JUEZ ORDENA QUE GOBIERNO PRESENTE CARGOS CONTRA DETENIDOS EN GUANTÁNAMO - carol d. leonnig
Una juez federal ordenó ayer que el gobierno estadounidense debe justificar por qué mantiene a detenidos en la prisión militar de Bahía de Guantánamo, Cuba. Los detenidos llevan ya casi tres años en la prisión, todavía no han sido acusados, y la juez exige que se explique por qué no se les deja en libertad.
En una decisión que se supone terminará con el estancamiento de las negociaciones sobre cuándo se presentará a los detenidos ante un tribunal federal, la juez de distrito Joyce Hens Green dijo que el departamento de Defensa debe dar a conocer los cargos o la justificación de hecho para mantener en prisión a cada uno de los 60 detenidos que se han querellado contra el gobierno, a comenzar de inmediato y en un proceso que deberá estar completado el 18 de octubre.
El juez también fijó el 4 de octubre como fecha límite para que el gobierno entregue una argumentación por escrito sobre por qué no pone en libertad a los detenidos.
La resolución de Green fue la primera señal pública de movimiento en el caso desde que la Corte Suprema determinara hace tres meses que los supuestos combatientes de Al Qaeda y talibanes detenidos en la prisión tienen derecho a impugnar su encarcelamiento ante tribunales estadounidenses.
El gobierno comenzó a trasladar a cientos de hombres capturados en la guerra afgana a la base naval norteamericana de Guantánamo a principios de 2002, acusándoles de ser "combatientes enemigos" y sostuvo que no era necesario acusarles formalmente ni permitirles que viesen a abogados. Los oficiales adujeron peligros para la seguridad nacional para mantener incomunicados a los detenidos.
Pero la Corte Suprema expresó su desacuerdo en su resolución de junio y desde entonces varias decenas de detenidos se han querellado ante un tribunal federal en Washington, exigiendo que sean llevados a juicio.
Durante los últimos meses, los abogados de los detenidos y el gobierno han disputado sobre los reglamentos que permiten a los abogados visitar a sus clientes, sobre si sus conversaciones deben o no ser supervisadas y sobre si a los detenidos se les permitirá o no más de una visita. Entretanto, el gobierno ha comenzado a acelerar los juicios de cuatro detenidos a través de "comisiones militares" y ha acusado a algunos otros.
Green expresó su preocupación ayer en una resolución escrita que la serie de encuentros a puertas cerradas entre los abogados de uno y otro bando en agosto y septiembre no han producido resultados significativos.
Escribió que "parece haber confusiones" sobre el plazo específico en que el gobierno debe revelar las razones por las que mantiene en prisión a los individuos detenidos que se han querellado ante el tribunal. Esas explicaciones debieron haber comenzado a ser proporcionadas el 8 de septiembre, pero los abogados dijeron que el gobierno sólo las ha dado a conocer en dos casos.
Green expresó también su frustración cuando se enteró por el periódico de que el gobierno había liberado a 35 detenidos, que fueron entregados a las autoridades paquistaníes, y ordenó al Pentágono que la informara de antemano sobre cualquier plan futuro de liberar a los cautivos. También fijó el 13 de octubre como fecha límite para realizar una audiencia pública en la que se resolverá el resto de los diferendos.
Un portavoz del departamento de Defensa dijo ayer tarde que no podía comentar la resolución porque no la había leído.
Los abogados de los detenidos escribieron hace apenas una semana una carta conjunta a Green quejándose del estancamiento de los procesos, y ayer acogieron positivamente su decisión.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales y abogado de varios de los detenidos dijo que esperaba que los casos sean debatidos en una corte abierta en lugar de los encuentros cerrados entre el juez y los abogados, una perspectiva que le satisface.
"Estos son casos que atraen la atención de la opinión pública y merecen ser debatidos abiertamente", dijo Ratner. "El gobierno ha tenido tres meses desde que la Corte Suprema resolviera que... el gobierno debe explicar por qué mantiene detenidos a nuestros clientes. Ahora que eso ya se sabe, ¿por cuánto tiempo más cree que el gobierno que puede negar [una resolución de la corte]?"
Tom Wilner, abogado defensor de un grupo de detenidos de Kuwait, y Brent Mickum, abogado de varios otros prisioneros, dijeron que tienen la esperanza de que la resolución provoque algunos avances.
