suprema rechaza leyes anti-terroristas
[Lizette Álvarez] "La verdadera amenaza a la vida del país, en el sentido de un pueblo que vive de acuerdo a sus leyes y valores políticas tradicionales, no proviene del terrorismo sino de leyes como estas", escribe la Corte Suprema al rechazar leyes anti-terroristas.
Londres, Reino Unido. La Corte Suprema británica resolvió hoy que el gobierno británico no puede detener indefinidamente a extranjeros sospechosos de terrorismo sin cargos o juicio, calificando el proceso de violación de las leyes europeas sobre derechos humanos.
Una comisión de jueces citada especialmente en la Cámara de Lores resolvió por 8 a 1 a favor de nueve extranjeros que han estado detenidos, la mayoría de ellos en la prisión de Belmarsh en Londres, por períodos de hasta tres años.
En una decisión redactada con severidad, la corte declara que las "draconianas" medidas eran "injustificablemente discriminatorias" contra los extranjeros y constituían una respuesta desproporcionada ante la amenaza de un atentado terrorista. La ley no se aplica a ciudadanos británicos o extranjeros que puedan ser deportados a sus países de origen.
La resolución deja claro que la ley es una violación de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
"La verdadera amenaza a la vida del país, en el sentido de un pueblo que vive de acuerdo a sus leyes y valores políticas tradicionales, no proviene del terrorismo sino de leyes como estas", escribió Lord Leonard Hoffman, el más declarado de los nueve jueces.
"Esta es la verdadera medida de lo que el terrorismo puede alcanzar", agregó. "El Parlamento debe decidir si otorgará a los terroristas esa victoria".
La decisión anula una de las principales herramientas anti-terroristas del gobierno y obliga al primer ministro Tony Blair, su gabinete y el Parlamento a modificar la ley o a dejar de inmediato en libertad a los detenidos. La ley debe ser renovada el próximo año y caducará en 2006. Hasta que el gobierno tome esa decisión, los detenidos permanecerán en prisión, dijo Charles Clarke, el nuevo ministro del Interior.
"Es el Parlamento el que debe decidir si y cómo enmendar la ley", dijo Clarke, agregando que de momento no dejará en libertad a los detenidos "de los que tengo razones para creer que constituyen una seria amenaza a nuestra seguridad".
Alegando que circunstancias especiales requerían leyes especiales, el gobierno presentó la Ley de Anti-Terrorismo, Crimen y Seguridad de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Permite la ministerio del Interior detener indefinidamente, sin cargos, a extranjeros de los que sospecha que estén implicados en actividades terroristas y que no pueden ser deportados a sus países de origen si fueran acusados.
Los detenidos no son informados de las razones por las que son detenidos y no tienen acceso a las informaciones que utiliza el gobierno contra ellos, sobre todo porque el gobierno alega que esa información es demasiado delicada para ser revelada. Tampoco puede recibir ayuda de abogados. En lugar de eso, el gobierno nombra abogados aprobados para representarlos y les permite examinar las evidencias y defender a los detenidos.
Sin embargo, estos abogados especiales no pueden discutir la información con los sospechosos.
Diecisiete hombres han sido detenidos bajo esta ley y nueve de ellos siguen en prisión. Grupos de derechos humanos han dicho que la ley transforman en farsa las sociedades democráticas y realizan una enérgica campaña para obtener su liberación.
"Lo que define a un país democrático es el imperio de la ley, y una piedra fundamental de ese imperio de la ley es la posibilidad de ser juzgado por un jurado y el derecho a defenderse a sí mismo con una representación jurídica", dijo Barry Hugill, portavoz de Liberty, una organización de derechos humanos que ha dirigido la campaña por la liberación de los detenidos. "Eso es exactamente lo que se ha denegado a esos hombres. Poner a gente en régimen de detención indefinida es lo que hacían en Europa del Este y en el Iraq de Saddam. Y me han dicho que estamos peleando contra eso".
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Londres, Reino Unido. La Corte Suprema británica resolvió hoy que el gobierno británico no puede detener indefinidamente a extranjeros sospechosos de terrorismo sin cargos o juicio, calificando el proceso de violación de las leyes europeas sobre derechos humanos.Una comisión de jueces citada especialmente en la Cámara de Lores resolvió por 8 a 1 a favor de nueve extranjeros que han estado detenidos, la mayoría de ellos en la prisión de Belmarsh en Londres, por períodos de hasta tres años.
En una decisión redactada con severidad, la corte declara que las "draconianas" medidas eran "injustificablemente discriminatorias" contra los extranjeros y constituían una respuesta desproporcionada ante la amenaza de un atentado terrorista. La ley no se aplica a ciudadanos británicos o extranjeros que puedan ser deportados a sus países de origen.
La resolución deja claro que la ley es una violación de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
"La verdadera amenaza a la vida del país, en el sentido de un pueblo que vive de acuerdo a sus leyes y valores políticas tradicionales, no proviene del terrorismo sino de leyes como estas", escribió Lord Leonard Hoffman, el más declarado de los nueve jueces.
"Esta es la verdadera medida de lo que el terrorismo puede alcanzar", agregó. "El Parlamento debe decidir si otorgará a los terroristas esa victoria".
La decisión anula una de las principales herramientas anti-terroristas del gobierno y obliga al primer ministro Tony Blair, su gabinete y el Parlamento a modificar la ley o a dejar de inmediato en libertad a los detenidos. La ley debe ser renovada el próximo año y caducará en 2006. Hasta que el gobierno tome esa decisión, los detenidos permanecerán en prisión, dijo Charles Clarke, el nuevo ministro del Interior.
"Es el Parlamento el que debe decidir si y cómo enmendar la ley", dijo Clarke, agregando que de momento no dejará en libertad a los detenidos "de los que tengo razones para creer que constituyen una seria amenaza a nuestra seguridad".
Alegando que circunstancias especiales requerían leyes especiales, el gobierno presentó la Ley de Anti-Terrorismo, Crimen y Seguridad de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Permite la ministerio del Interior detener indefinidamente, sin cargos, a extranjeros de los que sospecha que estén implicados en actividades terroristas y que no pueden ser deportados a sus países de origen si fueran acusados.
Los detenidos no son informados de las razones por las que son detenidos y no tienen acceso a las informaciones que utiliza el gobierno contra ellos, sobre todo porque el gobierno alega que esa información es demasiado delicada para ser revelada. Tampoco puede recibir ayuda de abogados. En lugar de eso, el gobierno nombra abogados aprobados para representarlos y les permite examinar las evidencias y defender a los detenidos.
Sin embargo, estos abogados especiales no pueden discutir la información con los sospechosos.
Diecisiete hombres han sido detenidos bajo esta ley y nueve de ellos siguen en prisión. Grupos de derechos humanos han dicho que la ley transforman en farsa las sociedades democráticas y realizan una enérgica campaña para obtener su liberación.
"Lo que define a un país democrático es el imperio de la ley, y una piedra fundamental de ese imperio de la ley es la posibilidad de ser juzgado por un jurado y el derecho a defenderse a sí mismo con una representación jurídica", dijo Barry Hugill, portavoz de Liberty, una organización de derechos humanos que ha dirigido la campaña por la liberación de los detenidos. "Eso es exactamente lo que se ha denegado a esos hombres. Poner a gente en régimen de detención indefinida es lo que hacían en Europa del Este y en el Iraq de Saddam. Y me han dicho que estamos peleando contra eso".
16 de diciembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
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