LULA DA SILVA QUIERE LIMITAR LIBERTAD DE PRENSA Y DE OPINIÓN - larry rohter
Una propuesta de ley inepta y sospechosamente inoportuna pretende limitar la libertad prensa y de expresión. Es la primera vez desde el retorno de la democracia que se propone leyes dictatoriales de limitación de una de las libertades cívicas más importantes.
Río de Janeiro, Brasil. Un plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para crear un consejo nacional de periodistas para regular a la bulliciosa prensa brasileña ha provocado cada vez más críticas aquí. Las organizaciones de prensa que serían afectadas por la ley la califican de una seria amenaza a la libertad de expresión aquí desde que se derrocara a la dictadura militar de extrema derecha hace dos décadas.
Según esta ley el consejo tendría atribuciones para "orientar, disciplinar y supervisar" a los periodistas, que serían obligados a inscribirse, ellos y sus trabajos, en el organismo. Las penas por violaciones de los reglamentos del consejo o de sus resoluciones variarían de multas hasta el retiro del permiso oficial de los periodistas, lo que en teoría impediría que los infractores volvieran a ejercer su profesión.
La ley, que fue presentada en agosto, ha sido duramente criticada no sólo por los periodistas sino también por grupos de derechos humanos y asociaciones que representan a abogados y jueces. En una protesta típica, la Asociación Nacional de Magistrados acusó al gobierno de sucumbir a la "lógica autoritaria" y dijo que Brasil "no necesita ningún organismo con poderes para poner grilletes a la libertad de expresión".
El gobierno también prepara leyes que establecerán una Agencia Nacional Audiovisual y de Cine, que tendría autoridad para resolver si los programas de televisión están a la altura de una "responsabilidad editorial" y de exigir a los productores de programas de televisión y de cine de trabajar "en armonía con los objetivos de desarrollo social del país". La propuesta ha sido ampliamente criticada por las cadenas de televisión y directores de cine.
Después de prometer que redefiniría los "artículos [de la ley] que huelen a autoritarismo", el ministro de Cultura, Gilberto Gil, acordó la semana pasada suavizar los pasajes sobre el cine, la televisión y la radio en la propuesta.
Pero el gobierno no ha mostrado la misma disponibilidad a retirar el consejo de prensa, que sería nominalmente autónomo con las características de un sindicato.
"En una sociedad, ningún derecho es absoluto", dijo hace poco Luiz Gushiken, el principal asesor sobre temas de comunicación de Da Silva. En una reunión pública con proponentes del consejo en abril en el palacio presidencial, Gushiken dijo también que los medios de comunicación brasileños deberían adoptar "una actitud positiva" y dejar de "explotar las contradicciones que fomentan la discordia y los conflictos personales".
En realidad, importantes personeros de gobierno han caracterizado las protestas contra la ley como un ejemplo del tipo de abuso de los medios de comunicación que el nuevo sistema quiere prevenir. "Están tratando de limitar el debate con gritos, de ganar provocando disturbios, y eso es autoritarismo", dijo José Dirceu de Oliveira e Silva, el jefe de gabinete de Da Silva.
El gobierno de Da Silva se enfrenta a una serie de acusaciones de corrupción y de irregularidades administrativas, todas ampliamente comentadas en los medios de comunicación.
Este año los casos incluyeron acusaciones de que el asistente jefe de Dirceu pidió donaciones para campañas políticas a operadores de apuestas ilegales, y escándalos sobre transferencias de dinero por el presidente del banco central y prácticas de recaudación de fondos del tesorero del partido gobernante.
Funcionarios de prensa del gobierno han negado repetidas veces cualquier relación entre esos incidentes y los planes de regulación de la prensa. Pero otros funcionarios de gobierno han criticado el tono general de la reciente cobertura del primer gobierno de izquierda elegido, que asumió en enero de 2003 con amplio apoyo, pero que desde entonces ha perdido gradualmente popularidad.
"Estamos navegando sobre una ola de acusaciones en Brasil", dijo hace poco el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos. "Son acusaciones sin el control de la verificación o investigación, que destruyen reputaciones y ponen a las personas en posición defensiva".
Los líderes de la oposición han replicado que el Partido de los Trabajadores de Da Silva estuvo él mismo en la oposición durante veinte años, denunciando frecuentemente la supuesta corrupción del gobierno y entregando expedientes comprometedores a la prensa. Acusan a Da Silva, antiguo líder del sindicato de obreros metalúrgicos cuyo partido llegó al poder por primera vez, de hipocresía y conducta anti-democrática.
