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secreto de torturador suicida


[Ana María Sanhueza, Diana Huerta y Paola Eynaudi] El secreto que guardaba el coronel (R) que se lanzó al vacío. El suicidio de Germán Barriga Muñoz sacudió al Ejército y volvió a poner en la agenda la situación de los procesados por DD.HH. Aunque en los tribunales el ex miembro de la Dina Germán Barriga optó por no colaborar, el año 2000 se había acercado al Ejército para entregar información a la Mesa de Diálogo sobre cuerpos de detenidos-desaparecidos arrojados al mar. Su suicidio lo preparó cuidadosamente.
Santiago, Chile. El lunes 17 de enero Germán Barriga Muñoz trabajó hasta poco antes de las 10 de la mañana en su computador. A Judith Cosmelli, su esposa, no le llamó la atención que estuviera sentado frente a la pantalla. Era una rutina del coronel (R), aficionado a la tecnología. Le gustaba enviar emails a sus amigos y a sus tres hijos y estar informado de los últimos adelantos digitales, sobre todo si se trataba de cámaras fotográficas.
Barriga se despidió a las 10 en punto de su mujer. "Voy a hacer unos trámites", le dijo.
En su escritorio dejó tres CD y un sobre blanco que decía "abrir cuando". Su esposa no los vio sino hasta la tarde, cuando su hija María Isabel los encontró.
Germán Barriga (59) llevaba tres semanas buscando trabajo. Quedó cesante el 28 de diciembre de 2004, cuando la empresa D&S, donde hacía clases a los guardias de seguridad de sus supermercados, le informó que su contrato no sería renovado. 17 días antes, frente al local, la comisión Funa había hecho una manifestación en su contra: "No compre en Lider... financia torturadores", decían los panfletos junto a su nombre, su fotografía y carnet.
Era la tercera vez que perdía su trabajo y la segunda que lo "funaban". Su paso por la Brigada Purén de la Dina y la CNI manchaban su currículum y, a partir de 2003, cuando se iniciaron sus procesamientos por cuatro casos de violaciones a los DD.HH., también sus antecedentes personales.
"Todos tenemos un límite para soportar cosas de esta vida. Estoy llegando a ese extremo, porque donde voy sólo encuentro trabas. Me cortan los caminos laborales y sufro una implacable persecución política (...) Todos dicen que las instituciones funcionan, que los tribunales apliquen la ley, cuando el problema no es judicial, es político, y nadie es capaz de cortar el queque", escribió el 15 de diciembre en un email a su hija María Isabel.

