VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
1 - ONU CONDENA A FARC POR SECUESTRO DE INDÍGENAS Y EXIGE SU LIBERACIÓN INMEDIATA
2 - JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
3 - DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Bogotá, Colombia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes a la guerrilla de las FARC por el secuestro de cinco dirigentes indígenas del suroeste del país y les exigió su inmediata liberación.
En un comunicado, la agencia de ONU "repudia que el Secretariado (mando central) de las FARC y su organización continúen incumpliendo las normas del derecho internacional humanitario que le imponen el respeto por la población civil".
"Los instamos nuevamente a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes", señaló la nota de la Oficina de la ONU, quien dijo tener información de que las FARC "son las responsables de este nuevo crimen contra la población civil".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las FARC "a que respeten, sin dilación, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas".
La entidad destacó que la comunidad indígena paez -a la que pertenecen los secuestrados- "se ha caracterizado por su trabajo participativo y por la defensa constante de su cultura", lo cual -añadió- "la ha hecho merecedora de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales".
"La Oficina se solidariza con las comunidades indígenas del país que se encuentran afectadas por el secuestro de sus líderes, y por el irrespeto continuo de sus derechos", concluyó el pronunciamiento de la ONU.
Según las autoridades y la Organización Indígena de Colombia (ONIC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del secuestro del alcalde indígena de la suroccidental población de Toribío -departamento de Cauca-, Arquímedes Vitonás, y de cuatro acompañantes.
Vitonás se desplazó el pasado 21 de agosto, en compañía de Gilberto Muñoz, Plimio Trochez, Rubén Darío Escué, a San Vicente de Caguán -en el vecino departamento de Caquetá-, para visitar un asentamiento indígena Paez y desde entonces no se conoce de su paradero. Con ellos fue también secuestrado el conductor del vehículo en que viajaban, Herminson Velazco. Las FARC son acusadas también del secuestro de Orlando Hernández Guanga, un líder indígena A'wa y alcalde del municipio de Ricaurte (970 km al sur de Bogotá), en un hecho ocurrido el 25 de agosto mientras viajaba a la población de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
Dos indígenas fueron asesinados el 28 de agosto en el occidental municipio de Sipirra, y tres días antes fue muerto otro aborigen en la localidad de Cayaima (centro), en hechos cuya autoría se desconoce.
En el primer semestre de este año fueron asesinados en Colombia 61 indígenas, según el gobierno, que señala una disminución del 42% en los crímenes con respecto al mismo período de 2003, cuando fueron muertos 106.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
Buenos Aires, Argentina.Un juez argentino ratificó la prisión y encausó a 18 ex altos jerarcas de la dictadura (1976-83) por su participación en el Plan Cóndor, de coordinación represiva de los régimenes militares sudamericanos en los años 70, informaron el viernes fuentes judiciales.
El juez federal Jorge Urso dictó la prisión preventiva (confirmación de prisión), encausó a los militares y además les impuso embargos sobre sus bienes por sumas de entre 500.000 pesos y un millón de pesosdólares), agregaron las fuentes.
Urso además amplió el procesamiento contra el ex dictador Jorge Videla, el único que ya estaba encausado en el proceso judicial del Plan Cóndor, por 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y asociación ilítica agravada.
El magistrado había librado en julio pasado la orden de captura para ese grupo de ex altos jefes militares argentinos, de los cuales ya estaban detenidos una decena por otras causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como el robo sistemático de menores durante la dictadura.
Videla, primer presidente de facto del último régimen militar, estaba bajo arresto domiciliario desde 1998, por ser mayor de 70 años, en la causa por el secuestro de unos 500 menores durante la dictadura.
En su resolución de unas 900 carillas, Urso señaló que el mecanismo del Plan Cóndor "fue celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, cuyo objeto central y principal rsultó ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas".
En Chile, el juez Juan Guzmán Tapia podría interrogar el lunes al ex dictador Augusto Pinochet, también por el Plan Cóndor, por el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y realizaban operativos para secuestrar opositores de la región, según denuncias de entidades humanitarias.