"El Partido de los Trabajadores y el presidente han llegado a la conclusión de que su gobierno no puede ser criticado", dijo José Carlos Aleluia, líder del grupo parlamentario de un partido conservador en la oposición. "Si la oposición desempeña su papel, actúa de manera perjudicial, y si la prensa hace una acusación, se trata de una provocación impertinente e irresponsable. Así les pone una mordaza".
Da Silva ha defendido enérgicamente la propuesta, a veces con un lenguaje que en sí mismo ha provocado críticas adicionales. "Te dará una entrevista cuando empieces a defender al consejo de prensa", dijo a mediados de agosto en lo que parecía ser una broma.
En otra ocasión, usando un enfoque similar, dijo a los periodistas que cubrían uno de sus viajes al extranjero que "ustedes son una manga de cobardes" por no apoyar su plan.
Un líder de la oposición replicó que "Lula está sufriendo el efecto Chávez", una referencia a los ataques contra los medios de comunicación en Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Pero el presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino, minimizó las observaciones de Da Silva, diciendo que se estaba "descargando más como dirigente sindical" que "expresando la posición del gobierno".
El gobierno de Da Silva también ha emitido un nuevo "código de ética" para funcionarios del gobierno que prohíbe a todos, excepto ministros del gabinete y portavoces, discutir investigaciones oficiales con periodistas. El presidente de la Corte Suprema, Edison Vidigal, dijo que la medida mostraba "un cierto terrorismo" y sugirió que era inconstitucional.
Funcionarios de gobierno han prometido que el consejo de prensa sería un cuerpo profesional, similar a los que regulan las actividades de los doctores, ingenieros y abogados, y que no sería controlado políticamente. El propósito es "garantizar una sociedad de completa libertad de prensa, y no la libertad para algunos profesionales y compañías de publicar lo que quieran, al servicio de sus propios intereses", escribió Ricardo Kotscho, secretario de prensa del presidente, en un ensayo de amplia circulación.
Alberto Dines, un columnista de toda la vida y editor, calificó la iniciativa de "la más inepta y desconcertante en el área de la prensa que haya propuesto un gobierno desde el retorno a la democracia en 1985", en un ensayo en el sitio en la red del Press Observer, que monitora los medios de comunicación. "En momentos en que el gobierno está siendo acosado por acusaciones, no puede proponer algo como esto, que propone castigar a los periodistas".
5 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
Río de Janeiro, Brasil. Un plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para crear un consejo nacional de periodistas para regular a la bulliciosa prensa brasileña ha provocado cada vez más críticas aquí. Las organizaciones de prensa que serían afectadas por la ley la califican de una seria amenaza a la libertad de expresión aquí desde que se derrocara a la dictadura militar de extrema derecha hace dos décadas.Según esta ley el consejo tendría atribuciones para "orientar, disciplinar y supervisar" a los periodistas, que serían obligados a inscribirse, ellos y sus trabajos, en el organismo. Las penas por violaciones de los reglamentos del consejo o de sus resoluciones variarían de multas hasta el retiro del permiso oficial de los periodistas, lo que en teoría impediría que los infractores volvieran a ejercer su profesión.
La ley, que fue presentada en agosto, ha sido duramente criticada no sólo por los periodistas sino también por grupos de derechos humanos y asociaciones que representan a abogados y jueces. En una protesta típica, la Asociación Nacional de Magistrados acusó al gobierno de sucumbir a la "lógica autoritaria" y dijo que Brasil "no necesita ningún organismo con poderes para poner grilletes a la libertad de expresión".
El gobierno también prepara leyes que establecerán una Agencia Nacional Audiovisual y de Cine, que tendría autoridad para resolver si los programas de televisión están a la altura de una "responsabilidad editorial" y de exigir a los productores de programas de televisión y de cine de trabajar "en armonía con los objetivos de desarrollo social del país". La propuesta ha sido ampliamente criticada por las cadenas de televisión y directores de cine.
Después de prometer que redefiniría los "artículos [de la ley] que huelen a autoritarismo", el ministro de Cultura, Gilberto Gil, acordó la semana pasada suavizar los pasajes sobre el cine, la televisión y la radio en la propuesta.
Pero el gobierno no ha mostrado la misma disponibilidad a retirar el consejo de prensa, que sería nominalmente autónomo con las características de un sindicato.