"Abrir cuando"
Los amigos del coronel (R) se sorprendieron al enterarse que el hombre que el 17 de enero se lanzó desde el piso 18 de un edificio a un costado de la Escuela Militar, era Germán Barriga. Sabían que pasaba por un momento difícil. Su mujer sufre una serie de enfermedades crónicas que lo obligaban a gastar en remedios y tratamientos cerca de 500 de los 690 mil pesos mensuales de su jubilación. A ello se sumaba la falta de trabajo y sus procesamientos. Pero no pensaron que estuviera al borde del suicidio.
Ni la familia ni los amigos habían tomado en serio un par de frases que Barriga repetía constantemente: "Prefiero morir a ir preso", y "esta persecución se va a acabar sólo cuando me muera".
Sus abogados Marcelo Cibié, quien lo defendía por el caso Calle Conferencia, y Gustavo Collao, en los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García, tampoco se percataron de los planes de su cliente.
Cibié lo vio por última vez después de Navidad. Barriga le llevó una botella de wisky de regalo.
"Estaba más serio, más parco, desilusionado. Fue una decisión premeditada. Salió de la casa con las cartas escritas, convencido".
Dos semanas antes de que saltara al vacío, María Isabel quedó preocupada con el semblante de su padre, que evitaba traspasar sus problemas a la familia. Era reservado. También lo fue con su trabajo en la Dina.
"Lo encontré deprimido, pero a su manera: no me dijo nada. Lo fui a ver, porque por el teléfono lo noté compungido. Llevaba tres semanas tratando de conseguir trabajo y todas las respuestas eran ‘no'".
Pero un asado familiar que Barriga organizó junto a su esposa, el 14 de enero, cambió la percepción de María Isabel. El coronel (R) se veía especialmente animado. Hasta aprovechó de tomar fotografías.
No dejó nada al azar. "Lo hizo como todo lo que hizo en su vida: programado, claro, preciso y efectivo. Se fijó una misión, definió un procedimiento y lo previó todo. Era un oficial de Estado Mayor... ¡y comando!", dice uno de sus amigos, el general (R) Julio Cerda.
El martes 11 de enero, Cerda y otros dos amigos almorzaron con Barriga para ofrecerle un pequeño capital para que iniciara un nuevo negocio. Ya sabían que su empresa de seguridad, con la que había trabajado para Lider y la Autopista del Sol, tendría que cerrar en marzo, porque Carabineros no le renovaría el permiso en vista de sus procesamientos.
"Se fue bien contento. Ibamos a volver a vernos más adelante", cuenta Cerda.
Pero Barriga tenía otras intenciones. El domingo 16 fue a la Iglesia Santa Teresa de Los Andes. Se confesó y comulgó. Un día después subió al piso 18 del edificio simulando ser un posible comprador.
Tan planificado fue su suicidio, que en el sobre que dejó sobre su escritorio con la frase "abrir cuando", guardó su argolla de matrimonio, una cadena, un reloj, sus documentos y varias instrucciones a la familia sobre cómo pagar las cuentas, a quién llamar tras saber de su muerte y cómo continuar con el tratamiento de su esposa Judith.
También dejó tres cartas: una para su mujer, otra para los amigos y la última a la opinión pública: "No quiero ser un cacho viviente, lleno de dificultades y malestares sin solución en esta vengativa sociedad (...) Me han perseguido y presionado para sacarme de mis últimos tres trabajos. Desde que estoy en retiro, se fueron cerrando totalmente las posibilidades laborales... todo por vivir y cumplir órdenes en el gobierno militar".

