoridades detuvieron ayer a un antiguo prominente capellán católico de la policía y lo acusaron de ayudar a la policía y a los torturadores para extraer información de personas detenidas durante la dictadura militar. Un juez decidirá si presentará o no cargos contra el sacerdote Christian von Wernich, que ha sido blanco de protestas callejeras durante la pasada década por colaborar con los militares, informó Reuters].
Legisladores del dominante partido peronista de Kirchner piensan introducir nuevas leyes este mes que revocan las leyes de inmunidad. Kirchner dijo que las leyes, aprobadas en 1986 y 1987 por el entonces presidente Raúl Alfonsín son inconstitucionales porque sólo fueron propuestas para impedir un golpe militar.
Resultados de sondeos publicados la semana pasada indicaron que dos tercios de los argentinos apoyan los esfuerzos de llevar a juicio a los oficiales militares implicados en la guerra sucia. Si se aprueba la ley, legisladores y funcionarios de derechos humanos dijeron que al menos 1.000 oficiales militares serán procesados.
"Este es el primer paso para restaurar la fe de la gente en la ley y en su gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la Sección Américas de Human Rights Watch, una organización con sede en Washington. "Si queremos que la democracia funcione, la gente debe creer que los ricos y los poderosos deben someterse a las mismas leyes que los pobres y los sin poder. La ley debe ser consecuente; puede reparar una herida abierta".
El incipiente esfuerzo del gobierno para revisar los crímenes largamente impunes del antiguo gobierno militar ha despertado ardientes resentimientos. Astiz, conocido como "el ángel de la muerte rubio" pretendió estar buscando a un hermano secuestrado para infiltrar a las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a desfilar en 1976 frente al palacio presidencial todos los jueves, pidiendo respuesta de la junta militar sobre sus hijos desaparecidos.
Sus superiores enviaron a Astiz, entonces en la veintena, a identificar terroristas dentro del grupo. Tan protectoras se mostraron las madres más viejas con Astiz que insistían en acompañarlo hasta la parada del bus cerca de su cuartel general para impedir que los militares lo secuestraran.
"Ahí es donde ellos [los militares] detenían a la gente", dijo Bonafini, que recuerda al Astiz de esos años. Astiz trabajaba con las Madres durante el día y por las noches en la Escuela de Adiestramiento Naval, un campo de concentración donde se torturó y asesinó a cerca de 5.000 disidentes políticos.
La información proporcionada por Astiz condujo al secuestro y asesinato de Ballestrino de Careaga, Azucena Devicenti, una de las fundadoras de la organización, y a una tercera miembro del grupo, todas ellas en los cincuenta; dos monjas francesas y tres jóvenes argentinas que trabajaron para la organización y una adolescente sueca, Dagmar Hagelin, de 17.
Un tribunal sueco condenó a Astiz por el asesinato de la niña, a la que confundió con otra voluntaria de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.
Ninguna de las mujeres era terrorista. "Sólo éramos un montón de amas de casa", dijo Bonafini. "Él escogió a las mejor educadas, a las más cultas, a las que enseñaron al resto a escribir una carta, a las que organizaron a la gente".
Astiz fue acusado por violaciones de derechos humanos en 1987 por tribunales argentinos y fue encarcelado durante cinco meses a la espera del juicio. Fue dejado en libertad después de aprobadas las leyes de amnistía. En 1990 un tribunal francés lo sentenció en ausencia a cadena perpetua por el asesinato de las dos monjas, pero nunca fue extraditado.
En una entrevista a una revista hace seis años, Astiz dijo que no se arrepentía de lo ocurrido durante la guerra sucia. "No me arrepiento de nada", dijo. Dijo que los militares optaron por la única alternativa que tenían para salvar al país de los comunistas y que él era "el hombre mejor preparado técnicamente para matar a políticos y periodistas".
Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada cuando ella y su cuñado fueron secuestrados por oficiales de la marina en 1977. Sus brazos todavía muestran las cicatrices de las quemaduras por cigarrillo que le infligieron durante las sesiones de tortura. Fue liberada después de cuatro meses y huyó a Suecia; su cuñado desapareció.
"Cuando desaparecimos mi madre se unió a las Madres de Plaza de Mayo y escoltaba a otras mujeres para que no fueran secuestradas. Cuando me dejaron en libertad estaba tan agitada que corrió a la plaza a contarles a las otras madres que yo estaba libre. Las otras estaban tan felices que dijeron que la echarían de menos, pero mi madre dijo que tenía ninguna intención de abandonarlas mientras no apareciera cada uno de los hijos desaparecidos".
Meses más tarde, en diciembre de 1977, Careag trató de llamar por teléfono a su madre desde Suecia para decirle que había dado a luz a una niña. Pero su madre había desaparecido tres días antes.
"Se perdió el nacimiento de su primera nieta por tres días", dijo Careaga, ahora de 42. "Tres días".