La justicia argentina ha pedido la extradición de Pinochet por el proceso del Plan Cóndor, pero la justicia chilena denegó el traslado.
Entre los incluidos en el fallo de Urso, figuran además de Videla, el ex ministro del Interior, general retirado Albano Harguindegu;, el ex general Guillermo Suárez Mason; el ex gobernador militar de la provincia de Tucumán (norte), Antonio Bussi; y el entonces jefe del poderoso III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Cuando ordenó el arresto de los ex militares, Urso tomó como pruebas legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que en los años 80 recogió miles de denuncias de crímenes de lesa humanidad, así como también los testimonios de familiares de uruguayos secuestrados en Buenos Aires y otros documentos de chilenos y bolivianos.
El terrorismo de Estado dejó unos 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina, según cifras de las entidades defensoras de los derechos humanos.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Montevideo, Uruguay.El ex dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-76), y su ex canciller Juan Carlos Blanco, declararon como testigos este jueves en Montevideo ante un juez por los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Bordaberry, autor de un autogolpe el 27 de junio de 1973, con causas abiertas por violar la Constitución y por la masacre de ocho militantes comunistas en 1972, entró a la sede judicial pasado el mediodía, permaneció siete horas en el juzgado y salió después de declarar por más de tres horas ante el juez Roberto Timbal, sin hablar con la prensa.
Blanco, procesado por coautoría en el asesinato en 1976 de la desaparecida maestra Elena Quinteros, estuvo más de seis horas en juzgado y se fue entrada la noche asegurando que no quería dar declaraciones públicas.
La abogada de los familiares de las víctimas, Hebe Martínez Burlé, anunció que ambos podrían ser sometidos a un careo más adelante, para confrontar sus declaraciones, y que además podían ser citados por la justicia argentina.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires por un comando paramilitar, presuntamente integrado, según testimonios, por represores argentinos y uruguayos. En aquella época Argentina y Uruguay eran gobernados por dictaduras militares.
Los cuerpos de Michelini -quien fuera senador hasta la disolución de las cámaras- y de Gutiérrez Ruiz -presidente de la Cámara de Diputados hasta el advenimiento del golpe- fueron hallados tres días después por la policía bonaerense en el interior de un automóvil abandonado en la periferia de la ciudad.
También se encontraron allí los cadáveres de otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, integrantes del Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros (MLN-T), organización que impulsó la guerrilla en Uruguay desde 1964 hasta su derrota por las armas en 1972.
Todos los cadáveres presentaban impactos de bala y señales de tortura.
El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador, que acompañó a su padre al juzgado, atribuyó intenciones políticas a la citación de su padre.
"Mi padre respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal, declaró sin abogado, puso en conocimiento de ellos todo lo que sabía sobre los casos (...). En lo personal lo acompaño porque me siento un poco o bastante responsable de las cosas que esta viviendo, porque estos son hechos que acaecieron hace como 30 años", expresó el ministro.
Añadió que "desde 1985 (retorno de la democracia) nadie duda que Uruguay tiene sus instituciones funcionando a pleno. Por ende, como nadie duda de eso, durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias y nadie pidió citaciones a testigos, que sí se están haciendo ahora. Lo único que cambió es que yo alcancé un cargo público".
Martíne Burlé no descartó el careo porque "uno puede decir que tenía o no, conocimiento. Hay documentos firmados por Blanco, como cuando pide (en aquella época) que le retiren el pasaporte a Michelini, y puede haber desconocimiento del otro lado, por eso la fiscalía puede pedir un careo para que se aclaren las cosas".
El defensor Carlos Curbelo Tamaro dijo a la AFP que Blanco carece de mayores datos "más de que lo trascendido. De este hecho desgraciado, ocurrido en Argentina, se sabe, después de tanto tiempo que los ejecutores fueron escuadrones de la muerte al amparo de la Junta Militar argentina".
El abogado Guillermo Paysée, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) opinó que "es una vergüenza no tener versión oficial de estos hechos" y que es "buena cosa que la justicia investigue y ojalá se haga la luz porque hace bien para el para el presente y para el futuro, que se sepa que aquí no es un país donde campea la impunidad".