El Secreto de Barriga
El 27 de diciembre de 2004 fue la última vez que Barriga pisó Tribunales. Iba una vez al mes a firmar el libro de procesados bajo fianza.
En los expedientes del caso Calle Conferencia, Barriga está identificado como uno de los agentes más ‘duros' de la Dina, junto a sus superiores: el general (R) Manuel Contreras, los brigadieres (R) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff y el coronel (R) Marcelo Moren Brito.
En junio de 2003, Guzmán lo encausó por la desaparición de la cúpula del PC en 1976. Le imputó 12 secuestros calificados y lo sometió a prisión. Luego, la magistrada María Stella Elgarrista lo procesó por los homicidios de Jorge Lamich y Héctor García; Raquel Lermanda lo hizo por el secuestro de Julia Retamal, y Joaquín Billard por la desaparición de Miguel Rodríguez.
‘Don Jaime' o ‘Capitán Silvio' eran sus chapas en la Dina. Así aparece en los expedientes de Guzmán y también en los del juez Alejandro Solís, quien lo interrogó en noviembre como inculpado y le preguntó, nombre por nombre, por 170 desaparecidos en Villa Grimaldi.
"No tengo antecedentes", respondió. Estaba a punto de ser procesado.
Hasta esta semana, el coronel (R) era sólo uno más de los cerca de 160 ex uniformados procesados, pero tras su última decisión dejó de ser uno más. La forma en que murió lo convirtió en una suerte de símbolo dentro del Ejército, al punto que la catedral castrense se repletó para su funeral. En éste coincidieron al actual Alto Mando, encabezado por el comandante en jefe (S) del Ejército, Javier Urbina, y varios ex Dina, la mayoría a punto de entrar a cumplir condenas.
La señal de Barriga sacudió a otros ex uniformados procesados, que piden que sus casos se aceleren. Según acaba de constatar la Corte Suprema, un 90% de las causas está aún en sumario, y sólo un 10% en su fase final. Su suicidio puso el tema en la agenda: el gobierno, a través del Vicepresidente José Miguel Insulza, señaló la necesidad de agilizar las causas.
Pero Barriga guardaba un secreto, que fue otro motivo por el que su suicidio provocó fuerte conmoción al interior del Ejército: su colaboración en la Mesa de Diálogo el 2000, en la que entregó, según fuentes militares y un alto personero de gobierno, información sobre el destino de detenidos desaparecidos lanzados al mar. Sus datos fueron incorporados en el informe que entregó la institución a esa instancia y que hablaba de 180 víctimas, 130 de ellas arrojadas a las aguas. Esos antecedentes fueron remitidos a la Suprema, que los derivó a jueces especiales.
Su colaboración con la mesa, en la que la protección de su identidad estaba garantizada por ley, contrastó con su actitud en tribunales, donde sí arriesgaba condenas, sobre todo después que la Suprema dejara sin efecto práctico la Ley de Amnistía.
Frente a los jueces, que habían establecido en sus procesamientos su presunta participación en desapariciones y torturas en sus procesamientos, Barriga nunca entregó información. Aunque sí reconoció haber trabajado en la Dina como jefe de la Brigada Purén y señaló los nombres de sus superiores -Contreras, Krassnoff, Moren Brito y Gerardo Urrich-, nunca reveló quién le dio las órdenes. Y aunque negó su participación en las desapariciones, admitió haber perpetrado detenciones sólo de "manera extraordinaria, como en Fiestas Patrias, 11 de septiembre y el Te Deum".
Declaró que era "analista", es decir, lo que la mayoría de ex Dina dicen en los tribunales: "Mis labores eran más que nada de registro y conseguir información (...) Trabajaba con fuentes abiertas, no con información de otras vías, como libros o papeles incautados en allanamientos".
Su principal reconocimiento fue asumir que ejecutó algunas operaciones, aunque sin especificarlas. "Participé en tres operativos de la Dina, que derivaron en detenciones de personas", declaró hace unos meses, pero negó haber visto heridos en los centros de detención.
Lo que lo distanciaba nítidamente de otros ex agentes era su trato con los jueces. Mientras Contreras, Moren o Krassnoff, ironizaban cuando eran procesdos ("tengo a los secuestrados debajo de mi cama", han dicho algunos encausados), Barriga tenía otro tono.

Su Relación con el Alto Mando
Otro factor que acrecentó el impacto de su muerte fue la cercana relación del coronel (R) con varios miembros del actual alto mando, a quienes conoció en sus diferentes destinaciones. Después de su paso por la Dina y la CNI, entró a la Academia de Guerra en 1978. Más tarde cumplió una misión en Punta Arenas, y luego fue comandante del ex Regimiento de Infantería N°15 de Calama.
El general Juan Carlos Salgado, ex representante del Ejército en la Mesa de Diálogo, es el padrino de su hija menor, y el general Urbina, jefe del Estado Mayor, fue su compañero en la Academia de Guerra.
En 1999, Barriga -ya retirado- trabajó a contrata en la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Era analista internacional, pero el 2002 fue despedido después de que la entonces ministro de Defensa, Michelle Bachelet, le pidiera a Cheyre desvincularlo de la institución junto a otros ex uniformados en retiro conectados con casos de DD.HH., como los brigadieres Jaime Lepe y Miguel Krassnoff.
El viernes, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, interrumpió sus vacaciones para visitar a la familia de Barriga y entregarle personalmente sus condolencias.
"No tuve amistad social con el coronel Barriga. No nos visitábamos en nuestras casas, pero sí tuvimos un año de diferencia en la Escuela Militar y un año de diferencia en la Academia de Guerra. Coincidí con él cuando ambos fuimos subtenientes en la Escuela de Infantería; nos casamos prácticamente en la misma época, mandábamos regimientos en una misma división", dijo Cheyre a La Tercera.

