¿se acuerda la derecha de abu ghraib?
[Anne Applebaum] Gonzáles apoyó la tortura de prisioneros, ridiculizó las Convenciones de Ginebra, propuso las detenciones indefinidas sin cargos ni abogados, proporcionando argumentos jurídicos a todas las tiranías del mundo.
Durante los últimos ocho meses han habido muchos ciclos de noticias, historias de primera plana y un montón de sucesos. Han habido elecciones. Han habido huracanes y maremotos. Sin embargo, en el gran orden de las cosas, ocho meses no es demasiado tiempo. En la mayor parte del mundo, algo que haya pasado hace ocho meses es considerado reciente'. En Washington, sin embargo, parece que ocho meses es considerado antiguo'. ¿Cómo explicar de otro modo la nominación de Alberto Gonzáles al cargo de ministro de Justicia de Estados Unidos?
O, para entrar en materia: ¿Cómo explicar la amplia suposición de que Gonzáles -que encargó el "memorándum sobre la tortura" en agosto de 2002, después de una reunión en su despacho- será confirmado? Después de todo, hace ocho meses gran parte del país -y gran parte del Partido Republicano- estaba paralizado por el horror y la vergüenza tras la publicación de las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib en Iraq. Esas fotografías no han ido demasiado lejos: Mientras escribo esto, sólo necesito hacer un click en el icono de Internet Explorer y he ahí que veo a Lynddie England, sonriendo y levantando el pulgar detrás de una pila de hombres desnudos.
Esas imágenes no han ido demasiado lejos, y el sistema de valores que condujo a Abu Ghraib tampoco. El mes pasado -realmente hace poco- las denuncias entabladas por grupos de derechos humanos obligaron al gobierno a hacer públicas miles de páginas de documentos que mostraban que el maltrato a prisioneros en la base naval de Bahía Guantánamo había precedido con bastante anterioridad a las fotografías de Abu Ghraib, y que esos maltratos han continuado desde entonces. Soldados estadounidenses en Iraq y Afganistán, de acuerdo a los propios informes del gobierno y a los informes periodísticos de mis colegas, utilizaron golpizas, sofocación, privación del sueño, descargas eléctricas y perros durante interrogatorios. Probablemente lo siguen haciendo.
Aunque mucha gente es responsable de estos maltratos, Alberto Gonzáles, junto con el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, están entre los que cargan la mayor responsabilidad. Fue Gonzáles quien dirigió la discusión interna del gobierno sobre lo que era tortura. Fue Gonzáles quien asesoró al presidente convenciéndole de que las Convenciones de Ginebra no se aplicaban a la gente capturada en Afganistán. Fue Gonzáles quien ayudó a redactar algunas de las peores decisiones internas del gobierno, incluyendo la detención indefinida y la negación de acceso a abogados a los ciudadanos estadounidenses José Padilla y Yaser Esam Hamdi.
Al nominar a Gonzáles en su gabinete, el presidente ha demostrado que no sólo no le preocupan estas aberraciones, sino que todavía no entiende la naturaleza del conflicto internacional que asegura que está peleando. Como el comunismo, el radicalismo islámico es una ideología por la que la gente muere. La combatirla Estados Unidos necesita no solamente hacer alarde de sus elegantes sistemas de armamento, sino también demostrar al mundo musulmán que los valores democráticos, en alguna versión musulmana moderada, les procurarán vidas mejores. La Guerra Fría terminó porque los europeos de Europa del Este clamaban por unirse a Occidente; la guerra contra el terrorismo terminará cuando los musulmanes moderados abandonen a los radicales y se unan a nosotros. Lo harán sólo si nuestro sistema apoya a la gente que sostiene los argumentos legales contra las violaciones de los derechos humanos.
Los opositores del presidente -los demócratas, la ACLU, la Gente por el Modo de Vida Americano- están cerrando filas para oponerse a Gonzáles. Pero hay republicanos que deberían entender que también hay cosas más profundas en juego. Estoy pensando en el senador Sam Brownback, de Kansas, que fue la fuerza detrás de la reciente aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Corea del Norte. También estoy pensando en el senador Rick Santorum, de Pensilvania, que ha sido un elocuente portavoz de las víctimas de persecución religiosa en todo el mundo. Otros críticos influyentes de las violaciones internacionales a los derechos humanos son el senador Richard Lugar, de Indiana, cuya presencia en Kiev el mes pasado tuvo un enorme y positivo impacto entre los manifestantes ucranianos a favor de los derechos humanos; el senador John McCain, de Arizona, que ha dedicado tiempo para fomentar los derechos humanos incluso en lugares obscuros y poco elegantes como Kazajstán y Bielorrusia; el senador Chuck Hagel, de Nebraska, que ha llamado a asociar los acuerdos comerciales con los derechos humanos; y el senador Jon Kyl, de Arizona, miembro del Comité Judicial del Senado (y que interrogará a Gonzáles) y un político que habla con conocimiento de temas de derechos humanos en Rusia, China y Oriente Medio.
Y estos son sólo algunos senadores. De hecho, todos los que han alguna vez deseado que Estados Unidos tenga un papel en el fomento y apoyo de la democracia y los derechos humanos en el mundo -y esto incluye a un amplio sector del movimiento conservador- deben oponerse al nombramiento de Alberto Gonzáles, aunque sólo fuera sobre la base de que estuvo asociado con los malos consejos jurídicos que proporcionó y que han dañado nuestra capacidad de desempeñar ese papel. Nada más que porque el presidente no puede recordar lo avergonzados que estábamos hace apenas ocho meses no significa que el resto de Washington, y especialmente el resto del partido del presidente, tengan también que sufrir de amnesia.