Dijo que ella vio a Astiz hace algunos años frente a un tribunal aquí y a uno de sus torturadores cuando recogía a su nieta de la escuela hace algunos años.
"Nunca lo superarás mientras no puedas sepultar a tus seres queridos, mientras continúes viendo que sus asesinos caminan libremente", dijo. "Es la parte de esta historia que es irreparable. No podemos olvidar".
7 de agosto de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Al demonio le gustaba bailar.De vez en cuando, de acuerdo a informes de prensa, alguien lo veía en una discoteca o en un bar, y comenzaba a abuchearlo. En menos que canta un gallo, toda una multitud se unía al abucheo, gritándole "asesino, asesino" hasta que Alfredo Astiz no tenía otra opción que escapar del lugar.
Quizás no haya ningún argentino vilipendiado por sus compatriotas como Astiz, el capitán de la armada rubio y de ojos azules que estuvo implicado en el secuestro y asesinato de mujeres, niños y monjas durante la horrenda traición que significó la guerra sucia' de Argentina, una purga de siete años en la que se calcula que la junta militar que se hizo con el poder en 1976 asesinó a unas 30.000 disidentes políticos.
Nuevos informes e informaciones proporcionadas por activistas de derechos humanos completaron el retrato de Astiz diciendo que no se arrepentía de sus actos durante la guerra sucia. Astiz, que a menudo es acosado por la gente en la calle, no pudo ser consultado y los abogados que representan a los militares acusados no respondieron a las peticiones de una entrevista.
Las mujeres lo escupen. Los hombres lo persiguen con palancas. Hace algunos años, cuando esperaba un autobús en la ciudad patagónica de Bariloche, según describió el bien documentado caso la prensa argentina, un hombre se acercó caminando tranquilamente hacia él y le preguntó en tono amistoso:
"¿Es usted Astiz?"
"Sí, soy yo", respondió Astiz.
El hombre le dio dos puñetazos en la cara y le pegó una patada en la ingle antes de que Astiz pudiera huir. Desde entonces, en el aniversario de la paliza, la gente de la ciudad celebra una fiesta exactamente en el mismo lugar donde ocurrió la paliza para conmemorar la humillación de Astiz.
"Es nuestro Judas", dijo Hebe Bonafini, [la controvertida] presidente de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de derechos humanos. Dos hijos de Bonafini desaparecieron hace 26 años. "En Argentina vemos a nuestros torturadores todos los días. El demonio vive en la casa de al lado".
Astiz es uno de las docenas de oficiales militares que han sido acusados -y en algunos casos condenados- por violaciones de los derechos humanos que permanecen sin embargo en libertad protegidos por una poco popular amnistía y leyes de extradición de impiden su procesamiento en Argentina y en el extranjero. Los restos de miles de sus víctimas, presumiblemente muertas, no han sido recuperados nunca.
Veinte años después de que la dictadura militar abriera paso a la democracia, los sobrevivientes de la guerra sucia describen un trauma surrealista y persistente, en el que los deudos ven a sus parientes desaparecidos en las calles sólo para descubrir, al acercarse, que se trata de una ilusión; sus secuestradores y asesinos, por otro lado, continúan atormentándolos, dejándose ver en público casi todos los días.
"Nunca tendrás paz cuando vives al lado de tus torturadores, cuando te encuentras con el asesino de tu hija en el autobús", dijo Ana María Careaga, cuya madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada y presumiblemente asesinada por Astiz en 1977.
Sin soluciones legales, los argentinos se han impuesto la tarea de castigar ellos mismos a los asesinos, organizando en la década pasada más de 100 escraches -protestas con acoso realizadas por grupos de derechos humanos- en las que cientos de personas van a las casas y lugares de trabajo de los antiguos comandantes militares para denunciarlos ruidosamente.
Detenido brevemente por la junta militar cuando era un estudiante universitario, el presidente Néstor Kirchner ha propuesto al poder judicial que reconsidere la clemencia que muestra hacia los soldados. El mes pasado revocó una orden que impedía la extradición de oficiales militares y ordenó la detención de 46 oficiales militares -incluyendo a Astiz- que han sido acusados o condenados en tribunales extranjeros por los asesinatos de nacionales franceses, españoles, israelíes y otros durante la guerra sucia. Esa decisión deja en manos de la Corte Suprema argentina la determinación de extraditar o no a los oficiales militares caso por caso.
[Las autoridades detuvieron ayer a un antiguo prominente capellán católico de la policía y lo acusaron de ayudar a la policía y a los torturadores para extraer información de personas detenidas durante la dictadura militar. Un juez decidirá si presentará o no cargos contra el sacerdote Christian von Wernich, que ha sido blanco de protestas callejeras durante la pasada década por colaborar con los militares, informó Reuters].