5 de septiembre de 2004
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2 - JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
3 - DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Bogotá, Colombia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes a la guerrilla de las FARC por el secuestro de cinco dirigentes indígenas del suroeste del país y les exigió su inmediata liberación. En un comunicado, la agencia de ONU "repudia que el Secretariado (mando central) de las FARC y su organización continúen incumpliendo las normas del derecho internacional humanitario que le imponen el respeto por la población civil".
"Los instamos nuevamente a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes", señaló la nota de la Oficina de la ONU, quien dijo tener información de que las FARC "son las responsables de este nuevo crimen contra la población civil".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las FARC "a que respeten, sin dilación, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas".
La entidad destacó que la comunidad indígena paez -a la que pertenecen los secuestrados- "se ha caracterizado por su trabajo participativo y por la defensa constante de su cultura", lo cual -añadió- "la ha hecho merecedora de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales".
"La Oficina se solidariza con las comunidades indígenas del país que se encuentran afectadas por el secuestro de sus líderes, y por el irrespeto continuo de sus derechos", concluyó el pronunciamiento de la ONU.
Según las autoridades y la Organización Indígena de Colombia (ONIC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del secuestro del alcalde indígena de la suroccidental población de Toribío -departamento de Cauca-, Arquímedes Vitonás, y de cuatro acompañantes.
Vitonás se desplazó el pasado 21 de agosto, en compañía de Gilberto Muñoz, Plimio Trochez, Rubén Darío Escué, a San Vicente de Caguán -en el vecino departamento de Caquetá-, para visitar un asentamiento indígena Paez y desde entonces no se conoce de su paradero. Con ellos fue también secuestrado el conductor del vehículo en que viajaban, Herminson Velazco. Las FARC son acusadas también del secuestro de Orlando Hernández Guanga, un líder indígena A'wa y alcalde del municipio de Ricaurte (970 km al sur de Bogotá), en un hecho ocurrido el 25 de agosto mientras viajaba a la población de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
Dos indígenas fueron asesinados el 28 de agosto en el occidental municipio de Sipirra, y tres días antes fue muerto otro aborigen en la localidad de Cayaima (centro), en hechos cuya autoría se desconoce.
En el primer semestre de este año fueron asesinados en Colombia 61 indígenas, según el gobierno, que señala una disminución del 42% en los crímenes con respecto al mismo período de 2003, cuando fueron muertos 106.
5 de septiembre de 2004
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JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
Buenos Aires, Argentina.Un juez argentino ratificó la prisión y encausó a 18 ex altos jerarcas de la dictadura (1976-83) por su participación en el Plan Cóndor, de coordinación represiva de los régimenes militares sudamericanos en los años 70, informaron el viernes fuentes judiciales.
El juez federal Jorge Urso dictó la prisión preventiva (confirmación de prisión), encausó a los militares y además les impuso embargos sobre sus bienes por sumas de entre 500.000 pesos y un millón de pesosdólares), agregaron las fuentes.
Urso además amplió el procesamiento contra el ex dictador Jorge Videla, el único que ya estaba encausado en el proceso judicial del Plan Cóndor, por 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y asociación ilítica agravada.
El magistrado había librado en julio pasado la orden de captura para ese grupo de ex altos jefes militares argentinos, de los cuales ya estaban detenidos una decena por otras causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como el robo sistemático de menores durante la dictadura.
Videla, primer presidente de facto del último régimen militar, estaba bajo arresto domiciliario desde 1998, por ser mayor de 70 años, en la causa por el secuestro de unos 500 menores durante la dictadura.
En su resolución de unas 900 carillas, Urso señaló que el mecanismo del Plan Cóndor "fue celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, cuyo objeto central y principal rsultó ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas".
En Chile, el juez Juan Guzmán Tapia podría interrogar el lunes al ex dictador Augusto Pinochet, también por el Plan Cóndor, por el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y realizaban operativos para secuestrar opositores de la región, según denuncias de entidades humanitarias.
La justicia argentina ha pedido la extradición de Pinochet por el proceso del Plan Cóndor, pero la justicia chilena denegó el traslado.