Dos Efectos
La muerte de Barriga y el modo que reaccionó Cheyre trajo -en el análisis del Gobierno- dos hechos nuevos. El primero es que la desaprobación hacia la forma en que Augusto Pinochet ha actuado respecto al problema de los DD.HH., preocupándose sólo de su situación personal, no sólo está instalada en el actual Alto Mando, sino que también se ha extendido hacia los demás procesados, que esta semana lo criticaron por "haberlos dejado solos".
El segundo tiene que ver directamente con el general Cheyre, quien tras condolerse con la realidad de las familias de las víctimas y hacer dos gestos históricos el 2003 y el 2004, primero con su "nunca más" y luego con el reconocimiento de la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., debió esta semana enviar señales hacia el interior del Ejército y a las familias de los oficiales encausados.
A inicios de diciembre, mientras Cheyre preparaba su discurso para el seminario sobre DD.HH. que tendría lugar el 10 de ese mes en la Escuela Militar, su esposa, María Isabel Forestier, se encontró con Barriga en el hospital institucional y le comentó a su marido lo apesadumbrado que lo había visto. Cheyre escribió, pensando en él, un párrafo de ese mensaje: "Conozco a algunos que se alejaron de la recta doctrina. No obstante censurar su actuar, no puedo olvidar que ellos soñaron vivir su vocación en una realidad diferente. El comprobar las frustraciones de proyectos de vida truncados, el peso de las conciencias, el dolor de las familias, la pérdida de la ilusión, me lleva a exponer (esa realidad) ante esta audiencia".
El día de Navidad, Cheyre visitó la cárceles de Punta Peuco y Peñalolén para expresarle a condenados y procesados -como él mismo había dicho antes- que el Ejército, "en todo lo debido y en nada de lo indebido", no los ha abandonado. Tras la muerte de Barriga, es probable que esos gestos se repitan.

El Fallo de la Suprema Que Inquietaba a Barriga
Desde noviembre, el coronel (R) Barriga estaba particularmente complicado por sus problemas judiciales. Pensaba que, de seguro, el fallo que dictó ese mes la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando condenó a la plana mayor de la Dina sin aplicar la amnistía en el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval, marcaría también su destino.
"(El caso Sandoval) me hace pensar que correré la misma suerte. Y peor, ya que lo mío no es por un secuestrado, sino por doce que, según la justicia e instituciones que funcionan en Chile, yo mantengo secuestrados", escribió a su hija María Isabel en un correo electrónico en diciembre.
Los condenados fueron cinco ex Dina: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy. Todos están a días de ingresar a Punta Peuco. Los tres primeros asistieron al funeral de Barriga.
Aunque en la justicia chilena no existe la jurisprudencia, tanto en el mundo de los DD.HH. como en el militar, esa resolución se esperaba con ansiedad. Era la prueba final para saber si la Suprema ratificaría la tesis del secuestro calificado para los casos de detenidos desaparecidos, o aplicaría la ley de amnistía, creada por el régimen militar para cubrir los delitos perpetrados entre 1973 y 1978.
Los supremos habían dejado su postura como un gran misterio en junio de 2000, cuando desaforaron a Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte.
Esa vez, una mayoría del pleno sólo afirmó que los detenidos-desaparecidos permanecían secuestrados mientras no aparecieran sus cuerpos y que la amnistía y la prescripción, de aplicarse, sólo correrían al final de la investigación y una vez identificados a los responsables.
Ese planteamiento dio espacio a los jueces de causas de derechos humanos para procesar por secuestro calificado. Y ahora, tras el fallo de Sandoval, saben que pueden condenar por ese mismo delito, incluso aplicando tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad.
La única duda pendiente a estas alturas es si la Suprema tampoco aplicará la amnistía en caso de homicidios, en los que los cuerpos ya están identificados.

26 de enero de 2005
©la tercera
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1 comentario

veronica -

No termino de sorprenderme de la bestialidad de estos milicos. Son deplorables, ¡todos la misma basura!
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