maras, amenaza social
[Germán Reyes] El problema de las pandillas armadas en Honduras, conocidas como maras' puede tener una solución a medio y largo plazo, pero para ello es necesario que, del mismo modo que a los pandilleros hay que borrarles los tatuajes que llevan en su cuerpo, también desaparezca el estigma de la sociedad hacia ellos.
Esa opinión la comparten diversos sectores sociales de Honduras, país centroamericano donde las maras' comenzaron a operar a finales del decenio de los 80 del siglo pasado, hasta convertirse muchos de ellos en grupos violentos muy temidos.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántos pandilleros operan en las principales ciudades del país, algunos sectores que trabajan con maras' para reintegrarlos a la sociedad, calculan que en el ámbito nacional podrían haber unos 12.000. De las distintas pandillas armadas, las más temibles son la M-18 y la Mara Salvatrucha.
Entre ambas también ha existido una dura rivalidad por el dominio de sus territorios y un odio a muerte que ha costado la vida de miembros de uno y otro bando.
No obstante, un ejemplo de que los hombres pueden imponer la razón a la fuerza bruta, lo constituye un grupo de ex pandilleros de la M-18 y M-S, que no sólo se han reconciliado, sino que además comparten un oficio con el cual se ganan la vida.
El recurso que ha hecho posible esta reconciliación la integran organizaciones de desarrollo no gubernamentales (ONG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La experiencia la viven unos 60 jóvenes que en el último año decidieron renunciar a las pandillas, tras el sufrimiento que les causó esa forma de vida, que de hecho no ha sido eso, ya que la delincuencia les llevó a un sitio común: la cárcel.
Los ex pandilleros guardan prisión en la Granja Penal de Comayagua, región central de Honduras, unos 80 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa.
Con la cooperación de varias ONG y el PNUD, los pandilleros, conocidos como mareros', decidieron hace un año renunciar a las pandillas y quitarse los tatuajes de su cuerpo.
Algunos ya comenzaron a borrarse los tatuajes, tarea difícil por los daños físicos y emocionales que les causa.
Esa tarea no será nada fácil para Marcio Arturo Sánchez, quien compartió más de 10 años de sus 25 de edad en las filas de la Mara Salvatrucha, de la que se retiró hace unos cuatro años. Marcio Arturo lleva en su cuerpo unos 90 tatuajes, entre grandes y pequeños. En su rostro, por ejemplo, los únicos espacios libres de marcas son el bigote y los labios.
En la Granja Penal de Comayagua, la iniciativa que respalda el PNUD se centra en dos talleres, uno de panadería y otro de estructuras metálicas, lo que le permite a los pandilleros ganar quincenalmente un estipendio.
La atención a los pandilleros forma parte del Proyecto Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia, cuya coordinación en el PNUD está a cargo de la socióloga hondureña Julieta Castellanos, quien indicó que el programa comenzó en marzo de 2003 en su fase preparatoria y concluyó en mayo de 2004.
La segunda fase se inició un mes después, para un período de cuatro años que concluirá en 2007. El proyecto, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, consiste en fortalecer la capacidad del Gobierno de Honduras en el tema de registro, control y destrucción de armas, y en sistematizar la información estadística que permita el acceso a datos fehacientes.
Otro componente con la Secretaría de Seguridad es el de Granjas Penales, con el que se brinda apoyo a talleres productivos con jóvenes que están privados de libertad y que han pertenecido a pandillas.
Un segundo componente con las autoridades de Seguridad es el de apoyo a la Oficina de Registro Balístico, con la que ya se tuvo una jornada de destrucción de armas en marzo de 2003 y se espera tener otra jornada similar en 2005.
Entre junio y diciembre de 2004 esa oficina registró unas 75.000 armas en manos de civiles, bajo las cuales a partir de este año las autoridades tienen un control.
La Secretaría de Seguridad también recibe apoyo del PNUD a través de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) con un equipo de cómputo para sistematizar la información, las denuncias sobre violencia con armas de fuego, violencia en general, de genero e intra-familiar.
Además del soporte al sistema de estadísticas, se están creando bases de datos que se complementan con la documentación del registro balístico del control de armas, y se brinda apoyo al Departamento de Patología Forense con equipo audio-visual y fotográfico, para la demostración de imágenes como pruebas en los juicios.
El programa incluye la producción de un documental sobre el tema de la violencia y las maras, en el cual "queremos plantear el problema con sus múltiples aristas, ver el conflicto de vida de los que entran a las pandillas y alertar a los jóvenes que no lo han hecho sobre lo que significa eso", añadió Castellanos.