Entre los incluidos en el fallo de Urso, figuran además de Videla, el ex ministro del Interior, general retirado Albano Harguindegu;, el ex general Guillermo Suárez Mason; el ex gobernador militar de la provincia de Tucumán (norte), Antonio Bussi; y el entonces jefe del poderoso III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Cuando ordenó el arresto de los ex militares, Urso tomó como pruebas legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que en los años 80 recogió miles de denuncias de crímenes de lesa humanidad, así como también los testimonios de familiares de uruguayos secuestrados en Buenos Aires y otros documentos de chilenos y bolivianos.
El terrorismo de Estado dejó unos 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina, según cifras de las entidades defensoras de los derechos humanos.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Montevideo, Uruguay.El ex dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-76), y su ex canciller Juan Carlos Blanco, declararon como testigos este jueves en Montevideo ante un juez por los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Bordaberry, autor de un autogolpe el 27 de junio de 1973, con causas abiertas por violar la Constitución y por la masacre de ocho militantes comunistas en 1972, entró a la sede judicial pasado el mediodía, permaneció siete horas en el juzgado y salió después de declarar por más de tres horas ante el juez Roberto Timbal, sin hablar con la prensa.
Blanco, procesado por coautoría en el asesinato en 1976 de la desaparecida maestra Elena Quinteros, estuvo más de seis horas en juzgado y se fue entrada la noche asegurando que no quería dar declaraciones públicas.
La abogada de los familiares de las víctimas, Hebe Martínez Burlé, anunció que ambos podrían ser sometidos a un careo más adelante, para confrontar sus declaraciones, y que además podían ser citados por la justicia argentina.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires por un comando paramilitar, presuntamente integrado, según testimonios, por represores argentinos y uruguayos. En aquella época Argentina y Uruguay eran gobernados por dictaduras militares.
Los cuerpos de Michelini -quien fuera senador hasta la disolución de las cámaras- y de Gutiérrez Ruiz -presidente de la Cámara de Diputados hasta el advenimiento del golpe- fueron hallados tres días después por la policía bonaerense en el interior de un automóvil abandonado en la periferia de la ciudad.
También se encontraron allí los cadáveres de otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, integrantes del Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros (MLN-T), organización que impulsó la guerrilla en Uruguay desde 1964 hasta su derrota por las armas en 1972.
Todos los cadáveres presentaban impactos de bala y señales de tortura.
El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador, que acompañó a su padre al juzgado, atribuyó intenciones políticas a la citación de su padre.
"Mi padre respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal, declaró sin abogado, puso en conocimiento de ellos todo lo que sabía sobre los casos (...). En lo personal lo acompaño porque me siento un poco o bastante responsable de las cosas que esta viviendo, porque estos son hechos que acaecieron hace como 30 años", expresó el ministro.
Añadió que "desde 1985 (retorno de la democracia) nadie duda que Uruguay tiene sus instituciones funcionando a pleno. Por ende, como nadie duda de eso, durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias y nadie pidió citaciones a testigos, que sí se están haciendo ahora. Lo único que cambió es que yo alcancé un cargo público".
Martíne Burlé no descartó el careo porque "uno puede decir que tenía o no, conocimiento. Hay documentos firmados por Blanco, como cuando pide (en aquella época) que le retiren el pasaporte a Michelini, y puede haber desconocimiento del otro lado, por eso la fiscalía puede pedir un careo para que se aclaren las cosas".
El defensor Carlos Curbelo Tamaro dijo a la AFP que Blanco carece de mayores datos "más de que lo trascendido. De este hecho desgraciado, ocurrido en Argentina, se sabe, después de tanto tiempo que los ejecutores fueron escuadrones de la muerte al amparo de la Junta Militar argentina".
El abogado Guillermo Paysée, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) opinó que "es una vergüenza no tener versión oficial de estos hechos" y que es "buena cosa que la justicia investigue y ojalá se haga la luz porque hace bien para el para el presente y para el futuro, que se sepa que aquí no es un país donde campea la impunidad".
5 de septiembre de 2004
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