6 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Durante los últimos ocho meses han habido muchos ciclos de noticias, historias de primera plana y un montón de sucesos. Han habido elecciones. Han habido huracanes y maremotos. Sin embargo, en el gran orden de las cosas, ocho meses no es demasiado tiempo. En la mayor parte del mundo, algo que haya pasado hace ocho meses es considerado reciente'. En Washington, sin embargo, parece que ocho meses es considerado antiguo'. ¿Cómo explicar de otro modo la nominación de Alberto Gonzáles al cargo de ministro de Justicia de Estados Unidos?O, para entrar en materia: ¿Cómo explicar la amplia suposición de que Gonzáles -que encargó el "memorándum sobre la tortura" en agosto de 2002, después de una reunión en su despacho- será confirmado? Después de todo, hace ocho meses gran parte del país -y gran parte del Partido Republicano- estaba paralizado por el horror y la vergüenza tras la publicación de las fotografías de la cárcel de Abu Ghraib en Iraq. Esas fotografías no han ido demasiado lejos: Mientras escribo esto, sólo necesito hacer un click en el icono de Internet Explorer y he ahí que veo a Lynddie England, sonriendo y levantando el pulgar detrás de una pila de hombres desnudos.
Esas imágenes no han ido demasiado lejos, y el sistema de valores que condujo a Abu Ghraib tampoco. El mes pasado -realmente hace poco- las denuncias entabladas por grupos de derechos humanos obligaron al gobierno a hacer públicas miles de páginas de documentos que mostraban que el maltrato a prisioneros en la base naval de Bahía Guantánamo había precedido con bastante anterioridad a las fotografías de Abu Ghraib, y que esos maltratos han continuado desde entonces. Soldados estadounidenses en Iraq y Afganistán, de acuerdo a los propios informes del gobierno y a los informes periodísticos de mis colegas, utilizaron golpizas, sofocación, privación del sueño, descargas eléctricas y perros durante interrogatorios. Probablemente lo siguen haciendo.
Aunque mucha gente es responsable de estos maltratos, Alberto Gonzáles, junto con el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, están entre los que cargan la mayor responsabilidad. Fue Gonzáles quien dirigió la discusión interna del gobierno sobre lo que era tortura. Fue Gonzáles quien asesoró al presidente convenciéndole de que las Convenciones de Ginebra no se aplicaban a la gente capturada en Afganistán. Fue Gonzáles quien ayudó a redactar algunas de las peores decisiones internas del gobierno, incluyendo la detención indefinida y la negación de acceso a abogados a los ciudadanos estadounidenses José Padilla y Yaser Esam Hamdi.
Al nominar a Gonzáles en su gabinete, el presidente ha demostrado que no sólo no le preocupan estas aberraciones, sino que todavía no entiende la naturaleza del conflicto internacional que asegura que está peleando. Como el comunismo, el radicalismo islámico es una ideología por la que la gente muere. La combatirla Estados Unidos necesita no solamente hacer alarde de sus elegantes sistemas de armamento, sino también demostrar al mundo musulmán que los valores democráticos, en alguna versión musulmana moderada, les procurarán vidas mejores. La Guerra Fría terminó porque los europeos de Europa del Este clamaban por unirse a Occidente; la guerra contra el terrorismo terminará cuando los musulmanes moderados abandonen a los radicales y se unan a nosotros. Lo harán sólo si nuestro sistema apoya a la gente que sostiene los argumentos legales contra las violaciones de los derechos humanos.
Los opositores del presidente -los demócratas, la ACLU, la Gente por el Modo de Vida Americano- están cerrando filas para oponerse a Gonzáles. Pero hay republicanos que deberían entender que también hay cosas más profundas en juego. Estoy pensando en el senador Sam Brownback, de Kansas, que fue la fuerza detrás de la reciente aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Corea del Norte. También estoy pensando en el senador Rick Santorum, de Pensilvania, que ha sido un elocuente portavoz de las víctimas de persecución religiosa en todo el mundo. Otros críticos influyentes de las violaciones internacionales a los derechos humanos son el senador Richard Lugar, de Indiana, cuya presencia en Kiev el mes pasado tuvo un enorme y positivo impacto entre los manifestantes ucranianos a favor de los derechos humanos; el senador John McCain, de Arizona, que ha dedicado tiempo para fomentar los derechos humanos incluso en lugares obscuros y poco elegantes como Kazajstán y Bielorrusia; el senador Chuck Hagel, de Nebraska, que ha llamado a asociar los acuerdos comerciales con los derechos humanos; y el senador Jon Kyl, de Arizona, miembro del Comité Judicial del Senado (y que interrogará a Gonzáles) y un político que habla con conocimiento de temas de derechos humanos en Rusia, China y Oriente Medio.
Y estos son sólo algunos senadores. De hecho, todos los que han alguna vez deseado que Estados Unidos tenga un papel en el fomento y apoyo de la democracia y los derechos humanos en el mundo -y esto incluye a un amplio sector del movimiento conservador- deben oponerse al nombramiento de Alberto Gonzáles, aunque sólo fuera sobre la base de que estuvo asociado con los malos consejos jurídicos que proporcionó y que han dañado nuestra capacidad de desempeñar ese papel. Nada más que porque el presidente no puede recordar lo avergonzados que estábamos hace apenas ocho meses no significa que el resto de Washington, y especialmente el resto del partido del presidente, tengan también que sufrir de amnesia.
6 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
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