16 de diciembre de 2004
©univisión
Esa opinión la comparten diversos sectores sociales de Honduras, país centroamericano donde las maras' comenzaron a operar a finales del decenio de los 80 del siglo pasado, hasta convertirse muchos de ellos en grupos violentos muy temidos.Aunque no hay cifras oficiales de cuántos pandilleros operan en las principales ciudades del país, algunos sectores que trabajan con maras' para reintegrarlos a la sociedad, calculan que en el ámbito nacional podrían haber unos 12.000. De las distintas pandillas armadas, las más temibles son la M-18 y la Mara Salvatrucha.
Entre ambas también ha existido una dura rivalidad por el dominio de sus territorios y un odio a muerte que ha costado la vida de miembros de uno y otro bando.
No obstante, un ejemplo de que los hombres pueden imponer la razón a la fuerza bruta, lo constituye un grupo de ex pandilleros de la M-18 y M-S, que no sólo se han reconciliado, sino que además comparten un oficio con el cual se ganan la vida.
El recurso que ha hecho posible esta reconciliación la integran organizaciones de desarrollo no gubernamentales (ONG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La experiencia la viven unos 60 jóvenes que en el último año decidieron renunciar a las pandillas, tras el sufrimiento que les causó esa forma de vida, que de hecho no ha sido eso, ya que la delincuencia les llevó a un sitio común: la cárcel.
Los ex pandilleros guardan prisión en la Granja Penal de Comayagua, región central de Honduras, unos 80 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa.
Con la cooperación de varias ONG y el PNUD, los pandilleros, conocidos como mareros', decidieron hace un año renunciar a las pandillas y quitarse los tatuajes de su cuerpo.
Algunos ya comenzaron a borrarse los tatuajes, tarea difícil por los daños físicos y emocionales que les causa.
Esa tarea no será nada fácil para Marcio Arturo Sánchez, quien compartió más de 10 años de sus 25 de edad en las filas de la Mara Salvatrucha, de la que se retiró hace unos cuatro años. Marcio Arturo lleva en su cuerpo unos 90 tatuajes, entre grandes y pequeños. En su rostro, por ejemplo, los únicos espacios libres de marcas son el bigote y los labios.
En la Granja Penal de Comayagua, la iniciativa que respalda el PNUD se centra en dos talleres, uno de panadería y otro de estructuras metálicas, lo que le permite a los pandilleros ganar quincenalmente un estipendio.
La atención a los pandilleros forma parte del Proyecto Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia, cuya coordinación en el PNUD está a cargo de la socióloga hondureña Julieta Castellanos, quien indicó que el programa comenzó en marzo de 2003 en su fase preparatoria y concluyó en mayo de 2004.
La segunda fase se inició un mes después, para un período de cuatro años que concluirá en 2007. El proyecto, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, consiste en fortalecer la capacidad del Gobierno de Honduras en el tema de registro, control y destrucción de armas, y en sistematizar la información estadística que permita el acceso a datos fehacientes.
Otro componente con la Secretaría de Seguridad es el de Granjas Penales, con el que se brinda apoyo a talleres productivos con jóvenes que están privados de libertad y que han pertenecido a pandillas.
Un segundo componente con las autoridades de Seguridad es el de apoyo a la Oficina de Registro Balístico, con la que ya se tuvo una jornada de destrucción de armas en marzo de 2003 y se espera tener otra jornada similar en 2005.
Entre junio y diciembre de 2004 esa oficina registró unas 75.000 armas en manos de civiles, bajo las cuales a partir de este año las autoridades tienen un control.
La Secretaría de Seguridad también recibe apoyo del PNUD a través de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) con un equipo de cómputo para sistematizar la información, las denuncias sobre violencia con armas de fuego, violencia en general, de genero e intra-familiar.
Además del soporte al sistema de estadísticas, se están creando bases de datos que se complementan con la documentación del registro balístico del control de armas, y se brinda apoyo al Departamento de Patología Forense con equipo audio-visual y fotográfico, para la demostración de imágenes como pruebas en los juicios.
El programa incluye la producción de un documental sobre el tema de la violencia y las maras, en el cual "queremos plantear el problema con sus múltiples aristas, ver el conflicto de vida de los que entran a las pandillas y alertar a los jóvenes que no lo han hecho sobre lo que significa eso", añadió Castellanos.
16 de diciembre de 2004
©univisión
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