Legisladores del dominante partido peronista de Kirchner piensan introducir nuevas leyes este mes que revocan las leyes de inmunidad. Kirchner dijo que las leyes, aprobadas en 1986 y 1987 por el entonces presidente Raúl Alfonsín son inconstitucionales porque sólo fueron propuestas para impedir un golpe militar.
Resultados de sondeos publicados la semana pasada indicaron que dos tercios de los argentinos apoyan los esfuerzos de llevar a juicio a los oficiales militares implicados en la guerra sucia. Si se aprueba la ley, legisladores y funcionarios de derechos humanos dijeron que al menos 1.000 oficiales militares serán procesados.
"Este es el primer paso para restaurar la fe de la gente en la ley y en su gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la Sección Américas de Human Rights Watch, una organización con sede en Washington. "Si queremos que la democracia funcione, la gente debe creer que los ricos y los poderosos deben someterse a las mismas leyes que los pobres y los sin poder. La ley debe ser consecuente; puede reparar una herida abierta".
El incipiente esfuerzo del gobierno para revisar los crímenes largamente impunes del antiguo gobierno militar ha despertado ardientes resentimientos. Astiz, conocido como "el ángel de la muerte rubio" pretendió estar buscando a un hermano secuestrado para infiltrar a las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a desfilar en 1976 frente al palacio presidencial todos los jueves, pidiendo respuesta de la junta militar sobre sus hijos desaparecidos.
Sus superiores enviaron a Astiz, entonces en la veintena, a identificar terroristas dentro del grupo. Tan protectoras se mostraron las madres más viejas con Astiz que insistían en acompañarlo hasta la parada del bus cerca de su cuartel general para impedir que los militares lo secuestraran.
"Ahí es donde ellos [los militares] detenían a la gente", dijo Bonafini, que recuerda al Astiz de esos años. Astiz trabajaba con las Madres durante el día y por las noches en la Escuela de Adiestramiento Naval, un campo de concentración donde se torturó y asesinó a cerca de 5.000 disidentes políticos.
La información proporcionada por Astiz condujo al secuestro y asesinato de Ballestrino de Careaga, Azucena Devicenti, una de las fundadoras de la organización, y a una tercera miembro del grupo, todas ellas en los cincuenta; dos monjas francesas y tres jóvenes argentinas que trabajaron para la organización y una adolescente sueca, Dagmar Hagelin, de 17.
Un tribunal sueco condenó a Astiz por el asesinato de la niña, a la que confundió con otra voluntaria de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.
Ninguna de las mujeres era terrorista. "Sólo éramos un montón de amas de casa", dijo Bonafini. "Él escogió a las mejor educadas, a las más cultas, a las que enseñaron al resto a escribir una carta, a las que organizaron a la gente".
Astiz fue acusado por violaciones de derechos humanos en 1987 por tribunales argentinos y fue encarcelado durante cinco meses a la espera del juicio. Fue dejado en libertad después de aprobadas las leyes de amnistía. En 1990 un tribunal francés lo sentenció en ausencia a cadena perpetua por el asesinato de las dos monjas, pero nunca fue extraditado.
En una entrevista a una revista hace seis años, Astiz dijo que no se arrepentía de lo ocurrido durante la guerra sucia. "No me arrepiento de nada", dijo. Dijo que los militares optaron por la única alternativa que tenían para salvar al país de los comunistas y que él era "el hombre mejor preparado técnicamente para matar a políticos y periodistas".
Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada cuando ella y su cuñado fueron secuestrados por oficiales de la marina en 1977. Sus brazos todavía muestran las cicatrices de las quemaduras por cigarrillo que le infligieron durante las sesiones de tortura. Fue liberada después de cuatro meses y huyó a Suecia; su cuñado desapareció.
"Cuando desaparecimos mi madre se unió a las Madres de Plaza de Mayo y escoltaba a otras mujeres para que no fueran secuestradas. Cuando me dejaron en libertad estaba tan agitada que corrió a la plaza a contarles a las otras madres que yo estaba libre. Las otras estaban tan felices que dijeron que la echarían de menos, pero mi madre dijo que tenía ninguna intención de abandonarlas mientras no apareciera cada uno de los hijos desaparecidos".
Meses más tarde, en diciembre de 1977, Careag trató de llamar por teléfono a su madre desde Suecia para decirle que había dado a luz a una niña. Pero su madre había desaparecido tres días antes.
"Se perdió el nacimiento de su primera nieta por tres días", dijo Careaga, ahora de 42. "Tres días".
Dijo que ella vio a Astiz hace algunos años frente a un tribunal aquí y a uno de sus torturadores cuando recogía a su nieta de la escuela hace algunos años.
"Nunca lo superarás mientras no puedas sepultar a tus seres queridos, mientras continúes viendo que sus asesinos caminan libremente", dijo. "Es la parte de esta historia que es irreparable. No podemos olvidar".
7 de agosto de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
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