"Después de casi tres años, es hora de que el gobierno sea obligado a revelar por qué mantiene a esa gente en prisión", dijo Wilner. "¿Cómo es posible que metas a alguien en prisión sin decirle por qué lo haces?"
John Mintz contribuyó a este informe.
21 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
En una decisión que se supone terminará con el estancamiento de las negociaciones sobre cuándo se presentará a los detenidos ante un tribunal federal, la juez de distrito Joyce Hens Green dijo que el departamento de Defensa debe dar a conocer los cargos o la justificación de hecho para mantener en prisión a cada uno de los 60 detenidos que se han querellado contra el gobierno, a comenzar de inmediato y en un proceso que deberá estar completado el 18 de octubre.El juez también fijó el 4 de octubre como fecha límite para que el gobierno entregue una argumentación por escrito sobre por qué no pone en libertad a los detenidos.
La resolución de Green fue la primera señal pública de movimiento en el caso desde que la Corte Suprema determinara hace tres meses que los supuestos combatientes de Al Qaeda y talibanes detenidos en la prisión tienen derecho a impugnar su encarcelamiento ante tribunales estadounidenses.
El gobierno comenzó a trasladar a cientos de hombres capturados en la guerra afgana a la base naval norteamericana de Guantánamo a principios de 2002, acusándoles de ser "combatientes enemigos" y sostuvo que no era necesario acusarles formalmente ni permitirles que viesen a abogados. Los oficiales adujeron peligros para la seguridad nacional para mantener incomunicados a los detenidos.
Pero la Corte Suprema expresó su desacuerdo en su resolución de junio y desde entonces varias decenas de detenidos se han querellado ante un tribunal federal en Washington, exigiendo que sean llevados a juicio.
Durante los últimos meses, los abogados de los detenidos y el gobierno han disputado sobre los reglamentos que permiten a los abogados visitar a sus clientes, sobre si sus conversaciones deben o no ser supervisadas y sobre si a los detenidos se les permitirá o no más de una visita. Entretanto, el gobierno ha comenzado a acelerar los juicios de cuatro detenidos a través de "comisiones militares" y ha acusado a algunos otros.
Green expresó su preocupación ayer en una resolución escrita que la serie de encuentros a puertas cerradas entre los abogados de uno y otro bando en agosto y septiembre no han producido resultados significativos.
Escribió que "parece haber confusiones" sobre el plazo específico en que el gobierno debe revelar las razones por las que mantiene en prisión a los individuos detenidos que se han querellado ante el tribunal. Esas explicaciones debieron haber comenzado a ser proporcionadas el 8 de septiembre, pero los abogados dijeron que el gobierno sólo las ha dado a conocer en dos casos.
Green expresó también su frustración cuando se enteró por el periódico de que el gobierno había liberado a 35 detenidos, que fueron entregados a las autoridades paquistaníes, y ordenó al Pentágono que la informara de antemano sobre cualquier plan futuro de liberar a los cautivos. También fijó el 13 de octubre como fecha límite para realizar una audiencia pública en la que se resolverá el resto de los diferendos.
Un portavoz del departamento de Defensa dijo ayer tarde que no podía comentar la resolución porque no la había leído.
Los abogados de los detenidos escribieron hace apenas una semana una carta conjunta a Green quejándose del estancamiento de los procesos, y ayer acogieron positivamente su decisión.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales y abogado de varios de los detenidos dijo que esperaba que los casos sean debatidos en una corte abierta en lugar de los encuentros cerrados entre el juez y los abogados, una perspectiva que le satisface.
"Estos son casos que atraen la atención de la opinión pública y merecen ser debatidos abiertamente", dijo Ratner. "El gobierno ha tenido tres meses desde que la Corte Suprema resolviera que... el gobierno debe explicar por qué mantiene detenidos a nuestros clientes. Ahora que eso ya se sabe, ¿por cuánto tiempo más cree que el gobierno que puede negar [una resolución de la corte]?"
Tom Wilner, abogado defensor de un grupo de detenidos de Kuwait, y Brent Mickum, abogado de varios otros prisioneros, dijeron que tienen la esperanza de que la resolución provoque algunos avances.
"Después de casi tres años, es hora de que el gobierno sea obligado a revelar por qué mantiene a esa gente en prisión", dijo Wilner. "¿Cómo es posible que metas a alguien en prisión sin decirle por qué lo haces?"
John Mintz contribuyó a este informe.
21 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
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