"En una sociedad, ningún derecho es absoluto", dijo hace poco Luiz Gushiken, el principal asesor sobre temas de comunicación de Da Silva. En una reunión pública con proponentes del consejo en abril en el palacio presidencial, Gushiken dijo también que los medios de comunicación brasileños deberían adoptar "una actitud positiva" y dejar de "explotar las contradicciones que fomentan la discordia y los conflictos personales".
En realidad, importantes personeros de gobierno han caracterizado las protestas contra la ley como un ejemplo del tipo de abuso de los medios de comunicación que el nuevo sistema quiere prevenir. "Están tratando de limitar el debate con gritos, de ganar provocando disturbios, y eso es autoritarismo", dijo José Dirceu de Oliveira e Silva, el jefe de gabinete de Da Silva.
El gobierno de Da Silva se enfrenta a una serie de acusaciones de corrupción y de irregularidades administrativas, todas ampliamente comentadas en los medios de comunicación.
Este año los casos incluyeron acusaciones de que el asistente jefe de Dirceu pidió donaciones para campañas políticas a operadores de apuestas ilegales, y escándalos sobre transferencias de dinero por el presidente del banco central y prácticas de recaudación de fondos del tesorero del partido gobernante.
Funcionarios de prensa del gobierno han negado repetidas veces cualquier relación entre esos incidentes y los planes de regulación de la prensa. Pero otros funcionarios de gobierno han criticado el tono general de la reciente cobertura del primer gobierno de izquierda elegido, que asumió en enero de 2003 con amplio apoyo, pero que desde entonces ha perdido gradualmente popularidad.
"Estamos navegando sobre una ola de acusaciones en Brasil", dijo hace poco el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos. "Son acusaciones sin el control de la verificación o investigación, que destruyen reputaciones y ponen a las personas en posición defensiva".
Los líderes de la oposición han replicado que el Partido de los Trabajadores de Da Silva estuvo él mismo en la oposición durante veinte años, denunciando frecuentemente la supuesta corrupción del gobierno y entregando expedientes comprometedores a la prensa. Acusan a Da Silva, antiguo líder del sindicato de obreros metalúrgicos cuyo partido llegó al poder por primera vez, de hipocresía y conducta anti-democrática.
"El Partido de los Trabajadores y el presidente han llegado a la conclusión de que su gobierno no puede ser criticado", dijo José Carlos Aleluia, líder del grupo parlamentario de un partido conservador en la oposición. "Si la oposición desempeña su papel, actúa de manera perjudicial, y si la prensa hace una acusación, se trata de una provocación impertinente e irresponsable. Así les pone una mordaza".
Da Silva ha defendido enérgicamente la propuesta, a veces con un lenguaje que en sí mismo ha provocado críticas adicionales. "Te dará una entrevista cuando empieces a defender al consejo de prensa", dijo a mediados de agosto en lo que parecía ser una broma.
En otra ocasión, usando un enfoque similar, dijo a los periodistas que cubrían uno de sus viajes al extranjero que "ustedes son una manga de cobardes" por no apoyar su plan.
Un líder de la oposición replicó que "Lula está sufriendo el efecto Chávez", una referencia a los ataques contra los medios de comunicación en Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Pero el presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino, minimizó las observaciones de Da Silva, diciendo que se estaba "descargando más como dirigente sindical" que "expresando la posición del gobierno".
El gobierno de Da Silva también ha emitido un nuevo "código de ética" para funcionarios del gobierno que prohíbe a todos, excepto ministros del gabinete y portavoces, discutir investigaciones oficiales con periodistas. El presidente de la Corte Suprema, Edison Vidigal, dijo que la medida mostraba "un cierto terrorismo" y sugirió que era inconstitucional.
Funcionarios de gobierno han prometido que el consejo de prensa sería un cuerpo profesional, similar a los que regulan las actividades de los doctores, ingenieros y abogados, y que no sería controlado políticamente. El propósito es "garantizar una sociedad de completa libertad de prensa, y no la libertad para algunos profesionales y compañías de publicar lo que quieran, al servicio de sus propios intereses", escribió Ricardo Kotscho, secretario de prensa del presidente, en un ensayo de amplia circulación.
Alberto Dines, un columnista de toda la vida y editor, calificó la iniciativa de "la más inepta y desconcertante en el área de la prensa que haya propuesto un gobierno desde el retorno a la democracia en 1985", en un ensayo en el sitio en la red del Press Observer, que monitora los medios de comunicación. "En momentos en que el gobierno está siendo acosado por acusaciones, no puede proponer algo como esto, que propone castigar a los periodistas".
5 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
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